Buscar por Voces DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 3-sep-2015 | Almonacid, Gustavo Martín | El Juzgado de instrucción había entendido que resultaba aplicable a un caso de tenencia de estupefacientes en el ámbito carcelario la doctrina elaborada por la CSJN en el caso “Arriola”. En consecuencia, sobreseyó al imputado. A tal efecto, explicó que el lugar y el modo en que fue encontrada la sustancia estupefaciente (oculta dentro de un termo en el marco de un procedimiento de requisa), sumado a su escasa cantidad, permitían inferir que la tenencia tenía por objeto su consumo personal y que esa conducta era propia de la esfera íntima del imputado. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la decisión. En razón de ello, el fiscal interpuso recurso de casación. |
| 2-nov-2015 | DLG | Una persona se encontraba imputada por la presentación de documentación apócrifa correspondiente a mercadería exportada a través de tres permisos de embarque. La conducta fue calificada como contrabando. La defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En la audiencia celebrada en los términos del artículo 293 del CPPN, planteó la inconstitucionalidad del art. 865 del Código Aduanero, por considerar que los montos de pena allí establecidos violaban el principio de proporcionalidad. La fiscalía dictaminó de manera favorable a lo solicitado. |
| 5-nov-2015 | HNF | Una persona se encontraba imputada por el delito de contrabando agravado por tratarse de estupefacientes destinados a su comercialización en el extranjero y por la participación de tres personas. En el debate oral, la defensa solicitó, entre otras cuestiones, que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 872 del Código Aduanero. Dicha norma establece que la tentativa de contrabando será reprimida con las mismas penas que le correspondiera al delito consumado. El Tribunal Oral rechazó la nulidad y condenó al imputado. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-nov-2015 | Caballero Flores, Placida | Dos mujeres de nacionalidad boliviana habían sido contactadas por un hombre para trasladar sustancias estupefacientes mediante la modalidad de ‘mulas’ desde Bolivia hacia la provincia de Mendoza. Ambas eran madres solteras, de condiciones socio-económicas bajas, no poseían estudios y habían aceptado la propuesta para atender necesidades familiares. Las dos fueron detenidas en la Argentina. |
| 3-mar-2016 | A, JS | La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había declarado la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del art. 76 –cuarto párrafo– del Código Penal. Contra dicha resolución, el fiscal interpuso un recurso de inconstitucionalidad. |
| 6-abr-2016 | Suárez, Jorge Luis y otro | Dos personas habían sido requeridas a juicio por el delito de tenencia de estupefacientes (artículo 14 primera parte de la ley 27.737) al haberse encontrado en la celda que compartían dinero, papel para armar cigarrillos, y 19 unidades de marihuana compactada. En el acuerdo de juicio abreviado, el fiscal general modificó la calificación legal que se le asignó al hecho que se les atribuía. La acusación entendió que se trataba de una tenencia de estupefacientes para consumo personal, solicitó la declaración de inconstitucionalidad del artículo 14, segundo párrafo, de la ley mencionada y la absolución de los imputados. Una de las personas implicadas en el caso –Oviedo– no se presentó a la audiencia de visu, motivo por el cual se dispuso su rebeldía, captura y la suspensión de las actuaciones a su respecto. |
| 1-jun-2016 | G, F | Una persona sufrió un accidente de tránsito mientras viajaba como acompañante en una motocicleta y colisionó con un automóvil. La parte actora solicitó una medida cautelar autosatisfactiva (o de satisfacción inmediata) a los fines de que se ordene a la aseguradora demandada depositar a su favor la suma de ciento veinte mil pesos en concepto de pago de gastos sanatoriales. |
| 1-jul-2016 | Maretto, Matías Lucas Martín | El Servicio Penitenciario de Córdoba, mediante la Resolución de Tratamiento Nº 0108/16 determinó que el condenado debía permanecer en la fase de afianzamiento. Para llegar a tal decisión, alegó que el detenido no había cumplido con lo dispuesto en el art. 69, V, a) del Anexo IV del Decreto 344/08, es decir que se le exigía “la posibilidad de relacionar su compromiso en el acto ilícito y con las consecuencias tanto para sí mismo como para terceros”. Ante esta resolución, la defensa solicitó la nulidad, la incorporación de su asistido a la fase de confianza y la inconstitucionalidad de la norma reseñada. |
