Buscar por Título
Mostrando resultados 1770 a 1789 de 4082
< Anterior
Siguiente >
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 28-abr-2020 | Gutierrez (causa N° 34336) | La Procuración Penitenciaria de la Nación presentó una acción de habeas corpus colectivo en el que se denunciaba la falta de líneas telefónicas bidireccionales en los pabellones y áreas educativas del Complejo Penitenciario Federal II de Marcoz Paz. En particular, se señaló que dicha circunstancia limitaba la comunicación de las personas detenidas con sus familias y defensorías. Con motivo de la emergencia sanitaria, la Procuración Penitenciaria se presentó junto a la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación y la defensoría de Morón y requirió que se hiciera lugar a la acción de habeas corpus y se instalaran líneas telefónicas en la modalidad indicada. |
| 8-jun-2018 | Gutierrez Vallejos (Causa Nº 52746) | La señora Gutierrez Vallejos, extranjera [sin registro de su nacionalidad en la sentencia], convivía con sus dos hijos, su pareja, con la familia de su concubino y además tenía un empleo. Con posterioridad, fue condenada a la pena de cinco años y dos meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Por este motivo, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso con carácter permanente. Contra este acto administrativo, Gutierrez Vallejos interpuso un recurso jerárquico que fue rechazado. Entonces, recurrió judicialmente pero su petición también fue denegada por el juzgado de primera instancia. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación. La fiscalía ante la Cámara dictaminó que la autoridad administrativa no motivó adecuadamente la decisión. Por ese motivo, opinó que correspondía declarar la nulidad de los actos administrativos y disponer el reenvío de las actuaciones a sede administrativa a fin de que se dicte un nuevo acto. |
| 15-feb-2019 | Gutiérrez (causa N° 5432) | Una persona se encontraba detenida en la Unidad Penal 9 de La Plata. En una oportunidad, luego del horario de visita, insultó al agente penitenciario que autorizaba el paso de regreso a las celdas. Entonces, fue sancionada a seis días de separación del área de convivencia, en los términos del artículo 47, incisos b) y e) de la ley provincial N° 12.256. Las normas preveían sanciones para quien incitara o participara en movimientos para quebrantar el orden y la disciplina y para quien retuviera, agrediera, coaccionara o amenazara a funcionarios. Contra esa resolución, su defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, sostuvo que el hecho había constituido un altercado personal, por lo que no correspondía que se lo considerara parte de un movimiento generalizado ni de incidencia colectiva. |
| 21-may-2018 | Gutiérrez (Reg. N° 543 y causa N° 16737) | Un hombre que registraba antecedentes condenatorios interceptó a una persona en la vía pública, lo golpeó con un palo y le sustrajo la billetera, el teléfono celular y dinero. Un agente policial asistió a la víctima –que fue derivada a un hospital y, después de un tiempo, falleció– y tomó conocimiento de las características físicas del agresor. Minutos más tarde, el policía observó a un hombre cuyo nerviosismo dio lugar a que le requiriera su documentación. Entonces, el detenido arrojó una bolsa al suelo y el preventor advirtió, en su interior, las pertenencias de la víctima. Por tal razón, se lo trasladó a la comisaría. Una vez allí, se negó a salir del vehículo y golpeó con su cabeza a un policía. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de siete años de prisión por la comisión de los delitos de robo agravado por haber sido cometido con un arma, resistencia a la autoridad y lesiones leves, en concurso real entre sí. Para decidir de esa manera, consideró que, dadas las consecuencias causadas en la salud de la víctima, el palo poseía “aptitud vulnerante”. Además, al determinar el monto de la pena, valoró los antecedentes registrados por el imputado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-ago-2017 | Gutiérrez Hernández y otros v. Guatemala | La mañana del 7 de abril de 2000, una mujer, Mayra Gutiérrez, acompañó a su hija adolescente a la parada del colectivo. Luego, según había comentado a su familia, haría trámites personales y se trasladaría a otra localidad para dar clases en la Universidad. Sin embargo, nunca viajó a la institución educativa ni al hotel en el que solía alojarse. Su hermano y una compañera de trabajo denunciaron su desaparición. Se inició, entonces, una investigación que permanece abierta. Después de descartar una serie de hipótesis, las autoridades consideraron la posibilidad de que la ex pareja de Gutiérrez tuviera responsabilidad en el hecho. |
