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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-mar-2015 | DJE y otra c. GNL | los actores iniciaron un proceso judicial a fin de que se reconozca su derecho de comunicación con sus nietos. Los niños –que vivían con su madre– se negaban a retomar el contacto con sus abuelos paternos. El fallo de Primera instancia reconoció el derecho de comunicación de los abuelos pero estimó que no correspondía otorgar el permiso de visitas requerido. Ello, toda vez que los informes incorporados a la causa señalaban que había un enfrentamiento grave entre los adultos que tensionaba a los niños. Los actores apelaron la decisión. |
| 7-ago-2017 | DJL (causa Nº 21160) | Un padre inició una demanda y solicitó la “tenencia” –estaba en vigencia el Código Civil anterior– de sus hijos E y N, ejercida unilateralmente por la madre de los niños. El tribunal de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda y otorgó el cuidado personal de N al accionante. Sin embargo, rechazó la petición en lo que concerniente a N, que quedó a cargo de la madre. La parte demandada interpuso un recurso de apelación contra esa determinación. |
| 5-sep-2017 | DJM (causa N°74001771) | Una persona fue imputada por el delito de tráfico de estupefacientes en las modalidades de tenencia con fines de comercialización y comercio agravado por la intervención de tres o más personas de manera organizada. Durante la etapa de instrucción, el imputado solicitó declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. En dicha oportunidad, aportó información de distintas personas de la organización. El Tribunal Oral, finalmente, lo condenó a la pena de ocho años de prisión. Unos meses después de dictada la sentencia, y como consecuencia de las medidas de investigación realizadas a partir de los datos aportados por el imputado, se detuvo a cinco personas pertenecientes a una organización de tráfico de estupefacientes. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso de revisión. En su presentación, solicitó que se redujera la pena impuesta a su asistido. |
| 27-ago-2019 | DKE (Causa Nº 64770) | Un hombre adeudaba los alimentos que le correspondían a su nieta menor de edad. Por ese motivo, la progenitora de la niña inició un juicio de alimentos en su contra y obtuvo una sentencia favorable en 2016. Aunque el demandado fue intimado de pago, continuó sin abonar las sumas debidas. En algunos períodos, realizó pagos de menor cuantía y fuera de término. Ante esa situación, la actora solicitó la ejecución de la sentencia. En su presentación, pidió que se le impusieran astreintes a modo de sanción. Sin embargo, la jueza interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, remarcó que se trataba de un proceso de ejecución en el que el capital se actualizaba de acuerdo a los intereses que generaba la mora. En consecuencia, la accionante interpuso un recurso de revocatoria. Debido a que fue denegado, apeló en subsidio. Entre sus fundamentos, requirió que se aplicara la tasa adicional de interés prevista en el artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, señaló que el hombre había incumplido en forma reiterada y voluntaria con sus obligaciones alimentarias pese a que contaba con medios económicos suficientes. |
| 8-mar-2018 | DLB (causa Nº 7935) | Un hombre fue imputado por el delito de hurto en grado de tentativa, cometido en enero del año 2016. El Tribunal Oral dispuso la nulidad de la declaración indagatoria y de todo lo actuado en consecuencia y reenvió la causa al juzgado de instrucción. Éste rechazó la competencia, por lo que se dio intervención a la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. El 27 de noviembre del 2017, la Sala de turno resolvió que el Tribunal Oral continuara con el trámite del expediente. La defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido. En particular, consideró que la resolución de nulidad había adquirido firmeza y que, por tal razón, no existía una acusación válida vigente contra el nombrado. |
| 7-feb-2024 | DLCA c. MEDIFE (Causa Nº 542) | Un hombre tenía una cobertura médica prepaga. Cuando cumplió los 65 años, la cobertura incrementó el valor de la cuota. En consecuencia, el hombe inició el reclamo ante la Superintendencia de Salud y resultó favorable. Por ello, la cobertura le devolvío mediante una nota de crédito el excedente que había abonado en seis cuotas. Sin embargo, la cuota continuó incrementándose como si no hubiese existido el reclamo. Asimismo, la empresa no efectuaba una liquidación que reflejara el motivo de los aumentos. En consecuencia, el hombre inició un nuevo reclamo administrativo. Luego, el PEN dictó el DNU 70/23. En ese marco, la cobertura aumentó casi un 80% en el transcurso de tres meses. En ese contexto, el hombre inició una acción de amparo y solicitó que se declararan ilegítimos los aumentos. Además planteó la inconstitucionalidad del artículo 269 del DNU 70/23 que facultaba a las empresas de medicina prepaga a establecer aumentos diferenciales en sus planes de acuerdo a franjas etarias. |
| 8-feb-2024 | DLDJ c. Medicus (Causa Nº 1218) | Una mujer y un hombre tenían dos hijos menores de edad. Uno de ellos tenía discapacidades psicosociales y contaba con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Luego de la implementación del DNU 70/2023, la empresa de medicina prepaga a la que estaban afiliados les aplicó un aumento del 100% en las cuotas de enero y febrero de 2024. Por esa razón, iniciaron una acción de amparo. En ese marco, pidieron como medida cautelar que se dejara sin efecto el incremento y que se les reintegraran las sumas que habían pagado. También plantearon la inconstitucionalidad del DNU. |
