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| Fecha | Título | Resumen |
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| 24-ene-2018 | Los derechos del niño y el medio ambiente | El Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible realizó un informe sobre la relación entre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la protección del medio ambiente. En particular, analizó el impacto de los daños ambientales en sus derechos y desarrolló las obligaciones estatales en la materia. Por último, presentó una serie de recomendaciones para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes contra los daños ambientales. |
| 31-dic-2022 | Derechos humanos de las personas mayores y sistemas nacionales de protección en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos de las personas mayores en las Américas. Allí, dio cuenta de las principales preocupaciones y desafíos respecto de las personas mayores en la región. Además, resaltó buenas prácticas estatales en torno de los sistemas nacionales de protección. Luego, recomendó a los Estados que adoptasen legislaciones, políticas públicas y prácticas y que crearan instituciones especializadas para la protección adecuada de ese grupo, acorde con los estándares internacionales en la materia. |
| 31-dic-2015 | Derechos humanos de migrantes, refugiados, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. Normas y estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe temático sobre los derechos humanos de las personas migrantes, solicitantes de asilo, refugiados, personas en necesidad de protección complementaria, apátridas, víctimas de trata de personas y desplazados internos. En su informe, sistematizó los estándares interamericanos desarrollados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con el alcance y contenido de los derechos humanos de las personas en el contexto de la migración, de conformidad con las obligaciones derivadas de los instrumentos interamericanos. |
| 19-ene-2021 | Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua | El Relator Especial sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible realizó un informe sobre el agua potable. En el documento explicó las causas y consecuencias de la crisis mundial del agua. En particular, describió los efectos negativos de la contaminación y escasez de agua en el disfrute de los derechos humanos. A su vez, desarrolló las obligaciones procesales y sustantivas de los Estados en relación con el derecho al agua. Por último, emitió una serie de recomendaciones sobre las medidas que se pueden adoptar para garantizar el suministro de agua potable. |
| nov-2017 | Los desafíos del litigio en materia de derechos económicos, sociales y culturales | Este libro pretende contribuir al debate sobre cómo critalizar los mejores estándares jurisprudenciales en nuevas acciones judiciales. Por esta razón, los trabajos aquí reunidos tienen como objetivo, por un lado, mostrar una porción del trabajo de la defensa pública, y por otro lado, proyectar nuevas líneas de trabajo que contemplen las múltiples aristas de las violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este sentido, la publicación constituye una puesta en valor de los criterios jurisprudenciales difundidos que, lejos de ser rígidos y abstractos, esperan ser reinterpretados para modificar las realidades de los asistidos por los defensores públicos. |
| dic-2017 | El desamparo de las personas con discapacidad a la luz del art. 10 de la ley 26682 | El presente trabajo postula una visión crítica del artículo 10 de la ley Nº 26.682 a partir del análisis del caso “ZMV” en el que una mutual de salud consideró la discapacidad de una usuaria como una enfermedad preexistente y requirió el pago de un valor diferencial en su cuota. |
| 13-dic-2023 | Desbloqueo coactivo del teléfono del imputado mediante obtención de datos biométricos. Algunas consideraciones en torno a su validez constitucional | En el artículo se expondrán una serie de decisiones que han tomado distintos tribunales nacionales sobre el desbloqueo coactivo de teléfonos celuares de personas imputadas mediante la obtención de sus datos biométricos. De forma posterior, el autor analizará la jurisprudencia citada, formulando algunas consideraciones en relación a distintas garantías constitucionales que podrían verse comprometidas en este tipo de medidas. |
| jun-2014 | DESC (nacional) | Jurisprudencia nacional sobre DESC |
| feb-2019 | DESC en cárceles | Este documento releva el modo en que evolucionó la jurisprudencia sobre derechos económicos sociales y culturales en el ámbito carcelario entre los años 2016 y 2018. |
