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FechaTítuloResumen
7-dic-2006Van Der Velden v. Países BajosEn 2003, un hombre había sido condenado como autor de cinco robos bancarios y cuatro robos de automóviles a la pena de seis años de prisión. En ese entonces, se decidió su internación en una clínica psiquiátrica penitenciaria. Esa decisión se basó en dos informes médicos que indicaban que el sujeto tenía un alto riesgo de reincidir. En 2005, Países Bajos sancionó la Ley de Pruebas de ADN (personas condenadas), cuyo artículo 2.1. habilitaba la extracción de material genético a quienes hayan sido condenados a una pena de prisión de al menos cuatro años. Por su parte, el artículo 8.1 permitía la aplicación de esta medida a quienes tuvieran una medida privativa de la libertad vigente al momento de su sanción. En ese marco, el fiscal interviniente ordenó la extracción de material genético. Contra esa decisión, el hombre presentó un recurso. Entre sus argumentos, sostuvo que su perfil de ADN nunca había sido relevante en la investigación en su contra, por lo que no resultaba útil para la prevención, detección, enjuiciamiento y resolución de los delitos que pudiera haber cometido. Asimismo, afirmó que la extracción y conservación de su perfil de ADN equivalía a la imposición de una pena adicional posterior a su condena e impuesta por una ley que no se encontraba vigente al momento de los hechos por los que fue juzgado. En ese sentido, alegó la violación de los artículos 7 (afectación a la vida privada) y 14 (discriminación) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de apelaciones rechazó la objeción.
4-dic-2008S y Marper v. Reino UnidoUn niño de once años había sido detenido en Reino Unido por la supuesta comisión de un delito. Luego de la investigación, fue absuelto. Por otro lado, un hombre había sido denunciado por acosar a su pareja. Tiempo después, se reconciliaron y la causa fue archivada. En ambos procedimientos, la policía había tomado las huellas dactilares y muestras de ADN de los sospechados y las almacenó en su base de datos. Atento a lo resuelto en sus respectivas causas, los involucrados solicitaron la destrucción de la información personal. Entre sus argumentos, sostuvieron que las muestras vulneraban su derecho al respeto a la vida privada. En particular, destacaron que los registros de los datos genéticos del joven le provocaron estigmas sociales y daños psicológicos. Sin embargo, la fuerza de seguridad denegó la solicitud en base al artículo 64 de la Ley de Policía y Prueba Criminal (PACE). Al respecto, indicaron que la norma los autorizaba a conservar por plazo indefinido los datos biométricos tomados durante una investigación penal por motivos de seguridad.
20-ene-2009W v. Países BajosEn 2007, un adolescente de quince años había sido declarado responsable por un hecho de lesiones y condenado a una pena de detención juvenil que fue suspendida, 30 horas de servicio comunitario y 20 horas de formación educativa. En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió una orden para recolectar material biológico del joven a fin de ser incluido en una base de infractores. Contra la decisión de procesar y conservar su ADN en un registro público, el adolescente interpuso un recurso. Entre sus argumentos, sostuvo que la recolección de su material genético vulneraba sus derechos a la vida privada, interés superior y protección especial. Asimismo, afirmó que el fiscal no ponderó adecuadamente los intereses en juego. En particular, argumentó que no se tuvo en cuenta su corta edad, que el hecho consistió únicamente en un golpe de puño y que tenía un buen rendimiento escolar y no presentaba riesgo de reincidencia. El tribunal de apelación rechazó la impugnación.
4-jun-2013Peruzzo y Martens v. AlemaniaUna persona había sido condenada por varios delitos vinculados a estupefacientes en Suiza y Alemania. En la última causa, le impusieron una pena privativa de la libertad. Durante su detención, el Tribunal de Distrito de Friburgo ordenó la extracción de muestras de ADN. En la resolución, indicó que utilizarían la información para determinar su perfil genético y que luego sería destruida. Además, fundó la medida en el artículo 81.g del Código de Procedimiento Penal alemán que autorizaba la obtención de muestras biológicas cuando se habían cometido delitos de gravedad considerable o por la comisión reiterada de ilícitos, y existieren indicios de nuevos procesos penales en su contra. Sin embargo, la persona detenida impugnó la orden. No obstante, el tribunal de alzada confirmó la medida. Luego, interpuso un recurso de amparo, pero el Tribunal Constitucional Federal desestimó el recurso. Por otro lado, una segunda persona resultó condenada por tribunales alemanes y austríacos a penas de diferente naturaleza. En ese contexto, el Tribunal de Distrito de Nuremberg ordenó la extracción de muestras de ADN. Su decisión se fundó en el mismo artículo del Código de Procedimiento Penal alemán y aplicó la regla de la reincidencia. Los resultados de la extracción debían conservarse en la base nacional gestionada bajo la Ley del Comisionado Federal de Policía Criminal. Si bien la orden fue apelada, el Tribunal Regional de Nuremberg la confirmó. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de amparo. Sin embargo, el Tribunal Constitucional Federal rechazó el planteo.
