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| Fecha | Título | Resumen |
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| 27-nov-2017 | Ruiz Diaz (causa Nº 55772) | En diciembre de 2014 un hombre fue condenado a la pena única de cinco años de prisión (causa N° 4283). En noviembre del 2017 fue juzgado por un robo cometido el 10 de octubre de 2013 (causa N° 18146). El imputado suscribió un acuerdo de juicio abreviado en el que se pactó la pena de cuatro meses de prisión. Además, se convino la imposición de una pena única de cinco años de prisión. |
| 1-sep-2021 | Ruiz y otro (causa N° 21240) | Dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, interceptaron a una persona en la calle, lo intimidaron y le solicitaron elementos de valor. Sin embargo, el transeúnte logró evadirlos. Luego de este hecho, la víctima recorrió las inmediaciones del lugar a fin de localizarlos. Una vez identificados, los retuvo y dio aviso a la policía. Por este motivo, los dos jóvenes fueron imputados por el delito de robo simple en grado de tentativa. Una vez procesados, se dio intervención al Programa de Resolución Alternativa de Conflictos de la Defensoría General de la Nación. Durante la audiencia del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal el damnificado manifestó su voluntad de realizar un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal se opuso a su homologación. En ese sentido, indicó que no había existido un acuerdo de conciliación sino un escrito de la defensa. Además, determinó que no era posible arribar a una conciliación porque el imputado mayor de edad contaba con antecedentes penales. Finalmente, señaló que el delito atribuido a las personas imputadas era de acción pública y que la oposición del Ministerio Público Fiscal sobre este aspecto resultaba vinculante. |
| 30-mar-2022 | Russo (causa N° 21128) | Un hombre fue detenido y luego imputado con prisión preventiva por el delito de robo agravado por ser en poblado y en banda con utilización de un arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada y uso de llave falsa. La persona, que al momento de su detención aportó sus datos identificatorios, carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía ni causas en trámite, no registraba inconductas procesales, contaba con domicilio constatado y la contención familiar de su hermana. Su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado de instrucción rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el rechazó a la solicitud. Para decidir de esa manera, entendió que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, se verificaban riesgos procesales. Con relación al riesgo de fuga, señaló que el imputado había aportado un domicilio en el que ya no vivía desde hacía más de veinte años,y también desestimaron el domicilio que brindó durante la declaración indagatoria porque correspondía a un alquiler mensual. Además, ponderó la posibilidad de amedrentar a las víctimas porque conocía el domicilio y los movimientos. Finalmente, indicó que el tiempo de detención no era desproporcionado por la naturaleza del hecho imputado. Contra esa decisión, la defensa del hombre imputado interpuso un recurso de casación. |
| 6-nov-2018 | Russo (causa Nº 148888) | Un jubilado se acogió al Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. Desde ese momento, empezó a cobrar mensualmente el dinero corresponde al Programa junto a su haber jubilatorio. Entonces, el beneficiario inició una acción contra ANSeS y solicitó una medida cautelar que decretara la prohibición de innovar con relación al pago por parte de ANSeS. El juzgado de primera instancia rechazó la medida. Contra esa decisión, el actor interpuso un recurso de apelación. |
| 9-sep-2015 | RV (Causa Nº 164082) | Una persona fue despedida de su trabajo un mes después de haberse reintegrado de una licencia que había sido prescrita por su médico tratante cuando le diagnosticaron HIV. Por tal motivo, interpuso una demanda por la que solicitó una indemnización por daño moral por despido discriminatorio. El Tribunal del Trabajo rechazó la petición por considerar que no se había acreditado que la empleadora tuviera conocimiento de su situación al disponer el despido. La decisión fue apelada por el actor. |
