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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-may-2015 | Martínez, Diego Ricardo | Un hombre fue imputado en el año 2007 por el delito de robo agravado por la intervención de una persona menor de edad. Durante tres años el expediente no tuvo ninguna actuación relevante. Elevada la causa juicio, en 2014 la defensa planteó una excepción de falta de acción y requirió que se declarara la extinción de la acción penal por prescripción. La fiscalía se expidió de modo favorable. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de ese modo, consideró que no habían transcurrido los plazos previstos para la prescripción del delito imputado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 29-may-2015 | Julian, Carlos Alberto | Un hombre había sido imputado, junto a otras tres personas, por el delito de defraudación por administración fraudulenta en concurso real con malversación de caudales equiparados públicos. Los hechos imputados eran diez. La investigación se inició en el año 2004. En diciembre de 2008, la causa fue elevada a un tribunal oral y en abril del 2009 las partes fueron citadas a juicio. En dos oportunidades se fijaron fechas de debate que, luego, fueron postergadas. Después de diez años y seis meses de tramitación del expediente, la defensa planteó la prescripción de la acción penal por violación de la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó el planteo y consideró que no había transcurrido el plazo de prescripción previsto en el art. 67 del CP y que la extensión del proceso no resultaba desproporcionada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 17-ago-2015 | JNGP v. Uruguay | En la presente comunicación, el peticionario JNGP había formado parte de la Armada como teniente coronel durante el régimen “cívico-militar”, siendo el responsable de implementar y ejecutar las acciones propias de la Operación Cóndor en el país. En 2006, se inició un proceso penal contra el peticionario que culminó en 2009 con la condena a 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 28 personas. El peticionario denunció ante el Comité de Derechos Humanos que los procesos judiciales llevados a cabo en su contra se realizaron sin respetar ciertos institutos básicos del derecho penal como la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada y el non bis in idem. De la misma manera, alegó la violación del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y cuestionaron la denegación de su solicitud de cumplir la pena de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. El Comité concluyó que el proceso penal seguido contra el peticionario no violó los derechos que le asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto” (párr. 9.6). |
| 3-sep-2015 | Melián Massera (Causa n°72288) | Dos personas fueron imputadas por tres hechos. En julio de 2005 fueron citadas a prestar declaración indagatoria, en octubre de 2010 se requirió la elevación a juicio del expediente y en 2011 fueron citadas a juicio. El Tribunal Oral declaró extinguida por prescripción la acción penal y dictó el sobreseimiento de las personas. Para decidir de esa manera, la resolución interpretó que el único acto que integraba el término “secuela de juicio” contenido en la redacción anterior del artículo 67 del Código Penal, vigente al momento de los hechos, era el requerimiento de elevación a juicio formulado por el Ministerio Público Fiscal. En tal sentido, señaló que esa era la interpretación más beneficiosa para las personas imputadas. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso recurso de casación. |
| 29-oct-2015 | Vargas (Causa n°7118) | Una persona había sido condenada a la pena de 7 años de prisión por el delito de homicidio en grado de tentativa. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, alegó que la acción penal había estado prescripta, ya que desde el primer llamado a prestar declaración indagatoria hasta el requerimiento de elevación a juicio habían transcurrido doce años sin que ocurriera ningún acto interruptivo. |
| 13-nov-2015 | Falcon Meis (causa n° 45283) | En 2002 se denunció a dos personas por hechos cometidos entre 1997 y 2000. En 2004 fueron citadas a prestar declaración indagatoria. Luego, se dictó al falta de mérito. En 2010 se dictó el procesamiento de una de ellas por el delito de estafa en concurso ideal con usurpación de tíitulos y honores, en concurso material con el de falsificación de documento público. La otra persona fue imputada por el delito de encubrimiento y uso de documento público falso, en concurso ideal entre sí. La decisión fue impugnada y la defensa planteó una excepción de falta de acción por prescripción. La Cámara de Apelaciones ordenó dar curso al planteo. En septiembre de 2010, la Cámara confirmó los procesamientos y en octubre de ese año el expediente fue elevado a juicio. El Tribunal Oral devolvió la causa al advertir que la fiscalía no había requerido la elevación de la causa a juicio respecto de uno de los imputados. En 2011 se elevó nuevamente el expediente y en 2012 las partes fueron citadas a juicio. En 2013 se proveyó la prueba y se fijó la audiencia de debate, que fue suspendida y postergada hasta el año 2015, cuando se solicitó la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En mayo de ese año el Tribunal Oral rechazó el pedido. Contra esa decisión, las defensas interpusieron recursos de casación. |
