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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 10-oct-2019 | Brena (causa N° 86) | Un hombre que contaba con una orden de captura caminaba por la vía pública. Al notar la presencia de personal policial cambió su rumbo y aceleró su paso. Los agentes dieron voz de alto y lo detuvieron por considerar que había tenido una “actitud evasiva”. El procedimiento fue realizado sin testigos y plasmado en actas de detención y requisa. Por ese hecho el hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes. En la etapa de juicio la defensa planteó la nulidad del acta de procedimiento y de todos los actos procesales consecuentes. En ese sentido, sostuvo que no habían existido circunstancias previas y concomitantes que de manera razonable y objetiva hubieran justificado el accionar policial. Además, señaló que los agentes policiales no habían tenido conocimiento de la orden de detención que pesaba sobre el imputado. Por último, expuso que el procedimiento había sido realizado sin la presencia de testigos. La representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de modo favorable al planteo. |
| 11-ene-2018 | BRH (causa N° 6356) | Una persona que circulaba a bordo de un vehículo fue interceptada por personal policial. De su bolso se secuestraron cuatro kilos de cocaína. Por tal razón, fue detenido e imputado por el delito de transporte de estupefacientes. En oportunidad de prestar declaración indagatoria, solicitó declarar como arrepentido. En dos ocasiones individualizó a las personas que le habrían entregado la droga y obligado a transportarla. Finalmente, el juzgado dictó su procesamiento con prisión preventiva. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, entendió que debía tenerse en cuenta el ánimo de colaboración demostrado por su asistido y solicitó su excarcelación. La fiscalía se opuso al planteo. |
| 15-jul-2016 | Brigada femenina - CFCP | En diciembre de 2013, la Comisión de Cárceles de la DGN llevó a cabo una visita de monitoreo en la Comisaría de la Mujer en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta inspección motivó la interposición de un hábeas corpus correctivo en el que se denunciaron, entre otras cosas, las deficiencias edilicias y la situación de hacinamiento de las detenidas. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción, y dejó constancia de que estaba vigente un proyecto de mejoramiento integral de aquel lugar de detención, que aún no se había cumplido. Un año después de aquél pronunciamiento, la Comisión solicitó una serie de medidas a fin de resolver el agravamiento de las condiciones edilicias del establecimiento. El juzgado de primera instancia rechazó este requerimiento. Para arribar a esta decisión, argumentó que no le correspondía al Poder Judicial de la Nación inmiscuirse en las cuestiones de los centros de detención provinciales. Contra esa resolución, la defensa presentó un recurso de apelación. Al ser rechazado, se interpuso un recurso de queja que, desestimado, dio lugar a la presentación de un recurso de casación. |
| 20-oct-2022 | Britos (causa N° 4341 | Un hombre había sido condenado a cinco años de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercio y cumplía su pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria. En ese contexto, su defensa solicitó que se le concedieran salidas laborales para realizar tareas de mantenimiento en un restaurante. Por su parte, el representante del Ministerio Publico Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. |
| 27-mar-2013 | Brizuela, Juan Carlos | Una persona había sido condenada por el delito de robo agravado por su comisión con un arma cuya aptitud no pudo tenerse por acreditada. Dicha sanción motivó la imposición de una pena única y la revocación la a libertad condicional concedida en un proceso anterior. La decisión fue impugnada por su defensa. Este recurso dio lugar a que la Sala II de la CFCP anulara parcialmente el pronunciamiento en lo relativo a la pena impuesta y a la declaración de reincidencia. Con anterioridad a la adopción de esa determinación, la defensa había requerido la excarcelación de su representado por cumplir el requisito temporal previsto para la concesión de la libertad condicional (art. 317, inc. 5º CPPN). El tribunal, sin embargo, rechazó la petición por considerar constitucional el instituto de la reincidencia. Frente a esto, se interpuso un recurso de casación. |