| 21-may-2015 | Gutiérrez Hurtado, Rosa Esther | Una mujer había solicitado ayuda médica urgente por sufrir fuertes dolores en su abdomen. Inmediatamente después de haber sido asistida, el médico que la atendió informó a la policía que ese malestar era producido por una serie de cuerpos extraños ubicados en su vagina que –se determinó posteriormente– contenían cocaína. En razón de ello se inició un proceso penal. La defensa –sin embargo– planteó la nulidad de lo actuado por considerar violada la garantía contra la autoincriminación y el secreto profesional médico. El juzgado de instrucción rechazó el planteo y la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó esa resolución. Frente a ello, la defensa interpuso recurso de casación. El fiscal que intervino ante la Cámara de Casación dictaminó que debía hacerse lugar a la impugnación. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso. |
| 25-nov-2013 | Gutiérrez y Familia v. Argentina | El 29 de agosto de 1994 Jorge Omar Gutiérrez, quien para aquel entonces se desempeñaba como Subcomisario de la Comisaría Segunda de Avellaneda de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, fue hallado muerto mientras se encontraba investigando un depósito fiscal, el cual resultó posteriormente vinculado a una serie de hechos de corrupción, contrabando, fraude, narcotráfico y asociación ilícita por parte de empresarios y funcionarios públicos de alto rango. Luego de su muerte, se inició una causa penal por el delito de homicidio. Durante la etapa de instrucción, la investigación estuvo a cargo del Juez de Instrucción y del Comisario de la policía bonaerense. En virtud de las diversas diligencias llevadas a cabo, entre ellas, las declaraciones de dos testigos presenciales del hecho, dicha etapa concluyó con la formulación de acusación en contra de un agente de la Policía Federal por el delito de homicidio calificado por alevosía. El 15 de noviembre de 1996, el agente fue absuelto y dejado en libertad. Durante los años 1994 a 1998 se realizaron tres investigaciones, una de las cuales estuvo a cargo de la Comisión Especial Investigadora de la probable comisión de hechos ilícitos perpetrados o producidos en la Administración Nacional de Aduanas de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional. En el transcurso de la misma, la Comisión recibió diversas denuncias por parte de personas que habían declarado en el proceso contra el policía federal imputado manifestando que habían sido amenazadas para que falsearan sus testimonios en favor del policía procesado. Ante ello, remitió lo recabado a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires a fin de que considere la posibilidad de reabrir la causa. En 1998, tras la decisión favorable por parte de la Suprema Corte bonaerense de continuar con la investigación, se identificó a un presunto partícipe en el homicidio y se recibieron diversas declaraciones denunciando la existencia de obstaculizaciones a la investigación del hecho, entre ellas, amenazas a testigos por parte de policías federales y familiares del policía procesado. Frente a ello, a pesar de que tanto en diciembre de 2006 y, posteriormente, en diciembre de 2009 se sobreseyó provisionalmente al presunto partícipe, en junio de 2013 la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires ordenó que se lleve a cabo el juicio oral y público en contra del mismo. |
| 19-feb-2015 | Gutiérrez, Alejandro | Una persona privada de la libertad presentó un habeas corpus preventivo por considerar que se advertía un agravamiento en sus condiciones de detención en virtud de la demora en los mecanismos de apertura de las puertas del Módulo V del celular 2 del CPF de la CABA. Dicha deficiencia, alegó, comprometía negativamente la capacidad de actuar en caso de emergencia. Además, puso de manifiesto la inexistencia de un sistema de seguridad elaborado para cumplir satisfactoriamente con los traslados diarios de los internos. En el marco de este proceso, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, hizo lugar al recurso interpuesto por la representación del Estado Nacional y revocó la decisión de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmó la sentencia del Juzgado de Instrucción Nº 38 que hizo lugar al habeas corpus presentado por Gutiérrez. Contra dicha decisión se interpuso recurso extraordinario y, frente a su rechazo, recurso de queja. |