| jul-2015 | DESC. Celiaquía. Derechos de NNyA | El presente documento se elaboró en razón de una consulta recibida en la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia con relación al caso de una persona con dos hijas con diagnóstico de enfermedad celíaca, quien manifestó que el monto de $275 que abona la obra social a la que se encuentran afiliados para cada una de las niñas le resultaba insuficiente para comprar los alimentos que demandaba su tratamiento. En este marco, se requirió material para argumentar la inconstitucionalidad de la Resolución 504/2014 del Ministerio de Salud que dispone que las Obras Sociales deberán brindar a cada persona con celiaquía cobertura por un monto mensual de $275. |
| 7-jul-2020 | Deserio (Causa n°36120) | Un hombre había sido condenado a la pena única de seis años y cuatro meses de prisión. El imputado tenía 68 años y pólipos vesicales por los cuales debía ser intervenido quirúrgicamente. Ante la declaración de emergencia sanitaria, las autoridades del servicio penitenciario informaron que el procedimiento debía ser suspendido. Entonces, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal informó que el imputado debía realizarse los estudios médicos que habían sido suspendidos a fin de evitar la diseminación de la enfermedad. Además, concluyó que la suspensión de la cirugía podía implicar un grave riesgo para su salud. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se pronunció de forma favorable al planteo. |
| ago-2024 | Destrezas básicas: Argumentación jurídica | Desde hace ya muchos años se reconoce la relevancia que tiene la competencia argumentativa para la vida de las personas, tanto a nivel social como académico. Gracias a ella podemos resolver problemas y tomar decisiones sobre asuntos teóricos y prácticos, disciplinarios y cotidianos, de manera individual y colectiva. La argumentación es imprescindible, no sólo para solucionar las diferencias de opinión que podemos tener en el trato con otras personas, sino también para alcanzar acuerdos con ellas (Harada, 2009).; A nivel profesional, el ejercicio de la abogacía exige proyectar, evaluar y desarrollar argumentos de manera asidua. Sin dudas, una parte esencial del trabajo del/a abogado/a radica en persuadir a una audiencia específica (compuesta, entre otros, por jueces y jurados) de que debe proceder de un modo favorable a los intereses de la persona que representa. En esta línea, no asombra que, por lo general, se asimile la práctica de la abogacía con la argumentación y se relacione la aptitud profesional de un/a abogado/a con su capacidad para idear y manejar argumentos (Atienza, 2016).; Tan cierto como lo anterior es que –al menos, en nuestro país– la destreza para argumentar se entrena muy poco en la carrera de Abogacía, pues se trata de una materia que ocupa un lugar marginal en el currículo universitario. Uno de los motivos por los que esto sucede es la prevalencia en la enseñanza de una visión formalista del derecho (Abramovich, 2007; Böhmer, 1998, 2003, 2007, 2014; Puga, 2002) que impone una concepción restrictiva de la argumentación que la asocia con la aplicación de silogismos deductivos (Atienza, 2016). Dicha problemática torna relevante reflexionar en torno a las limitaciones de esta visión, los cuestionamientos y los aportes realizados desde las Teorías de la Argumentación Jurídica, y analizar el modo en que podemos enriquecer nuestra práctica profesional a partir de esos desarrollos teóricos. A ese efecto, siguiendo a Atienza (2016), indagamos acerca de los autores más relevantes en esta corriente de pensamiento. |
| oct-2022 | Detenciones y requisas policiales sin orden judicial. La jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal posterior a la condena dictada por la Corte IDH en “Fernández Prieto y Tumbeiro” | El presente trabajo se propone evaluar las sentencias dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal entre el 1/1/2021 y el 30/6/2022; es decir, durante 18 meses posteriores al dictado de “Fernández Prieto y Tumbeiro”. El estudio se poropone, por un lado, realizar una caracterización de los casos resueltos por la CFCP y de los argumentos que empleó para validar o impugnar los procedimientos policiales de detención y requisa. Por otro, busca reflexionar acerca de la influencia que ejercen las decisiones de la CorteIDH sobre las sentencias que adopta ese tribunal. En definitiva, proponemos examinar el modo en que procedió la CFCP al realizar el control de convencionalidad encomendado por la Corte IDH. |
| ago-2022 | Detención personal | Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre detención personal. |