22-sep-2017Aycaguer v. FranciaEn el marco de una manifestación agraria se produjeron enfrentamientos con la Gendarmería. Por esos hechos, una persona resultó condenada y optó por no impugnar la decisión a fin de calmar la situación. Luego, en base a un requerimiento de la fiscalía local, la policía le ordenó que facilitara una muestra de ADN. Ante su negativa, un tribunal penal le impuso una multa. La persona señaló que la toma de muestras para identificar su ADN y la duración de su almacenamiento implicaba una injerencia desproporcionada en su vida privada e impugnó la decisión. El tribunal de casación no hizo lugar a su recurso.
10-ene-2018NK v. Países BajosEn 2009, una adolescente de quince años había sido declarada responsable por un hecho de violencia pública y robo en asociación con otras personas, y condenada a treinta y seis horas de tareas comunitarias. En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió una orden para recolectar material biológico de la joven a fin de ser incluido en una base de infractores. Esa orden fue fundada en la Ley de Análisis de ADN. Si bien la joven imputada objetó la medida, la muestra fue recolectada. En consecuencia, se interpuso un recurso contra la medida. Entre sus argumentos, sostuvo que la recolección de su material genético vulneraba sus derechos a la vida privada, interés superior y protección especial. Asimismo, sostuvo que el caso se trataba de un delito leve y que podía entrar en la excepción prevista en la misma ley según la cual, por la naturaleza y escasa gravedad del delito, la toma de muestras podía suspenderse si la conservación del ADN del infractor no revistiera importancia para la prevención, detección o enjuiciamiento de los delitos cometidos por esa persona. En este sentido, afirmó que las órdenes de extracción de muestras eran expedidas automáticamente por la fiscalía sin un análisis del caso en concreto. El tribunal de apelación rechazó la impugnación. Para decidir de esa manera, afirmó que la ley no obligaba al fiscal a expresar el razonamiento según el cual la excepción no aplicaba al caso.
14-ago-2020Dragan Petrovic v. SerbiaUn anciano había fallecido como consecuencia de una golpiza. La policía recibió una denuncia por la supuesta participación de dos personas y, luego de dar intervención al juzgado de instrucción y a la fiscalía local, propuso allanar sus domicilios. El mismo día, pero a través de una presentación separada, la policía informó a la fiscalía que las dos personas habían participado del homicidio. En consecuencia, instó a la fiscalía a solicitar al juez de instrucción una orden para tomarles muestras de ADN a fin de compararlas con los rastros biológicos hallados en el lugar del hecho. El juez autorizó a la policía a obtener la muestra o, alternativamente y con presencia de un médico, una muestra de sangre por la fuerza en caso de que se resistiera. La decisión se basó en un artículo del Código Procesal Penal que habilitaba la extracción en caso de resultar médicamente necesaria a fin de establecer hechos de relevancia para la investigación. La toma de muestras de ADN de una de las personas denunciadas tuvo lugar en presencia de su abogado defensor, pero no se registró la medida conforme lo establecía la ley local. Como resultado, no se encontraron coincidencias entre la muestra de ADN y los rastros biológicos del lugar del hecho. Tras una serie de impugnaciones, el tribunal constitucional consideró que la medida había sido fundada y destacó la entrega voluntaria de la muestra.
4-jun-2021GJM (Causa Nº 2409)Una mujer se distanció de su cónyuge. Luego, comenzó una relación extramatrimonial con otro hombre y quedó embarazada. Sin embargo, a los pocos meses, ambos pusieron fin a la relación. Con posterioridad la mujer recompuso el vínculo con su esposo. Apenas se produjo el nacimiento, el cónyuge reconoció al niño y lo crió como propio. Sin embargo, el padre biológico mantuvo contacto con el niño a lo largo de su crecimiento. Por ese motivo, cuando alcanzó la mayoría de edad, el hijo inició una acción judicial contra quien lo había reconocido a fin de impugnar la paternidad. En dicha oportunidad, reclamó el reconocimiento a su progenitor biológico. Asimismo, el actor solicitó ser inscripto con los apellidos de los dos progenitores. Fundó su pedido en la pluripantentalidad y requirió al juez que declarara la inconstitucionalidad del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego, ambos demandados se presentaron y prestaron conformidad con lo solicitado.