| 9-feb-2022 | Brítez (causa N° 52098) | Un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo agravado por haberse cometido con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada, en concurso ideal con tenencia ilegítima de un arma de fuego de uso civil. La defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala de Feria B de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Entre otros fundamentos, consideró que la situación del imputado no encuadraba en ninguna de las hipótesis de los art. 316 y 317 del Código Procesal Penal de la Nación porque la escala penal aplicable superaba, en su máximo, los ocho años de prisión y porque las características del hecho no permitían pronosticar un pronunciamiento de ejecución condicional. Además, estimó que había riesgo de entorpecimiento de la investigación porque uno de los participantes del hecho no había sido individualizado y aún se aguardaban los resultados de medidas pendientes. Durante el trámite de la excarcelación, la instrucción fue clausurada y el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio modificando la calificación del hecho. La defensa interpuso un recurso de casación contra esa decisión. Entre sus argumentos sostuvo que la medida cautelar era desproporcionada toda vez que se había omitido asignar el trámite de flagrancia que hubiera correspondido. |
| 18-oct-2022 | Brítez Arce y otros v. Argentina | Una mujer de 38 años cursaba un embarazo de riesgo a raíz de sus antecedentes de hipertensión arterial. Durante su embarazo, concurrió en numerosas oportunidades al hospital a hacerse chequeos médicos. Sin embargo, en ningún momento recibió información ni indicaciones para tratar su cuadro de hipertensión ni fue advertida del riesgo de sufrir preeclampsia. Una mañana, comenzó a tener molestias lumbares, fiebre y escasa pérdida de líquido. Por esa razón, se presentó al hospital. Allí, le realizaron una ecografía que arrojó que el feto estaba muerto y fue internada para inducirle el parto. Durante el procedimiento, tuvo que esperar dos horas sentada en una silla. Algunas horas más tarde, la mujer falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Luego de su muerte, sus familiares iniciaron causas penales y civiles contra el personal médico interviniente. Diversas pericias indicaron que los médicos del hospital no habían brindado una atención adecuada a los factores de riesgo del embarazo. Sin embargo, las causas judiciales no prosperaron. |
| 24-jun-2020 | Browne (Causa n°36020) | Un hombre fue detenido y procesado por los delitos de asociación ilícita, falsificación agravada de documentos públicos y usurpación de la autoridad, título y honor calificado por ser de un mando militar. Luego de cuarenta días de detención, fue excarcelado. Contra el procesamiento, su defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la resolución de manera parcial y modificó la calificación del delito de usurpación de autoridad, título y honor por la de ejercicio de funciones públicas sin título o nombramiento. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. Entre otras cuestiones planteó que, ante la emergencia sanitaria, su asistido se había inscripto como colaborador en la Cruz Roja. La fiscalía se opuso a la solicitud, por considerar que la escala penal de los delitos imputados excedía la pena en abstracto de los tres años de prisión. |
| 3-mar-2021 | Brugger (Causa N° 5514) | En el 2015 un grupo de personas, integrantes de la Gendarmería Nacional, sufrieron un accidente de tránsito en el que perdieron la vida. El accidente ocurrió mientras los agentes viajaban a Jujuy para prevenir posibles alteraciones de orden público. En consecuencia, los familiares de las personas fallecidos iniciaron una demanda contra el Estado Nacional-Gendarmería Nacional. En este sentido, solicitaron una indemnización por el accidente ocurrido. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la demanda. Entre sus argumentos, expuso que la reparación correspondía porque el accidente ocurrió mientras cumplían con los servicios de la fuerza de seguridad. A su vez, agregó que la responsabilidad de la Gendarmería Nacional era inexcusable. Contra esa decisión, ambas partes interpusieron un recurso de apelación. Los actores cuestionaron el monto de la indemnización con respecto al daño moral. En este sentido, expresaron que el monto era insuficiente y vulneraba el principio de reparación integral a la víctima. Por el contrario, el demandado solicitó la revocación de la sentencia. Agregó también que la decisión no contempló el riesgo especifico y exclusivo de las funciones de la fuerza de seguridad que habían asumido los agentes. |