| 14-dic-2015 | Ripoll (Causa n°53744) | En el mes de abril del año 2007 una persona fue citada a prestar declaración indagatoria. En abril del 2015 la fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente. En la etapa de juicio, la defensa planteó que entre la citación a la declaración indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio había transcurrido el plazo máximo previsto para el delito imputado. En ese sentido, sostuvo que la acción penal se encontraba prescripta. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, tuvo en consideración que en el año 2013 la persona había cometido un nuevo delito -por el cual se había dictado sentencia firme en marzo del 2015- que había interrumpido el curso de la prescripción. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 14-dic-2015 | GCAA v. Uruguay | En la primera de las comunicaciones, el peticionario GCAA había formado parte de la Junta de Oficiales Generales y la Junta de Comandantes en Jefe del régimen “cívico-militar” que gobernó Uruguay hasta el 28 de febrero de 1985. En 2007, un grupo de personas presentó una denuncia contra varios mandos de aquel gobierno en la que alegaron que, en el marco de traslados realizados en forma clandestina por miembros de las Fuerzas Armadas en 1977 y 1978 (Operación Cóndor), sus familiares habían sido víctimas de desaparición forzada. En consecuencia, se llevó a cabo un proceso penal contra el peticionario que culminó con la imposición de una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 37 personas. En la segunda comunicación, el peticionario J.N.G.P había formado parte de la Armada como teniente coronel durante el régimen “cívico-militar”, siendo el responsable de implementar y ejecutar las acciones propias de la Operación Cóndor en el país. En 2006, se inició un proceso penal contra el peticionario que culminó en 2009 con la condena a 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 28 personas. Ambos peticionarios denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos que los procesos judiciales llevados a cabo en su contra se realizaron sin respetar ciertos institutos básicos del derecho penal como la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada y el non bis in idem. De la misma manera, alegaron la violación del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y cuestionaron la denegación de su solicitud de cumplir la pena de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. |
| 15-dic-2015 | Ramos | El intendente de una ciudad de Salta había sido imputado por la comisión de diversos delitos llevados a cabo durante el ejercicio de su función pública. La investigación de los hechos acumuló varios expedientes iniciados entre 1997 y 2001. Entre agosto y septiembre de 2005 se requirió su elevación a juicio. La defensa planteó la prescripción de la acción penal. La Cámara Primera en lo Criminal rechazó el planteo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Corte de Justicia de Salta hizo lugar a la impugnación y sobreseyó al imputado. Para decidir de ese modo, consideró que la duración del proceso seguida al imputado por los delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como intendente excedía el plazo de doce años fijado para la prescripción en el artículo 62, inciso 2, del Código Penal. Además, indicó que no consideraba que el proceso fuera complejo ni que la actividad procesal del imputado justificara la demora en su tramitación. Entonces, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la interposición de un recurso de queja. |
| 12-feb-2016 | Pérez, Juan José | Un hombre fue imputado, junto a seis personas más, por el delito de promoción y facilitación de la prostitución de personas mayores de edad. Los hechos habían sido cometidos en junio del 2001. En junio del 2004 fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego se dictó su procesamiento y la causa fue elevada a un tribunal oral. En el año 2006 las partes fueron citadas a juicio. Durante ocho años fueron dictadas diferentes disposiciones. Entre otras cuestiones, se le concedió la suspensión del proceso a prueba a cuatro personas y en 2009 se fijó la primera audiencia de debate, que fue postergada en cuatro ocasiones. En el año 2015, la defensa solicitó que se dictara la prescripción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo sostuvo que si bien los hechos imputados habían ocurrido con anterioridad a la reforma del artículo 67 del CP ¬¬–que determinó qué actos eran considerados “secuela de juicio”–, dicha norma resultaba aplicable al caso por ser más benigna. En ese sentido, tuvo en consideración la fecha de la citación a juicio y concluyó que la acción no se encontraba prescripta. Por otra parte, señaló que el Estado tenía la responsabilidad internacional de investigar hechos como los imputados en el caso y que, a tenor de su complejidad, no se había violado el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-mar-2016 | AJ (causa N° 191) | Un hombre fue denunciado por varios hechos de abuso sexual con acceso carnal. Una parte de ellos fueron cometidos en el año 1995, cuando la víctima era tenía seis años, y ocurrieron en el domicilio donde ella vivía. Al cumplir la mayoría de edad, la mujer realizó la denuncia. En el año 2013, fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego, el juzgado declaró la prescripción de la acción penal y dictó el sobreseimiento parcial del imputado respecto de esos hechos. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional en el año 2014 confirmó la decisión. Entre otras cuestiones, la cámara señaló que el tiempo transcurrido entre los hechos y el llamado a prestar declaración indagatoria había superado ampliamente el máximo previsto para la prescripción de las penas previstas para el delito imputado. Además, sostuvo que el cómputo de ese término había culminado muchos años antes de la entrada en vigencia de la ley 26.705, que fue publicada en 2011.Contra esa resolución, la querella interpuso un recurso de casación. |
| 12-jul-2016 | Callirgós Chávez, José Luis | El Juzgado Federal de Campana declaró procedente la extradición de Callirgós Chávez a la República de Perú para ser sometido a proceso por el delito de fraude contra la administración pública. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso ordinario de apelación y nulidad de la sentencia que, concedido, fue fundado por el Defensor Oficial ante el tribunal. |
| 9-ago-2016 | Silva (causa N° 16001248) | Una persona había sido imputada por el delito de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes. El expediente se había iniciado en el año 2007. En el año 2008 se dictó su procesamiento y en 2009 la fiscalía formuló el requerimiento de elevación a juicio. En 2010 el expediente fue elevado a un tribunal oral y en agosto de 2011 se citó a las partes a juicio. Entonces, la fiscalía propuso un acuerdo de juicio abreviado que preveía la imposición de una pena de seis años de prisión. En 2016, la defensa planteó la prescripción de la acción penal. En esa línea, entendió que si bien no se cumplían los plazos legales para la aplicación de tal instituto, el trámite del expediente –que había durado 9 años– resultaba excesivo. |
| 13-sep-2016 | Krieger, Ana Inés c Sánchez Orlando Rubén | Dos personas celebraron un contrato de compraventa de un inmueble con destino de vivienda única y familiar cuyo pago se pactó en moneda extranjera. Atento a la imposibilidad de adquirir moneda extranjera, la compradora del inmueble reclamó judicialmente un reajuste de las cuotas pactadas. El vendedor se opuso y planteó la prescripción de la acción con sustento en la aplicación analógica del plazo de tres meses previsto en el artículo 4041 del código civil derogado. El tribunal de primera instancia rechazó el planteo y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Misiones confirmó la decisión. Por tal motivo, se interpuso recurso extraordinario federal. |
| 23-nov-2016 | Duarte, Felicia (CFCP) | En abril de 2008 dos personas habían sido sujetas a un control aduanero. Una de ellas se dio a la fuga, la otra permaneció en el lugar y fue arrestada al descubrirse que en el vehículo transportaban estupefacientes. Por ese hecho, fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización en grado de tentativa. En septiembre de 2008 el Tribunal Oral la absolvió. La fiscalía impugnó la decisión. En 2012, la Sala IV de la CFCP hizo lugar al recurso y condenó a la imputada como autora del delito. Para decidir de ese modo, el tribunal analizó las declaraciones de los preventores, peritos y testigos del procedimiento en base a constancias escritas. La defensa impugnó la resolución y la Corte Suprema en el 2014 señaló que se había afectado la garantía del doble conforme. En ese sentido, dispuso designar a otra Sala de la CFCP para actuar como tribunal revisor. Desde el inicio de las actuaciones hasta la absolución habían transcurrido 5 meses, mientras que las etapas recursivas posteriores duraron aproximadamente 7 años. La defensa se agravió por la afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable y la vulneración de los principios de oralidad e inmediatez del juicio criminal. La fiscalía consideró que la demora respondía a las maniobras recursivas de la defensa y, por tal razón, rechazó el planteo. |
