Buscar por Título
Mostrando resultados 4009 a 4028 de 4491
< Anterior
Siguiente >
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 11-nov-2014 | SQZ | La Cámara Nacional de Apelaciones hizo lugar al planteo de nulidad de la defensa contra el auto del juez de grado que rechazó la suspensión de juicio a prueba sin haber convocado previamente a las partes a la audiencia dispuesta por el artículo 293 del CPPN. En este sentido, consideró la Cámara que la inobservancia del procedimiento previsto para el instituto de suspensión de juicio a prueba “afectó insalvablemente el debido proceso legal, por cuanto por esa vía se omitió la correspondiente intervención de aquellos a quienes la ley les ha reconocido la facultad de opinar positiva o negativamente frente a un planteo de esta clase (artículos 76 bis, tercer y cuarto párrafos, del Código Penal)”. Finalmente, al declarar la nulidad del auto apelado agregaron que la audiencia prevista por el artículo 293 CPPN no es discrecional del juzgador ya que “es la oportunidad para que la defensa y el acusador público presenten sus peticiones y fundamentos, y que también realicen réplicas a la contraparte. Es a través de la inmediación y el contradictorio donde surgirán los elementos que la magistratura deberá valorar para tomar la decisión conforme las pautas del art. 76 bis del C.P.”. |
| 17-feb-2022 | SRA (causa Nº 27047) | En octubre 2007 los representantes legales de un niño iniciaron una acción de daños y perjuicios contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y contra una sociedad de responsabilidad limitada. En junio de 2008, la Defensora Pública de Menores e Incapaces asumió la representación del menor de edad y solicitó que se intimase a la actora a que realizara las gestiones correspondientes bajo apercibimiento de designarse un tutor ad litem. Además, peticionó que, vencido el plazo otorgado y más allá de su resultado, se le corriese nueva vista. El juzgado hizo lugar a lo solicitado. Sin embargo, luego de casi dos años de inactividad procesal, la parte demandada solicitó la caducidad de la instancia. El tribunal dio traslado a la defensora. Sobre este aspecto, la defensora destacó la omisión de la vista requerida con anterioridad y reiteró su solicitud para que se designara un tutor. Si bien el organismo designó un tutor ad litem, decretó también la caducidad de la instancia. Para así decidir, indicó que había transcurrido en exceso el plazo de seis meses establecido en el artículo 310, inciso 1, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, agregó que se había otorgado oportuna intervención al Ministerio Pupilar con motivo de la inacción de la parte actora y que esa medida había tenido lugar con anterioridad a la resolución recurrida. El Defensor Público Tutor interpuso recurso de apelación, pero la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmo la decisión. Por último, interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, presentó un recurso de queja. |
| 14-abr-2015 | SRDN | Una persona imputada por el delito de lesiones culposas producidas como consecuencia de un accidente de tránsito solicitó la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado Correccional corrió vista del pedido a la fiscalía, que dictaminó por escrito. Allí, indicó que “no se oponía si el imputado no tenía antecedentes” y requirió, como regla de conducta, “el cese de la actividad por la que habría sido inhabilitado de recaer condena”. Durante la audiencia, la defensa planteó que la inhabilitación voluntaria para conducir traería problemas laborales a su representado. La fiscal no fue convocada al acto. Dos meses después de la vista, el juzgado rechazó la probation. A tal efecto, alegó que el instituto no era aplicable a delitos sancionados con pena conjunta de inhabilitación, impedimento que sólo podía subsanarse a través de la autoinhabilitación. Adicionalmente, sostuvo que la fiscal se había opuesto a su concesión, más allá de que no consideró vinculante su opinión. Contra aquella decisión, la defensa presentó un recurso de casación. |
| 8-feb-2022 | SRS (Causa N° 18645) | Un adolescente había sido asignado con el sexo femenino al momento de su nacimiento. Sin embargo, desde una edad temprana se autopercibió con el sexo masculino. Por ese motivo, solicitó a sus progenitores autorización para iniciar la modificación registral de su partida de nacimiento conforme a su identidad de género autopercibida. Ante su negativa, intervino la Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia (SENAF). En esa oportunidad, el organismo solicitó que se dictara una resolución judicial que permitiera la inscripción del cambio registral del adolescente. En ese sentido, pidió que se supliera la autorización de los progenitores conforme al artículo 5 de la ley N° 26.743 de identidad de género. |