| 17-feb-2016 | Bruno, Sebastián y otro (Causa Nº 24740) | En el Centro Universitario Devoto, las autoridades habían cancelado el taller “Cine y Debate” e impuesto restricciones tanto para el ingreso de los docentes como para el dictado de una actividad propuesta por la asociación civil “A pulmón”. Contra esa decisión, un grupo de personas detenidas en el CPF CABA interpuso una acción de hábeas corpus correctivo de carácter colectivo. El Juzgado interviniente rechazó parcialmente la acción de habeas corpus ante lo cual un grupo de personas detenidas apeló in paruperis la resolución. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó parcialmente la resolución de la instancia anterior por considerar que las cuestiones planteadas por los accionantes no implicaban un agravamiento en las condiciones de detención. Contra esa resolución, la representante de la Procuración Penitenciaria de la Nación y la defensa de las personas detenidas interpusieron recursos de casación. |
| 23-jun-2015 | BS, GE c. M, HI | La actora –en representación de su hija– solicitó, en sede nacional, el dictado de medidas precautorias con relación al régimen de comunicaciones de la niña con su padre. Luego, la actora y la niña se mudaron y solicitaron que se atribuya el conocimiento del caso a los tribunales del lugar de residencia y centro de vida de la niña (Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz). La petición fue rechazada por la jueza de primera instancia. La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión en lo que atañe a la competencia y postuló que se avance en el paulatino proceso de revinculación paterno-filial. La actora, interpuso recurso extraordinario federal. |
| 4-mar-2015 | BS, GE c. M, HI (Dictamen) | La actora, en representación de su hija, inició en sede nacional una acción solicitando el dictado de medidas precautorias con relación al régimen de comunicaciones de la niña con su padre. Luego, la actora y la niña se mudaron y solicitaron que se atribuya el conocimiento del caso a los tribunales del lugar de residencia y centro de vida de la niña (Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz). La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la competencia sustentada por la jueza de mérito y la decisión de que se avance en el paulatino proceso de revinculación paterno-filial. La actora, interpuso recurso de apelación federal. |
| 15-mar-2017 | BSC (causa N° 6220) | Cuatro personas fueron imputadas por el delito de transporte de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada; una de ellas tenía diecisiete años. Durante la etapa de juicio oral, se celebró un acuerdo de juicio abreviado. La fiscalía solicitó que se declarara la responsabilidad penal de la imputada menor de edad y postuló su absolución por aplicación del artículo 4 de la ley N° 22.278. |
| 3-nov-2014 | BT c. FAM | La accionante –que vive con su padre y hermana menor y cuenta con 21 años de edad– reclamó alimentos a su madre puesto que necesitaba continuar y terminar sus estudios terciarios y no contaba con fondos suficientes para costearlos. La pretensión se centró en una ayuda económica para solventar los gastos de traslado hacia la ciudad de Cipolletti (sede de la facultad), refrigerio que insuma su estadía diaria y fotocopias o material bibliográfico necesario para su carrera. |
| 27-nov-2019 | BTF (causa Nº 82232) | - |
| 14-jul-2016 | BTGM | Un hombre solicitó una medida cautelar en representación de sus dos hijos a fin de que se disponga la prohibición de acercamiento de la madre de los niños por encontrarse afectada su salud mental. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo peticionado. Con posterioridad, se dispuso levantar la medida cautelar y restablecer contacto materno-filial a través de un régimen de comunicación provisorio. El actor interpuso recurso de apelación. |
| 11-mar-2019 | BTH (causa Nº 3322) | En octubre de 2018, un joven trans interrumpió su concurrencia a un establecimiento educativo a raíz de una internación en el Hospital de Niños de La Plata. En consecuencia, su madre realizó una pre inscripción en el mes de diciembre para confirmar la vacante para el período lectivo 2019. Sin embargo, no obtuvo ninguna respuesta de la institución, lo que generó que se quedara sin vacante para ese año. En consecuencia, la asesora de menores e incapaces solicitó que se promovieran las medidas que se estimaran adecuadas para la inclusión del joven en la escuela, pues ese había sido su deseo explícito y proceder de esa forma abonaría al fortalecimiento de su personalidad y su inserción en el ámbito escolar. |
