Buscar por Voces DERECHO A UN AMBIENTE SANO
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 5-sep-2017 | Mamani (Causa N° 318) | La Dirección Provincial de Políticas Ambientales y Recursos Naturales autorizó el desmonte de 1470 hectáreas de una finca en la provincia de Jujuy. Una persona impugnó en sede judicial esa determinación. En primer término, se dispuso la nulidad de la decisión. Sin embargo, llegado el caso ante el Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, se revocó la sentencia porque no se había expedido sobre la acreditación del daño y el impacto negativo de la actividad. En consecuencia, el actor interpuso un recurso extraordinario y, ante su rechazo, un recurso de queja. |
| 1-nov-2019 | Empresas y Derechos Humanos: estándares interamericanos | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe sobre la vinculación entre la actividad empresarial y los derechos humanos. Este documento analizó las obligaciones internacionales de los Estados en supuestos en los que las empresas se encontraban involucradas en la realización o afectación de los derechos humanos. Luego, formuló recomendaciones a los Estados, las empresas y a otros actores de la Organización de los Estados Americanos con el propósito de guiar la formulación de leyes y políticas públicas en este ámbito. |
| 3-dic-2019 | Buenos Aires c/ Provincia De Santa Fe (Causa N° 528) | La provincia de Buenos Aires inició una causa contra la provincia de Santa Fe en los términos del artículo 127 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, solicitó que se le prohibiera la ejecución de obras que alteraran las aguas de la laguna Picasa por la emergencia hídrica que había en la zona. El tribunal que intervino declaró que la queja debía ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiempo después, las partes firmaron un convenio que suspendía los plazos procesales de la causa. Después de 10 años del pedido de suspensión, el Defensor del Pueblo denunció que los habitantes del noroeste bonaerense estaban sufriendo inundaciones desde principios de 2017 por el exceso de agua y solicitó que se llamara a una audiencia a las partes. En consecuencia, se celebró una audiencia pública. En 2018 intervino la CSJN y solicitó que las partes entregaran informes sobre los proyectos de obras, el control de los canales clandestinos y los programas de contingencias ambientales por las inundaciones que existían en la zona. De ese informe, no surgió controversias entre las partes. |
| 31-dic-2021 | Emergencia climática: alcance de las obligaciones interamericanas en materia de derechos humanos | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó un informe sobre emergencia climática y derechos humanos en las Américas. Este documento sistematizó las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en el contexto de la crisis climática y propuso como objetivo que los Estados adopten decisiones de política pública bajo un enfoque de derechos humanos. |
| 15-may-2023 | ME (Causa Nº 22165) | Un grupo de personas vivía en un barrio ubicado en la ciudad de Colonia Avellaneda, Entre Ríos. En el lugar se incendiaban pastizales y había un basural a cielo abierto muy cercano a las viviendas. Los arroyos de la zona también estaban contaminados por una gran cantidad de afluentes cloacales. A su vez, la presencia de humo en el ambiente ocasionaba problemas de salud, sobre todo en los niños. Durante diez años, los vecinos habían realizado numerosos reclamos. Si bien el municipio se comprometió a trasladar el basural, no realizó las gestiones correspondientes. En ese sentido, solo se hizo una cava en otro terreno para depositar la basura. En ese marco, tomó intervención la Secretaría de Medio Ambiente provincial, que intimó a las autoridades municipales a presentar un plan de gestión de los residuos. Luego, dos mujeres junto con una comisión vecinal iniciaron una acción de amparo ambiental contra el municipio. En su presentación, denunciaron los daños que sufrían quienes residían en el lugar y su impacto en la calidad de vida tanto de la población actual como de la futura. En esa oportunidad, solicitaron –entre otras medidas– la clausura del centro de disposición de residuos sólidos y su reubicación en un sitio alejado de la zona urbana. También requirieron el saneamiento del predio que habitaban y la elaboración de un proyecto de tratamiento definitivo de los líquidos cloacales. Asimismo, pidieron que se relevaran los pequeños basurales situados alrededor del barrio y que se confeccionara un plan a fin de evitar que se arrojaran sustancias contaminantes en los arroyos y ríos cercanos. Luego, la parte actora