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FechaTítuloResumen
25-feb-2009Marchetti (Causa Nº 9186)Una persona fue imputada por la comisión de un delito cometido en los años 1999 y 2000. Un día antes de que la acción penal prescribiera, en noviembre del 2006, fue citada a prestar declaración indagatoria. La fecha fue fijada en abril de 2007 y la audiencia se hizo efectiva en julio de 2008. La defensa planteó la extinción de la acción penal por prescripción. En tal sentido, indicó que el llamado a prestar declaración indagatoria había sido realizado al sólo efecto de interrumpir la prescripción de la acción penal, lo que tornaba nulo el acto. Además, señaló que no existía al momento el estado de sospecha requerido para proceder a indagar a una persona. El juzgado rechazó el planteo y la decisión fue confirmada por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
14-jun-2011Guallar (reg. N° 15069 y causa N° 6517)Por hechos cometidos entre 2004 y 2006 una persona fue condenada en 2007 a la pena de cuatro años de prisión. Además, por hechos cometidos en 2004, fue condenada por otro tribunal en 2006 a la pena de cinco años de prisión. La fiscalía solicitó que se unificaran las penas. Entonces, en 2008 el Tribunal Oral le impuso la pena única de ocho años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En el 2010 la primera pena venció.
24-oct-2014B, NJUna persona había sido imputada por las lesiones culposas ocurridas en un accidente de tránsito. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, la fiscal se opuso a la concesión del instituto. Para llegar a esa conclusión, consideró que, para otorgar la probation, el acusado debía ofrecer el pago del mínimo de la multa y su autoinhabilitación. Por otra parte, la querella estimó que la suma ofrecida por el imputado resultaba irrisoria. En consecuencia, el juzgado rechazó la solicitud. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
20-nov-2014Benítez Álvarez, Carlos EstebanLa defensa de Benitez Álvarez interpuso recurso de casación contra la sentencia que lo condenó y declaró reincidente por el robo de una bicicleta, considerada "vehículo dejado en la vía pública", a fin de agravar el robo.
15-dic-2014V, CSUna persona que se desempeñaba como oficial de la Gendarmería Nacional había sido imputada por el delito de lesiones culposas producidas en el marco de un accidente de tránsito. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Pese al dictamen favorable del fiscal de la causa, el juzgado rechazó la petición. Para decidir de ese modo, consideró que su calidad de funcionario público impedía la concesión del instituto. Contra aquella decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
13-ene-2015R, DSUna persona imputada por las lesiones culposas ocasionadas en el marco de un accidente de tránsito requirió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. Para eso, consideró que la probation en estos casos requería de un ofrecimiento de autoinhabilitación por parte del imputado. Sin embargo, el juzgado hizo lugar a la petición de la defensa. Contra esa resolución, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
19-ene-2015Choque Pinaya, ClaudioLa decisión de la Sala de feria de la CFCP tuvo lugar a partir de la presentación del recurso de casación y solicitud de habilitación de feria judicial presentado por la defensa de Choque Pinaya ante el rechazo, por parte del Tribunal Oral, de su solicitud de expulsión.
11-feb-2015CNJALa Cámara Penal del Centro Judicial Concepción había rechazado el pedido formulado por la Defensora de Menores e Incapaces del Centro Judicial Monteros de continuar en la representación de N.C. Ello, con fundamento en que el imputado había adquirido la mayoría de edad, motivo por el cual, a su criterio, debía cesar la intervención promiscua de la asesora. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán hizo lugar al recurso y revocó la resolución.
8-jun-2015CC, RHUn individuo que trabajaba como fletero había sido imputado por el delito de lesiones culposas causadas en el marco de un accidente vehicular. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. Argumentó que, frente a delitos que prevén la pena de inhabilitación, la única forma de aceptar la solución alternativa es mediante el ofrecimiento de autoinhabilitación. En consecuencia, el tribunal rechazó la solicitud. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
12-ago-2015CC, R (JCAF)En el año 2000 una mujer de nacionalidad boliviana ingresó a la Argentina, donde vivía su hermana. A los siete meses conoció a su pareja, con quien tuvo una hija. En agosto de 2008 fue condenada por un tribunal a la pena de cuatro años y seis meses de prisión. Por esa razón, cuatro meses más tarde, el Ministerio del Interior –en el marco de un expediente de la Dirección Nacional de Migraciones– declaró irregular su permanencia en el país y ordenó su expulsión y prohibición de reingreso por el término de ocho años. Contra esa resolución, interpuso un recurso de reconsideración. Al dictaminar sobre su procedencia, la Dirección de Asuntos Legales consideró que la situación de la actora encuadraba dentro de las excepciones del art. 29 in fine de la Ley de Migraciones. Sin embargo, el organismo rechazó la impugnación. Contra esa disposición, se interpuso un recurso de alzada, cuya denegatoria motivó la judicialización del caso.
