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FechaTítuloResumen
4-mar-2011OPR (causa N° 42054)Un tribunal condenó a una persona a la pena de tres años de prisión en suspenso en diciembre de 2005. Luego, fue condenada por hechos cometidos en 2006 y 2007. La sentencia fue impugnada. Cuatro años después, otro tribunal la condenó a la pena de siete años de prisión y a la pena única de nueve años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que no correspondía unificar las penas ya que, desde la sentencia del 2005, había transcurrido el plazo cuatro años previsto en el artículo 27 del Código Penal sin que su asistido hubiera cometido un nuevo delito declarado con sentencia firme.
9-feb-2015Larroza Garcete, Silveiro y GilbertoEl tribunal oral había condenado a dos personas a la pena de cinco años y seis meses de prisión por considerarlos coautores de los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, acopio de armas de fuego y municiones sin la debida autorización legal y tenencia ilegítima de documentos nacionales de identidad. La defensa interpuso un recurso de revisión contra dicha sentencia con fundamento en nuevos hechos sobrevinientes, obtenidos de los dichos de los imputados en el marco del art. 29 ter de la ley 23.737. Solicitó, entre otras cuestiones, que se eximiera a sus asistidos de la pena impuesta o, en su defecto, se les redujera. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y remitió la sentencia para que se dictara un nuevo pronunciamiento de acuerdo a su decisión.
26-nov-2015Cáceres (reg. N° 713 y causa N° 46271)Una persona había sido condenada a una pena de prisión de ejecución condicional. Dentro de los cuatro años de dictada esa sentencia, cometió un nuevo hecho. El Tribunal Oral la condenó transcurrido dicho plazo. Sin que la nueva sentencia hubiese adquirido firmeza, el Tribunal Oral dispuso su unificación con la anterior y la revocación de la condicionalidad de la pena. Contra dicha resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
14-dic-2015Ripoll (Causa n°53744)En el mes de abril del año 2007 una persona fue citada a prestar declaración indagatoria. En abril del 2015 la fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente. En la etapa de juicio, la defensa planteó que entre la citación a la declaración indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio había transcurrido el plazo máximo previsto para el delito imputado. En ese sentido, sostuvo que la acción penal se encontraba prescripta. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, tuvo en consideración que en el año 2013 la persona había cometido un nuevo delito -por el cual se había dictado sentencia firme en marzo del 2015- que había interrumpido el curso de la prescripción. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
10-ago-2016Petrissans, Diego SebastiánEl Tribunal Oral revocó la suspensión del juicio a prueba con fundamento en que, durante el plazo de su vigencia, el imputado había cometido un nuevo delito (por el que fue condenado después de haber vencido el plazo por el que se le concedió la probation). Frente a esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En la audiencia ante la CNCCC, el fiscal señaló que el recurso era inadmisible porque la sentencia impugnada no era definitiva ni equiparable a tal.
16-ago-2017García (reg. N° 699 y causa N° 37624)En el año 2005, un hombre había sido condenado a la pena de 4 años y 6 meses de prisión. En el marco de ese proceso, estuvo detenido tres años. En 2010, fue condenado por otro hecho a la pena única de 5 años, comprensiva de la anterior. En septiembre del mismo año, la pena venció. Luego, en julio del 2013, cometió un nuevo hecho delictivo por el que fue condenado en marzo del 2014 a la pena de siete años de prisión. La defensa recurrió la sentencia de condena. En 2016, la CFCP hizo lugar a la impugnación, casó de manera parcial la resolución y remitió el expediente a un nuevo tribunal con el objeto de que se determinara la nueva pena. Contra esa decisión, se interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, motivó la interposición de un recurso de queja. Al constatar el rechazo del REF, el Tribunal Oral fijó la pena de seis años y ocho meses de prisión y declaró reincidente al imputado. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. En particular, sostuvo que no correspondía la declaración de reincidencia, toda vez que desde el cumplimiento de la primera pena había transcurrido el plazo de cinco años previsto en el artículo 50 del Código Penal.
sep-2017Nuevo delito. Probation (CNCCC)Jurisprudencia sobre la comisión de un nuevo delito como presupuesto para la revocación de la suspensión del juicio a prueba.