denunció que el municipio demandado había quemado neumáticos en otro lugar de vuelco de residuos, lo que emanaba sustancias contaminantes. Por su parte, el juez interviniente llevó a cabo una inspección ocular en el barrio de los vecinos afectados. En esa oportunidad, observó un campo con tierra compactada pero no halló basura. Entonces, los accionantes señalaron que ello se debía a que el municipio había realizado obras para tapar con tierra la basura antes que se llevara a cabo la inspección. Con posterioridad, la accionada solicitó que se rechazara la acción. En ese sentido, sostuvo que no hubo inacción de su parte, ya que los reclamos de los vecinos debían resolverse en sede administrativa. Sobre ese aspecto, agregó que estaba gestionando la eliminación de los residuos a cielo abierto. |
| 14-ago-2023 | Held v. Montana | En el Estado de Montana, Estados Unidos, existe una fuerte industria de combustibles fósiles que genera emisiones de gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global. En los últimos años, los efectos del cambio climático se han agravado de tal manera que ocasionaron importantes daños a la salud, propiedad y actividades culturales y religiosas de los/as montaneses. Las autorizaciones de las actividades vinculadas a combustibles fósiles son otorgadas por el Estado conforme a la Limitación a la Ley de Política Ambiental de Montana (LPAM). Dicha norma prohíbe al Estado considerar los impactos de las emisiones de gases de efecto invernadero y del cambio climático en sus evaluaciones de impacto ambiental. Frente a esa situación, un grupo de dieciséis jóvenes iniciaron una demanda contra el Estado de Montana. En su presentación, alegaron que las autorizaciones a la industria de combustibles fósiles otorgadas bajo la Limitación a la LPAM agravaban los efectos del cambio climático. En ese sentido, sostuvieron que, bajo el derecho a un ambiente sano -reconocido en la Constitución de Montana-, el Estado tiene el deber de prevenir el daño ambiental y que, por lo tanto, las autorizaciones a la industria de combustibles fósiles deberían considerar su impacto negativo para el ambiente. |
| 19-ene-2023 | Locascia v. Italia | En la región de Campania, Italia, se declaró en 1994 un estado de emergencia a raíz de serios problemas con la gestión de residuos sólidos. En las municipalidades de Caserta y San Nicola La Strada, las interrupciones en la recolección de residuos llevaron a que los pilones de basura se acumularan en las calles. A pesar de la existencia de informes ambientales adversos, las autoridades autorizaban el funcionamiento de un vertedero ya desbordado. Esa situación, junto con el vertido ilegal y la quema no regulada de residuos, derivó en la contaminación de las aguas subterráneas que dio lugar a una emergencia ecológica y sanitaria. Algunos estudios revelaron que, en esas localidades, el riesgo de mortalidad asociado a algunos tipos de cáncer y a malformaciones cardíacas eran mayores que en el resto de la región. A pesar de los múltiples reclamos administrativos y judiciales interpuestos por los habitantes de la zona, la falta de un plan eficiente de gestión de residuos llevó a que la crisis continuara durante más de quince años. |
| 27-nov-2023 | Habitantes de La Oroya v. Perú | En 1922 se instaló un complejo metalúrgico en el distrito de La Oroya, ubicado sobre la Sierra Central del Perú. Desde sus inicios se dedicó a la fundición y refinamiento de concentrados polimetálicos con altos contenidos de plomo, cobre, zinc y con contenidos de metales. Si bien en un primer momento el Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLA) era operado por una compañía estadounidense, en el período 1974-1997 fue nacionalizado hasta que la empresa de capitales privados Doe Run lo adquirió. En 1993, el Estado de Perú legisló por primera vez sobre el control ambiental y la prevención de la contaminación. Ese año, promulgó el Reglamento para la Protección Ambiental en la Actividad Minero Metalúrgica que establecía un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o un Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) para las actividades minero-metalúrgicas. Desde ese momento, el complejo metalúrgico adoptó un programa de adecuación, pero resultó prorrogado ante diversas solicitudes. Incluso, llegó a su fecha de vencimiento sin que se llevaran a cabo las adecuaciones previstas. Por otra parte, desde 1999 se realizaron diversos estudios e informes que establecieron que las concentraciones contaminantes en el aire, el agua y el suelo en La Oroya superaban los lineamientos establecidos por la legislación nacional y los estándares internacionales. En ese sentido, el Estado tuvo conocimiento de estos altos niveles de contaminación, pero no adoptó las medidas necesarias para su solución. Ante una demanda presentada por los habitantes de La Oroya, el Tribunal Constitucional ordenó la implementación de un sistema de emergencia para atender la salud de las personas contaminadas por plomo. Sin embargo, la población nunca contó con establecimientos adecuados para el tratamiento de las enfermedades contraídas. Incluso, dos habitantes fallecieron por cáncer de piel y problemas pulmonares provocados por la actividad de las metalúrgicas. |
