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FechaTítuloResumen
3-sep-2015Ceballos, Daniel EduardoEn el presente caso, el Tribunal Oral había decidido condenar al imputado a tres años y ocho meses de prisión y, a su vez, declararlo reincidente. Para llegar a tal decisión respecto de la pena en concreto, el tribunal valoró como circunstancia agravante los antecedentes del imputado. Contra dicha resolución la defensa interpuso recurso de casación e inconstitucionalidad.
21-oct-2015Guzmán Frasso, Gilda MarielaEn el presente caso, el Juzgado de Instrucción había procesado a la imputada con prisión preventiva como coautora del delito de robo agravado por su comisión en poblado y en banda reiterado en dos oportunidades, en concurso real entre sí. A su vez, registraba causas en trámite ante la Justicia Contravencional y de Faltas y la Justicia Federal de Lomas de Zamora, por los delitos de usurpación y falsedad ideológica. Contra aquella decisión la defensa interpuso recurso de apelación. La Sala V de la Cámara de Apelaciones –integrada por la jueza López González y el juez Pinto- resolvió hacer lugar al recurso.
9-dic-2015Arapa Mogrovejo, Darwin OmarEl Tribunal Oral había condenado al imputado a la pena de cuatro años de prisión por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con robo simple, reiterado en dos oportunidades. Contra esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
11-dic-2015Durand, Brian ElíasEn el presente caso, la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional revocó la excarcelación otorgada por el juez de instrucción. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación –integrada por los jueces Niño, Morín y Sarrabayrouse– hizo lugar a la impugnación.
29-mar-2016Bustos, Marcelo FabiánUna persona había sido procesada por la comisión de los delitos de falsedad ideológica y aceptación de nombramiento ilegal (293 y 256, segundo párrafo, del Código Penal) por haber suscripto la declaración jurada para ingresantes al empleo público nacional encontrándose comprendida en el impedimento del art. 5, inciso “c”, de la ley 25.164 (i.e.: contaba con un proceso penal pendiente). Frente a esto, la defensa interpuso recurso de apelación.
feb-2017Migrantes (internacional)Jurisprudencia internacional sobre los derechos de las personas migrantes
ago-2017Probation (CNCCC)Jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional sobre probation.
9-may-2018PE (causa Nº 62278)Un individuo fue detenido y procesado por el delito de robo agravado por el uso de armas y por haber sido cometido en poblado y banda, en grado de tentativa. El imputado registraba una sentencia absolutoria recurrida que tramitaba ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además, en el marco de otro proceso, había suscripto un acuerdo de juicio abreviado cuya homologación se encontraba pendiente. Transcurridos cinco meses desde su detención, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable a la solicitud. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, señaló que el tiempo que el sujeto llevada detenido no resultaba desproporcionado en relación con la escala penal prevista para el delito imputado. Asimismo, indicó que si bien no registraba antecedentes condenatorios, contaba con procesos en trámite. Sobre la base de esos fundamentos, el tribunal sostuvo que no podía descartarse una hipotética unificación de las tres causas, cuya pena fuera de cumplimiento efectivo. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
6-dic-2018Ricaurte Rodriguez (causa Nº 46925)La señora Ricaurte Rodriguez, de nacionalidad colombiana, fue condenada en su país a la pena de 31 meses y 14 días de prisión de ejecución condicional por la falsificación de un documento público. Por este motivo, la Dirección Nacional de Migraciones consideró los antecedentes y le denegó la residencia temporaria, declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión y prohibición de reingreso por el término de cinco años. Agotada la vía administrativa, su defensa interpuso un recurso judicial. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la impugnación, declaró la nulidad de las disposiciones administrativas y ordenó al Ministerio del Interior a que dictara una nueva resolución. Contra esa resolución, la DNM interpuso un recurso de apelación.
