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18-abr-2017A, FJ (CSJN)Una persona había sido condenada a la pena de 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad; la sentencia fue recurrida. El detenido contaba con más de 70 años y, a su vez, sufría diversas patologías (entre otras, afecciones cardíacas, ceguera parcial y trastorno senil con deterioro funcional). En ese marco, la defensa pidió su arresto domiciliario en dos oportunidades. El Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la primera solicitud. Para arribar a esa decisión, valoró el riesgo de fuga que representaba en relación a la calificación legal por la que se lo condenó. Asimismo, tomo en consideración que los informes indicaban que los problemas de salud que padecía podían ser tratados intramuros. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución. Ante el deterioro en la salud del condenado, la defensa solicitó su arresto domiciliario nuevamente. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal hizo lugar a la petición. Contra esa sentencia, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y revocó la resolución. Para llegar a esa decisión, los jueces reeditaron los argumentos utilizados para resolver el primer pedido y consideraron “no [habían] variado sustancialmente las condiciones de salud del imputado desde el fallo antedicho”. La defensa interpuso un recurso extraordinario federal.
24-nov-2016A, G C c OSSIMRAUna persona, en representación de su hijo, inició una acción de amparo contra la obra social demandada con el objeto de que cubra sesiones de psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional y maestra integradora. El 22 de octubre de 2014 el juzgado de origen hizo lugar a la medida. el 14 de octubre de 2015 la Asesora de Menores Coadyuvante informa que el menor se encuentra recibiendo las prestaciones solicitadas. El 25 de noviembre de ese mismo año, el juez de primera instancia declara abstracta la acción. El actor, con adhesión de la Asesora de Menores, interponen recurso de apelaciön
3-mar-2016A, JSLa Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había declarado la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del art. 76 –cuarto párrafo– del Código Penal. Contra dicha resolución, el fiscal interpuso un recurso de inconstitucionalidad.
3-jun-2016A, S I c L, A GLa parte actora, propietaria del 50% de un vehículo que se encontraba en poder del demandado, solicitó una medida cautelar de secuestro sobre dicho bien. La jueza de primera instancia rechazó la petición. La actora recurrió la decisión.
23-ago-2016A, T AUn joven, mediante ademanes de tener un arma entre sus ropas, había intentado apoderarse de los celulares de dos personas. Sin embargo, la presencia de miembros del ejército hizo que se retirara del lugar sin sustraerles nada. En razón de ello se lo procesó por el delito de robo en grado de tentativa. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de apelación en el que argumentó que su representado había desistido voluntariamente del delito, por lo que no le correspondía ningún reproche penal.
26-may-2015A, VAEl juez de primera instancia había rechazado el pedido de una mujer cuya capacidad había sido restringida por sentencia de insania para que se realice una intervención de contracepción quirúrgica. Ello, por considerar que la práctica solicitada –ligadura de trompas de Falopio– resultaba inconstitucional por la trascendencia para su salud e integridad física. Contra este pronunciamiento, interpuso recurso de apelación la curadora.
13-oct-2016A, VG y S, ACDos personas habían sido imputadas por la comisión de delitos contra la propiedad. Posteriormente, llegaron a un acuerdo conciliatorio con las presuntas víctimas. El fiscal se opuso a su homologación. Consideró, entre otras cuestiones, que la conciliación era una forma de ejercicio del principio de oportunidad y, ante la falta de entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal de la Nación (ley Nº 27.063), no podía aplicarse la causal de extinción de la acción penal regulada en el art. 59 inc. 6 del CP.
6-mar-2017A, WMUna persona detenida en el CPF CABA se negó a reingresar al pabellón luego de una visita. En dicha oportunidad, informó que había sido amenazada por otros detenidos y solicitó que se la aloje en otro sitio. Por tal razón, se dispuso su traslado a otro pabellón. Sin embargo, el celador expuso que la negativa del detenido no estaba justificada. En consecuencia, se le impuso una sanción disciplinaria de acuerdo a los arts. 17 inc. b y e del decreto 18/97 (Reglamento de Disciplina para Internos). El cumplimiento de la medida fue dejada en suspenso. La defensa solicitó la nulidad de lo actuado y la declaración de inconstitucionalidad del decreto 18/97. El juzgado de instrucción rechazó los planteos y confirmó la sanción. Contra esa resolución, se interpuso un recurso de apelación.