| 9-mar-2017 | PMD | En junio de 2002 fueron denunciados diversos hechos que involucraban un secuestro extorsivo y robos cometidos en poblado y en banda. El expediente, una vez radicado en el juzgado de instrucción, permaneció extraviado durante ocho años. Una vez elevadas las actuaciones a la etapa de juicio, se fijó la audiencia de debate para el mes de mayo de 2014. Su celebración fue postergada en dos oportunidades por motivos internos del tribunal. Posteriormente, la persona imputada fue declarada rebelde por el término de tres años. De las constancias obrantes en la causa no surgía comunicación alguna cursada a su teléfono ni que se hubieran practicado diligencias efectivas para notificarla. Finalmente, se presentó de manera espontánea. A fin del año 2015, la defensa planteó la extinción de la acción penal por prescripción y, en consecuencia, solicitó el sobreseimiento de su asistido. En particular, consideró que en el trámite del expediente se había violado la garantía a ser juzgado en un plazo razonable. El Tribunal Oral rechazó la petición. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 12-abr-2017 | Guadamarra (causa N° 75003391) | La Unidad Fiscal de Investigaciones de delitos cometidos en el a?mbito de actuacio?n del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSPJ) y su Programa de Asistencia Me?dica Integral denunciaron a tres personas por la realización de un doble pago de un servicio médico en el an?o 2006. Una de ellas era un médico oftalmólogo y las otras dos trabajaron en el INSSPJ hasta el 2007. Las tres fueron imputadas por los delitos de administracio?n fraudulenta y estafa agravados por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública. En mayo del 2013 fueron citados a prestar declaración indagatoria. En el año 2014, sus defensas plantearon la extinción de la acción penal por prescripción. El juzgado rechazó los planteos. Contra esas resoluciones, se interpusieron recursos de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario hizo lugar a las impugnaciones, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó por prescripción a los imputados. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. En tal sentido, sostuvo que dos de los imputados revestían calidad de funcionarios públicos y, durante el tiempo en que habían ocupado sus cargos, se había suspendido el curso de la prescripción. En consecuencia, entendió que la acción penal se hallaba vigente. |
| 15-jun-2017 | PMJT | Una mujer embarazada permaneció detenida por motivos políticos desde el 16/4/1976 hasta el 22/8/1976, momento en que dio a luz. Durante ese periodo, fue víctima de torturas y sufrió diversas lesiones. Posteriormente, estuvo en libertad vigilada hasta el año 1982. Mediante la ley Nº 24.043 percibió una indemnización por los días que estuvo privada de la libertad. En consecuencia, inició una demanda contra el Estado Nacional a fin de obtener una indemnización en concepto de daño psicológico comprensivo del agravio moral sufrido por la privación de la libertad sin causa, tortura y lesiones y por estar en situación de libertad vigilada desde el 3 de octubre de 1978 hasta el año 1982. |
| 10-ago-2017 | PME (Causa Nº91007317) | Una persona fue imputada por el delito de malversación de caudales públicos. Durante la etapa de juicio, suscribió un acuerdo conciliatorio con la querella y el actor civil, mediante el cual se pactó el pago de un monto de dinero en concepto de reparación integral. En tal sentido, el querellante expresó que había sido reparado y que, en consecuencia, renunciaba a toda acción en tal carácter. Por su parte, la fiscalía consideró que debía declararse la extinción de la acción penal por prescripción. |
| 12-sep-2017 | RBNC y otro (causa Nº 12202) | En el año 2001 se declaró la paternidad de una persona respecto de una niña y se ordenó la inscripción de la filiación en el Registro Civil. En febrero de 2005, la madre se presentó en el registro con otro hombre con el propósito de anotarla con el apellido de este individuo. Por ese hecho, ambos fueron imputados por el delito de alteración o supresión de la identidad de una menor, en los términos de los artículos 139, inciso 2 y 293, 2° párrafo, del Código Penal y, en octubre de 2015, se los convocó a prestar declaración indagatoria. |