Buscar por Título
Mostrando resultados 3234 a 3253 de 4456
< Anterior
Siguiente >
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 15-dic-2014 | Piñero, Marcela | La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca analizó a la luz de la Regla 25.1 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos la situación de los médicos que concurren a los pabellones a visitar a los internos de la Unidad cuando solicitan asistencia médica y, luego, se niegan a ser atendidos. En relación con ello, se sostuvo que “…basta y sobra con que exista un servicio médico permanente, con un consultorio adecuado y una enfermería apropiada para satisfacer razonablemente la […] exigencia normativa…”. Contra esa decisión, los representantes de la Comisión de Cárceles del Ministerio Público de la Defensa interpusieron recurso de casación. |
| 25-feb-2015 | Piombi, Hugo Gerardo | La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso de casación deducido por la parte querellante y confirmó la absolución dispuesta en favor del imputado por la comisión del delito de calumnias. |
| 26-mar-2018 | Pistochini (causa Nº 7130) | Pistochini, en representación de su hijo menor de edad con discapacidad (paraplejía espástica), solicitó a su obra social una silla de ruedas adaptada para actividad deportiva (básquet). Ante la negativa de la entidad, el afiliado interpuso una acción de amparo y solicitó como medida cautelar la cobertura integral en un 100% de la prestación requerida. El Juzgado Federal Nº 4 de Mar del Plata hizo lugar a la medida. Contra esa resolución, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 23-oct-2017 | PJA (causa Nº 57029) | Una persona que conducía un camión, luego de accidentarse con otro vehículo, provocó lesiones a dos peatones. El conductor fue procesado por haber violado el deber de cuidado y causar las lesiones. La persona imputada celebró un acuerdo con los damnificados y les abonó una suma de dinero en concepto de reparación. A partir de eso, la defensa planteó una excepción de falta de acción y solicitó su sobreseimiento. |
| 27-ene-2021 | PJC (causa Nº 24873) | El niño F. vivía con su madre en la provincia de Formosa. Su padre solicitó una medida cautelar para que se autorizase a F. a vacacionar junto a él en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la medida por el plazo de 15 días corridos, en el mes de enero de 2021. Además, dispuso que la progenitora debía arbitrar los medios necesarios para trasladarse junto al niño a la Ciudad de Buenos Aires y la gestión, con la antelación suficiente, de todos los estudios de PCR requeridos en la provincia de Formosa para el egreso y posterior ingreso del niño a la provincia. Contra esa decisión la parte demandada y la defensoría de menores interpusieron un recurso de apelación. |
| 25-nov-2019 | PJN (causa N° 80896) | Una persona había sido condenada. Luego, fue detenida e imputada los delitos de robo en grado de tentativa –dos hechos– y robo, en concurso real. Además, registraba dos causas en trámite y un nombre diferente en el Registro Nacional de Reincidencia. Su defensa solicitó su excarcelación. El 4 de noviembre de 2019 el juzgado rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, valoró los antecedentes registrados por la persona y sostuvo que, de recaer condena en el expediente, la misma sería de efectivo cumplimiento. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. En su presentación, la defensa consideró que la resolución impugnada no había justificado la existencia de riesgos procesales a partir de la existencia de antecedentes condenatorios. En tal sentido, sostuvo que la eventual imposición de una pena de efectivo cumplimiento no constituía criterio suficiente para inferir que su asistido, en caso de recuperar su libertad, intentaría eludir el accionar de la justicia. El 13 de noviembre de 2019 la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dictó la Resolución Nº 2/2019. Entre otras cuestiones, dispuso la implementación de los artículos 210, 221 y 222 del CPPF que regulan la libertad personal de las personas durante el proceso. |
| 11-jul-2014 | PKG (causa Nº 91001244) | Dos mujeres se presentaron en una comisaría con el fin de entregarle algunos elementos al hermano de una de ellas, detenido en esa dependencia. En el interior de uno de los objetos, se hallaron cuatro envoltorios con marihuana. Al momento del hecho, una de las imputadas tenía diecisiete años y fue procesada por el delito de facilitación de estupefacientes a título gratuito, en grado de tentativa. El juzgado delegó el cuidado de la joven en su hermana mayor. Del informe socio- económico incorporado al expediente, surgía que la imputada era madre de un niño de tres años, y convivía con sus hermanos, madre, y la pareja de ésta. Además, se indicó que había retomado los estudios y el trabajo, y que se encontraba contenida. Durante la audiencia de juicio, la fiscalía solicitó que se declarara la responsabilidad penal de la joven y se le impusiera una pena de tres años de prisión en suspenso. Por su parte, la defensa solicitó que se la eximiera de pena. |
