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| Fecha | Título | Resumen |
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| 29-jun-2015 | Gómez, Renato | La sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad rechazó el pedido de excarcelación por entender que el monto de la pena en abstracto junto con la condición de extranjero y resistencia al momento de detención presentada por el imputado, hacía presumir el peligro de fuga. La defensa recurrió la resolución. La Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación y revocó la sentencia. |
| 14-jun-2018 | Gónzalez (causa N°167129) | Un hombre había sido condenado como autor del delito de homicidio en grado de tentativa. En cumplimiento de la pena que se le impuso, solicitó que se lo autorizara a tener visitas periódicas de acuerdo con lo que establece el artículo 166 de la ley N° 24.660. De esa forma, explicó que el pedido se vinculaba con que su madre –una mujer con discapacidad– tenía problemas de salud derivados de haber sufrido dos accidentes cerebrovasculares. Entonces, acompañó certificados médicos y un certificado de discapacidad. La representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera desfavorable al pedido. Entendió, al igual que la licenciada en trabajo social del Centro Penitenciario Federal, que los certificados médicos no fueron avalados por la División de Asistencia Médica del estable-cimiento y, por ese motivo, no estaban cumplidos los requisitos para que prosperara el pedido. El tribunal interviniente rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, sostuvo que este instituto tenía lugar en caso de enfermedad "gravísima" que pudiera derivar en el deceso del pariente y que, en este caso, no se cumplía ese supuesto. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 10-jun-2015 | Gónzalez, Lisandro Daniel | El tribunal oral había resuelto no hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad del decreto 18/97 del PEN, rechazar el planteo de nulidad y confirmar las sanciones disciplinarias aplicadas al detenido. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 25-oct-2022 | GPEN (Causa N° 1836) | Una mujer era beneficiaria previsional de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos. Por ese motivo, sus aportes eran derivados al Instituto de Obra Social de Entre Ríos. No obstante, cuando la mujer solicitó afiliarse, el instituto rechazó su pedido. En consecuencia, presentó una acción de amparo a fin de obtener su incorporación como afiliada. El juzgado que intervino hizo lugar a lo solicitado. Contra esa decisión, la demandada interpuso un recurso de apelación. En virtud de ello, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos revocó la sentencia de primera instancia. Para decidir así, sostuvo que la vía excepcional del amparo exigía que se examinara si la mujer tenía cobertura de salud y si padecía una afectación actual o posible que ameritara su urgente reparación. En ese sentido, señaló que la mujer ya contaba con otra obra social por su profesión como docente y que no demostró ningún problema de salud urgente. Por ese motivo, concluyó que no procedía la acción de amparo entablada. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso extraordinario. En esa oportunidad, consideró que la sentencia dictada era arbitraria y que la decisión se sustentó en una superposición inexistente de coberturas. Además, resaltó que la sentencia afectaba sus derechos constitucionales a la salud, al debido proceso y a la igualdad ante la ley, así como el principio de legalidad. |
| 16-jul-2020 | GPL (causa N° 23568) | Una persona de nacionalidad india amenazó e insultó a su sobrina reiteradas veces luego de que ella le comunicara su decisión de mudarse con su pareja. Asimismo, amenazó de muerte a la pareja. Por esos hechos, fue imputada por el delito de amenazas coactivas. El juzgado la sobreseyó. Contra esa decisión, la representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de apelación. |
| 31-oct-2016 | GPN (causa N° 2164) | Una mujer despachó dos encomiendas con destinos internacionales. En el marco de un control rutinario realizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, los envíos fueron inspeccionados por personal policial. En el interior de los paquetes se hallaron treinta y un bolsas de nylon con cocaína. Por esa razón, la mujer fue detenida. Al prestar declaración indagatoria, la imputada explicó que desconocía el contenido de las encomiendas y que las había despachado a pedido de su pareja. Entre otras cuestiones, aportó datos y fotografías del hombre y manifestó que no había recibido pago alguno por los envíos. El juzgado la procesó por el delito de contrabando de estupefacientes con fines de comercialización. En etapa de debate, la fiscalía consideró que la imputaba había actuado, “al menos”, con dolo eventual. Por ese motivo, solicitó que se la condenara a la pena de cuatro años y seis meses de prisión. La defensa entendió que la mujer había actuado sin dolo y, en consecuencia, solicitó su absolución. |