31-mar-2022RGM (Causa N° 6061)Una mujer dio a luz a una niña, que fue reconocida por su pareja. Tiempo después, un hombre inició una acción judicial a fin de impugnar ese reconocimiento y ser emplazado como padre de la niña. En su presentación, manifestó ser el padre biológico y acompañó un estudio de ADN que lo corroboraba. Luego, la madre se presentó y solicitó el rechazo de lo solicitado. Por su parte, el progenitor demandado destacó que se había dedicado a la crianza de la niña desde su nacimiento y admitió que era el padre afín. Frente a dichos planteos, el juzgado interviniente ordenó que se practicara un nuevo examen genético, que confirmó la paternidad del actor. En consecuencia, hizo lugar a la acción, desplazó al demandado y emplazó al accionante como progenitor de la niña. Asimismo, dispuso la inscripción de la partida de nacimiento únicamente con el apellido materno. Ambos accionados apelaron la decisión y pidieron que se declarara la inconstitucionalidad de la parte final del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. En ese sentido, requirieron el reconocimiento del vínculo socio-afectivo entre la niña y el padre demandado, de manera tal que no se lo desplazara del estado filial. A su vez, solicitaron se adicionara el apellido del actor a la partida de nacimiento de su hija.
19-ago-2022GMM (CAUSA N° 21-11374982-9)Un hombre y una mujer mantuvieron una relación sexoafectiva por un breve período. Luego perdieron contacto. Dos años después, el hombre tomó conocimiento que la mujer había tenido una hija, y que había sido reconocida por su pareja. Sin embargo, el hombre le planteó a la mujer que tenía dudas sobre su posible paternidad. Por ese motivo, realizaron un estudio de ADN que confirmó el vínculo filial entre la niña y el hombre. En consecuencia, el hombre comenzó a visitar a su hija e inició una acción judicial a fin de impugnar el reconocimiento del padre legal y ser emplazado como progenitor biológico. La madre no cuestionó el pedido en virtud de los resultados de la prueba genética. Sin embargo, sostuvo que nunca pensó que la niña podía ser hija del actor. Agregó que el padre reconociente había cuidado siempre de la niña y que existía afecto recíproco entre ellos. En consecuencia, solicitó que se mantuviera el apellido paterno y que no se desplazara la filiación del progenitor legal. Por su parte, el actor se opuso a lo requerido, ya que indicó que la niña debía llevar el apellido de sus progenitores biológicos. En ese sentido, manifestó que el cambio de apellido paterno no le ocasionaría ningún daño por su corta edad. Con posterioridad, se presentó el demandado y pidió se reconociera la triple filiación en razón del interés superior de la niña. Entre sus argumentos, destacó que se había conformado un vínculo socioafectivo entre ambos. Por último, el juzgado dio intervención al equipo interdisciplinario para escuchar a la niña. En esa ocasión, ella pudo expresar que tenía dos papás.
6-sep-2022LLE (Causa N° 1292)Un hombre y una mujer tuvieron un hijo. Sin embargo, el niño fue reconocido por la pareja de la madre. Con posterioridad, los tres adultos acordaron compartir la crianza y asumieron las responsabilidades parentales correspondientes. En consecuencia, la madre –en representación de su hijo– inició una acción judicial para que fuera emplazado como hijo de su progenitor biológico. Sobre ese aspecto, aclaró que no pretendía desplazar al padre reconociente, ya que los tres adultos y el niño habían conformado una familia ensamblada. Por ese motivo, la actora solicitó se declarara la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación.
dic-2022La triple filiación en la jurisprudencia argentinaJurisprudencia nacional sobre triple filiación.
26-ene-2023VS – Ministerstvo na Vatreshnite RabotiEn el marco de un procedimiento penal, una persona que era investigada se negó a que la policía recogiera sus datos biométricos y genéticos a efectos de su registro. En consecuencia, las autoridades policiales realizaron una presentación que indicaba la concurrencia suficiente de pruebas de culpabilidad y solicitó al tribunal interviniente que autorizara la recogida forzosa. El Tribunal Penal Especial de Bulgaria planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre sus planteos, señaló dudas en cuanto a la compatibilidad del Derecho de la Unión –en particular la Directiva 2016/680– con las disposiciones legislativas y reglamentarias del derecho búlgaro aplicables al registro policial. Para llevar a cabo la medida, la normativa local consideraba suficiente la investigación por la comisión de un delito público doloso, mientras que el tribunal planteó si, en tales circunstancias, la persona que se ha negado a facilitar a la policía sus datos disponía del ejercicio de la tutela judicial efectiva y del respeto del derecho a la presunción de inocencia. Asimismo, señaló que la normativa interna presenta la realización de la medida con vistas a la protección de la seguridad nacional, la lucha contra la delincuencia y el mantenimiento del orden público. En cambio, no exigía una declaración sobre la necesidad concreta de recoger los datos biométricos y genéticos, ni apreciaba si alcanzaba con recolectar todos los datos o solo una parte de ellos.