14-nov-2017Vella (reg. N° 1176 y causa N° 48812)Un hombre había sido condenado a una pena de prisión por la comisión de un delito. Cumplidos los requisitos temporales, le fue concedida la libertad asistida. Luego, cometió un nuevo delito y fue condenado a una pena única de prisión. Al momento de confeccionar el cómputo del tiempo de detención, el tribunal no tuvo en cuenta el período en que el hombre permaneció bajo el régimen de libertad asistida. Entonces, la defensa lo observó. Sin embargo, el tribunal rechazó la observación y confirmó el cómputo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
9-oct-2018Sandoval (reg. N° 1295 y causa N° 23151)Un hombre había sido condenado por un juzgado provincial a la pena de tres años y diez meses de prisión por la comisión de un delito. Cumplido el requisito temporal, se le concedió la libertad asistida. Luego, fue condenado por el delito de robo simple tentado a la pena de siete meses de prisión y a la pena única de cuatro años y cuatro meses de prisión de efectivo cumplimiento. Además, fue declarado reincidente. Al computar el tiempo que había pasado en detención, el tribunal omitió tener en cuenta el lapso que el hombre había permanecido con libertad asistida. La defensa observó el cómputo y reclamó la contabilización del periodo omitido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo. Entonces, el tribunal rechazó la observación formulada por la defensa. Para decidir de esa manera, explicó que, según lo normado en el artículo 24 del Código Penal, a los fines del cómputo de pena correspondía tener en cuenta el tiempo efectivamente sufrido en prisión preventiva en los procesos cuya pena se hubiera unificado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Por un lado, alegó la errónea aplicación de la ley porque el caso debía interpretarse bajo la ley N° 12.256 por haberse otorgado la libertad asistida por parte de un juzgado de ejecución penal provincial. Por otro lado, se agravió por la afectación al principio de prohibición de doble punición. En subsidio, alegó la errónea interpretación del artículo 56 de la ley N° 24.660. En particular, manifestó que el tribunal había otorgado un efecto no previsto por la norma al no contabilizar el tiempo transcurrido por su defendido en libertad asistida hasta la fecha de la comisión del nuevo delito.
24-oct-2018Cevey (reg. 1362 y causa N° 14492)En abril de 2017 un tribunal condenó a un hombre a la pena única de dos años y siete meses de prisión que comprendía una pena de tres meses de prisión recaída en marzo de 2017, una de seis meses de prisión en suspenso de junio de 2016, otra de diez meses de prisión en suspenso de octubre de 2016 y una de un año y seis meses de prisión en suspenso de febrero de 2017. El mismo día le concedió la excarcelación en términos del art. 317, inc. 5, CPPN y, el 16 de junio siguiente, la convirtió en libertad condicional. Finalmente, práctico el cómputo de pena y estableció que la pena vencería el 15 de mayo de 2019. La defensa observó el cómputo porque el tribunal omitió contabilizar el tiempo que el imputado cumplió pena en libertad; pues, a su modo de ver, la libertad condicional debía ser considerada como una forma de cumplimiento de la sanción.
5-sep-2019LLE (Causa n°18556)Un hombre fue imputado por el delito de lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, en concurso ideal con amenazas con armas. En mayo del 2016 fue citado a prestar declaración indagatoria. Luego, en diciembre de 2018 cometió otro hecho, por el que fue procesado. La defensa solicitó que se declarara la extinción de la acción penal y se dispusiera el sobreseimiento de su asistido. El juzgado hizo lugar al planteo. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de apelación. En tal sentido, consideró que, de acuerdo al plenario “Prinzo” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, el segundo hecho había interrumpido el plazo de prescripción del primero.