28-feb-2019Peredo (Causa Nº 40347)Una mujer migrante vivía en Argentina y tenía 4 hijos menores de edad a su cargo. En 2015, la condenaron a 4 años y 6 meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes. La Dirección Nacional de Migraciones consideró que la situación encuadraba dentro del supuesto del artículo 62 inciso b) de la ley 25.871, que admite la cancelación de residencia frente a condenas por delitos dolosos que merezcan una pena mayor a cinco años. Por ese motivo, declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, dispuso su expulsión y le prohibió reingresar de manera permanente. La mujer interpuso un recurso que no prosperó. Luego, presentó un recurso ante la justicia. El juzgado de primera instancia consideró que la DNM se había limitado a aplicar una de las causales objetivas dispuestas en la ley 25.871 y rechazó el recurso. Contra esa decisión, la mujer apeló.
22-mar-2019Álvarez (causa N° 74305)A. y J. se acercaron a una mujer en la parada de un colectivo y le exigieron que entregara sus pertenencias. J. portaba en su mano un destornillador. La mujer les dio su teléfono celular, DNI, tarjeta sube y quinientos pesos. Los jóvenes intentaron huir y fueron perseguidos por la víctima, quien dio aviso a un policía. El agente los detuvo y secuestró el destornillador y el teléfono de la mujer. Por tal razón, fueron imputados como coautores del delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma impropia, en grado de tentativa. J. tenía diecisiete años y registraba una causa en trámite. A su respecto se dispuso la realización de un tratamiento tutelar con un equipo interdisciplinario. Los profesionales informaron que el joven concurría al colegio, trabajaba, asistía a centros barriales y aceptaba las propuestas que se le sugerían. Durante la audiencia de debate, la asesora de menores solicitó su absolución en los términos del artículo 4 de la ley N° 22.278. En tal sentido, destacó su comportamiento durante el tratamiento y consideró que la causa registrada se encontraba en pleno trámite, por lo que debía considerárselo inocente. A su turno, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que los imputados se habían desprendido de los elementos que no habían sido secuestrados y que, en consecuencia, el hecho se había consumado. Por otra parte, entendió que A. conocía la edad de J., por lo que correspondía aplicarle la agravante prevista en el artículo 41 quater del Código Penal. Por su parte, la defensa de A. manifestó que el hecho había quedado en grado de tentativa, ya que los imputados no habían podido disponer de los elementos sustraídos y la detención se había efectuado de manera ininterrumpida. Además, indicó que no existían elementos probatorios suficientes para considerar que su asistido conocía la edad de J., como así tampoco su intención de descargar responsabilidad en él. Por esa razón, consideró que debía descartarse la aplicación del artículo 41 quater del CP.
9-abr-2019Pezo Silva (causa N° 15278)Cinco mujeres trans fueron detenidas e imputadas por la comercialización al menudeo de estupefacientes. Cuatro de ellas eran inmigrantes y tres poseían antecedentes por el mismo tipo de conducta. Durante el proceso de identificación en sede policial no fueron tratadas de acuerdo a su género autopercibido. Luego, en oportunidad de prestar declaración indagatoria, relataron que poseían escasos recursos económicos, vivían en habitaciones de hoteles, ejercían la prostitución y eran consumidoras de estupefacientes. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que las imputadas habían actuado en estado de necesidad disculpante y postuló su sobreseimiento. Además, solicitó la extracción de testimonios con el fin de que se investigara la existencia de una organización criminal que se valdría de mujeres trans para la comercialización de estupefacientes.