| 30-nov-2023 | Derecho al hábitat | Contiene los casos "El auxiliar de justicia y la justicia que auxilia", "Hollín is in the air", "La raíz de nuestra tierra" y "Tengo UVA deuda". Además, incluye preguntas que guían la reflexión sobre cada uno de los casos y material de estudio. |
| dic-2023 | Extinción de vertederos en Mato Grosso do Sul.: acciones del ministerio público en la mitigación del cambio climático. Un estudio de caso. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | Este trabajo pretende presentar brevemente la regulación referente sobre los residuos sólidos, (con especial atención a la disposición adecuada y final) y también sobre los cambios climáticos, en los ámbitos nacional e internacional, pero también narrar la experiencia de Mato Grosso do Sul del proyecto Residuos Sólidos - Disposición Legal. A través de esfuerzos conjuntos del Ministerio Público del Estado, el Tribunal de Cuentas y el Instituto de Medio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL) fue posible, en cinco años, reducir del 80% al 20% el número de municipios con vertederos ilegales. Con este artículo, les autores buscan demostrar cómo la acción del Ministerio Público del Estado en el fin de los vertederos estatales ha contribuido para que Brasil alcance sus metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. |
| dic-2023 | Infancias frente al impacto del daño ambiental. Aportes desde una perspectiva interseccional a propósito de la causa "Mendoza". Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | La causa “Mendoza” presenta grandes desafíos para los diferentes actores que intervienen en el proceso judicial y extrajudicial. En todo este proceso los niños, niñas y adolescentes -como sujetos de tutela prevalente y vulnerabilidad exponencial y afectación de imposible reparación ulterior- son quienes soportan el impacto del paso del tiempo de modo fatal. En su artículo, la autora identifica algunos de los principales puntos de conflictos respecto a la ejecución de la sentencia y los derechos de niños, niñas y adolescentes, y propone abordarlos desde una perspectiva interseccional. |
| dic-2023 | Aportes para la intervención de la defensa pública en casos de injusticia ambiental. Reflexiones desde la causa Riachuelo. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | A partir de la experiencia del Equipo Riachuelo en la causa Riachuelo, les autores desarrollan en este artículo tres aspectos centrales de aquel proceso judicial que serán útiles para pensar el rol de la defensa pública en litigios ambientales en general. En primer lugar, la perspectiva con la que se aborda la cuestión ambiental; en segundo, los modos de intervención de la defensa pública en favor de un efectivo acceso a la justicia de los grupos afectados; por último, el enfoque a partir del cual se evalúan los efectos que ha tenido y tiene el proceso judicial en los diferentes ámbitos involucrados (comunidades, organismos, instancias judiciales, etc.). |
| dic-2023 | A quince años del fallo "Mendoza": experiencias de empoderamiento jurídico en Villa Inflamable. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | A partir del caso de Villa Inflamable, se presentaron diferentes herramientas jurídicas comunitarias que se constituyen en estrategias de promoción de derechos en comunidades, específicamente, en contextos de segregación sociourbana. Les autores estudian el uso de estas herramientas jurídicas de conocimiento, uso y transformación del derecho y su aporte para discutir con representantes gubernamentales y judiciales encargados de tomar las decisiones respecto al destino del barrio. |
| dic-2023 | Revista del Ministerio Público de la Defensa N°18. Litigio estratégico en materia ambiental. A 15 años del fallo "Mendoza" de la CSJN | El planeta atraviesa hoy una crisis ambiental sin precedentes, signada por el cambio climático, la contaminación ambiental y la explotación desmedida de recursos naturales que afecta de modo desproporcionado a las poblaciones más empobrecidas. Frente a ese escenario, la defensa pública tiene un rol clave en la lucha por el cuidado de nuestro planeta y de sus habitantes. Este número de la Revista Anual conmemora los 15 años de la histórica sentencia que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Mendoza, Beatriz Silvia y otros c/ Estado Nacional y otros s/ daños y perjuicios”, donde determinó la responsabilidad del Estado en la recomposición y prevención del daño ambiental en la cuenca del Río Matanza-Riachuelo. A lo largo de la revista, autores/as nacionales e internacionales analizan los avances y desafíos en materia de litigio ambiental, en miras a apuntar a una respuesta articulada y global a la crisis climática. |
| dic-2023 | Las voces de los vecinos y vecinas de la causa Riachuelo. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | Entrevista a vecinos y vecinas de los barrios de Campo Unamuno, Villa Jardín, Barrio Sarmiento y Villa Inflamable, que cuentan de primera mano el impacto de la sentencia de la causa "Mendoza" para los habitantes del Riachuelo. |
| dic-2023 | El derecho a la tierra de las comunidades y la jurisdicción agroambiental en Bolivia. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en litigio ambiental | En su artículo, la autora expone acerca de las comunidades campesinas y su derecho a la tierra; la titulación a cargo de una entidad administrativa, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA); la tutela judicial desde la jurisdicción especializada agroambiental; los principales tipos de procesos; y los mecanismos y dificultades de acceso y conflictos sobre tierras llevados ante la jurisdicción agroambiental. |
| dic-2023 | El fallo "Mendoza" en la Ciudad de Buenos Aires. Balance a quince años de una sentencia emblemática. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | A quince años del emblemático fallo "Mendoza", las autoras hacen un balance de los logros y de los múltiples obstáculos en el cumplimiento de la sentencia en en ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. |
| dic-2023 | Tensiones en la construcción de la estrategia jurídico-comunitaria en la causa Riachuelo. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | La piedra angular de la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en la Causa Mendoza se sostiene en el trabajo de abordaje territorial que el Equipo Riachuelo lleva adelante en los barrios del conurbano bonaerense afectados. Esta clase de trabajo permite un conocimiento real de las problemáticas que las comunidades enfrentan en relación con su derecho a un hábitat digno, y opera en favor de lograr una efectiva representación de sus voluntades en el ámbito judicial y de facilitar su diálogo con los otros organismos intervinientes. Sin embargo, el proceso de definición de la estrategia jurídico-comunitaria es complejo y dinámico. En su artículo, les autores reflexionan sobre los obstáculos que presenta ese proceso, y ofrecen algunas respuestas para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las comunidades afectadas. |
| dic-2023 | Los Ministerios Públicos en la defensa del ambiente. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | Nuestro ordenamiento legal habilita a los Ministerios Públicos a ejercer un rol en el litigio ambiental en protección de los derechos fundamentales de la sociedad. Sin embargo, su estructura y organización actual no parece estar perfectamente alineada con esta visión del desafío colectivo, y un mayor nivel de involucramiento podría resultar deseable y positivo. Los autores ofrecen, en primer lugar, un brevísimo panorama de algunas reformas encaradas a nivel internacional para dar respuesta a los desafíos planteados por el litigio en materia ambiental; luego, las contrastan con algunas de las medidas y definiciones adoptadas a nivel local; finalmente, identifican aquellas atribuciones vinculadas y útiles para la intervención en materia ambiental. |
| dic-2023 | La justicia frente a la triple crisis planetaria. El rol del Derecho Internacional Ambiental. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | El cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación son tres caras de una misma moneda: la triple crisis planetaria. En el presente artículo las autoras analizan la necesidad de un abordaje integral para combatir esta crisis, partiendo del potencial catalizador del Derecho Ambiental Internacional, y, más en particular, de los Acuerdos Multilaterales Ambientales (AMUMAS), cuya integración y sinergia poseen un papel crucial en la búsqueda de soluciones efectivas. En este sentido, analizanlos conceptos de justicia ambiental, climática y energética, de suma relevancia para la implementación de tales respuestas |