| 7-sep-2017 | PLA (causa Nº 2579) | Una persona que cumplía una pena de prisión en razón de una condena por delitos de lesa humanidad padecía severos problemas de salud. De los informes médicos practicados, surgía que había sufrido un ACV que le había provocado graves secuelas en su salud y limitado su movilidad. El hospital penitenciario carecía de la infraestructura necesaria para la realización del tratamiento de salud que requería. Por tal razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se opuso. El Tribunal Oral hizo lugar a la presentación. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 30-abr-2020 | Plata (causa N° 133323) | Un hombre había sido condenado en 2010 a la pena de diez años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por la condición de ascendente y por haber sido el encargado de la guarda y tutor legal de la víctima, en concurso real con el delito de abuso sexual con acceso carnal. El imputado tenía 78 años y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario V del Servicio Penitenciario Federal. Además, se encontraba dentro del listado confeccionado por el SPF de personas en riesgo ante un eventual contagio de COVID-19. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado de ejecución rechazó el pedido. En tal sentido, sostuvo que el instituto requerido era ajeno a la progresividad de la pena y operaba para aquellos supuestos específicos en los cuales el encierro pudiera constituir una grave afectación. Además, señaló que las autoridades penitenciarias habían asegurado la posibilidad de mantener vigentes los protocolos de prevención de contagio y propagación de la pandemia y que no existía un riesgo de que el imputado pudiera contagiarse. Por otra parte, hizo referencia a la gravedad del hecho por el que había sido condenado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, indicó que la resolución impugnada establecía una diferenciación entre la vida y la salud de unas personas por sobre otras de acuerdo al tipo de delito imputado. En ese sentido, sostuvo que de modo independiente a dicha circunstancia, la persona que se hallaba en un establecimiento penitenciario se encontraba en peores condiciones para evitar el contagio y tratar la enfermedad. |
| jul-2020 | Plazo razonable | Jurisprudencia nacional e internacional sobre plazo razonable |
| 2-sep-2013 | PLD (causa Nº 62) | Una persona travesti, PLD, cumplía una pena en una cárcel de hombres. En ese marco, solicitó su traslado a una cárcel de mujeres y que se recaratulara el expediente, ya que aparecía el nombre masculino que utilizaba en el pasado. El juzgado de ejecución ordenó su traslado a un establecimiento penitenciario “acorde con su condición físico-anatómica” y agregó su nombre actual a la carátula del expediente. PLD impugnó la decisión. |
| 27-abr-2021 | PLE (Causa N° 42676) | Un hombre se encontraba al cuidado de su hijo adolescente y de sus cuatro hijas, la menor de las niñas tenía una discapacidad. Asimismo, el grupo familiar se encontraba en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, y el hombre no tenía un trabajo estable. En ese contexto, se había solicitado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) la pensión no contributiva por discapacidad para la niña, encontrándose pendiente de resolución el trámite. En virtud de ello, el progenitor se presentó ante la ANSES para solicitar la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) en favor de sus cuatro hijos, y en particular, para la menor de las niñas solicitó la AUH para hijos con discapacidad. No obstante, la ANSES rechazó su pedido dado que la progenitora desde el 2017 percibía una pensión para madre de siete hijos. En consecuencia, el hombre con representación de la Defensoría Pública Oficial de Villa María presentó una acción meramente declarativa de inconstitucionalidad. En esa oportunidad, solicitó que se declarara la inaplicabilidad y/o inconstitucionalidad del artículo 9 del 1602/2009 que establecía que la AUH resultaba incompatible con el cobro de cualquier prestación contributiva o no contributiva. Además, solicitó que se abonaran los períodos no liquidados correspondientes a los dos años anteriores a la demanda. Por su parte, la ANSES se presentó solicitando el rechazo de la demanda. Entre sus argumentos, expresó que el actor se encontraba en situación de incompatibilidad para percibir el beneficio pretendido. El juzgado que intervino le imprimió a la acción el