30-mar-2016C, AMEUna persona había sido imputada penalmente por percibir indebidamente una pensión mediante la presentación de una carta apócrifa. Su defensa pidió la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal se opuso a la concesión del instituto. En consecuencia, el tribunal rechazó la probation. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
jun-2016Medidas cautelaresJurisprudencia sobre amparos y medidas cautelares
13-oct-2016CRN (causa Nº 810165)Una joven fue imputada por el delito de comercialización de estupefacientes. La causa estuvo en trámite durante diez años y seis meses. Durante este tiempo, no se ordenó la elaboración de ningún tipo de informe sobre las condiciones familiares o ambientales en que se encontraba la imputada. Tampoco se dispuso un tratamiento tutelar. Durante la etapa de juicio oral, la defensa planteó la nulidad de las actuaciones por no haberse aplicado el régimen penal de la minoridad.
14-dic-2016AV, DUna mujer detenida había realizado cuatro cursos de formación profesional. El primero contó con una carga horaria de 150 hs.; el segundo, 45 hs.; el tercero consistió en una jornada de un día y el último, de dos días. La defensa solicitó la aplicación del régimen de estímulo educativo. De acuerdo con este régimen, solicitó la reducción de los plazos a razón de dos meses por cada curso. El Tribunal Oral no hizo lugar a la solicitud. Para llegar a esa decisión, tuvo en cuenta que el art. 140 de la ley 24.660 establece la reducción de “dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente”. En ese sentido, consideró que el término “equivalente” refería a la extensión y no al contenido del curso. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
26-dic-2016S, PRUna persona había sido imputada por el delito de robo en grado de tentativa. La causa se sustanció de acuerdo al procedimiento de flagrancia (ley 22.272, modificatoria del CPPN). Durante la audiencia de clausura, prevista en el art. 353 quinquies, la defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio sin manifestar su oposición a lo solicitado por la defensa. La víctima no fue citada ni convocada a participar en la audiencia. El Juzgado de Instrucción rechazó el pedido de probation. Fundó su decisión en que el máximo de la escala prevista para el delito imputado superaba la establecida para la concesión del instituto. Contra la resolución, la defensa interpuso recurso de apelación.
18-ene-2017A, DAUna persona condenada por delitos de lesa humanidad sufría varias afectaciones graves en su salud. Entre otras cuestiones, se le dificultaba movilizarse (no podía caminar solo más de veinte metros). Por ese motivo, su defensa solicitó su prisión domiciliaria. El pedido, sin embargo, fue denegado. Frente a esta resolución, interpuso un recurso de casación. Acompañó a su pedido un informe médico del que surgía la inexistencia en el penal de instalaciones adecuadas para asistir a las personas con movilidad reducida. A su vez, adjuntó un dictamen favorable a la implementación de un sistema de vigilancia electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y reenvió las actuaciones para el dictado de una nueva resolución. La defensa puso al Tribunal Oral en conocimiento de dicha sentencia.
9-feb-2017AL, PR (PGN)Una persona extranjera fue condenada a la pena de un año y medio de prisión en suspenso por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Por ese motivo y en cumplimiento del inciso c del art. 29 de la Ley Nacional de Migraciones, la DNM dispuso su expulsión del territorio argentino. El juzgado de primera instancia dejó sin efecto la resolución. La DNM recurrió la decisión. La Cámara de Apelaciones hizo lugar a la impugnación y confirmó la expulsión. A tal fin, los camaristas identificaron dos causales diferenciadas para impedir el ingreso y permanencia de extranjeros en el país en el inc. c del art. 29. Por un lado, haber sido condenado o cumplir condena en la Argentina o en el exterior; por otro, tener antecedentes por delitos que merezcan una pena privativa de libertad de tres años o más en la legislación argentina. La defensa interpuso un recurso extraordinario federal contra la sentencia de la cámara de apelaciones.
28-abr-2017MMYUna mujer de nacionalidad extranjera había ingresado regularmente al país en 2007. Ese mismo año fue condenada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de contrabando de estupefacientes. En 2010 obtuvo la libertad condicional. A su vez, tuvo un hijo con su pareja. Si bien había cumplido la totalidad de la pena en 2011, en 2015 la Dirección Nacional de Migraciones le denegó la residencia permanente. La decisión se basó en la naturaleza del delito cometido y la condena oportunamente impuesta. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de reconsideración y solicitó la dispensa por razones de reunificación familiar. La DNM rechazó el pedido. La defensa apeló la decisión.
may-2017Probation (CFCP)Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal sobre suspensión del juicio a prueba
15-jun-2017BAHUna persona detenida tenía obesidad mórbida, diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías y problemas urológicos y endocrinológicos. El Cuerpo Médico Forense realizó un informe en el que señaló la necesidad de llevar a cabo medidas para que su salud no se vea afectada. Asimismo, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe médico del que se desprendía que el detenido no podía realizar actividades de la vida cotidiana y que sufría un empeoramiento progresivo en su estado general de salud. En este marco, la defensa solicitó su prisión domiciliaria. El Tribunal Oral rechazó el pedido. En su decisión, sostuvo que la situación no se encontraba prevista entre los supuestos para conceder de la prisión domiciliaria (art. 10 CP y 32 de la ley 24.660). Contra esa resolución, se interpuso un recurso de casación. El Cuerpo de Peritos y consultores Técnicos de la DGN presentó un nuevo informe en el que señaló que debían arbitrarse medidas conducentes para el tratamiento integral del paciente. En ese sentido, aconsejó que el tratamiento se cumpla en un hospital extramuros debido a que el SPF no contaba con el soporte multidisciplinario necesario.
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