| 17-nov-2016 | GPN (causa N° 990000245) | Una mujer envió dos encomiendas con destino internacional. Al realizar el control sobre los envíos, personal aduanero detectó sustancia estupefaciente en su interior. En total se secuestraron treinta y un bolsas de nylon que contenían cocaína. Por tal razón, la mujer fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes, en grado de tentativa. Durante la instrucción, prestó declaración indagatoria en diversas oportunidades y explicó quién le había solicitado el envío de los paquetes. En particular, aportó datos y fotografías de la persona que había sido su pareja, quien le había presentado dos individuos de nacionalidad nigeriana. En tal sentido, sostuvo que dichas personas carecían de documentación, por lo que le habían requerido la remisión de las encomiendas. Finalmente, sostuvo que no recibió pago alguno por el favor realizado y que desconocía que los paquetes en su interior contuvieran droga. A partir de la información aportada, se dictaron una serie de medidas de investigación. De las tareas e intervenciones practicadas se concluyó que la persona indicada por la imputada tenía pleno conocimiento del contenido de la encomienda y que se relacionaba con otros sujetos que ejercían actividades ilícitas vinculadas al comercio de drogas. Por tal razón, la fiscalía solicitó que se lo citara a prestar declaración indagatoria. En etapa de juicio, la defensa solicitó la absolución de su asistida por considerar que había actuado sin dolo. Además, solicitó que, en caso de imponérsele una pena, se evaluara su colaboración en los términos del artículo 29 ter de la ley 23.737. La fiscalía rechazó el planteo por considerar que, al momento, no existían resultados concretos que avalaran la credibilidad de los dichos de la imputada. |
| 28-mar-2018 | GPN (causa Nº 20117) | Una persona había sido imputada por los delitos de intimidación pública, atentado y resistencia a la autoridad. Por tal razón, fue detenida de manera preventiva. Su domicilio fue constatado y no poseía antecedentes penales. En esa línea, la defensa solicitó su excarcelación. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de su concesión. Sin embargo, el juzgado rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración, entre otras cuestiones, la gravedad de los hechos imputados. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal rechazó la impugnación, por lo que se interpuso un recurso de casación. |
| 17-mar-2017 | GR | Una persona había sido imputada de acuerdo al procedimiento de flagrancia. Durante la audiencia multipropósito prevista en el art. 353 quáter del CPPN, las partes llegaron a un acuerdo de juicio abreviado ante el juez de instrucción. El magistrado declaró admisible el acuerdo y remitió el caso al Tribunal Oral para que dicte sentencia. El Tribunal Oral no aceptó la competencia y devolvió las actuaciones al Juzgado de Instrucción. Finalmente, se elevó la causa a la CNCCC para que resuelva la contienda de competencia. |
| 5-sep-2016 | GR (dictamen PGN) | La autoridad administrativa dictó una medida excepcional de institucionalización con relación a tres niños en los términos de los artículos 39 y 40 de la ley Nº 26.061. El control de legalidad de dicha medida se radicó ante el Juzgado Nacional de 1º Instancia en lo Civil Nº 82. Una vez que los niños egresaron del hogar donde se encontraban alojados, el magistrado se desprendió de las actuaciones en función de su nuevo centro de vida sito en González Catán, provincia de Buenos Aires. Ello en razón de los principios de inmediatez y eficacia de la actividad tutelar. El Juzgado de Familia Nº 2 del Departamento Judicial de La Matanza, provincia de Buenos Aires, rechazó la radicación de las actuaciones con fundamento en el carácter provisorio de la medida y en el hecho de que el juez previniente conserva la posibilidad fáctica de mantener contacto directo con los niños. En virtud del conflicto negativo de competencia, se elevaron las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
| 8-abr-2016 | GR (probation) | Una persona imputada por el delito de lesiones culposas causadas como consecuencia de un accidente de tránsito solicitó la suspensión del juicio a prueba. El imputado se encontraba detenido en el marco de otro proceso para otro tribunal. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó de manera favorable a la concesión del instituto. Sin embargo, el juzgado correccional rechazó la solicitud. A tal fin, argumentó que las reglas de conducta ofrecidas resultaban de imposible cumplimiento dada la situación de detención del encausado. Contra aquella decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-sep-2015 | Grabowski v. Polonia | Grabowski, de diecisiete años de edad, fue arrestado el 7 de mayo de 2012 bajo la sospecha de haber participado en cuatro robos. Ese mismo día, el Tribunal de Distrito de Cracovia- Krowodrza, Sección de familia y juventud dispuso la detención preventiva del jóven por el término de tres meses. Posteriormente, el tribunal de familia dispuso que la causa debía ser examinada bajo un procedimiento correccional. El código de procedimientos de Polonia establecía que, en casos de personas menores de edad, la detención preventiva no podía exceder los tres meses. Esta medida era prorrogable por tres –y, en ciertas ocasiones, hasta un máximo de un año– mediante resolución de un tribunal de familia. La norma también preveía que la orden de evaluación del caso bajo procedimiento correccional reemplazaba el procesamiento. El 9 de agosto de 2012, el abogado de Grabowski solicitó su libertad por haber transcurrido el lapso dispuesto en la medida preventiva sin que se hubiera dictado una prórroga. El tribunal rechazó la pretensión. A tal efecto, sostuvo, entre otros argumentos, que no había ningún motivo para revocar la detención. Tras las audiencias del caso, el 9 de enero de 2013, se declaró que el imputado era responsable de los delitos que se le atribuían y se lo condenó a la pena de dos años de prisión en suspenso. En consecuencia, Grabowski fue liberado inmediatamente. |
| 5-sep-2006 | Gramajo (causa N° 1573) | Un hombre fue imputado por el delito de robo en grado de tentativa. En el marco del juicio, la fiscalía solicitó que se lo condenara, se lo declarara reincidente y se le impusiera la aplicación de la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado. El tribunal oral interviniente condenó al hombre a la pena de dos años de prisión y lo declaró reincidente. Asimismo, rechazó el pedido de aplicación de la pena accesoria de reclusión por tiempo indeterminado por considerar que el artículo 52 del Código Penal resultaba inconstitucional. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional hizo lugar a la impugnación, declaró la constitucionalidad del artículo 52 del Código Penal e impuso al hombre imputado la reclusión accesoria por tiempo indeterminado. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la presentación de un recurso de queja. |
| 7-may-2015 | Gramajo, Gastón y Ferreyra, Emiliano | El tribunal oral había resuelto revocar la suspensión del juicio a prueba que se le otorgó al imputado por el término de un año. Ello, al constatar el dictado por parte de otro tribunal de una sentencia de condena por un hecho cometido durante el plazo de suspensión. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 7-may-2015 | Granda Taboada, Ricardo | El Tribunal Oral había resuelto no entregar la motocicleta solicitada por el imputado y proceder a su decomiso, luego de haber dictada la sentencia condenatoria y siendo que no había sido expresamente pactado en el juicio abreviado. A tal fin, el tribunal sostuvo que el decomiso, por ser accesorio a la pena principal, no puede ser producto de negociación entre las partes; además, entendió que al disponerlo no agravaba la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 5-dic-2019 | Grandon (causa nº14687) | El 6 de noviembre de 2019, un hombre circulaba alcoholizado en un automóvil y chocó. Al ser asistido por personal policial, se halló droga. El hombre no registraba antecedentes penales, trabajaba y tenía un domicilio donde residía. Por ese hecho, fue procesado con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. El 13 de noviembre de ese año la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dictó la Resolución Nº 2/2019. Entonces, la defensa solicitó su excarcelación en los términos de los artículos 210, 221 y 222 del CPPF. En su presentación la defensa sostuvo que el nuevo CPPF constituía una expresión legislativa que caracterizaba la prisión preventiva como una herramienta de aplicación subsidiaria. En tal sentido, consideró que debían aplicarse medidas cautelares menos lesivas para el aseguramiento de los fines del proceso y que la restricción de la libertad debía limitarse a la existencia real de riesgos procesales. En particular, señaló que su asistido poseía arraigo y que no existían medidas de prueba pendientes que pudiera obstaculizar. |
| 31-may-2022 | Grandon Alcaman (causa N° 23.665) | Un hombre había sido detenido mientras circulaba cerca de automóviles estacionados. Ante las preguntas del oficial, mostró nerviosismo y no pudo explicar su presencia en el lugar. En consecuencia, se lo requisó y se secuestró en su poder un handie de los utilizados como inhibidor de señal. Al momento de declarar, el imputado manifestó que ese día fue a comer y se lo detuvo mientras esperaba un taxi. Luego, se convocó al oficial que intervino en el procedimiento para que amplíe su declaración testimonial. En esa oportunidad, el efectivo recordó que el día de los hechos observó a un hombre caminar muy cerca de varios autos estacionados. Ante ese comportamiento, decidió acercarse y preguntarle qué hacía en el lugar. El sujeto respondió que se encontraba de compras, pero no llevaba bolsas. En consecuencia, le realizó más preguntas, convocó dos testigos y lo requisó. Sin embargo, el efectivo puntualizó que no pudo identificar eventuales damnificados ni víctimas. Por otro lado, aclaró que no observó a la persona abrir ningún vehículo ni ejecutar actos para intentarlo. Por último, de la pericia tecnológica realizada sobre el aparato secuestrado se determinó que era apto para inhibir la señal. |