trámite de juicio ordinario. En virtud de ello, la defensa presentó un recurso de apelación porque consideró que esa decisión resultaba arbitraria, y no tuvo en cuenta naturaleza alimentaria de la medida. La Cámara de Apelaciones hizo lugar al recurso y consideró que debía imprimirse el trámite de amparo a la acción. Con posterioridad, el juzgado hizo lugar parcialmente a la acción, y declaró la inaplicabilidad del artículo 9 del decreto 1602/2009 y ordenó a la ANSES a que incorporara al régimen universal por Hijo a las niñas y a su hermano. Asimismo, dispuso que se abonaran las sumas retroactivas desde la fecha de interposición de la demanda. No obstante, respecto a la AUH para la niña con discapacidad consideró que la pensión no contributiva por invalidez estaba alcanzada por el régimen de incompatibilidad con la AUH por hijo con discapacidad ya que eran dos prestaciones destinadas a la misma persona y que cubrían contingencias similares o análogas, y que al momento de resolver la causa la ANDIS ya había resuelto el trámite de la pensión de manera favorable para la niña. Contra esa decisión, ambas partes interpusieron un recurso de apelación. |
| 27-nov-2018 | PLF (reg. Nº 1532 y causa Nº 2967) | Una mujer denunció a un vecino. Entre otras cuestiones, explicó que el hombre se acercó a su casa a solicitarle dinero prestado y la retuvo durante unos días, en los que la obligó a que man-tuviera relaciones sexuales con él. Así, explicó que le introdujo un palo en su vagina y ano y que no había podido huir porque se encontraba desnuda, amenazada y con su ropa sucia. Finalmente, indicó que había sido rescatada por sus hijas. Por esos hechos, el hombre fue imputado por los delitos de privación ilegal de la libertad agravado por haber sido cometido con el fin de obligar a la víctima a tolerar actos contra su voluntad habiendo logrado su propósito, abuso sexual agravado por haber mediado acceso carnal, lesiones leves y amenazas, en concurso real entre sí. De los informes ginecológicos realizados sobre la mujer no se desprendía que tuviera lesiones. El palo descripto por la víctima no fue hallado en el domicilio del hombre. Durante la audiencia de debate, la víctima amplió su declaración. De su testimonio surgieron contradicciones respecto a la manera en que había acontecido el hecho. Por su parte, el hombre sostuvo que las relaciones sexuales fueron consentidas por la mujer y negó las demás acusaciones. El Tribunal Oral condenó al imputado a la pena de doce años de prisión. Para decidir de esa manera, consideró que el testimonio de la víctima era creíble. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-may-2017 | PLJD | LJDP fue sancionado por incumplir una orden e insultar a miembros del Servicio Penitenciario Federal. Al momento de ser notificado, manifestó que había solicitado ser alojado en otro pabellón porque tenía problemas con otros internos y temor por su integridad personal. Por ese hecho permaneció diez días en una celda individual. La defensa solicitó la nulidad de la medida aplicada. La representante del Ministerio Público Fiscal consideró que correspondía revocar la sanción disciplinaria impuesta. |
| 18-ago-2010 | PLJM c IOMA | El curador definitivo de una persona con discapacidad inició una acción de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial con el objeto de obtener una cobertura integral de la prestación “Formación Laboral, Jornada Doble” sin limitaciones temporales. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción de manera parcial y ordenó al IOMA suministrar al amparista la continuidad de las prestaciones, conforme con la normativa aplicable. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, rechazó el recurso. El accionante interpuso recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley. |
| 28-jun-2018 | PLM (causa Nº 11069) | Dos personas fueron imputadas por el delito de robo cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. En la etapa de juicio, suscribieron un acuerdo de juicio abreviado. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se les impusiera una pena de dos años de prisión. El Tribunal Oral condenó a los imputados a la pena de un año y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, se cuestionó la constitucionalidad de la figura prevista en el artículo 167, inciso 2°, del Código Penal. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, declaró inadmisible la impugnación. Para decidir de esta manera, consideró que el tribunal no se había apartado de lo pactado en el acuerdo y que, por lo tanto, no existía un agravio. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de queja. En esa oportunidad, sostuvo que se había desconocido el derecho de revisión de la condena y de la pena, previsto en los artículos 8, inciso 2º, apartado h, de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14, inciso 5º, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| 24-may-2016 | PLP (Causa Nº 10322) | Una mujer procesada con prisión preventiva solicitó que se le concediera el arresto domiciliario para cuidar a su hija menor de edad (artículo 32 inciso f de la ley Nº 24.660). El Tribunal Oral rechazó la solicitud por considerar que podía cometer nuevos delitos y entorpecer la investigación del hecho que se le atribuía; esto, dado que restaba identificar a otros partícipes del hecho. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 4-oct-2016 | PLR | En 2008, el Tribunal Oral le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. En 2011, el Juzgado de Ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta impuestas y remitió las actuaciones al Tribunal Oral. Este último declaró en 2012 la nulidad de la resolución y reenvió la causa al juzgado para la sustanciación de la audiencia prevista en el art. 515 CPPN. La defensa interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la CFCP revocó la sentencia, tuvo por cumplidas las pautas establecidas para la suspensión y reenvió las actuaciones al Tribunal Oral. En 2015, volvió a revocar la probation. Para llegar a esa conclusión, consideró que el Juzgado de Ejecución en 2011 había extendido a tres años el plazo de cumplimiento y que, durante ese término, el imputado cometió otros dos delitos. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-jun-2022 | PLV (Causa N° 21–02895016–8) | Una mujer estaba embarazada y comenzó con trabajo de parto cerca del mediodía. Se encontraba junto a su pareja en su casa ubicada en Casilda, Santa Fe. Enseguida, se comunicaron por teléfono con su médico obstetra. Luego, se dirigieron en auto hacia la clínica, ubicada en Rosario. Alrededor de las tres de la tarde, ingresaron al sanatorio. La mujer ya se encontraba en un avanzado trabajo de parto. Sin embargo, su obstetra no había llegado al lugar. Por esa razón, fue atendida por otro médico residente, que no advirtió la inminencia del nacimiento y le indicó que permaneciera en la sala de preparto. En ese momento, le encargaron al progenitor la realización de una serie de trámites administrativos. En consecuencia, la mujer quedó sin supervisión médica ni acompañamiento de su pareja. En ese contexto, a los pocos minutos se produjo el nacimiento de su hija. Al escuchar los gritos, el médico residente y una enfermera –que se encontraban asistiendo a otra paciente– acudieron a atender a la mujer. Pese a lo ocurrido, la mujer y la beba fueron dadas de alta al día siguiente. Con posterioridad, la pareja inició una demanda por daño moral y punitivo contra la clínica debido a la deficiente atención recibida. En su presentación, solicitó la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor. A su vez, requirió que se citara en garantía a la compañía de seguros de la demandada. Luego, el sanatorio pidió el rechazo de la demanda. Entre sus argumentos, sostuvo que la negligencia había sido de la mujer por haber llegado al sanatorio con un trabajo de parto avanzado. Por otro lado, señaló que había cumplido con la atención médica y que las expectativas personales de los actores eran cuestiones ajenas a la obligación del sanatorio. Por su parte, la jueza de grado hizo lugar a la acción de daños y encuadró lo sucedido como un caso de violencia obstétrica. Expuso que la atención médica involucraba los derechos de las mujeres a ser informadas, respetadas así como a elegir acompañamiento antes, durante y luego del parto. Por lo tanto, condenó a la clínica al pago de una indemnización y aplicó para los intereses la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Contra lo decidido, la demandada y la citada en garantía interpusieron recursos de apelación. En su presentación, la accionada señaló que no había responsabilidad civil ya que el parto había resultado exitoso. Asimismo, cuestionó los intereses fijados y solicitó la aplicación de una tasa pura que implicaba un monto menor por intereses. |
| 23-feb-2018 | PM (causa Nº 826) | El 12 de julio de 2016, se realizó un allanamiento en un comercio y se secuestró mercadería de origen extranjero ingresada al país de manera ilegal. Su valor de plaza era de $250.709. Por ese motivo, el 26 de mayo de 2017, el juzgado dictó el procesamiento del dueño del local por el delito de encubrimiento de contrabando. Para así decidir, tuvo en consideración el artículo 947 del Código Aduanero, que establecía que el monto mínimo del valor de plaza de la mercadería objeto de contrabando era de $100.000. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. Posteriormente, el 27 de diciembre de 2017, fue sancionada la ley Nº 27.430, que modificó el monto mínimo a $500.000. |