| 1-mar-2022 | Detención personal y requisa | Contiene los casos “Final de feria”, “Viajero errante”, “Hola, ¿Susana?”, “Los peligros de fumar en la calle” y “¿Estás nervioso?”. Además, incluye preguntas que guían la reflexión sobre cada uno de los casos y material de estudio. |
| 30-mar-2020 | Detenidos alojados en la UP N° 9 de La Plata (causa N° 100145) | En las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires se encontraba prohibida la tenencia y el uso de teléfonos celulares. En marzo del 2020, a raíz de la declaración del Coronavirus como pandemia, el gobierno dictó el DNU 297/20 por medio del cual dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de esa medida, se suspendieron las visitas de las personas detenidas con sus familiares, lo que motivó que se comunicaran a través de los teléfonos ubicados en los pabellones de los establecimientos penitenciarios. Los aparatos eran escasos y funcionaban mal. Por esa razón, la defensoría del Tribunal de Casación Penal provincialinterpuso una acción de hábeas corpus colectivo. En su presentación solicitó que se dictase una medida cautelar a favor de todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires y que habilitara el uso de telefonía celular durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia. En tal sentido, sostuvo que su restricción afectaba la resocialización, educación y comunicación de las personas privadas de la libertad. |
| 9-ago-2022 | DFA (Causa N° 125.656) | Dos niños crecieron y vivieron con sus progenitores en el partido de Lanús. En 2021, cuando tenían 12 y 15 años, sus padres fallecieron. A partir de ese momento, los dos hermanos estuvieron a cargo de una amiga de la pareja que vivía en Cañuelas. No obstante, se respetó la voluntad de la madre para que concurrieran a un colegio en Lomas de Zamora. En ese contexto, debían trasladarse de una cuidad a la otra. En julio de ese año, la mujer se presentó ante un juzgado en la ciudad de La Plata e inició una acción para solicitar la guarda de ambos. En consecuencia, los tíos se presentaron y solicitaron que se designara un abogado del niño a sus sobrinos. Entre sus argumentos, expresaron que la actora decidió trasladarlos a Cañuelas cuando el centro de vida de los niños siempre había sido en Lanús. Sobre ese aspecto, agregaron que incluso concurrían al colegio en esa localidad. Por ese motivo, requirieron que se declarara incompetente al juzgado interviniente y se remitieran las actuaciones al departamento judicial de Avellaneda-Lanús. Por su parte, el juzgado hizo lugar a lo solicitado conforme al artículo 716 del Código Civil y Comercial de la Nación que establecía la competencia en función del centro de vida del niño. Por ese motivo, remitió el expediente al departamento judicial solicitado. En esa oportunidad, intervino la Asesora de Menores. En su intervención, luego de escuchar a los niños, consideró que su deseo era estar al cuidado de su guardadora y vivir con ella. Respecto del conflicto de competencia, elevó las actuaciones a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. |
| 20-oct-2022 | DFM (Causa N° 2399) | Una mujer y un hombre se casaron y tuvieron dos hijos. El hombre trabajó en el Ejército hasta que obtuvo el retiro voluntario. La mujer se dedicó a la crianza de los hijos y a las tareas del hogar. La familia vivía en un inmueble que le alquilaba al Ejército. Con posterioridad, la pareja se separó y el hombre se mudó a otra ciudad. Entonces, la mujer fue intimada a desocupar la vivienda. Sin embargo, se le dificultaba afrontar los costos de un nuevo alquiler. En ese contexto, no lograba insertarse en el mercado laboral atento a su edad y falta de experiencia previa. Tras la separación, no contaba con ingresos propios ni con cobertura médica para atender su salud. Ante esa situación, demandó por alimentos a su ex cónyuge. En su presentación, manifestó que no tenía ingresos suficientes para subsistir mientras que el accionado percibía una jubilación elevada. En su contestación, el demandado destacó que la mujer había trabajado como peluquera en su domicilio y en algunos períodos se había desempeñado como empleada doméstica. La demanda fue rechazada. La actora apeló la decisión. Durante el trámite del expediente se dictó la sentencia de divorcio. Luego, la Cámara confirmó el rechazo del reclamo alimentario. Frente a esa decisión, la actora interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que no se había tenido en cuenta la distribución de roles durante la vida en común, así como tampoco la dedicación exclusiva al cuidado de los hijos y del hogar. Puntualizó que su pedido se fundaba en las normas vinculadas a los alimentos derivados del matrimonio. |