| 10-nov-2015 | Gutiérrez, Roque Cecilio | En el presente caso, la policía de la provincia de La Rioja demoró a dos personas luego de que bajaran de un colectivo interceptado con motivo de un control vehicular. En ese marco se los requisó y se les secuestró más de medio kilo de marihuana. La defensa solicitó que se declare la nulidad de la detención y de la requisa que, en consecuencia, se llevó a cabo. El Juzgado Federal de La Rioja hizo lugar al planteo. |
| 8-ago-2017 | Guzman (reg. Nº 666 y causa Nº 4888) | Una persona condenada a una pena de prisión presentaba un problema de adicción. Una vez cumplidos más de dos tercios de su condena y, dado que no había sido declarado reincidente y contaba con una calificación de conducta y concepto acorde, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. El área de asistencia médica recomendó que la persona continúe su tratamiento de adicción extramuros. A su turno, el Consejo Correccional se pronunció a favor de la concesión. El Juzgado de Ejecución Penal no hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-jun-2020 | Guzmán Albarracín y otras v. Ecuador | Una niña de 14 años fue víctima de acoso y abuso sexual continuado por parte del vicerrector de su colegio. El hombre le decía que, a cambio, la ayudaba con sus calificaciones y le brindaba apoyo escolar. Después de 2 años, como consecuencia de las reiteradas violaciones, quedó embarazada. Por este motivo, el vicerrector la indujo a practicarse un aborto con la asistencia del médico de la plantilla escolar, quien ofreció su ayuda a cambio de mantener relaciones sexuales con la niña. Los continuos episodios de acoso y abuso provocaron en ella una profunda depresión. El 11 de diciembre de 2002, la inspectora del curso envió una citación a la madre para que se presentara en el colegio al día siguiente. En la mañana del 12 de diciembre de 2002, la niña ingirió pastillas que contenían fósforo blanco con la intención de suicidarse. Aunque llegó al colegio con graves síntomas de intoxicación, no recibió ningún tipo de asistencia médica. Pasado el mediodía, le permitieron llamar a su madre para informarle lo ocurrido. Ante esa situación, la mujer trasladó a la niña a una clínica, donde murió al día siguiente. La víctima dejó tres cartas en las que manifestaba que había ingerido veneno porque no soportó la situación que estaba sufriendo. El 17 de diciembre, el padre denunció ante la fiscalía la muerte de su hija. El 6 de febrero de 2003 la fiscal ordenó la detención del vicerrector y, más adelante, su prisión preventiva. Sin embargo, para esa fecha, ya estaba prófugo. El 13 de octubre de 2003, la madre formuló acusación particular contra el vicerrector por los delitos de acoso sexual, violación e instigación al suicidio. El 23 de agosto de 2004, la jueza dictó auto de llamamiento a juicio por el delito de acoso sexual. El 2 de septiembre de 2005, la Corte Superior de Justicia de Guayaquil, reformó la imputación del delito a estupro. El 5 de octubre de 2005, se suspendió el procedimiento hasta la comparecencia o captura del vicerrector. El 18 de septiembre de 2008 se declaró prescrita la acción penal a solicitud de la defensa y el cese de todas las medidas en contra del imputado. Finalmente, el 16 de julio de 2012, se ordenó el archivo de la causa. |
| 21-oct-2015 | Guzmán Frasso, Gilda Mariela | En el presente caso, el Juzgado de Instrucción había procesado a la imputada con prisión preventiva como coautora del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí. A su vez, registraba causas en trámite ante la Justicia Contravencional y de Faltas y la Justicia Federal de Lomas de Zamora, por los delitos de usurpación y falsedad ideológica. Contra aquella decisión la defensa interpuso recurso de apelación. La Sala V de la Cámara de Apelaciones –integrada por la jueza López González y el juez Pinto- resolvió hacer lugar al recurso. |