| 12-oct-2017 | RV (causa Nº 35023 2017) | Una mujer fue convocada como testigo en virtud de la presunta responsabilidad de su ex pareja por la comisión de un delito. En ese marco, declaró que no conocía al resto de los sujetos que intervino en el ilícito. Sin embargo, al ser citada nuevamente para ampliar su declaración testimonial, aportó datos sobre su identidad. Por ese motivo, fue imputada por falso testimonio. En oportunidad de prestar declaración indagatoria, la mujer indicó que no había brindado la información que conocía por temor. En ese sentido, refirió que fue amenazada días después de su primera declaración y que se sintió intimidada por conocer a los imputados y saber que habían participado en hechos ilícitos. El juzgado dictó su procesamiento. Contra este pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 27-nov-2020 | RV y RC (causa N° 16897) | Una mujer madre de un niño contrajo matrimonio con un hombre. Luego, el hombre comenzó a maltratarla y le exigió que el niño llevara su apellido. Ante la reiteración de las situaciones de violencia, el hombre fue registrado como su padre. La mujer continuó recibiendo malos tratos y fue amenazada de muerte en diversas ocasiones. Por esa razón, denunció a su pareja reiteradas veces y decidió divorciarse. Al solicitar el divorcio, informó que el hombre no era padre del niño y que tal reconocimiento había sido una decisión unilateral de él. Como consecuencia de dicho aviso, ambos fueron imputados por haber alterado la identidad de su hijo mediante la inserción de datos falsos en la partida de nacimiento (artículo 293, segundo párrafo, del Código Penal). El juzgado dictó el procesamiento de la mujer y su defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, destacó la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba su asistida y señaló que no había tenido libertad en su accionar. En ese sentido, explicó que la conducta reprochada se había tratado de un modo de resguardar su vida. A su vez, requirió la nulidad de las actuaciones por tratarse de un hecho autoincriminatario que tenía como finalidad evitar que la justicia impusiera un régimen de visitas con su expareja violenta. Por último, solicitó su sobreseimiento. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable al planteo. |
| 28-jun-2018 | RWD (causa Nº 51192) | RWD había sido condenado a la pena de un año y diez meses de prisión de efectivo cumplimiento. Durante esa detención, cursó los estudios primarios. Luego, fue condenado por otro delito a la pena de seis meses de prisión. En tal sentido, se le impuso la pena única de dos años y cuatro meses de prisión efectivo cumplimiento. Su defensa presentó el certificado de finalización de los estudios primarios y solicitó la aplicación del estímulo educativo. El Tribunal Oral no se expidió sobre este asunto. Entonces, la defensa requirió que se le concediera a RWD la excarcelación en los términos de libertad asistida. En particular, tuvo en cuenta la reducción en el régimen de progresividad de la pena que le correspondía por aplicación del instituto solicitado. El tribunal rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, sostuvo que RWD había cursado los estudios durante una detención anterior. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-sep-2020 | RWNV (causa N° 31166) | Una mujer se desempeñaba como personal civil en la Armada Argentina. En marzo del 2010 faltó nueve días a su trabajo y, por esa razón, fue intimada para que se presentase y justificase las inasistencias. La mujer se presentó y la administración se negó a recibir la documentación médica que acreditaba sus faltas. Luego, asistió a su lugar de trabajo hasta el mes de mayo de ese año. A fin de julio la mujer envió un telegrama a su empleador, informó que las inasistencias habían sido por razones médicas y acompañó certificados médicos. Además, hizo saber que estaba embarazada. En el mes de septiembre la Armada Argentina emitió una disposición que decretó su cesantía. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso jerárquico que fue desestimado. Entonces, presentó una demanda con el objeto de que se declarase la nulidad de la disposición y se la reincorporase a su puesto de trabajo. El juzgado rechazó la acción. Contra esa decisión, interpuso un recurso de apelación. |
| 23-jun-2022 | RYS (Causa N° 956) | Una adolescente que vivía en una zona rural del interior de la provincia de Chaco y que desconocía que estaba embarazada dio a luz en el baño de su domicilio y se desmayó. Luego, su hermano la encontró desangrada y la llevó al hospital más cercano. En el centro de salud, profesionales la denunciaron a la policía por el delito de aborto. De forma posterior, personal policial acudió al domicilio donde habían ocurrido los hechos e identificó el cuerpo de un recién nacido sin vida. Durante la investigación, se acreditó que la joven vivía junto con su familia y con su hija de dos años en una vivienda precaria. La joven fue imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo. En el marco del juicio oral, la Asesora de Menores y su defensa solicitaron su absolución, a la cual adhirió la fiscalía. |