13-dic-2016A,VM c. OSFGPIC y D (PGN)Una persona no vidente inició una acción de amparo contra su obra social a fin de solicitar la cobertura de las prestaciones de rehabilitación y apoyo necesarias para su proceso de formación laboral. El Juzgado Federal de Villa María hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y exigió previamente la prestación de una caución personal de dos letrados de la matrícula federal. El amparista interpuso recurso de apelación. La Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la sentencia de primera instancia e interpretó que el artículo 200, inciso 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que prevé la exención de contracautela para quien actuare con beneficio de litigar sin gastos, no alcanza a quien tiene ese beneficio en trámite. El actor interpuso recurso extraordinario federal y, ante su negativa, recurso de queja.
14-jun-2016A., I. y otrosEn el presente caso, varias personas habían utilizado pasaportes falsos para ingresar al país. El juzgado de instrucción elevó la causa a juicio por el delito de uso de documento falso destinado a acreditar la identidad de las personas. Ello, pese a que se encontraba pendiente de resolución el pedido de reconocimiento de la condición de refugiados de los individuos implicados en el proceso. Con posterioridad, la Comisión Nacional para los Refugiados hizo lugar al pedido en cuestión. En virtud de ello, la defensa solicitó el sobreseimiento de sus representados por aplicación del art. 40 de la ley 26.165. Dicha norma establece que “…no se impondrán sanciones penales ni administrativas al solicitante de la condición de refugiado por motivo de ingreso ilegal al país, a condición de que se presente sin demora a las autoridades y alegue causa justificada de su ingreso o permanencia ilegal”.
14-abr-2015A.L.P.MSe dispuso una medida cautelar por la que se ordenó al Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que incluyera a una mujer víctima de violencia doméstica y a sus cuatro hijos en alguno de los programas de emergencia habitacional disponibles. El Gobierno de la Ciudad interpuso recurso de apelación contra esa decisión.
16-abr-2016A.P., Garçon and Nicot v. FranciaTres personas transexuales solicitaron al Estado francés cambios en su certificado de nacimiento con el fin de que se correspondiera con su identidad sexual. En ese entonces, se requería para alterar la indicación del sexo que el interesado tuviera un “desorden de identidad”, que se hubiese sometido a una cirugía o tratamiento médico, que no tuviese todas las características físicas del sexo asignado al nacer, que hubiese adoptado la apariencia física del sexo auto percibido, y la demostración de un comportamiento social correspondiente a ese sexo. Estas exigencias, por lo general, implicaban que los interesados se sometieran a tratamientos o cirugías para obtener cambios irreversibles en su cuerpo, los que normalmente resultaban en su esterilización. El Estado rechazó las tres peticiones por motivos vinculados con el incumplimiento de esos requisitos.
26-may-2016AA (Causa Nº 90.970)MS residía en un refugio con sus hijos A. e I. debido a una denuncia de violencia doméstica formulada contra el padre de I. Este refugio realizó una denuncia al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por la violencia física y emocional que ejercía la mujer contra sus hijos. En consecuencia, el juzgado de primera instancia declaró a uno de ellos en situación de adoptabilidad. Contra dicha resolución, la madre interpuso un recurso de apelación.
6-ago-2009AA y otro c. OSDEDos niños con discapacidad motriz que se movilizaban en silla de ruedas concurrían al único colegio adaptado arquitectónicamente a sus necesidades en la zona en la que residían. Los padres solicitaron a la obra social la cobertura de las prestaciones establecimiento educativo. Ante la negativa, iniciaron una acción de amparo y solicitaron la cobertura de las prestaciones. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo requerido. La demandada interpuso un recurso de apelación.