| 19-abr-2017 | DLF, SR c. ANSES | Una persona obtuvo su jubilación en el año 1999. Sin embargo, en 2001, ante el inicio de actuaciones por presunto fraude en la obtención del beneficio jubilatorio, la ANSES revocó su decisión. Posteriormente, la peticionante fue sobreseída. En consecuencia, en 2011, inició una demanda con el objeto de que se le rehabilite la jubilación y solicitó, como medida cautelar, el inmediato restablecimiento del pago de los haberes jubilatorios. El Juzgado Federal de la Rioja hizo lugar a la medida cautelar. La demandada impugnó la resolución. |
| 2-nov-2015 | DLG | Una persona se encontraba imputada por la presentación de documentación apócrifa correspondiente a mercadería exportada a través de tres permisos de embarque. La conducta fue calificada como contrabando. La defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del CPPN, planteó la inconstitucionalidad del art. 865 del Código Aduanero, por considerar que los montos de pena allí establecidos violaban el principio de proporcionalidad. La fiscalía dictaminó de manera favorable a lo solicitado. |
| 23-jun-2016 | DLJC (Causa Nº71273) | Una mujer de 40 años con hepatitis C se encontraba detenida en la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal y cursaba su séptimo mes de embarazo. Los factores de riesgo del embarazo, como la portación del virus y su edad, requerían una atención médica especializada que el establecimiento no podía ofrecerle. Entonces, la defensa solicitó se le concediera el arresto domiciliario a fin de residir en un domicilio cercano a un hospital. Asimismo, un funcionario a cargo de la Coordinación de Pulseras Electrónicas de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación se comunicó con el tribunal a fin de hacerle saber sobre la ampliación de la cobertura del sistema de pulseras electrónicas a la totalidad del territorio nacional y el procedimiento a seguir para su implementación. El tribunal, por mayoría, rechazó el pedido de detención domiciliaria. La decisión fue recurrida por la defensa. |
| 5-feb-2018 | DLK (causa Nº 46857) | Los padres de un niño de 5 años con cuadriplejía, parálisis cerebral infantil y epilepsia interpusieron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar para obtener de su obra social la cobertura del 100% del tratamiento de Cannabis medicinal prescripta por su médico. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida cautelar. Contra esa decisión interpuso un recurso de apelación la obra social. |
| 22-mar-2021 | DLN (causa Nº 28465) | Una mujer denunció a un hombre ante la Oficina de Violencia Domestica (OVD) por hechos de violencia de género. En su intervención, la OVD emitió un informe interdisciplinario en el que se consideró la situación de violencia como de altísimo riesgo y concluyó que se trataba de una situación de violencia familiar con componentes de género y de maltrato infantil. El juzgado de primera instancia decretó la prohibición de acercamiento y contacto reciproco hasta que se dictase una nueva orden judicial. Contra esa resolución, la mujer interpuso un recurso de apelación. |
| 6-oct-2022 | DLP (Causa N° 23453) | Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus dos hijos menores de edad. En ese contexto, se había separado del progenitor de los niños y no recibía una ayuda económica de su parte. Asimismo, la mujer no tenía trabajo y convivía con sus hijos en una casa prestada. Por ese motivo, concurrió a la ANSES a fin de solicitar la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) a favor de sus hijos. No obstante, el organismo rechazó su solicitud pues observó que el progenitor había sido registrado como trabajador de una empresa de monitoreo. En consecuencia, la ANSES concluyó que se generaba una incompatibilidad para otorgarle la prestación. Por esa razón, la mujer –con la representación de la defensa pública– interpuso una acción de amparo. Entre sus argumentos, manifestó que el progenitor había trabajado en relación de dependencia pero que, en la actualidad, no trabajaba ni percibía ingresos. Así pues, tampoco recibía de él una cuota alimentaria para sus hijos. En ese sentido, expresó que los niños se encontraban en una situación de vulnerabilidad y la decisión del organismo los colocaba en una total desprotección por parte del Estado. Además, resaltó que la ANSES desnaturalizaba la finalidad del beneficio de las asignaciones familiares que abarcaba los derechos a la vivienda, salud, educación y alimento. |
| 6-ago-2015 | DlP, VG c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las personas | Los accionantes iniciaron una acción de amparo para que se autorice la inscripción de nacimiento de su futuro hijo matrimonial con el apellido de la madre seguido del apellido del padre. Solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4° y 5° de la ley 18.248, por cuanto entendían que lesionaban el derecho a la igualdad ante la ley entre integrantes del matrimonio y el principio de no discriminación en razón del sexo. Frente a la dilación del proceso, los cónyuges inscribieron a su hijo con el apellido del padre seguido del de la madre, sin perjuicio de continuar el juicio para obtener la rectificación de la partida de nacimiento. El juez de grado rechazó la demanda. Con posterioridad, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión impugnada y declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 18.248. |