| 6-jun-2016 | Gülcü v. Turquía | En el año 2008, Gülcü, de quince años de edad, fue detenido por participar en una manifestación. Permaneció en prisión preventiva durante cuatro meses y, eventualmente, fue condenado a la pena de siete años y seis meses por pertenecer a una organización ilegal, difundir propaganda terrorista y arrojar piedras a los agentes de policía durante una movilización. Tras cumplir parcialmente la condena, fue liberado. Su caso fue reevaluado en 2012 por un tribunal de menores a raíz de una enmienda legislativa que dispuso que los menores de edad involucrados en manifestaciones no podían ser considerados terroristas. |
| 20-abr-2009 | Güveç v. Turquía | Güveç fue detenido cuando tenía 15 años bajo la sospecha de pertenecer a una organización ilegal. Se lo acusó de llevar a cabo actividades con el fin de socavar la integridad territorial del Estado, un delito castigado con la pena de muerte. A pesar de su edad, se dispuso su prisión preventiva en un establecimiento para adultos. Durante los primeros seis meses de detención, no contó con asistencia letrada. Si bien el abogado de sus co-imputados se ofreció a defenderlo, no se presentó a la mayoría de las audiencias. Aunque en el marco del juicio se atenuó la imputación, Güveç fue condenado. Sin embargo, el tribunal superior revocó la sentencia y ordenó que se realizara un nuevo juicio. Tanto Güveç como su abogado se ausentaron de la mayoría de las audiencias del nuevo debate. Sus compañeros de celda escribieron una carta dirigida al tribunal en la que informaban que Güveç tenía serios problemas psiquiátricos. Tras dos intentos de suicidio, su salud se deterioró considerablemente, por lo que el médico del establecimiento penitenciario concluyó que requería asistencia médica especializada. Finalmente, fue condenado a la pena de ocho años y cuatro meses de prisión. |
| 17-feb-2016 | GV | El Tribunal Oral había rechazado –a pesar de contar con un dictamen fiscal favorable– la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de la imputada. A tal fin, tuvo en cuenta la negativa de la presunta víctima a aceptar la reparación que se le ofreció. Asimismo, entendió que la actitud demostrada por la imputada durante la audiencia (“displicente y risueña”) reflejaba una falta de comprensión de la situación que no permitía apreciar una vocación superadora del conflicto. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 10-abr-2015 | GVPI | Una persona había sido imputada por la comisión del delito de encubrimiento en diciembre de 2013 y luego, en enero de 2014, fue imputada nuevamente por otros hechos delictivos contra la propiedad. En la primera causa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. A tal fin, indicó que los hechos posteriores tornaban inaplicable la probation. En consecuencia, el Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 25-jun-2021 | GYM (Causa Nº 20051) | Una mujer se encontraba desempleada y al cuidado exclusivo de sus dos hijos, uno de ellos con discapacidad, quien tenía un trastorno del espectro autista. A su vez, se encontraba separada del progenitor de los niños y había perdido todo contacto con él luego de retirados episodios de violencia de género. Asimismo, la mujer era el único sostén económico y no recibía ningún tipo de percepción económica en concepto de alimentos por parte del progenitor. En ese contexto, percibía la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) con relación a su hija, y la Asignación Universal por Hijo con discapacidad por su hijo. Sin embargo, de forma repentina la ANSES interrumpió el pago de las prestaciones. En esa oportunidad, la mujer concurrió al organismo a fin de solicitar información y reclamó que se le reanudara el pago. Sin embargo, la ANSES le informó que el progenitor de sus hijos se encontraba inscripto como monotributista y registraba una deuda en el pago de aportes. Agregando que, conforme a esa situación no correspondía el pago de las asignaciones por considerarse incompatible con el régimen de monotributo. En ese marco, la mujer con representación de Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social presentó una acción de amparo. En su planteo, sostuvo que la actuación de la ANSES equivalía a imponerle una sanción por la deuda del otro progenitor con quien no conformaban un mismo grupo familiar desde hace más de seis años. En esa presentación se acompañó un informe del Programa de Problemáticas Sociales de la Defensoría General de la Nación que dejó constancia de la violencia de género que sufrió la progenitora y sus hijos por parte de su ex pareja. Con posterioridad, la ANSES contestó demanda. En su presentación, planteó la inadmisibilidad de la vía de amparo porque se encontraba vencido el plazo para promoverlo. A su vez, planteó la prescripción de los importes. |