| 12-jul-2016 | García, Guillermo Nelson | La parte actora, beneficiaria de una jubilación anticipada que percibía bajo la modalidad de renta vitalicia, interpuso un amparo contra los Poderes Legislativo y Ejecutivo y MET AFJP, a los fines de que se restituya el régimen de capitalización que fue derogado por la ley 26.425, que instauró el denominado “Sistema Integrado Previsional Argentino”. A su vez, el accionante planteó la inconstitucionalidad de dicha norma. El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 4 rechazó la acción. La Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social confirmó la sentencia. |
| 9-ago-2016 | Molina, Juan Alfredo | Dos personas fueron detenidas durante un operativo en la vía pública. A raíz de ello se encontraron siete plantas de marihuana dentro del vehículo en el que circulaban. A su vez, luego de la detención y requisa, otra persona se presentó en el lugar e indicó que las plantas eran de su propiedad. La conducta de los tres fue calificada, provisoriamente, como cultivo de estupefacientes (art. 5° inc. a, ley 23.737). La defensa solicitó que se modifique la calificación a cultivo para consumo personal (art. 5, inc. a, penúltimo párrafo ley 23.737). De la misma forma, en el entendimiento de que dicha norma guarda el mismo espíritu que el segundo párrafo del art. 14 (tenencia para consumo personal), requirió se declare su inconstitucionalidad de conformidad con lo resuelto por la CSJN en el precedente "Arriola”. |
| 9-sep-2016 | Villarroel, Darío Fabián | Se le atribuyó a una persona ingresar a un local comercial y sustraer, mediante el empleo de un arma de fuego, dinero y un teléfono celular. Sin embargo, el arma que se le secuestró no coincidía con la que se utilizó en el hecho. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de tres años en suspenso por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otros argumentos, cuestionó la calificación legal aplicada. |
| 12-sep-2016 | P, PA y otro | Dos personas, una mayor de edad y un adolescente, fueron imputados por haber sustraído un vehículo dejado en la vía pública. El adolescente contaba con siete procesos judiciales previo que se resolvieron con la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado. Posteriormente, se sustanció un nuevo proceso judicial y se realizó un juicio oral por todos los hechos que se le atribuían. Durante el debate, el imputado asumió su responsabilidad por el último delito que se le adjudicó y el fiscal y el defensor acordaron la imposición de una pena única. El Tribunal Oral lo declaró penalmente responsable por los ocho hechos y lo condenó a una pena superior a la requerida por las partes. Asimismo, durante el debate, la persona mayor de edad intentó desvincularse del episodio. A tal fin, señaló que el adolescente había pasado por su casa luego de robar el automóvil. Sin embargo, el Tribunal Oral lo condenó como coautor del delito de robo agravado por tratarse de un vehículo dejado en la vía pública. Asimismo, también incrementó la pena de acuerdo a lo previsto en el art. 41 quáter CP. Sobre este punto, tuvo en cuenta la declaración en la que el imputado intentó descargar su responsabilidad en el joven. Ambas defensas interpusieron recurso de casación. |
| 22-sep-2016 | BEN | Una mujer que se desplazaba a bordo de su motocicleta falleció después de haber sido embestida por un vehículo. Sus familiares (esposo, madre e hijos) iniciaron una demanda por daños y perjuicios contra el conductor y su aseguradora. El juzgado de primera instancia hizo lugar al reclamo y extendió la responsabilidad a la citada en garantía en la medida del seguro. Los actores y la representante del Ministerio Público de la Defensa interpusieron recurso de apelación. |
| 24-oct-2016 | RCA c. GCBA y otros | Un joven con discapacidad inició una acción de amparo contra el GCBA y contra una escuela con el objeto de que se le entregue el certificado oficial de finalización de estudios secundarios y la documentación oficial escolar que corresponda en las mismas condiciones que a sus compañeros. Asimismo, solicitó que se ordene al Ministerio de Educación local que se abstenga de obstaculizar la entrega de su título y que se declare la inconstitucionalidad del art. 4 bis de la disposición 25/DGEGP/2011 y la restante normativa local que condiciona la entrega del título al cumplimiento de objetivos estándar contemplados en la currícula. Las demandadas solicitaron el rechazo de la pretensión del actor por considerar que el joven no se encontraba en condiciones de obtener el certificado de estudios solicitado conforme a la legislación y reglamentación vigentes por haber cursado el nivel secundario bajo la modalidad de "Proyecto pedagógico individualizado" (PPI). |