| 21-sep-2016 | SS c IAPOS (causa Nº 3143) | Una persona que nació con características físicas masculinas definía su identidad de género como femenina. A lo largo de su vida realizó diversos tratamientos hormonales. Por recomendación de su equipo médico tratante, solicitó a su obra social que se la autorizara a realizar las intervenciones quirúrgicas necesarias para su transformación corporal. La demandada autorizó sólo parte de las intervenciones. Por tal motivo, la actora interpuso acción de amparo. |
| 21-abr-2016 | SSJ (causa N° 80644) | Desde diciembre de 2008 la señora G. fue víctima de violencia de género por parte de su cónyuge, el señor S. En noviembre de 2011 la pareja se separó de hecho y en junio de 2013, S. amenazó de muerte a G. Por este motivo, se inició una causa penal por amenazas y la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que G. se en-contraba en una situación de alto riesgo. Con posterioridad, S. inició una demanda de divorcio contra G. La parte demandada reconvino y accionó también por daños y perjuicios para la re-paración de daño psicológico y daño moral. El juzgado de primera instancia decretó el divorcio pero rechazó la acción de daños porque entendió que la pretensión no tenía respaldo normativo de conformidad con el Código Civil y Comercial de la Nación. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 2-mar-2018 | SSO y otros (causa N° 970) | Seis personas se encontraban imputadas por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la participación de tres o más personas. Los imputados solicitaron declarar en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. A partir de sus manifestaciones, se iniciaron expedientes en diversas jurisdicciones. En esas actuaciones se dictó el procesamiento de varias personas y se secuestró gran cantidad de sustancia estupefaciente. Los imputados celebraron un acuerdo de juicio abreviado en el que se valoró la información aportada y sus resultados. En esa línea, acordaron penas que establecían desde tres años de prisión en suspenso a tres años y seis meses de prisión. |
| 24-abr-2020 | SST (causa N° 2354) | Un joven tenía “síndrome disatencional”, lo que le generaba hiperactividad, trastornos de aprendizaje y conductas oposicionistas/desafiantes. Por esa razón, sus representantes legalessolicitaron a su empresa de medicina prepaga que otorgara medicación, tratamiento oftalmológico, psicopedagógico ypsicomotriz, terapia física, acompañante terapéutico y cobertura de lacuota escolar con integración escolar.La empresa denegó el pedido porque el Certificado Único de Discapacidad –CUD–del joven se encontraba vencido. Por ese motivo, el beneficiario interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar innovativa que se ordenara a la demandada a cubrir el 100% de las prestaciones requeridas. El juzgado de primera instancia rechazó la medida, por entender que no estaba en discusión que el CUD se encontrara vencido. Contra esa decisión, los accionantes interpusieron un recurso de apelación. Entre sus agravios expresaron que existía un turno vigente para su renovación, solicitado un mes antes de que sobreviniera su vencimiento, que podía verse alterado en razón de la normativa dictada en el marco de la pandemia por COVID-19. |
| 11-sep-2014 | SSTJ c. IDE | En el marco de un proceso de divorcio en los términos del artículo 214 inc. 2 del Código Civil, el juez de grado rechazó el pedido realizado por la parte demandada que solicitaba la inscripción del matrimonio celebrado en el extranjero y su disolución por divorcio en nuestro país ante el Registro Civil correspondiente. La demandada apeló la resolución. |
| 8-ago-2007 | ST | Los padres de un niño con discapacidad, de acuerdo a la prescripción de su médico neurólogo, solicitaron que la obra social les cubra la escolaridad común con el apoyo de una maestra integradora. Ante la negativa, iniciaron una acción de amparo y solicitaron, como medida cautelar, que se les brinde la cobertura. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la petición. La demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 16-mar-2016 | ST, AG | El tribunal oral había dispuesto la detención de ST (menor de dieciocho años) con sustento en la gravedad del delito que había cometido y sin considerar el dictamen del equipo técnico que lo trataba en el Instituto San Martín que sostenía que era conveniente trasladarlo a una residencia educativa. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-may-2016 | Stancatti, Oscar | Personal de inspección sanitaria abrió una encomienda remitida en un transporte de larga distancia. Así, se encontró un paquete con 800 grs. de marihuana. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca condenó al imputado por el delito de transporte de estupefacientes. Posteriormente, la Cámara Federal de Casación Penal anuló todo lo actuado por considerar inválida la apertura de encomienda sin la debida intervención de autoridad jurisdiccional. Contra esa resolución la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal que denegado motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 5-may-2023 | STI (Causa N° 12670) | Una mujer percibía la pensión para madre de siete hijos desde el año 1993. Luego, falleció su cónyuge, por lo que se convirtió en el único sostén económico de su familia. Con posterioridad, a raíz del fallecimiento de su hija, la mujer quedó a cargo de su nieto menor de edad. En ese marco, solicitó a la ANSES la pensión derivada en virtud de la muerte de su cónyuge y comenzó a percibirla en 2010. Sin embargo, en 2019, el organismo decidió interrumpirle el pago de la pensión para madre de siete hijos. Para decidir de esa forma, tuvo en cuenta la normativa reglamentaria, que establecía una incompatibilidad entre la pensión para madres de siete hijos y la percepción de cualquier pensión o jubilación. En esa época la mujer se encontraba en un delicado estado de salud y debía realizar costosos tratamientos médicos. Además, había accedido a un plan de vivienda y debía abonar cuotas mensuales. Por lo tanto, la interrupción del pago de la prestación le impedía cumplir con esas cuotas. Por ese motivo, la mujer presentó una demanda contra la ANSES con la representación de una defensoría pública oficial. En su presentación impugnó la resolución administrativa y reclamó que se le abonara el retroactivo desde la suspensión del pago. Entre sus argumentos, sostuvo que lo dispuesto por el organismo resultaba arbitrario y expuso que se encontraba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica. Por su parte, la ANSES solicitó el rechazo de la acción. En ese sentido, el organismo expuso que había cumplido con la normativa reglamentaria. A su vez, defendió su constitucionalidad pues destacó que la pensión estaba dirigida a resguardar el desamparo absoluto de las madres de siete hijos. |
| 1-jul-2019 | Straatman (causa Nº 18517) | Un adulto mayor de edad se encontraba en arresto domiciliario. En un control vehicular se detectó que el hombre se encontraba manejando un vehículo. Por tal razón, personal de seguridad aeroportuaria lo detuvo y lo puso a disposición del tribunal. Allí declaró que su esposa de 82 años había tenido un infarto cerebral y la había llevado al control médico. Agregó que, debido a la urgencia, no había podido comunicarse con su defensoría a fin de notificarle la salida. |
| 9-mar-2015 | Stricker, Carlos Andrés | El tribunal oral revocó –con el dictado de la sentencia condenatoria– la prisión domiciliaria que se le había concedido al imputado, de 70 años, detenido en 2013 y que presentaba un delicado estado de salud. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión. |
| 20-abr-2016 | STS 1709/2016 | La policía recibió una denuncia anónima acerca de un negocio de venta y distribución de estupefacientes. En el marco de la investigación, agentes policiales siguieron a uno de los sospechosos hasta que ingresó a su domicilio. Al perderlo de vista, la policía acudió a un inmueble próximo para visualizar el interior de la vivienda mediante el uso de binoculares. De esa manera, observaron a través de dos ventanales que el hombre manipulaba bolsas que contenían diversas sustancias. Cuando el hombre se retiró de su domicilio, la policía lo requisó y halló en sus bolsillos varias bolsas que contenían cannabis, cocaína y heroína. Por ese motivo, el hombre fue procesado por el delito de tráfico de estupefacientes. La defensa alegó que la prueba obtenida por la policía era nula y solicitó la absolución del hombre. En ese sentido, sostuvo que la observación con binoculares vulneró la garantía de inviolabilidad del domicilio, ya que la policía había examinado el interior de la vivienda sin su consentimiento ni orden judicial. El tribunal interviniente no hizo lugar al planteo y condenó al hombre. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España. |