12-abr-2018AAA (causa N° 5843)Personal policial observó a dos sujetos a bordo de una moto y rodeados por un grupo de personas. Al advertir la presencia de los preventores, la gente se dispersó y los dos individuos intentaron huir. Al ser detenidos, se secuestraron 340 gramos de marihuana y una balanza de precisión de la gaveta del vehículo. Además, entre sus pertenencias se halló un cuchillo con restos de sustancia estupefaciente. Por tal razón, fueron imputados de acuerdo con el procedimiento de flagrancia, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Al momento de los hechos, uno de los imputados tenía dieciséis años. En consecuencia, fue trasladado a la Comisaría de Familia y Minoridad y, luego, fue alojado en un hogar de menores. Además, durante el trámite del proceso se dio intervención a la defensoría de menores. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego declaró la responsabilidad penal del joven (cfr. ley N° 22.278) y dispuso la realización de un tratamiento tuitivo (cfr. artículo 40.4 de la Convención sobre los Derechos del Niño) hasta que alcanzara la mayoría de edad. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
11-ago-2020AAA (causa Nº 3950)Durante la vigencia del DNU que dispuso el aislamiento social, preventivo y solidario, una persona que circulaba en su vehículo fue detenida por agentes policiales. La persona no pudo justificar el motivo por el que transitaba por la vía pública y la policía, por instrucción de la fiscalía, le retuvo la licencia de conducir y la cédula verde del automotor. Por ese hecho fue imputada por el delito de violación de las medidas adoptadas por las autoridades para impedir la propagación de una epidemia, previsto en el artículo 205 del Código Penal. La defensa solicitó la devolución de la documentación que habían sido retenidas durante la instrucción. El juzgado rechazó el pedido. Para decidir de esa manera sostuvo que la persona imputada no había demostrado, a través de un medio probatorio suficiente, los motivos que justificaran su circulación por la vía pública. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones planteó que del DNU no surgía que, para la devolución de la documentación personal, se debiera acreditar de manera fehaciente tener el vehículo afectado a una actividad exceptuada o poseer un permiso oficial de circulación. Además, agregó que la norma no preveía la inhabilitación para conducir rodados.
22-feb-2016AACEn el marco de un juicio de restricción de la capacidad, la defensa solicitó que se le designe un curador a una persona con un retraso mental moderado a fin de cuidarla y representarla en todos los actos de la vida civil.
7-sep-2015AADEn el presente caso, se les imputaba a un hombre y a su hijo, haber captado y trasladado con fines de explotación sexual a A. S. S. N. y V. M. B. S. N., menores de edad, y a C. I. M. De acuerdo a lo postulado por el Fiscal General, las víctimas se encontraban en una situación de extrema vulnerabilidad y, luego de haberles sido prometido trabajo, fueron trasladadas y acogidas en la ciudad de Pinamar. Respecto a la víctima C. I. M. también había sido imputada V. E. G., quien, presuntamente, le había ofrecido un lugar en el trabajo prometido por el hombre.
30-oct-2015AAEUna persona que registraba un antecedente condenatorio (una pena de dos años en suspenso) solicitó la suspensión del juicio a prueba. En ese proceso, además, el imputado fue declarado rebelde y fue necesario allanar su domicilio para lograr su comparecencia. Durante la audiencia, el fiscal consintió la concesión del instituto. Sin embargo, el tribunal tomó en consideración la falta de cumplimiento de las reglas impuestas en la condena anterior y declaró improcedente la suspensión del juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
23-ago-2023AAP (Causa Nº 61535)Una mujer se encontraba al cuidado exclusivo de sus siete hijos. Seis eran personas menores de edad y uno de ellos tenía una discapacidad intelectual. En ese contexto, la familia vivía en una unidad habitacional que estaba en proceso de construcción y tenía deficiencias estructurales. Además, la mujer había sufrido violencia de género por parte de su ex pareja, estaba desempleada y no recibía la ayuda económica de ninguno de los padres de sus hijos. En consecuencia, la mujer percibía la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH) en favor de sus hijos, que le permitía sostener la economía del hogar. Asimismo, su hijo mayor colaborada con trabajos informales que realizaba como albañil. Ante esa situación, la mujer solicitó a la ANSES, mediante correo electrónico, que le otorgara la Pensión no Contributiva para Madre de Siete o más Hijos. No obstante, la administración no respondió su pedido. Por ese motivo, la mujer con la representación de la Defensoría Pública de Morón¬, interpuso una acción de amparo. Entre sus argumentos, destacó que las dos prestaciones no eran incompatibles dado que tenían destinatarios distintos. A su vez, solicitó que se dictara una medida cautelar para el cobro inmediato de la pensión debido a la situación de vulnerabilidad en la que vivían. En esa oportunidad, intervino la defensora pública coadyuvante en carácter de representante complementaria de los niños. Por su parte, la ANSES pidió que se rechazara la acción. En su presentación, manifestó que la mujer no había iniciado ningún trámite y que había utilizado canales informales de comunicación que no estaban habilitados por la entidad. Asimismo, sostuvo la regla de la incompatibilidad entre las prestaciones sociales. El juzgado no hizo lugar al reclamo. Para decidir así, consideró que no procedía la vía del amparo dado que no se había configurado el silencio de la administración. Agregó que el trámite debió haber sido realizado de manera presencial. Por esa razón, la mujer interpuso un recurso de apelación.