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FechaTítuloResumen
17-mar-2015Moya, Rosa Elena c. ANSESLa actora inició una acción de amparo por mora contra la ANSES por la suspensión del pago de su beneficio previsional. El juez de primera instancia rechazó la demanda argumentando que la ANSES había dictado el acto administrativo pertinente otorgando el beneficio, y que lo que se encontraba suspendido era el pago de haberes previsionales por presuntas irregularidades, por lo que no se configuraba la exigencia prevista en el art. 28 de la Ley 19.549. La actora interpuso el recurso de apelación y sostuvo que en primera instancia no se resolvió su planteo, ya que no se había objetado el otorgamiento del beneficio sino la suspensión de su pago, lo cual requiere de una nueva resolución administrativa.
1-abr-2015VAVL c. OSDELa actora inició una acción de amparo contra la obra social OSDE a fin de que se ordene a la demandada la cobertura integral (100%) de la prestación de fertilización asistida (FIV) por técnica ICSI con óvulos propios y del procedimiento de fertilización asistida (FIV) por técnica ICSI con ovodonación. El juzgado de primera instancia hizo lugar parcialmente a la demanda pero difirió el tratamiento de la pretensión referida a la cobertura integral del procedimiento de fertilización asistida (FIV) por técnica ICSI con ovodonación hasta tanto existiera una prescripción médica determinante para la actora. En consecuencia, tanto la actora como la demandada interpusieron recursos de apelación.
15-abr-2015S, AF y otros c. ENM Salud de la Nación y otrosLas magistradas a cargo de las Curadurías Públicas 17 y 18 iniciaron una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación, la Agrupación Salud Integral (ASI) y contra el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener la provisión de dispositivos comunitarios, tipo casas de medio camino o residencias protegidas, a través de gestión local o en forma directa. Ello, para los pacientes representados por las Curadoras Públicas en condiciones de ser externados y recibir esta clase de tratamiento y para todos aquellos que se encuentren en la misma situación.
4-may-2015G, M L c. ANSESLa actora promovió acción de amparo contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con el objeto de que le ordene a la accionada a componer el haber jubilatorio de la actora y, en consecuencia, le abone las diferencias mensuales entre lo percibido en concepto de renta vitalicia -por el fallecimiento de su cónyuge- y el haber vigente conforme lo dispuesto por el art. 46 de la ley 26198. Asimismo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad y/o incaplicabilidad del artículo 125 de la ley 24241.
4-may-2015L, EH c. Obra Social de Empleados Públicos (dictamen PGN)Un matrimonio intentó procrear por medios naturales y, luego, mediante tratamientos de fertilización asistida de baja y alta complejidad, sin éxito alguno. A raíz de ello, su médico genetista les indicó que la fecundación in vitro (FIV) por técnica ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) con DGP (biopsia embrionaria que detecta alteraciones cromosómicas o genéticas) les brindaría la posibilidad de alcanzar la concepción de un hijo. Ante la falta de respuesta de la obra social respecto de la cobertura integral del tratamiento, los actores iniciaron una acción de amparo. El juez de grado rechazó la demanda y la Cámara de Apelaciones confirmó dicha resolución. En consecuencia, los actores interpusieron recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso un recurso extraordinario cuyo rechazo motivó la interposición del recurso de queja. Entre sus agravios, sostuvieron que la sentencia recurrida desconoció el derecho fundamental y humano de acceso integral a las técnicas de reproducción asistida (ley 26.862 y decreto reglamentario 956/2013). Asimismo, alegaron que el embrión no implantado no tiene el estatus jurídico de persona, conforme lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros vs. Costa Rica. También señalaron que, tal como lo sostuvo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Costa y Paván vs. Italia al expedirse sobre una ley que prohibía el DGP, el pronunciamiento recurrido atentaba contra el derecho a la vida privada y familiar.
5-may-2015QSMEl representante de una la obra social interpuso un recurso de apelación contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de esa ciudad que obligó a incluir a un niño como beneficiario y aceptó que la vía elegida –una medida autosatisfactiva, en el marco de un amparo– se presentaba como la más eficiente para la protección de su derecho a la salud. El recurso fue rechazado. Disconforme con el pronunciamiento, la parte demandada interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley.
8-may-2015FESN c. ANSESUna mujer de nacionalidad paraguaya ingresó al país en el año 2006 con el objeto de establecerse en forma definitiva en el territorio argentino y desde ese año comenzó a trabajar en relación de dependencia. A mediados del 2010 viajó a Paraguay para visitar a su familia por una semana y, al momento de su regreso, no le expidieron ningún tipo de constancia del ingreso al país. En el año 2013 tuvo que viajar nuevamente a Paraguay y regresar a Argentina al sólo efecto de tener una constancia de ingreso para gestionar su DNI. En virtud de ello, se le entregó el DNI argentino y se reconoció su radicación desde el 2013. En octubre de ese año nació su hijo y requirió a la ANSES la Asignación Universal por Hijo para la protección social (AUH). El mencionado organismo rechazó el pedido por considerar que la solicitante no cumplía con el requisito del mínimo de tres años de residencia legal en el país. La solicitante inició una acción de amparo en representación de su hijo a fin de que la ANSES le otorgue la AUH, refirió que se encontraba residiendo en el país con una antelación mayor a la fecha consignada en su DNI y acompañó prueba. Asimismo, cuestionó la constitucionalidad del plazo mínimo de 3 años de residencia legal en el país para acceder a la AUH.
13-may-2015F,CV y otros c. obra social de la Ciudad de Buenos AiresLos actores iniciaron acción de amparo contra la Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (ObSBA) y solicitaron una medida cautelar con el objeto de que se ordene a la demandada la inmediata cobertura integral y sin limitación de cantidad –salvo tope legal– de las técnicas de reproducción asistida, medicación, tratamientos, estudios, internación y honorarios médicos, conforme les fue médicamente indicado. Los actores manifestaron que hacía más de tres años que se encontraban en la búsqueda infructuosa de un niño y que les fue indicado un tratamiento de fertilización asistida denominado ICSI. La obra social demandada contestó el traslado y manifestó que al tratamiento de infertilidad requería el cumplimiento de determinados requisitos, entre los que se fijó un límite de edad de cuarenta años.
1-jun-2015NEP c. Universidad de La Matanza (PGN)Una persona con una discapacidad motriz se graduó como licenciado en educación física en una universidad. Al año siguiente intentó continuar sus estudios en la misma institución y obtener el título de profesor en educación física. La universidad negó el pedido sobre la base de que no reunía las condiciones físicas requeridas para la carrera. En consecuencia, inició una acción de amparo. Tanto en primera como en segunda instancia hicieron lugar al amparo y ordenaron la inscripción en la carrera. La demandada interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja.
4-jun-2015S, IV vs. Instituto Provincial de la ViviendaLa actora inició una acción de amparo contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por la cual solicitó la tenencia precaria de la vivienda que le había sido originalmente adjudicada a su grupo familiar. La accionante manifestó que, desde la adjudicación de la tenencia precaria por parte del IPV, habían variado sus condiciones familiares, ya que transitaba un proceso de divorcio vincular, había denunciado a su ex marido por violencia doméstica y los dos hijos de la pareja habían quedado a su cargo. A pesar de ello, el organismo demandado sostenía que el acta de entrega de la tenencia precaria de la vivienda debía ser firmado por ambos. El juez rechazó la acción por considerar que la conducta del organismo demandado no resultaba arbitraria o ilegal. Contra esa decisión, la actora interpuso recurso de apelación.
8-jun-2015IMM y otro c OSDELa madre de un niño con discapacidad solicitó en reiteradas oportunidades a una empresa de medicina prepaga distintas prestaciones prescriptas por su médico tratante. Ante la falta de respuesta de la empresa, inició una acción de amparo. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la acción. La demandada interpuso un recurso de apelación.
16-jun-2015P, A c. Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas DiscapacitadasLa accionante demandó al Servicio Nacional de Rehabilitación y a la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas Discapacitadas para que brinde la cobertura total de las prestaciones que requería con motivo de su discapacidad. El juez de grado rechazó la acción. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso recurso de apelación. La Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal hizo lugar a la impugnación. En consecuencia, condenó a la demandada a brindar la cobertura total de las prestaciones. El representante del Servicio Nacional de Rehabilitación dedujo recurso extraordinario, cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja.