4-jun-2019Chávez Ruiz (Causa N° 25164)Una persona migrante vivía en Argentina y tuvo dos hijas en el país. Con posterioridad, fue condenado a la pena de cinco meses de prisión efectiva por ser autor penalmente responsable del delito de robo. En otra oportunidad, se lo condenó a la pena de once meses de prisión como autor del delito de robo de mercadería en tránsito en grado de tentativa, en concurso ideal con usurpación y hurto y se lo declaró reincidente. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, dispuso su expulsión en los términos del artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 25.871 y le prohibió reingresar por un plazo de ocho años. En ese marco, el hombre interpuso diversos recursos contra el acto administrativo de expulsión, que fueron rechazados. Frente a ello, interpuso un recurso judicial. El juzgado de primera instancia consideró que se encontraba cumplido uno de los impedimentos previstos en la Ley Nacional de Migraciones y rechazó el recurso. En consecuencia, el hombre presentó un recurso de apelación, que fue rechazado. Para así decidir, el tribunal entendió que, dado que había sido condenado en dos oportunidades, no resultaba necesaria una cuantificación de la pena a efectos de establecer la sanción del artículo 29 inciso c). Contra dicha decisión, la Comisión del Migrante interpuso el correspondiente recurso extraordinario federal, que fue concedido por la cámara. Luego, la CSJN declaró procedente el recurso extraordinario interpuesto y, en consecuencia, revocó la sentencia apelada. Sobre ese punto, entendió que las cuestiones planteadas eran similares a las resueltas en la causa “Apaza León”, y ordenó la devolución a la Cámara, a efectos de que se dictara una nueva sentencia.
4-jun-2019Chávez Ruiz (Causa N° 25164)Una persona migrante vivía en Argentina y tuvo dos hijas en el país. Con posterioridad, fue condenado a la pena de cinco meses de prisión efectiva por ser autor del delito de robo. En otra oportunidad, se lo condenó a la pena de once meses de prisión como autor del delito de robo de mercadería en tránsito –en grado de tentativa– en concurso ideal con usurpación y hurto, por lo que se lo declaró reincidente. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, dispuso su expulsión en los términos del artículo 29 inciso c) de la Ley Nº 25.871 y le prohibió reingresar por un plazo de ocho años. En ese marco, el hombre interpuso diversos recursos contra el acto administrativo de expulsión, que fueron rechazados. Frente a ello, interpuso un recurso judicial. El juzgado de primera instancia consideró que se encontraba cumplido uno de los impedimentos previstos en la Ley Nacional de Migraciones y rechazó el recurso. En consecuencia, el hombre presentó un recurso de apelación, que fue rechazado. Para así decidir, el tribunal entendió que, dado que había sido condenado en dos oportunidades, no resultaba necesaria una cuantificación de la pena a efectos de establecer la sanción del artículo 29 inciso c). Contra esa decisión, la Comisión del Migrante interpuso un recurso extraordinario federal, que fue concedido. Luego, la CSJN declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada. Por último, ordenó la devolución a la Cámara, a efectos de que se dictara una nueva sentencia.
16-jul-2019Vigo Bernal (Causa Nº 71989)Un hombre de nacionalidad paraguaya vivía en Argentina desde el año 1998. Aquí residía junto con su pareja, que padecía una enfermedad oncológica, y con sus dos hijos, uno de los ellos de nacionalidad argentina. Con posterioridad, el hombre fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de almacenamiento. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) resolvió cancelar la residencia permanente que le había sido otorgada con anterioridad. A su vez, declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión del territorio nacional, y prohibió su reingreso con carácter permanente. Contra esa decisión, el hombre –con la representación de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación– interpuso un recurso judicial, que fue rechazado en primera instancia. En consecuencia, apeló y expresó agravios porque consideró que el tribunal había efectuado una errónea interpretación de la ley migratoria. Sobre esa cuestión, manifestó que en su caso la pena impuesta había sido menor a los cinco años que preveía la normativa migratoria. Además, indicó que la resolución violaba el derecho a la reunificación familiar.
12-nov-2019Díaz Barrios (Causa Nº 45664)En 2006, un hombre de nacionalidad peruana fue condenado a dos años de prisión de ejecución condicional. Por ese motivo, en 2010 y 2018 la Dirección Nacional de Migraciones ordenó su expulsión. Contra ambas disposiciones, el hombre presentó un recurso judicial que no prosperó. Luego, apeló ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. En su presentación, alegó que la sentencia condenatoria en base a la cual se dictó la expulsión había prescripto conforme el artículo 51 del Código Penal y que, por lo tanto, la expulsión carecía de fundamento.
