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FechaTítuloResumen
18-mar-1997Foucher v. FranciaUn hombre fue identificado como el autor de insultos contra efectivos de fuerzas de seguridad. Por este hecho, se le labró una infracción y fue citado a concurrir a una sede policial. El hombre decidió presentarse y defenderse sin la representación letrada de un abogado. Con posterioridad, en dos oportunidades solicitó a la oficina judicial consultar el expediente y realizar copias de la documentación. Sin embargo, el fiscal rechazó el pedido por considerar que no podían entregarse copias a personas particulares sin la intermediación de un abogado. El hombre solicitó la nulidad del procedimiento y el tribunal interviniente hizo lugar al planteo. Contra esa decisión, el órgano acusador interpuso un recurso de apelación. Entonces, el tribunal de apelaciones revocó la nulidad del procedimiento y condenó al hombre imputado. Contra esa resolución, el hombre interpuso un recurso de casación, que fue rechazado. Luego, sometió su caso ante la Comisión Europea de Derechos Humanos.
27-oct-2000Kuopila v. FinlandiaUna mujer fue acusada por fraude y malversación por hechos relacionados a una obra de arte. Durante el juicio, la defensa solicitó una pericia para comprobar la autenticidad de la obra. El tribunal rechazó la petición y condenó a la mujer. La defensa apeló la decisión. En esa etapa, la policía obtuvo un certificado oficial que comprobaba la falsedad de la pintura. En consecuencia, el fiscal incorporó el informe al expediente pero ocultó la prueba a la defensa. El tribunal de apelaciones confirmó la condena sin celebrar una audiencia oral y sin invitar a la mujer a hacer comentarios sobre esa prueba.
24-sep-2003Dowsett v. Reino UnidoUn hombre fue acusado de haber matado a quien fuera su socio comercial. Por esos hechos, fue imputado por el delito de homicidio. Entre otras pruebas en su contra, la fiscalía ofreció como testigo a un hombre que se encontraba privado de su libertad. El hombre fue condenado a la pena de prisión perpetua. Con posterioridad al juicio, se reveló que la fiscalía, sin control judicial, había retenido diecisiete cajas con pruebas a las que la defensa no había podido acceder. Entre otros documentos, en las cajas había registros informáticos policiales, detalles de una investigación por fraude contra el hombre condenado y correspondencia que sugería posibles beneficios en el ámbito penitenciario para el testigo que declaró en su contra. Entonces, el hombre interpuso un recurso contra su condena, que fue desestimado por el tribunal de alzada. De forma posterior, el hombre presentó una solicitud en el sistema europeo de derechos humanos.
27-oct-2004Edwards and Lewis v. Reino UnidoUn agente policial encubierto contactó a un hombre y le propuso un negocio ilícito. El hombre aceptó y creyó participar en la venta de joyas robadas. En un caso paralelo, la fiscalía acusó a otro hombre por la venta de moneda falsa. El imputado había sido presionado por agentes encubiertos para obtener los billetes. Durante los juicios, ambos imputados alegaron la instigación al delito por parte del Estado. Frente a esto, la fiscalía solicitó el ocultamiento de ciertas pruebas por razones de interés público. Entre estas pruebas se encontraban las declaraciones policiales. Los tribunales ocultaron la evidencia y condenaron a ambos imputados. Una vez agotados los recursos internos, los acusados recurrieron ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
6-abr-2009Moiseyev v. RusiaEn Rusia, un hombre fue detenido y acusado de haber sido responsable de los delitos de alta traición a la patria y de haber revelado información clasificada a agentes de inteligencia extranjeros. En el marco de su detención, a los abogados del hombre se le impusieron restricciones arbitrarias para visitarlo. Asimismo, durante la fase de instrucción, las pruebas sobre las cuales se basó la acusación permanecieron bajo custodia en un departamento especial que fue inaccesible para sus abogados hasta que comenzó el juicio en su contra. En el mismo sentido, se ordenó que todo intercambio documental entre el hombre acusado y sus defensores sea revisado y autorizado por la administración del centro penitenciario en el que estaba alojado. En contra de las limitaciones al ejercicio de su defensa y en atención a sus condiciones de detención, el hombre interpuso una queja formal que no fue respondida en sede nacional. De forma posterior, presentó la solicitud ante el sistema europeo de derechos humanos.
30-jun-2009Natunen v. FinlandiaTres hombres planearon adquirir estupefacientes en el extranjero. Uno de los imputados viajó a ese país y contactó telefónicamente al proveedor. Un transportista ingresó las drogas al territorio nacional. La policía detuvo a los involucrados y secuestró el estupefaciente. Durante la etapa de investigación, la defensa solicitó la inclusión de todas las llamadas telefónicas interceptadas. La policía denegó el acceso a la prueba por motivos de confidencialidad. Llegada la etapa de juicio, el tribunal condenó a los acusados a penas de prisión. Los jueces probaron la coautoría mediante las escuchas telefónicas. Uno de los imputados apeló la sentencia. Para ello, argumentó la ajenidad de sus comunicaciones con el delito. Su defensa exigió la presentación de las grabaciones completas para probar este punto. Frente a este pedido, el fiscal informó que los registros habían sido destruídos por lo que la defensa quedó imposibilitada de examinar la evidencia. Los tribunales superiores rechazaron los recursos de la defensa y confirmaron la condena. Finalmente, el imputado presentó un reclamo formal ante el sistema europeo de derechos humanos.