26-dic-2019Farina (causa Nº2148)Por un hecho cometido en junio del año 2000, un tribunal de la provincia de Buenos Aires condenó en 2005 a una mujer a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional y a ocho años de inhabilitación especial. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En 2010 el tribunal de casación provincial casó de forma parcial la sentencia. Entonces, la defensa interpuso un recurso de inaplicabilidad de ley que fue desestimado por la Suprema Corte provincial. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Durante su trámite, en 2012, solicitó que se declarase extinguida la acción penal y se sobreseyera a su asistida. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires declaró inadmisible el recurso sin pronunciarse sobre el planteo de prescripción. Por esa razón, la defensa interpuso un recurso de queja. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió el trámite de la queja e indicó que el tribunal de origen debía expedirse sobre el planteo de prescripción. Devueltas las actuaciones, el tribunal lo rechazó. Para decidir de ese modo, consideró que los actos posteriores a la sentencia condenatoria que la habían confirmado total o parcialmente resultaban interruptivos de la prescripción, en los términos del art. 67, inc. e) del Código Penal. La resolución fue confirmada por la cámara de apelaciones, el tribunal de casación y la Suprema Corte de Justicia provincial. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, que motivó la interposición de un recurso de queja. En 2015 la Corte Suprema de la Nación suspendió por segunda vez el trámite de la queja y ordenó que el tribunal verificara la concurrencia de la causal de interrupción de la prescripción prevista en el inc. a) del art. 67 del Código Penal y se expidiera sobre la cuestión de prescripción. El tribunal  y las instancias provinciales superiores volvieron a pronunciarse en sentido negativo. El expediente fue devuelto a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
jun-2020UnificaciónEl presente boletín fue confeccionado con el objeto de relevar jurisprudencia en la que se analizaran problemas relativos a la unificación de condenas y de penas.
ago-2020PrescripciónJurisprudencia nacional sobre prescripción.
7-sep-2020Gimenez (causa N° 55560)Una persona había sido imputada de acuerdo al régimen de flagrancia. En el marco de la audiencia inicial, el juzgado le concedió la suspensión del juicio a prueba. Transcurrido un mes, su defensa presentó un escrito en el que desistía del instituto. Luego, se agregó un informe actuarial en el que constaba que un Tribunal Oral había condenado a la persona por otro delito, en el marco de una causa que se había iniciado un día antes del desistimiento. El juzgado remitió el asunto al tribunal, que rechazó su competencia. La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional resolvió que le correspondía continuar el trámite al juzgado. Devueltas las actuaciones, revocó la suspensión del juicio a prueba. Para decidir de ese modo, consideró que la condena por un hecho delictivo cometido a escasos días de la concesión del instituto tornaba operativa en forma inmediata la cláusula del artículo 76 ter, quinto párrafo, del Código Penal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que la sentencia del tribunal no estaba firme cuando se realizó el informe actuarial y que la sentencia condenatoria había sido oportunamente impugnada.
2-oct-2020Rey López (reg. N° 2878 y causa N° 5062)Una persona suscribió un acuerdo de juicio abreviado. En consecuencia, fue condenada a una pena de prisión y a una pena única. Aunque en el acuerdo el fiscal requirió la revocación de la libertad condicional que se le había concedido previamente, el tribunal omitió pronunciarse sobre ese extremo. Luego, al momento de practicar el cómputo del tiempo de detención, excluyó el tiempo que el condenado había permanecido en libertad condicional. Esa decisión fue observada por la defensa, que consideró que ese lapso debía contabilizarse debido a que la libertad condicional no había sido revocada. El tribunal rechazó el planteo con el argumento de que la omisión había sido involuntaria. Frente a ello, la defensa interpuso un recurso de casación.
18-mar-2021Robles (Causa N° 8407)En 2013, una persona había sido condenada a una pena de ejecución condicional. Dentro de los cuatro años posteriores, cometió un nuevo delito. En 2018, el tribunal oral interviniente la condenó por el segundo hecho. Ante esta situación, la defensa recurrió la decisión. Luego de que sea declarado inadmisible un recurso extraordinario federal, presentó un recurso de queja. Sin que haya una resolución sobre esta impugnación, el tribunal oral unificó las penas de ambas sentencias y revocó la condena condicionalidad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación, argumentó que la segunda sentencia no había adquirido firmeza. Además, sostuvo que la condena de ejecución condicional se encontraba cumplida debido a que había transcurrido el plazo establecido en el artículo 27 del Código Penal sin que se dictara una sentencia condenatoria por los hechos cometidos durante ese período.