| 27-oct-2016 | Loyola, Sergio Alejandro | La Cámara Primera en lo Criminal de la provincia de Córdoba había rechazado el planteo de inconstitucionalidad de la escala prevista en el art. 5, inc. c) en función del art. 34 inc. 1º de la ley 23.737 deducido por la defensa. A su vez, declaró al imputado autor del delito de comercialización de estupefacientes y le impuso la pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de inconstitucionalidad. |
| 30-dic-2016 | SEM | Una persona cumplió dos tercios de la pena de ocho años de prisión que se le impuso por los delitos de robo agravado por su comisión con arma de fuego, portación de arma de guerra sin la debida autorización legal y homicidio criminis causae. La defensa requirió su incorporación al régimen de libertad condicional. El Consejo Correccional del Servicio Penitenciario emitió un informe favorable a su concesión. Por su parte, el Juzgado de Ejecución Penal rechazó la petición. Para decidir de ese modo, sostuvo que el delito por el que la persona había sido condenada –homicidio criminis causae– se encontraba dentro de los supuestos excluidos para la concesión del instituto solicitado, de acuerdo al art. 14 CP, segundo supuesto, y 56 bis de la ley Nº 24.660. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las normas aludidas. |
| 31-ene-2017 | NN | Personal policial de la ciudad de Necochea fue advertido de la presencia, en la playa, de cuatro mujeres que mostraban sus torsos desnudos. Luego de mantener un diálogo con ellas, las nombradas se colocaron sus trajes de baño. Minutos después, la comisión policial fue alertada a través de la línea 911 de que las mujeres habían vuelto a desnudarse. En razón de eso, los funcionarios regresaron y les pidieron que se alejaran del lugar, ya que se había generado un tumulto de personas que se manifestaban a favor y en contra de lo sucedido. Frente a esto, las mujeres alegaron que estaban siendo echadas de la playa. A raíz de lo ocurrido, se inició una causa penal por actos obscenos u ofensivos de la decencia pública (art. 70 decr. ley 8031/73). |
| 3-feb-2017 | T, VF (Dictamen PGN) | T., madre de un niño con discapacidad, solicitó a la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) la Asignación Universal por Hijo para Protección Social (AUH). La asignación fue concedida por un mes y discontinuada a fines de 2009. El organismo previsional revocó la prestación por considerar que, de conformidad con el artículo 9 del decreto 1602/09, existía una incompatibilidad entre la AUH y la pensión por discapacidad que percibía en los términos de la ley 10.205 de la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, T. inició un reclamo administrativo que, al ser rechazado, dio lugar a una acción de amparo. El juzgado de primera instancia hizo lugar a la acción y declaró la inconstitucionalidad del artículo 9 del decreto 1602/09. Sin embargo, la Sala A de la Cámara Federal de Rosario entendió que la acción de amparo era inadmisible por haber sido iniciada una vez transcurrido el plazo de caducidad previsto en el artículo 2, inciso e, de la ley 16.986. En este marco, la amparista interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 14-feb-2017 | E, JB | El artículo 179 de la ley Nº 20.744 obliga al empleador a habilitar salas maternales y guarderías para niños cuando alcance un número mínimo de trabajadoras que debe establecerse por vía reglamentaria. La falta de reglamentación motivó que dos personas y una organización no gubernamental iniciaran una acción de amparo y postularan la inconstitucionalidad de esa omisión estatal. El juzgado de primera instancia rechazó la acción. Los amparistas interpusieron, en consecuencia, un recurso de apelación. |
| 2-mar-2017 | CE, E (Amparo) | Una persona que padecía una disminución progresiva de la visión inició una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales) con el objeto de que se declare inaplicable e inconstitucional el artículo 1 inciso e. del decreto 432/97 (modificado por el decreto 582/2003), reglamentario del artículo 9 de la ley 13.478 y, en consecuencia, se le otorgue una pensión por invalidez. La normativa en cuestión establecía que los extranjeros debían contar con veinte años de residencia mínima continuada en el país para que se les conceda la pensión. El Juzgado Federal de Primera Instancia de Bell Ville no hizo lugar a la petición porque estimó que no había resolución del órgano competente que deniegue el pedido de pensión no contributiva solicitado. El amparista interpuso un recurso de apelación. |