28-nov-2009Rasmussen v. PoloniaEn Polonia, una mujer ejerció como jueza durante veintisiete años. De forma posterior a su jubilación, la mujer fue acusada de haber colaborado de manera ilegal con servicios de inteligencia del Estado en el ejercicio de sus funciones. En el marco del proceso penal en su contra, la mujer imputada y su defensa fueron impedidos de consultar el expediente de manera plena. En concreto, solo podían consultar el expediente en una oficina judicial específica y las anotaciones que realizaban debían hacerse en cuadernos especiales que permanecían sellados y custodiados en la misma oficina. Asimismo, se les prohibió retirar del establecimiento cualquier anotación o copia del caso. De manera posterior, la mujer fue condenada por los delitos imputados. Entonces, presentó su caso ante el sistema europeo de derechos humanos.
17-nov-2009Barreto Leiva v. VenezuelaEn 1989, Barreto Leiva ejerció un cargo de dirección en la Secretaría de la Presidencia de Venezuela. En esa gestión, se aprobó una rectificación presupuestaria por la cual se dispuso que una porción de esos fondos se destinara a la compra de divisas y al financiamiento de una comisión policial enviada al extranjero para tareas de seguridad y entrenamiento. A inicios de 1993, Barreto Leiva compareció ante una comisión parlamentaria en calidad de testigo. De forma posterior, el Tribunal Superior de Salvaguarda del Patrimonio Público (TSSPP) le tomó una declaración informativa. En dicha diligencia, el tribunal omitió informarle su calidad de investigado. En junio de 1993, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió que era el órgano competente para juzgar al imputado por conexidad. Entre octubre y diciembre de 1993, Barreto Leiva prestó dos declaraciones adicionales ante la CSJ. En la primera, actuó como testigo y, en la segunda, como investigado. Durante toda la etapa sumarial, las actuaciones fueron secretas para el hombre imputado y no tuvo acceso al expediente ni contó con defensa técnica de su elección. El 18 de mayo de 1994, la CSJ ordenó su detención por el delito de complicidad en malversación. De forma posterior, la CSJ lo condenó a la pena de un año y dos meses de prisión.
2-oct-2015Galindo Cárdenas y otros v. PerúEl señor Luis Antonio Galindo Cárdenas se desempeñaba como Vocal Provisional de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, Perú, cuando recibió una comunicación extraoficial de un juzgado penal que expresaba que lo habían señalado como supuesto integrante de la organización subversiva “Sendero Luminoso”. En aquel entonces, Perú atravesaba un golpe de estado y el terrorismo se encontraba tipificado como delito. En ese contexto, en octubre de 1994, el señor Galindo Cárdenas se presentó en la Jefatura Contra Terrorismo. Luego, fue trasladado al cuartel militar de Yanac donde fue privado de su libertad durante treinta días, sin que conste registro de su detención. Durante el tiempo en el que estuvo detenido, el peticionario manifestó que escuchó disparos y gritos de personas que eran castigadas. Al recuperar su libertad, presentó diversas denuncias ante las autoridades estatales para que se investigue y sancione a los responsables. Sin embargo, todas fueron archivadas por aplicación de la legislación que amnistiaba al personal militar, policial o civil.
30-mar-2022Frete (FSA 3656/2022)Un hombre fue acusado de los delitos de violación de secreto (art. 157 del CP) y de incumplimiento de deberes de funcionario público (art. 248 del CP). En la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria la defensa se opuso a la pretensión del fiscal por no haber tenido acceso al legajo fiscal. La jueza de garantías no hizo lugar al planteo. La defensa impugnó la resolución en los términos del artículo 360 del CPPF.
30-mar-2022Ruíz (FSA 3224/2022)Una persona era investigada por el representante del Ministerio Público Fiscal. Previo a la formalización de la investigación, la defensa requirió acceso al legajo y la fiscalía se lo negó. De la misma forma, el juez de garantías rechazó la petición y estableció un plazo de cinco días para que la acusación formalice la investigación. La defensa impugnó la decisión. Argumentó que se había efectuado una interpretación asistemática del CPPF, limitando el análisis de forma arbitraria a los artículos 230 y 65 del CPPF e ignorando otras normas que garantizan el derecho de defensa desde el inicio del proceso. Además, sostuvo que la distinción que hizo la jueza entre “investigado” e “imputado” para fundamentar el rechazo era errónea. Alegó que impedir el acceso al legajo previo a la formalización anula el ejercicio de una defensa eficaz y marca una desventaja para desarrollar una estrategia y recolectar pruebas de descargo.