30-jun-2021Bustos (reg. N° 914 y causa N° 33449)En mayo de 2016, un hombre fue condenado a la pena de seis años y seis meses de prisión por resultar coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego, en grado de tentativa. Además, fue declarado reincidente. El tribunal interviniente dictó una pena única de nueve años y nueve meses de prisión comprensiva también de la pena de tres años y seis meses dictada en abril de 2010. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En agosto de 2018, la cámara de casación confirmó la materialidad de los hechos, la autoría de los imputados y la calificación legal asignada. Sin embargo, a partir de la descalificación de algunos parámetros considerados en el juicio de cesura, dispuso una reducción de los montos de pena a seis años y tres meses de prisión. Asimismo, ante la falta de fundamentación verificada en el dictado de la sanción única, ordenó su anulación y reenvío para un nuevo pronunciamiento. Finalmente, anuló la declaración de reincidencia para que se analizara la concurrencia de los requisitos necesarios para su dictado. Entonces, el nuevo tribunal condenó al hombre a la pena única de nueve años de prisión y lo declaró reincidente. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, tachó de erróneo el cómputo de pena practicado por considerar que debía computarse el plazo en el que había estado en libertad bajo la modalidad prevista en el artículo 54 de la ley N° 24.660. En apoyo de su pretensión, invocó el precedente “Vella” de la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional.
11-ago-2021Calderón Mayuri (reg. N° 1114 y causa N° 12594)El 9 de diciembre de 2019, un hombre había sido condenado a la pena de nueve meses de prisión por la comisión de un delito. El 12 de diciembre, comenzó el régimen de libertad asistida. Luego, fue condenado por el delito de robo tentado a la pena de nueve meses de prisión de efectivo cumplimiento y a la pena única de un año y seis meses de prisión de efectivo cumplimiento. Por esa razón, se revocó la libertad asistida. Además, se declaró que la pena impuesta vencería el 4 de febrero de 2021. En ese cómputo de pena, el tribunal no tuvo en cuenta el tiempo durante el cual el hombre se encontraba bajo el régimen de libertad asistida. Por esa razón, la defensa lo observó y pidió que se considerara ese lapso. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido de la defensa. En ese sentido, entendió que, al tratarse de un nuevo delito, sólo correspondía la revocación de la libertad asistida y tener por computado el lapso en que había estado bajo ese régimen.; Sin embargo, el tribunal no hizo lugar a la observación del cómputo. Para resolver de esa manera, sostuvo que en el artículo 56 de la ley N° 24.660 la expresión “en tales casos” hacía alusión a las consecuencias aplicables a todos los supuestos de revocación mencionados, en tanto no resultaba razonable que el legislador hubiera previsto una distinción ante dos circunstancias iguales. Así, detalló que la libertad asistida había sido concebida para aquellas personas condenadas reincidentes o para quienes les hubiere sido revocada la libertad condicional. Así, tener en cuenta ese lapso implicaba colocar en mejor situación al condenado declarado reincidente, que sólo tendría que cumplir con el resto de la pena en encierro, respecto de aquél que no lo fue. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Por un lado, planteó la errónea interpretación del artículo 56 por parte del tribunal. En ese sentido, manifestó que había otorgado un efecto no previsto a la norma al no contabilizar el tiempo transcurrido por su asistido en libertad asistida. Así, sostuvo que el último párrafo se aplicaba sólo a la revocatoria por incumplimiento de las reglas de conducta. Concluyó que esa interpretación importaba incluir en el cómputo de pena todo el tiempo en que el condenado había estado sujeto al régimen de libertad asistida ya que de lo contrario implicaba hacer cumplir dos veces la misma pena, en violación de la garantía de ne bis in idem. Por otro lado, se agravió por el apartamiento de lo dictaminado por el representante del Ministerio Público Fiscal, que incurría en un exceso de jurisdicción.
7-oct-2021Romero (reg. N° 1474 y causa N° 42389)Una persona que se encontraba bajo el régimen de libertad asistida cometió un nuevo delito. Por ese hecho, fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y a la pena única de veintitrés años de prisión. Además, se fijó la fecha de vencimiento para el primero de marzo de 2024. A la hora de practicar el cómputo de pena, el tribunal no contabilizó el tiempo que la persona había permanecido en libertad asistida. En ese sentido, explicó que ese período no debía ser computado porque se había interrumpido por la comisión de un nuevo delito. En relación con eso, efectuó una interpretación analógica del artículo 15 del Código Penal en cuanto establece que la revocación de la libertad condicional implicaba que el tiempo que hubiera durado no podría ser computable. Además, afirmó que, si hacía lugar al pedido de la defensa, sería más beneficioso incumplir con las obligaciones de la libertad asistida que las previstas para la condicional. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
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