| 13-abr-2018 | Suarez (causa Nº 39033) | Una familia poseía la tenencia precaria de una vivienda. Con posterioridad, se le adjudicó el inmueble mediante una resolución del Instituto Provincial de Vivienda de Salta (IPV). Al poco tiempo, el organismo procuró efectuar una inspección de habitabilidad y nadie respondió a los llamados de los inspectores. Entonces, se determinó que el inmueble no tenía consumo eléctrico y que se encontraba deshabitado. Luego, se realizó otra inspección que arrojó idéntico resultado. Sin embargo, uno de los beneficiarios de la adjudicación hizo un descargo en el expediente administrativo y acompañó un certificado médico. Finalmente, el IPV dictó una nueva resolución y desadjudicó la vivienda. En consecuencia, los beneficiarios iniciaron una demanda y solicitaron que se anulara la resolución. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda. Contra esa resolución, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 4-oct-2022 | Suárez (Causa n° 7459073) | Una mujer embarazada se encontraba privada de su libertad. Entonces, solicitó que al momento del parto se le respetaran los derechos previstos en la Ley de Parto Respetado (ley N° 25.929). En particular, requirió ser acompañada por el padre de su bebé que también estaba privado de la libertad. La administración rechazó el pedido y la mujer parió sin que se le garantizaran los derechos previstos en la norma. Luego, presentó una acción de habeas corpus. Entre otras consideraciones, planteó que a algunas mujeres embarazadas alojadas en la unidad penitenciaria provincial se les habían colocado medidas de sujeción durante el preparto, parto y posparto. También señaló que no se les había respetado el derecho a ser acompañadas por personas de su elección y su confianza, que se les había impedido permanecer con su bebé recién nacido luego del alumbramiento y que personal penitenciario había presenciado todo el proceso asistencial. Por esas razones, la mujer requirió que se elaborara un protocolo para que las mujeres embarazadas en prisión pudieran acceder a los derechos previstos en la norma mencionada, así como los establecidos en la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia (ley N° 27.611). El juzgado de ejecución rechazó la acción de habeas corpus. Respecto del pedido de la mujer de ser acompañada durante el parto por el padre de su hija, el tribunal fundamentó su negativa en cuestiones de seguridad. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia hizo lugar al planteo y reenvió las actuaciones al tribunal de origen a fin de que dictase una nueva resolución. |
| 17-abr-2015 | Suárez Avila, José Luis | En el marco de un procedimiento policial de rutina se observó a una persona que poseía un elemento extraño que sobresalía de su pantalón. En razón de ello, la policía –sin convocar testigos– le solicitó que exhibiera sus pertenencias. En este marco, se evidenció que la persona detenida poseía marihuana. |
| 21-may-2013 | Suárez Peralta v. Ecuador | El 1 de junio de 2000, la Comisión de Tránsito de Guayas emitió una Orden General mediante la cual se promovían servicios médicos para sus funcionarios y familiares. Melba del Carmen Suárez Peralta, esposa de un funcionario de esa institución, realizó una consulta médica con uno de los médicos indicados en la Orden General para la prestación de los servicios allí dispuestos, por padecer síntomas de dolor abdominal, vómitos y fiebre. En dicha consulta, se le diagnosticó apendicitis crónica y se le indicó que debía realizarse una intervención quirúrgica en forma urgente. Suárez Peralta fue operada el 1 de julio de 2000. Luego de la operación, la peticionaria padeció intensos dolores abdominales y vómitos. Otro médico le diagnosticó abdomen agudo posquirúrgico, por lo que fue operada por segunda vez. Además, entre los años 2006 y 2012, fue sometida a distintos procedimientos médicos relacionados con esta dolencia. Frente a ello, el 2 de agosto de 2000, su madre presentó ante el Primer Tribunal en lo Penal de Guayas una denuncia en contra del médico tratante. La investigación, iniciada el 2 de agosto del 2000, se prolongó durante cinco años. En este periodo se sucedieron constantes faltas y omisiones en la tramitación de diligencias esenciales del proceso hasta que, finalmente, el 20 de septiembre de 2005, el tribunal declaró la prescripción de la acción. En ningún momento, el Estado pudo constatar que el médico que atendió a la peticionaria hubiera realizado el trámite de aprobación de su actividad laboral ni de que hubiere obtenido el carnet ocupacional correspondiente. De la misma manera, tampoco hubo registros de licencia profesional de los médicos que la intervinieron. |