| 5-jul-2021 | RZML (causa Nº 4408) | Un hombre se encontraba afiliado al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI). También se encontraba afiliada como adherente su hija con discapacidad, RZML. Ante el fallecimiento del hombre, la madre de RZML solicitó la reafiliación de su hija como adherente a su cargo. Sin embargo, PAMI respondió que la afiliación no correspondía debido a que la mujer percibía una pensión no contributiva. Para decidir de esa manera, tuvo en cuenta el artículo 10 de la Resolución INSSJP Nº 1100/06 que preveía la prohibición de afiliación de familiares que gocen de una pensión no contributiva. Ante esta situación, la mujer presentó una acción de amparo y requirió que se declarase la inconstitucionalidad de la norma invocada. Asimismo, la parte actora solicitó una medida cautelar urgente a fin de que su hija sea afiliada. El juzgado federal de primera instancia hizo lugar a la medida. Contra esa resolución, PAMI interpuso un recurso de apelación. |
| 1-sep-2017 | S (Causa Nº 397) | Un hombre no cumplía con el pago regular de la cuota alimentaria a favor de sus dos hijas adolescentes. En un determinado momento, el hombre le exigió a la madre de sus hijas que pusiera en venta la vivienda familiar, pero la mujer se negó. Por lo tanto, la mujer hizo la denuncia en sede judicial y se tomaron medidas de protección. En ese marco, el hombre expresó que no contaba con un empleo formal. Agregó que vivía al lado de una cerrajería, pero que no era dueño del comercio. El juzgado interviniente ordenó inscribirlo en el Registro de Alimentantes Morosos de la jurisdicción. Luego, se celebró una audiencia en la que las partes acordaron una cuota provisoria. Sin embargo, el progenitor seguía sin cumplir con sus obligaciones alimentarias. En consecuencia, se lo intimó a cancelar la deuda bajo apercibimiento de excluirlo de su domicilio y de clausurar el fondo de comercio. Con posterioridad, el hombre realizó una nueva presentación. En esa oportunidad, planteó que la cerrajería era de su propiedad. Sin embargo, sostuvo que había tenido que liquidarla en virtud de una deuda. En ese contexto, el juzgado resolvió duplicar el monto de la cuota alimentaria, aunque no obtuvo resultado. Por su parte, la actora informó que el hombre había trasladado su comercio a otro sitio. Entonces, el juez llevó adelante un reconocimiento sorpresivo en el nuevo lugar y le exigió al accionado la entrega de la documentación del comercio. El hombre respondió que no tenía esa documentación ya que era un empleado. Sobre ese aspecto, indicó que la propietaria del local era su pareja de ese momento. Por último, el magistrado secuestró el teléfono celular del demandado para evitar que los eventuales clientes pudieran comunicarse. |
| 16-abr-2018 | S (causa Nº 46892) | Una mujer denunció que se encontraba con su pareja y sus hijos en un departamento. Entonces, el hombre le solicitó conversar en privado y fueron a una habitación. Allí, la tomó de los brazos y la obligó a mantener relaciones sexuales a pesar de que la mujer se opuso en reiteradas oportunidades. Dos meses más tarde, discutieron frente a su hija en la vía pública y el hombre la habría amenazado de muerte. El hombre fue imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y amenazas coactivas. La denunciante fue atendida por la Oficina de Violencia Doméstica en tres oportunidades. Los informes elaborados por dicho organismo indicaron que su relato parecía verosímil. Asimismo, el Cuerpo Médico Forense le efectuó diversas pruebas psicológicas y psiquiátricas y sus informes se expidieron en el mismo sentido. En particular, el informe psicológico concluyó que la mujer no presentaba indicadores de victimización sexual. Durante el debate de juicio oral, el imputado declaró y negó los hechos. En tal sentido, su defensa señaló que solo se contaba con la declaración de la denunciante y que no podía resultar suficiente para fundar una condena. Por esa razón, requirió la absolución de su asistido. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó que las manifestaciones de la víctima eran verosímiles y solicitó que se lo condenara. |
| 6-dic-2013 | S H, LE y otros | La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había dispuesto el sobreseimiento de un grupo de personas detenidas por ser halladas en poder de un teléfono celular presuntamente ajeno. Contra esa resolución, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso recurso de casación. |
| 18-mar-2021 | S L y otro | Dos mujeres promovieron un juicio con el fin de determinar la capacidad de su madre de 94 años. La evaluación interdisciplinaria del Cuerpo Médico Forense concluyó que no había circunstancias que pusieran en duda el estado de salud mental de la señora, pero que para poder dar un diagnóstico final resultaba indispensable complementar la evaluación preliminar con un exhaustivo y pormenorizado examen de la señora. En ese sentido, señaló que debían incluirse exámenes que evaluaran su rendimiento en los distintos dominios cognitivos y una consulta neurológica con un especialista en neurología cognitiva. |