| 19-abr-2018 | GZ (Causa Nº 86001234) | Una persona condenada se encontraba detenida en un establecimiento penitenciario. Allí cursó el tercer nivel de la educación primaria, desde el 29 de febrero hasta el 29 de julio del 2016. Por tal razón, la defensa solicitó la reducción de un mes de su pena, en los términos del artículo 140, inciso a, de la Ley Nº 24.660. El Tribunal Oral rechazó el planteo, por considerar que el curso no cumplía con el requisito de anualidad previsto en dicha norma. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 19-dic-2014 | GZ, AZ | El defensor de un joven al que se le impuso su alojamiento en un centro de salud y la realización de un tratamiento por su adicción solicitó el inmediato cese de su internación debido a que fue sobreseído y declarado inimputable en el proceso que se le seguía. En primera instancia se rechazó la petición, por lo que la defensa presentó un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. |
| 24-jun-2021 | H AO (Causa N° 41000199) | A raíz de una denuncia anónima respecto de un domicilio en el que se desarrollaban actividades vinculadas con el comercio de estupefacientes, un juez federal autorizó un allanamiento. En el marco de esa medida, los agentes policiales secuestraron estupefacientes y un arma. Además, detuvieron a la única persona presente en el domicilio, un adolescente de 15 años de edad. El juez interviniente ordenó que se le tome una declaración indagatoria y se lleve a cabo la audiencia de conocimiento personal prevista en el artículo 1 de la ley Nº 22.278. En ese sentido, dio intervención a una Defensora de Menores. Esta decisión fue objetada tanto por la asesora de menores como por la Defensora Pública Oficial. En su presentación, sostuvieron que la normativa citada establecía un límite etario de 16 años como condición de punibilidad. Sobre este aspecto, solicitaron que sólo se realizara la audiencia de conocimiento. Sin embargo, el juez rechazó sus planteos. Para decidir de esa manera, consideró que la declaración indagatoria era un acto de defensa y una garantía del imputado. A su vez, sostuvo que existía la posibilidad de que la declaración resultara más beneficiosa que el sobreseimiento eventual en base a la edad del niño. Contra esa decisión, la Defensa Pública Oficial interpuso un recurso de reposición y de apelación en subsidio. El juez rechazó el recurso de reposición, pero hizo lugar al de apelación y notificó a la Defensora de Menores. Por su parte, la Defensora de Menores adhirió al recurso interpuesto por la defensa. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario declaró mal concedido el recurso y le recomendó al juez la observancia del artículo 1, segundo párrafo, de la ley Nº 22.278. Ante esta situación, la defensa presentó un recurso de casación. La Cámara de Apelaciones rechazó el recurso interpuesto. Por eso, las respectivas defensas interpusieron un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. El tribunal, por mayoría, sostuvo que no existía un gravamen irreparable. A su vez, consideraron que lo dispuesto en los artículos 12 y 40 de la Convención del Derecho del Niño se cumplía en nuestro sistema procesal a través de la declaración indagatoria. Por su parte, una de las juezas intervinientes concurrió a la posición mayoritaria. En ese sentido, consideró que, si bien la indagatoria no le ocasionaría reproche punitivo, podía aportar datos a la investigación. Contra esta decisión, la Defensa Pública Oficial interpuso un recurso extraordinario federal. En su presentación, explicó que los tribunales intervinientes se valieron de una interpretación de los derechos del niño que invertía su sentido. Esta interpretación, señaló, implicaba la asignación de un trato no acorde con su condición. |