| 15-sep-2022 | Gray (causa Nº 579) | En junio de 2018, un hombre fue condenado por los delitos de coacción en concurso ideal con daño -reiterados en dos oportunidades-, amenazas en concurso ideal con daño y lesiones leves agravadas por tratarse de alguien con quien había mantenido una relación de pareja, todos ellos en concurso real. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado presentó un recurso de casación. En febrero de 2021, durante el trámite del recurso, el tribunal de juicio declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de los delitos de amenazas, daño y lesiones leves agravadas. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional confirmó el pronunciamiento y ordenó que se practicara un nuevo cómputo. En junio de 2022, la defensa solicitó la extinción de la acción penal por prescripción de la totalidad de los delitos por los cuales el hombre había sido condenado. En ese sentido, argumentó que la sentencia no se encontraba firme porque aún restaba determinar la sanción. El tribunal oral rechazó el planteo por considerar, entre otras cuestiones, que la sentencia condenatoria se encontraba parcialmente firme. Entonces, la defensa interpuso un nuevo recurso de casación. |
| 23-feb-2018 | GRBA v. Croacia | GRBA fue identificado por las autoridades croatas como vendedor de euros falsos en el marco de una investigación por falsificación de moneda. El fiscal solicitó al juez que autorizara ciertas medidas probatorias, entre ellas, la intervención de la línea telefónica de GRBA y la actuación de agentes encubiertos. Un policía contactó a GRBA en modo encubierto y le compró 100 euros falsos. Luego de ese encuentro, siguieron en contacto y mantuvieron algunas reuniones más. Entonces, otro agente contactó a GRBA bajo el pretexto de comprar 60.000 euros falsos y lo arrestó. GRBA fue acusado de falsificar moneda en cuatro oportunidades. Se declaró inocente de tres hechos, pero responsable del último y explicó que, en esa ocasión, había cedido ante la incitación de la policía. Los agentes encubiertos indicaron que no podían afirmar quién había iniciado las conversaciones ni los motivos por los que no detuvieron al peticionario en la primera oportunidad que tuvieron. La Corte Municipal condenó a GRBA. El peticionario recurrió la condena y la Corte del condado anuló la decisión y remitió las actuaciones a primera instancia para que sean reexaminadas. La Corte Municipal volvió a dictar una sentencia de condena y los tribunales superiores confirmaron la decisión. |
| 8-oct-2020 | GRE (causa N° 303) | El señor G. y la señora M. se casaron en 1986 y tuvieron tres hijos. Durante el matrimonio M. fue víctima de violencia física y psicológica por parte de su marido y se dedicó a las tareas domésticas.En el 2009 la pareja se separó de hecho y M. demandó por alimentos a G. El juzgado estableció una cuota alimentaria consistente en la suma de $ 2.500 y el aporte de la obra social. La decisión tuvo en cuenta el rol que cada uno de los esposos había desempeñado durante el matrimonio y la aptitud para obtener ingresos propios. Además, consideróel rol desigual de las partes luego de la separacióny la dificultad de la actora para desempeñar tareas remuneradas por su edad y su estado de salud. G.incumplió la cobertura de la obra social y fue intimado en reiteradas oportunidades hasta que se ordenó a la empresa en donde trabajaba que descontase el monto de la cuota y lo depositase en una cuenta judicial. G. inició una acción de divorcio. La sentencia fue dictada con fundamento en la causal de injurias graves del esposo a raíz de diferentes episodios de violencia física y psicológica llevados a cabo contra M. Luego, G. solicitó el cese de la prestación alimentaria. En su presentación sostuvo que se había decretado el divorcio vincular y que la mujer podía proveerse de alimentos por sí misma ya que, entre otras cuestiones, tenía un domicilio donde residir. El juzgado ordenó la realización de un informe interdisciplinario que concluyó que M. se veía afectada seriamente al cesar el aporte de la cuota alimentaria porque no contaba con recursos para propiciarse ingresos que redundaran en una mejora de su calidad de vida. Finalmente, el juzgado hizo lugar a la petición y la Sala B de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó la decisión. Contra esa resolución, M. interpuso un recurso de casación. |