22-abr-2020Aguirre Lezcano (causa N° 19402)Una persona con HIV había sido condenada a una pena única de tres años de prisión. En ese expediente se le había otorgado la libertad condicional. Luego, fue detenida por el delito de robo calificado por haber sido cometido en poblado y en banda. Su defensa solicitó su excarcelación. A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal señaló que no era procedente la excarcelación, pero dejó asentada su posición en favor de la modalidad domiciliaria de la detención. El juzgado rechazó el planteo. Contra esa decisión, interpuso un recurso de apelación. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo.
22-may-2020Bustos (reg. N° 1026 y causa N° 81432)Un joven registraba antecedentes penales cuyas penas habían vencido y un alias. En noviembre del 2019 fue detenido e imputado por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Al momento de su detención aportó sus datos de manera correcta. Frente a la situación de emergencia sanitaria y carcelaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido, sostuvo que su asistido podía vivir con su madre y sus cuatro hermanos. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera negativa y sostuvo que el imputado registraba un alias y que, de recuperar su libertad, existía el riesgo de que intimidara a la persona damnificada. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera tuvo en cuenta la calificación legal del hecho imputado y su escala penal. Además explicó que, a raíz de sus antecedentes, en caso de ser condenado la pena no podía ser dejada en suspenso y sería declarado reincidente. Por último, expuso que el joven no pertenecía a ningún grupo de riesgo frente al virus del COVID-19. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que el tribunal había efectuado un pronóstico de conducta futura que implicaba un adelanto de pena y violaba el principio de inocencia. Asimismo, agregó que el delito no había sido violento y que no había habido denuncias en su contra por parte del damnificado luego de iniciadas las actuaciones.
28-may-2020Caicedo Lobo (reg. N° 1125 y causa N° 93243)Un hombre de nacionalidad venezolana integraba una asociación que seguía a personas que arribaban al aeropuerto de Ezeiza hasta su lugar de alojamiento para robarles. Por esos hechos fue detenido e imputado por el delito de asociación ilícita en concurso real con robo agravado por el uso de armas cuya aptitud para el disparo no se tuvo por acreditado y por haber sido cometido en poblado y en banda. En particular, se le atribuyó haber aportado un automóvil a la organización. Al momento de su detención, se identificó de modo correcto, no registraba antecedentes penales y su situación migratoria estaba regularizada. La defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. Entre otras cuestiones, planteó que, en caso de ser condenado, la pena podía ser dejada en suspenso. Además, sostuvo que tenía un núcleo familiar consolidado en el país, conformado por su concubina y su hija recién nacida. El juzgado rechazó el pedido. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución. Para decidir de esa manera explicó que si bien la calificación permitía una pena en suspenso, se habían acumulado otras causas que investigaban sucesos similares y procuraban la detención de personas prófugas, quienes habían ingresado al país sin haber sido registradas por la Dirección Nacional de Migraciones, por lo que contaban con facilidad para abandonar el territorio o permanecer ocultas. Por otra parte expuso que, en caso de ser condenado, podría ser expulsado en virtud del artículo 62 de la ley N° 25.871. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
2-jun-2020Carranza (causa N° 31460)Un hombre había sido imputado por el delito de uso de documento público falso destinado a acreditar la habilitación para circular un vehículo. Además, se encontraba en la etapa de juicio en otras en otras tres causas, imputado por hechos similares. Su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En la audiencia explicó que su asistido trabajaba en construcción, que su jornada laboral concluía a las 17 horas y que por esa razón ofrecía cumplir con un mínimo de cuarenta horas de tareas comunitarias en el término de un año en un centro vecinal. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido. Entre otras cuestiones, sostuvo que el hombre contaba con varias citaciones a juicio con imputaciones similares, por lo que señaló que era un delincuente habitual en el rubro de automotores. En esa dirección expresó que la probation era para delitos eventuales y no para alguien que hacía del delito su modo de vida. Por último indicó que, en caso de que recayera condena, no podía ser dejada en suspenso en virtud de la cantidad de delitos por los cuales se encontraba imputado.