22-jun-2015F, ED c. INSSJPLa actora promovió acción de amparo contra el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados [PAMI] Delegación Paraná, a fin de que se ordene a la demandada la provisión de las prestaciones requeridas por prescripción médica para el tratamiento de su patología de colon. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la pretensión de amparo esgrimida y la demandada interpuso recurso de apelación.
23-jun-2015GEO c. INSSJPEn este caso, la parte actora fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires para recibir un tratamiento médico. En consecuencia, el INSSJP fue condenado abonar los gastos de alojamiento. Ante su incumplimiento, el juez de grado ordenó hacer efectiva una multa y el otorgamiento de la cobertura del 100% de la prestación hotelera solicitada por el accionante. La parte demandada apeló la decisión.
23-jun-2015S, FJ c. PAMIEl actor promovió una acción de amparo contra PAMI a fin de que le otorgue cobertura integral del servicio de enfermería domiciliaria con carácter permanente las 24 horas, todos los días, hasta que su salud se recupere. Ello así, por tratarse de una persona de 85 años de edad que se transitaba un post operatorio de remplazo de cadera y que, además, padecía otras patologías. La resolución de primera instancia hizo lugar a la acción. La demandada interpuso recurso de apelación y justificó su agravio en que –a su entender– el actor necesitaba otro tipo de atención (una internación geriátrica). Asimismo, sostuvo que ya abonaba una ayuda económica para para el pago de auxiliar gerontológico domiciliario.
jul-2015DESC. Celiaquía. Derechos de NNyAEl presente documento se elaboró en razón de una consulta recibida en la Secretaría General de Capacitación y Jurisprudencia con relación al caso de una persona con dos hijas con diagnóstico de enfermedad celíaca, quien manifestó que el monto de $275 que abona la obra social a la que se encuentran afiliados para cada una de las niñas le resultaba insuficiente para comprar los alimentos que demandaba su tratamiento. En este marco, se requirió material para argumentar la inconstitucionalidad de la Resolución 504/2014 del Ministerio de Salud que dispone que las Obras Sociales deberán brindar a cada persona con celiaquía cobertura por un monto mensual de $275.
1-jul-2015AM, M; M, GA c. Instituto Provincial de Salud de SaltaSe inició una acción de amparo contra el Instituto Provincial de Salud de la provincia de Salta a fin de obtener la cobertura total de asistencia en beneficio de un niño con discapacidad. Específicamente, se reclamaba la asistencia de una docente de educación especial durante el período escolar y de una psicopedagoga destinada a trabajar sobre la comunicación verbal del niño; ello, sumado a la petición de prestaciones futuras. El juez de primera instancia hizo lugar a la pretensión. La decisión fue cuestionada por la demandada.
8-jul-2015A, ES c. INSSJPEn este caso, en el marco de una acción de amparo de salud la parte actora solicitó una medida cautelar para que la obra social le provea los anteojos requeridos con cobertura total. El juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido. La parte demandada apeló esa decisión.
6-ago-2015Díaz, Juan Alberto c. OSDELa parte actora promovió demanda para que se declare ilegítima y arbitraria la apropiación de la empresa de medicina prepaga referente a los aportes y contribuciones laborales que percibe en exceso del valor de la cobertura que brinda y solicitó la devolución de dichos montos. La jueza de primera instancia del fuero federal de la Seguridad Social se declaró incompetente por considerar que la demanda trataba sobre las condiciones contractuales y, en consecuencia, debía intervenir la justicia nacional en lo civil.
6-ago-2015DlP, VG c. Registro del Estado Civil y Capacidad de las personasLos accionantes iniciaron una acción de amparo para que se autorice la inscripción de nacimiento de su futuro hijo matrimonial con el apellido de la madre seguido del apellido del padre. Solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4° y 5° de la ley 18.248, por cuanto entendían que lesionaban el derecho a la igualdad ante la ley entre integrantes del matrimonio y el principio de no discriminación en razón del sexo. Frente a la dilación del proceso, los cónyuges inscribieron a su hijo con el apellido del padre seguido del de la madre, sin perjuicio de continuar el juicio para obtener la rectificación de la partida de nacimiento. El juez de grado rechazó la demanda. Con posterioridad, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil revocó la decisión impugnada y declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 18.248.
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