| 22-jul-2016 | S N | Una persona había sido condenada a cumplir una pena de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. El Tribunal Oral ordenó su detención una vez que la sentencia obtuvo firmeza. Por este motivo, la defensa solicitó su prisión domiciliaria bajo el supuesto del inc. f del art. 32 ley 24.660. A tal fin, argumentó que el reciente nacimiento su hija hacía desaconsejable que la pena se cumpliera en un establecimiento penitenciario. El fiscal dictaminó a favor de lo peticionado. |
| 12-jun-2023 | S v. Australia | Un macedonio llegó a Australia junto a su madre en 1968 cuando tenía 3 años de edad y obtuvo un permiso de residencia permanente. Allí creció, estudió, obtuvo un empleo y formó una familia. Entre 1981 y 2015, el hombre fue condenado por varios delitos vinculados con armas, suministro de estupefacientes y violencia doméstica. Por ese motivo, en 2015 el Ministerio de Inmigración y Protección Fronteriza canceló su permiso de residencia permanente y ordenó su expulsión a Macedonia del Norte. El hombre apeló la decisión ante la justicia. En su presentación, alegó que no podía ser removido de Australia ya que residía ahí desde pequeño y que allí tenía su familia y su trabajo. Además, explicó que no tenía lazos con su país de origen, dado que no tenía parientes en ese lugar ni hablaba los idiomas locales. El tribunal rechazó el recurso, confirmó la cancelación del permiso y ordenó su expulsión. Para decidir así, consideró que en función de sus numerosos y graves antecedentes penales, la protección de la comunidad australiana primaba por sobre el interés personal del hombre en permanecer en Australia. Además, notó que nunca había solicitado la nacionalidad australiana pese a estar en condiciones de hacerlo. |
| 24-oct-2014 | S, AA c. S, R | En este caso, una mujer inició una demanda para que se revoque o se declare nula la adopción plena otorgada en el año 1985 en relación a su persona. A su vez, solicitó que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 323 y 335 del C.Civ. en tanto el primero dispone la irrevocabilidad de la adopción plena y el segundo establece –únicamente– causales de revocación respecto de la adopción simple. La accionante señaló que, en la etapa de la preadolescencia, fue víctima de abuso sexual por parte de su progenitor adoptivo. Cuando tenía 18 años, con el fallecimiento de aquél, decidió irse de la casa adoptiva. A partir de ese momento, reconstruyó los vínculos con su familia biológica, que la ayudó a recuperarse de las situaciones que vivió. |
| 15-abr-2015 | S, AF y otros c. ENM Salud de la Nación y otros | Las magistradas a cargo de las Curadurías Públicas 17 y 18 iniciaron una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación, la Agrupación Salud Integral (ASI) y contra el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener la provisión de dispositivos comunitarios, tipo casas de medio camino o residencias protegidas, a través de gestión local o en forma directa. Ello, para los pacientes representados por las Curadoras Públicas en condiciones de ser externados y recibir esta clase de tratamiento y para todos aquellos que se encuentren en la misma situación. |
| 21-dic-2015 | S, AF y otros c. Estado Nacional Ministerio de Salud de la Nación y otros | Las magistradas a cargo de las Curadurías Públicas 17 y 18 iniciaron una acción de amparo contra el Ministerio de Salud de la Nación, la Agrupación Salud Integral (ASI) y contra el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de obtener la provisión de dispositivos comunitarios, tipo casas de medio camino o residencias protegidas, a través de gestión local o en forma directa. Ello, para los pacientes representados por las Curadoras Públicas en condiciones de ser externados y recibir esta clase de tratamiento y para todos aquellos que se encuentren en la misma situación. El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 9, Secretaría N° 18, dictó sentencia el 15 de abril de 2015, hizo lugar parcialmente a la demanda y ordenó al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adopten las medidas necesarias para proveer dispositivos comunitarios aptos para la continuación del tratamiento de las personas involucradas. Por otro lado, rechazó la demanda respecto de la co-demandada ASI. La parte actora, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires apelaron lo decidido. La parte actora, el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires apelaron lo decidido. |