5-ene-2023Soria (FSA 3650/2021)La defensa oficial solicitó el acceso al original de prueba documental en poder de la fiscalía con el propósito de realizar una pericia caligráfica. La fiscalía rechazó el pedido por lo que la defensa solicitó al juez la habilitación de la feria judicial y el acceso a esa prueba documental. Entre sus argumentos, sostuvo que esa prueba documental era necesaria para la construcción de la teoría del caso y para poder presentarla como prueba en la próxima audiencia de control de acusación.
21-oct-2024Reynoso (FRO 7428/2024)Un grupo de personas fueron acusadas por el delito de lavado de activos. Un día antes de la audiencia de formalización de la investigación, la defensa oficial solicitó una audiencia para requerir el acceso al legajo de investigación que no le había sido otorgado por la fiscalía. El representante del Ministerio Público Fiscal alegó que denegó el acceso porque primero debían solicitar medidas de resguardo de carácter patrimonial.
19-feb-2025Anticura (FGR 265/2025)A partir de una denuncia anónima la fiscalía comenzó una investigación por comercialización de estupefacientes en contra de una persona identificada, sin notificarle de la existencia de dicha investigación. En total, la investigación duró 42 días corridos, con dos prórrogas que no fueron solicitadas al juez de garantías. Con la información suministrada por la División Antinarcóticos la fiscalía solicitó una orden de allanamiento. La defensa pública postuló la nulidad de lo actuado, alegó que el representante del Ministerio Público Fiscal actuó sin requerir prórrogas para la investigación, sin notificar al imputado y sin dar acceso al legajo de investigación, vulnerando así su derecho a defensa.
28-feb-2025NN (FGR 207/2025)Tres personas fueron detenidas en un operativo de control de gendarmería. En el marco de la investigación previa a la formalización, la defensa solicitó a la fiscalía que le notifique de la toma de declaración testimonial a los/as preventores y testigos del procedimiento puesto que su hipótesis era que este no había ocurrido tal como había sido documentado. Sin embargo, la fiscalía citó a los testigos e hizo caso omiso a la petición. Por esa razón, la defensa solicitó una audiencia para requerir al representante del Ministerio Público Fiscal, a través del juez de garantías, que le permita acceder a las testimoniales.
11-abr-2025Dellapitima (FGR 659/2025)En la audiencia de formalización de la investigación, la defensa solicitó que, en el marco de la investigación preparatoria, se le avise cuando se reciba una declaración testimonial para poder realizar el control correspondiente. La fiscalía argumentó que las declaraciones testimoniales quedan grabadas y que teniendo en cuenta el tiempo se puede considerar dar aviso o no a la defensa.
14-abr-2025Alfonso (FCR 2926/2025)Un hombre que trabajaba en la Policía de Seguridad Aeroportuaria fue notificado de que existía una investigación penal en su contra por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. La defensa solicitó acceder al legajo de investigación. La fiscalía autorizó el acceso de manera parcial, pero se negó a entregar un sumario administrativo por considerarlo reservado conforme al artículo 28 del Decreto 1329/2009. Además, sostuvo que no estaba obligada a exhibir la totalidad del legajo antes de la formalización de la acusación. Ante esta negativa, la defensa solicitó una audiencia de control judicial anterior a la formalización de la investigación preparatoria (art. 256 CPPF) en la que sostuvo que la restricción afectó los derechos de defensa, de paridad de armas y de contradicción.
5-jun-2025Sosa (FMZ 4787/2025)A partir de una denuncia anónima la fiscalía comenzó una investigación por comercio de estupefacientes, para lo cual realizó intervenciones telefónicas y un allanamiento. En la audiencia multipropósito la fiscalía solicitó la formalización de la investigación. La defensa se agravió de que arribó a esa audiencia sin haber accedido al legajo y solo habiendo sido informada por la fiscalía de la detención de las personas imputadas. La fiscalía alegó que brindó la información necesaria a la defensa y que se encuentra autorizada expresamente por el Código Procesal Penal Federal a no dar acceso al legajo previo a la formalización de la investigación.
7-jun-2025Morales (FMP 8332/2025)Un hombre fue detenido y acusado de delitos contra la integridad sexual y de trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de dos jóvenes menores de edad. En la audiencia de formalización de la investigación, la defensa se agravió de que arribó a esa audiencia sin haber accedido al legajo y solo habiendo sido informada por la fiscalía de la detención del imputado. La fiscalía explicó que se encuentra autorizada expresamente por el Código Procesal Penal Federal a no dar acceso al legajo previo a la realización de la audiencia de formalización de la investigación. Además indicó que en razón de la gravedad del hecho y de la prueba pendiente de producción no había otorgado acceso, ya que pondría en riesgo la investigación.
21-ago-2025Valdez (FGR 6247/2025)Un grupo de personas fue acusada por el delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización. Luego de la formalización, la Fiscalía solicitó una audiencia para pedir una prórroga en la duración de la investigación preparatoria. Durante la audiencia, la defensa oficial requirió que se imponga al Ministerio Público Fiscal la obligación de notificarle con la debida antelación el día, la hora y el lugar en que se llevarán a cabo las declaraciones testimoniales de los agentes de las fuerzas de seguridad e investigación, con el objeto de garantizar su participación en dichas diligencias y así canalizar los intereses de la persona asistida.
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