| 22-mar-2018 | DLV (causa Nº 45639 2012) | En el año 2012, los hijos de una mujer de 94 años iniciaron un proceso para que se restringiera su capacidad y se le designara un curador. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición y nombró a una letrada como su representante legal. Los accionantes interpusieron un recurso de apelación contra esa sentencia. En 27 de noviembre de 2014, la Cámara de Apelaciones modificó parcialmente la decisión y designó como representante legal a uno de ellos, restringió las funciones de la abogada y la designó como apoyo. Ante esta decisión, la mujer manifestó su oposición a ser asistida por uno de sus hijos y su conformidad para que los roles de apoyo recaigan sobre la abogada. En consecuencia, interpuso un recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. |
| 11-sep-2018 | DLVPA (causa Nº 14148) | Dos personas prestaron declaración indagatoria. Luego, se modificó su patrocinio letrado y se solicitó la ampliación de sus declaraciones. El juzgado denegó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta la “avanzada etapa” en la que se encontraba el proceso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. El juzgado rechazó la impugnación por improcedente. En particular, entendió que los imputados contaban con la facultad de realizar una presentación por escrito. Por tal razón, se interpuso un recurso de queja. |
| 31-mar-2016 | DM, E | La DNM declaró irregular la permanencia en el país de una persona extranjera, ordenó su expulsión del territorio nacional y la prohibición de reingreso por el término de cinco años. Contra esa decisión, la defensa interpuso una acción de revisión judicial. La autoridad migratoria la recondujo como denuncia de ilegitimidad y la desestimó. Asimismo, ante la falta de contacto con su asistido, la defensa requirió la suspensión de los plazos procesales. Allí, alegó que la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación había representado al actor durante la etapa administrativa, por lo que correspondía que la defensoría oficial continuara ese mandato (conf. art. 86, ley Nº 25.871 y art. 60 inc., ley Nº 24.946). El juez de primera instancia desestimó el planteo. Para arribar a esa conclusión, señaló que la presentación no cumplía con las formalidades previstas en el art. 48 CPCCN, que contempla los requisitos para tener por designados gestores en causas judiciales. Contra aquella resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 7-jul-2015 | DMA | El Ministerio Público de Incapaces provincial y el curador ad litem de un hombre en estado vegetativo, interponen recurso extraordinario contra el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, que dejó sin efecto la sentencia de instancia que rechazaba la autorización (solicitada por las hermanas del hombre) para la supresión de hidratación y alimentación enteral como todas las otras medidas terapéuticas que lo mantenían con vida en forma artificial. |
| 28-may-2024 | DMA (Causa N° 12081) | Una mujer era víctima de violencia de género por parte de su pareja, con quien tenía dos hijos. Por ese motivo, realizó una denuncia por violencia familiar. En ese marco, se dictaron medidas de cese de hostigamiento y prohibición de acercamiento. Con posterioridad, el denunciado incumplió lo dispuesto y continuó con el maltrato hacia la mujer. Debido a su desobediencia, el hombre cumplió una pena de ocho meses de prisión. No obstante, cuando recuperó su libertad, se presentó en el domicilio de la mujer. Ante una nueva denuncia, se amplió el perímetro de prohibición de acercamiento a un radio de treinta kilómetros. En ese contexto, los niños vivían con sus abuelos paternos por disposición del servicio local. Tiempo después, la mujer fue a visitar a sus hijos en ocasión del cumpleaños del abuelo paterno al que había sido invitada. Dado que existía una restricción perimetral vigente, entendió que su ex pareja no se encontraría allí. Sin embargo, apenas llegó, el hombre apareció y la encerró en una habitación de la casa. En ese momento, su ex pareja la atacó e intentó abusar de ella. Además, la obligó a permanecer toda la noche con él. Pese a que los abuelos paternos tenían conocimiento de esa situación, no intervinieron. Al día siguiente, los hijos de la mujer la encontraron encerrada en la habitación mientras su progenitor la estaba agrediendo. En ese escenario, la mujer intentó retirarse del domicilio con sus hijos, pero no se lo permitieron. Como consecuencia de lo vivido, realizó otra denuncia. |
| 22-jun-2017 | DMC | Un jubilado inició una acción de reajuste contra la ANSES. El juzgado de primera instancia determinó el haber inicial, la movilidad establecida en el fallo “Badaro” y la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU) mediante el Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC). La ANSES interpuso un recurso de apelación y solicitó la sustitución del índice ISBIC por el RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales, contemplado por la ley Nº 27.260, conocida como “Reparación histórica”) como pauta de movilidad para la determinación del primer haber jubilatorio. |