| 9-feb-2021 | Buchar (causa n°7891) | A partir de un llamado a la línea telefónica 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, en octubre de 2019 se denunció que una niña de trece años era explotada sexualmente por un hombre. La persona fue imputada por el delito de trata de personas agravado por ser cometido contra una persona menor de edad. En junio de 2020, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio dictado por el Poder Ejecutivo Nacional ante la emergencia sanitaria del virus Covid-19, el Ministerio Pupilar, en representación de la joven, solicitó al juzgado que se contemplara la necesidad de la presunta víctima de ser escuchada y que se le tomara declaración. El juzgado interviniente resolvió que la medida solicitada debía postergarse hasta tanto cesara el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Luego, en julio de 2020, el juzgado declaró la falta de mérito del hombre imputado por el delito de trata de personas agravado y declinó la competencia en favor de la justicia ordinaria por la posible comisión de delitos contra la integridad sexual de la joven. Luego, en septiembre de 2020, el juzgado sobreseyó al hombre imputado por el delito de trata de personas agravado. Para decidir de esta manera consideró, entre otras cuestiones, que la situación del hombre imputado no podía permanecer incierta a la expectativa de la presentación de nuevas pruebas y de la eventual declaración de la presunta víctima. Contra esa decisión, la fiscalía y el Ministerio Pupilar interpusieron recursos de apelación y solicitaron que se revocara la decisión. |
| 11-may-2007 | Bueno Alves v. Argentina | El señor Bueno Alves, uruguayo residente en Argentina, de 43 años de edad y artesano marmolero de profesión, inició una transacción de compraventa inmobiliaria con la señora Norma Lage, operación que finalmente se frustró. A raíz de ello, en febrero de 1988 el peticionario denunció a la señora Lage por estafa y amenazas por el mencionado intento de transacción, lo que dio inicio a la causa No. 24.519. A su vez, el 10 de marzo de 1988, la señora Norma Lage denunció por estafa y extorsión al señor Bueno Alves y a otros, con base en la misma transacción, con lo cual se abrió el proceso penal No. 25.314. Posteriormente, ambas causas fueron acumuladas. El 20 de marzo de 1988 las partes acordaron rescindir la transacción. Sin embargo, el 5 de abril de 1988, cuando se estaba llevando a cabo una reunión con tal fin, el señor Bueno Alves y su abogado, el señor Carlos Alberto Pérez Galindo, fueron detenidos y la oficina profesional de éste fue allanada. Todas estas acciones fueron realizadas por funcionarios de la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal de Argentina, bajo mandato del juzgado a cargo del proceso penal No. 24.519. El señor Bueno Alves fue objeto de torturas consistentes en, inter alia, golpes con la mano ahuecada en los oídos y privado de su medicación para la úlcera mientras se encontraba en sede policial la madrugada del 6 de abril de 1988, a fin de que declarase contra sí mismo y su abogado, lo cual fue puesto en conocimiento del juez de la causa. A consecuencia de estos golpes el peticionario sufrió un debilitamiento en la capacidad auditiva del oído derecho y en el sentido del equilibrio. |
| 3-dic-2019 | Buenos Aires c/ Provincia De Santa Fe (Causa N° 528) | La provincia de Buenos Aires inició una causa contra la provincia de Santa Fe en los términos del artículo 127 de la Constitución Nacional. En esa oportunidad, solicitó que se le prohibiera la ejecución de obras que alteraran las aguas de la laguna Picasa por la emergencia hídrica que había en la zona. El tribunal que intervino declaró que la queja debía ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiempo después, las partes firmaron un convenio que suspendía los plazos procesales de la causa. Después de 10 años del pedido de suspensión, el Defensor del Pueblo denunció que los habitantes del noroeste bonaerense estaban sufriendo inundaciones desde principios de 2017 por el exceso de agua y solicitó que se llamara a una audiencia a las partes. En consecuencia, se celebró una audiencia pública. En 2018 intervino la CSJN y solicitó que las partes entregaran informes sobre los proyectos de obras, el control de los canales clandestinos y los programas de contingencias ambientales por las inundaciones que existían en la zona. De ese informe, no surgió controversias entre las partes. |