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Título : NK v. Países Bajos
Autos: 
Fecha: 10-ene-2018
Resumen : En 2009, una adolescente de quince años había sido declarada responsable por un hecho de violencia pública y robo en asociación con otras personas, y condenada a treinta y seis horas de tareas comunitarias. En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió una orden para recolectar material biológico de la joven a fin de ser incluido en una base de infractores. Esa orden fue fundada en la Ley de Análisis de ADN. Si bien la joven imputada objetó la medida, la muestra fue recolectada. En consecuencia, se interpuso un recurso contra la medida. Entre sus argumentos, sostuvo que la recolección de su material genético vulneraba sus derechos a la vida privada, interés superior y protección especial. Asimismo, sostuvo que el caso se trataba de un delito leve y que podía entrar en la excepción prevista en la misma ley según la cual, por la naturaleza y escasa gravedad del delito, la toma de muestras podía suspenderse si la conservación del ADN del infractor no revistiera importancia para la prevención, detección o enjuiciamiento de los delitos cometidos por esa persona. En este sentido, afirmó que las órdenes de extracción de muestras eran expedidas automáticamente por la fiscalía sin un análisis del caso en concreto. El tribunal de apelación rechazó la impugnación. Para decidir de esa manera, afirmó que la ley no obligaba al fiscal a expresar el razonamiento según el cual la excepción no aplicaba al caso.
Decisión: El Comité de Derechos Humanos consideró que Países Bajos era responsable por la violación arbitraria del derecho a la vida privada y a un recurso efectivo (artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
Argumentos: 1. Derecho a la privacidad. Niños, niñas y adolescentes. Interés superior del niño. ADN. Régimen penal juvenil. “El Comité considera que la toma de material de ADN a los efectos de analizar y almacenar el material obtenido en una base de datos que podría utilizarse posteriormente para fines de investigación penal es suficientemente intrusiva como para constituir ‘injerencia’ en la vida privada de la autora con arreglo al artículo 17 del Pacto [ver TEDH, S. y Marper v. Reino Unido, sentencia de 4 de diciembre de 2008, párrs. 72 y 73]. Incluso aunque, como señala el Estado parte, el perfil de ADN de la autora fuese destruido posteriormente como consecuencia de la nueva condena en apelación, el Comité considera que la injerencia en la vida privada de la autora ya se había producido” (párr. 9.3). “El Comité recuerda que incluso las injerencias previstas en la ley deben estar en consonancia con las disposiciones, los propósitos y los objetivos del Pacto y han de ser razonables en las circunstancias particulares [Véase la observación general núm. 16 del Comité, párr. 4. Véase también S. y Marper, párr. 107]. El concepto de arbitrariedad incluye elementos de falta de idoneidad, injusticia, falta de previsibilidad y de las debidas garantías procesales [hay nota], así como consideraciones relacionadas con la razonabilidad, la necesidad y la proporcionalidad [hay nota]. Si bien aunque, en sociedad, la protección de la vida privada es necesariamente relativa, las autoridades públicas competentes solo deben poder obtener información referente a la vida privada de las personas si esa información es esencial en interés de la sociedad en el sentido que tiene con arreglo al Pacto [hay nota]. Incluso con respecto a las injerencias que son conformes al Pacto, en la legislación pertinente se deben especificar con detalle las circunstancias precisas en que podrán autorizarse esas injerencias. La decisión de recurrir a esa injerencia autorizada competerá solo a la autoridad designada por la ley, que la adoptará tras examinar cada caso en particular [hay nota]” (párr. 9.5). “Aunque el Estado parte ha proporcionado explicaciones sobre el contenido y la aplicación general de la Ley de Pruebas de ADN, no ha indicado los motivos por los que era necesario, en función del objetivo legítimo indicado por el Estado parte, someter a la autora a una prueba obligatoria de ADN, teniendo en cuenta su participación en actos delictivos y la naturaleza de estos […]. El Comité toma nota de la postura del Estado parte de que la toma de una muestra de tejido supone una injerencia mínima en la vida privada de la persona porque la muestra de tejido y el perfil de ADN se codifican y almacenan de forma anónima. No obstante, el Comité toma nota también de que la muestra de tejido y el perfil se conservan durante 30 años en caso de delitos graves y 20 años en caso de delitos menos graves” (párrs. 9.6 y 9.9). “Por último, el Comité toma nota del argumento del Estado parte de que la Ley no distingue entre niños y adultos, ya que no hay ninguna razón para hacer una distinción jurídica entre ellos a los efectos de prevenir, investigar y enjuiciar los delitos y que la Ley no es contraria al interés superior del niño. Sin embargo, el Comité considera que los niños se diferencian de los adultos tanto en su desarrollo físico y psicológico como por sus necesidades emocionales y educativas [hay nota]. Como se dispone, entre otros, en los artículos 24 y 14, párrafo 4, del Pacto, los Estados partes tienen la obligación de adoptar medidas especiales de protección [hay nota]. En particular, en todas las decisiones que se adopten en el contexto de la administración de justicia de menores, el interés superior del niño deberá ser una consideración primordial [hay nota]. Se debe prestar especial atención a la necesidad de proteger la vida privada de los niños en los procesos penales [hay nota]. Como explicó la autora, su edad nunca se tuvo en cuenta, ni siquiera durante todo el proceso de toma de muestras de tejido, cuando no fue informada de la posibilidad de oponerse a que le tomase la muestra un agente de policía, ni fue informada de la posibilidad de estar acompañada por su representante legal” (párr. 9.10).
2. Niños, niñas y adolescentes. Régimen penal juvenil. Recursos. “El Comité toma nota también de que la Ley no prevé un recurso contra la toma de una muestra de tejido sino solo contra la determinación y el procesamiento del perfil de ADN de la persona. El Estado parte alega que la persona puede solicitar un mandamiento de derecho civil para oponerse a la toma de una muestra de tejido alegando que, al obtener una muestra para la prueba de ADN, el Estado está cometiendo un acto ilícito. Sin embargo, el Estado parte no ha demostrado que un recurso de ese tipo sea eficaz, teniendo en cuenta, en particular, que la toma de una muestra de tejido es ‘lícita’ en el derecho interno. El Comité toma nota también de que no hay ningún recurso contra una decisión judicial por la que se desestime la impugnación del procesamiento del perfil de ADN de la persona” (párr. 9.8).
Tribunal : Comité de Derechos Humanos - CCPR
Voces: ADN
DERECHO A LA PRIVACIDAD
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
RÉGIMEN PENAL JUVENIL
Aparece en las colecciones: Jurisprudencia internacional

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