| 26-sep-2018 | DFRR (causa N° 2134) | Una persona había publicado en su cuenta personal del sitio Facebook una amenaza dirigida a una diputada nacional y al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por ese motivo, resultó imputada por el delito de amenazas simples. En el marco de ese proceso, se ordenó el allanamiento de su vivienda. En la orden emitida, el juez interviniente ordenó el secuestro de todos los dispositivos electrónicos con acceso a internet desde los que se pudiera haber realizado la publicación. De esa manera, se secuestraron dos teléfonos celulares y una CPU. Luego, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la División Análisis de Inteligencia Informática de la Superintendencia de Delitos Tecnológicos de la Policía de la Ciudad que realizara un informe pericial sobre los dispositivos. En particular, requirió que se identificara la configuración del usuario denunciado, su correo y la actividad desarrollada en el sitio. También dispuso que se aportara información sobre las cuentas de usuario del sistema operativo y de las utilizadas o accedidas a través de navegadores web, aplicaciones de gestión de correos electrónicos, mensajería instantánea, alojamiento de información en la nube y similares. Por último, solicitó que se determinara si las publicaciones que resultaban objeto de la investigación se encontraban almacenadas en alguno de los dispositivos o cuentas personales. Una vez realizada la pericia, la división interviniente informó que se habían encontrado “imágenes con presuntos desnudos de menores que no son de interés para la presente causa”. Este hallazgo fue logrado en base a la utilización de un software específico que busca imágenes referentes a posibles desnudos de menores. Una vez informado a la Fiscalía, dio lugar a una nueva causa. En ese marco, la persona fue imputada por el delito de producción, financiación, comercialización y publicación de pornografía infantil. La defensa planteó la nulidad de la pericia. Sobre ese aspecto, sostuvo que se había excedido el objeto de la medida y que el software utilizado tampoco se correspondía con su objeto. El tribunal no hizo lugar al planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 31-jul-2018 | DGL (causa N° 75736) | Una mujer sufría violencia de género por parte de su pareja. En una oportunidad, se encontraban con unos amigos tomando alcohol, cuando el hombre comenzó a golpear a la mujer en la cara. Luego, agarró un palo que utilizó para lesionar a su pareja. En ese momento, la mujer sacó un cuchillo de entre sus prendas y lo hirió en el lado izquierdo del tórax, causándole la muerte. Por ese hecho la mujer fue imputada por el delito de homicidio calificado. En la etapa del juicio oral, la acusada declaró que habían consumido estupefacientes y alcohol durante varios días. Al momento del hecho el hombre la celaba y la golpeó para que no mirara a otros varones. Explicó que, en un primer momento, el cuchillo lo tenía él y cuando le pegó se le cayó de la cintura por lo que ella lo tomó y lo guardó para protegerse. Entonces, comenzó a golpearla con un palo y para defenderse le clavó el cuchillo. Agregó que no quería hacerle daño, que convivía con él desde que tenía quince años y que peleaban mucho. Por otra parte, del informe psicológico surgía que la mujer tenía un tono de voz disminuido y una marcada inestabilidad emocional junto a una gran cantidad de ira acumulada originada por las situaciones de estrés y consumo de sustancias tóxicas. Asimismo, señaló que la mujer había sufrido un sometimiento físico y psicológico de su pareja. El Tribunal Oral condenó a la imputada a la pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio calificado por el vínculo mediando circunstancias de atenuación. Para decidir de esa manera, el Tribunal sostuvo que la mujer había actuado “movida por la bronca” que le tenía a su pareja debido a tantos años de maltrato. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones planteó que su asistida se encontraba en un estado de vulnerabilidad porque era adolescente cuando inició su relación de pareja y resultó ser víctima de violencia de género. En varias oportunidades la había amenazado con matar al hijo que tenían en común y la obligaba a prostituirse para solventar sus adicciones. Por esa razón explicó que el encuadre jurídico impuesto por el Tribunal se alejaba de toda perspectiva de género y que no alcanzaba con hablar de circunstancias extraordinarias de atenuación para reducir la pena. |