28-nov-2024VS – Ministerstvo na Vatreshnite Raboti (II)A partir de un procedimiento penal en su contra, una persona que era investigada se negó a que la policía recogiera sus datos biométricos y genéticos para su registro. El Tribunal Penal Especial de Bulgaria planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre sus planteos, señaló dudas en cuanto a la compatibilidad del Derecho de la Unión –en particular la Directiva 2016/680– con las disposiciones legislativas y reglamentarias del Derecho búlgaro. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea concluyó que el artículo 10 de la Directiva 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo se oponía a una normativa nacional que estableciera la recogida sistemática de datos biométricos y genéticos sin obligar a la autoridad competente a comprobar y demostrar si esa recogida resultaba estrictamente necesaria para satisfacer los objetivos concretos perseguidos (enlace a la decisión – Raboti I). Asimismo, el Tribunal de Justicia indicó que, en el supuesto de que el Derecho nacional no garantizara tal control de la medida de recogida de datos biométricos y genéticos, correspondía al órgano jurisdiccional remitente garantizar la plena eficacia de dicho artículo 10 denegando la solicitud de las autoridades policiales de autorizar esa recogida forzosa. En ese marco, el órgano jurisdiccional local planteó una nueva petición a fin de consultar sobre las consecuencias de esa consideración. En particular, en lo que hacía a los efectos de pronunciarse sobre la solicitud de las autoridades policiales relacionada con la recogida forzosa de datos personales que se trata en el litigio principal.
20-nov-2025JH – La Policejní PrezidiumEn el marco de un procedimiento penal, a una persona se le habían tomado huellas dactilares, una muestra de saliva a partir de la que se creó un perfil de ADN y unas fotografías a pesar de su desacuerdo. En consecuencia, la Dirección de la Policía de República Checa introdujo esta información en bases de datos. La persona impugnó la realización de los actos de identificación y su conservación. El Tribunal Constitucional desestimó su petición. Luego, a raíz de otra presentación, el Tribunal Municipal de Praga ordenó a la policía que suprimiera de sus bases de datos la información personal resultante de esos actos. Ante la presentación de un recurso de casación por parte de la policía, tomó intervención el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo. Este tribunal planteó una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entre sus planteos, se preguntó si la Directiva 2016/680 se oponía a la recogida indiscriminada de datos biométricos y genéticos de cualquier persona sospechosa de haber cometido un delito doloso. A su vez, si se oponía a la conservación de datos biométricos y genéticos sin que se estableciera una limitación temporal. Por último, se preguntó si la jurisprudencia de los tribunales en lo contencioso-administrativo de República Checa podía calificarse de “Derecho del Estado miembro”.
7-may-2026GTVB. V. Países BajosEn 2018, un adolescente de catorce años había sido declarado responsable por dos hechos delictivos y condenado a cuarenta horas de tareas comunitarias. En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió una orden para recolectar material biológico del joven a fin de ser incluido en una base de infractores. Esa orden fue fundada en la Ley de Análisis de ADN (Personas Condenadas). Si bien el joven imputado objetó la medida, la muestra fue recolectada. En consecuencia, interpuso un recurso contra la medida. El tribunal de apelación consideró que el caso no se amparaba en las excepciones a la toma de muestras dispuestas por la ley y rechazó la impugnación. El adolescente presentó una demanda de compensación económica al Ministerio de Justicia y Seguridad, que también fue rechazada. Para decidir de esa manera, el ministro afirmó que existía un proyecto de ley que proponía modificar la Ley de Análisis de ADN con el fin de excluir a los jóvenes infractores condenados a menos de 40 horas de tareas comunitarias. Sin embargo, debido a que la condena impuesta era mayor, la conducta del joven se consideraba peligrosa. Por lo tanto, concluyó que la toma de muestras era justificada y resultaba proporcional a los fines preventivos de la ley.
28-oct-2026ADN y proceso penal. Registro de datos genéticos (internacional)Este boletín contiene una selección de la jurisprudencia internacional en torno a la recolección y el almacenamiento de material genético en el marco de procesos penales. En ese sentido, recopila decisiones del Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo.