Buscar por Tribunal Comité de Derechos Humanos - CCPR
Mostrando resultados 1 a 18 de 19
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 4-abr-1994 | Toonen v. Australia | Nicholas Toonen –ciudadano del Estado de Tasmania, Australia, y miembro destacado del Grupo de Reforma de leyes relativas a las personas homosexuales– impugnó dos disposiciones del Código Penal de Tasmania que criminalizaban diversas formas de contacto sexual entre hombres, aún cuando hubiesen tenido lugar de forma consentida y en privado. Dicha normativa facultaba a la policía a investigar aspectos íntimos de la vida privada de las personas y detenerlas si contaban con motivos para creer que participaron en actividades sexuales ilícitas. Por todo esto, Toonen denunció que Australia había violado, en su perjuicio, el párrafo 1 del artículo 2 y de los artículos 17 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. |
| 2-dic-2013 | Alekseev v. Rusia | El peticionario, Nikolai Alekseev, era homosexual y activista pro derechos humanos. De 2006 a 2008 el autor trató, junto con otros activistas, de organizar una serie de reuniones pacíficas (de orgullo gay) en Moscú, pero las autoridades municipales se lo prohibieron en todos los casos. El 11 de julio de 2008, el autor y otros dos activistas solicitaron al prefecto del Distrito Administrativo Central de Moscú autorización para celebrar una manifestación estacionaria, un piquete, frente a la Embajada de la República Islámica de Irán en Moscú. El objetivo de la concentración era manifestar inquietud por la ejecución de homosexuales y menores en dicho país y pedir la prohibición de esas ejecuciones. El autor informó a las autoridades del objetivo de la reunión y de la fecha, la hora y el lugar previstos para su celebración. Ese mismo día, el Subprefecto del Distrito Administrativo Central de Moscú denegó la autorización para la celebración del acto, por considerar que el objetivo del piquete provocaría una "reacción negativa en la sociedad" y podría conducir a "alteraciones del orden público por parte de grupos, que podrían entrañar peligro para los participantes". La legislación rusa no permitía imponer prohibiciones generales a la celebración de reuniones pacíficas, siempre que el fin de dichas reuniones se ajustara a los valores constitucionales. El Estado parte sostuvo que la denegación del permiso para celebrar el piquete era necesario en interés de la seguridad pública aunque los argumentos relativos a la seguridad se utilizaron como pretexto para denegar el permiso. |
| 2-dic-2013 | Sekerko v. Bielorrusia | El peticionario, Vladimir Sekerko, junto con un grupo de habitantes de la ciudad de Gomel, pidió permiso al Comité Ejecutivo de la ciudad de Gomel para celebrar actos multitudinarios en distintos lugares de la ciudad en protesta contra la supresión de las prestaciones sociales a las personas necesitadas. Las actividades previstas por el autor debían llevarse a cabo en zonas situadas frente al Palacio de la Cultura de la empresa privada unitaria Vipra y el Centro Comercial de Rechitskiy. La solicitud se presentó con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de actos multitudinarios de la República de Belarús, de 30 de diciembre de 1997. El 5 de diciembre de 2007, el Comité Ejecutivo de la ciudad denegó la autorización para celebrar dichos actos indicando que no se había facilitado en la solicitud toda la información requerida sobre su planificación y celebración, lo que infringía el artículo 5 de la Ley de actos multitudinarios. En su denuncia, el peticionario señaló que había aportado la información requerida acerca de la planificación y la celebración del acto en un documento adjunto a la solicitud presentada al Comité Ejecutivo de la ciudad de Gomel. En definitiva, el Comité Ejecutivo había restringido su derecho de reunión pacífica de forma injustificada y no aportaron ningún argumento sobre la necesidad de dichas restricciones en interés de la seguridad nacional, o de la seguridad o el orden público, ni para proteger la salud o la moral pública o los derechos y libertades de los demás. |
| 26-ago-2014 | Dorofeev v. Rusia | En el presente caso se analizó la petición formulada por Sergey Sergeevich Dorofeev, nacional de la Federación de Rusia nacido en 1973, que a la fecha de presentación de la comunicación cumplía una pena de 21 años de prisión en una penitenciaría estatal de Urdany en la región de Zubovo-Polyansky de la República de Mordovia (Federación de Rusia). El 11 de abril de 2006, el peticionario fue declarado culpable de haber cometido una serie de delitos, en particular el previsto en el artículo 105 del Código Penal (asesinato), que prevé la pena de muerte. El artículo 48 de la Constitución y el artículo 51 del Código de Procedimiento Penal, disponen -ante tales circunstancias- la asistencia de un abogado defensor como disposición obligatoria en primera instancia y en la instancia de casación. Nunca se le informó de su derecho a tener un abogado que lo representara por lo que no pudo contar con asistencia letrada, mientras que el otro acusado estuvo representado por dos abogados. El 26 de noviembre de 2007, el peticionario interpuso ante el Fiscal de Moscú un recurso de revisión (control de las garantías procesales) de su caso sustentado en la vulneración de su derecho de defensa por el Tribunal de Casación. Dicho recurso fue desestimado; al igual que los otros cinco intentos que realizó posteriormente. Recién cuatro años y ocho meses después pudo obtener una rectificación de la sentencia y subsanar la vulneración de su derecho de defensa. El peticionario participó en la audiencia de Casación mediante videoconferencia, pese a que había solicitado participar en persona y que, por tanto, no tuvo oportunidad de pedir asesoramiento a su abogada en relación con los alegatos que el fiscal presentó al tribunal. |
| 12-may-2015 | Khadzhiev v. Turkmenistán | En el año 2006, el señor Khadzhiev –activista y defensor de derechos humanos- fue detenido ilegalmente por agentes de seguridad estatales y trasladado a un centro de detención del Ministerio de Seguridad. Aunque en los primeros días que estuvo detenido no se le informó de los motivos por los que había sido privado de la libertad, se le comunicó –posteriormente– que estaba acusado de conspiración y venta ilegal de armas. No quedó ningún registro oficial de su detención ni se le permitió comunicarse con su familia ni reunirse con su abogado hasta pasados cinco días de su aprehensión. Mientras permaneció detenido, fue torturado y maltratado para obligarlo a declararse culpable. Compartió celda con once personas en 6 m2 en un lugar en el que la temperatura rondaba los 50º C. y se le denegó alimento y acceso a asistencia médica. Durante los dos primeros años de cárcel se lo mantuvo incomunicado. Su familia no tuvo información de su paradero y se le negó el derecho a recibir visitas y a intercambiar correspondencia. Durante ese tiempo, presentó distintas denuncias ante las instituciones judiciales locales que fueron ignoradas. |
| 15-jun-2015 | Mansour Leghaei v. Australia | El señor Leghaei había llegado por primera vez a Australia en 1994 y contaba con dos visados temporales que le permitían trabajar como líder religioso musulmán (sheij) y entrar y salir del país. En noviembre de 1996, solicitó un visado de carácter permanente para que se incluyeran a su esposa y a sus hijos como personas a su cargo. Ambos visados fueron denegados con el pretexto de que, según la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (OAI), el requirente constituía una amenaza para la seguridad nacional. En octubre de 1997, la decisión fue confirmada por la Oficina de Revisión Interna del Departamento de Inmigración y Asuntos Multiculturales. En dicha decisión no se mencionó el motivo por el que era considerado una amenaza ni se le comunicó la existencia de testigos que den cuenta de su supuesta peligrosidad. Un mes más tarde, el peticionario solicitó que el Tribunal de Examen de Asuntos de Inmigración revisara la decisión. Todos los recursos judiciales que presentó fueron desestimados. |
| 17-ago-2015 | JNGP v. Uruguay | En la presente comunicación, el peticionario JNGP había formado parte de la Armada como teniente coronel durante el régimen “cívico-militar”, siendo el responsable de implementar y ejecutar las acciones propias de la Operación Cóndor en el país. En 2006, se inició un proceso penal contra el peticionario que culminó en 2009 con la condena a 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 28 personas. El peticionario denunció ante el Comité de Derechos Humanos que los procesos judiciales llevados a cabo en su contra se realizaron sin respetar ciertos institutos básicos del derecho penal como la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada y el non bis in idem. De la misma manera, alegó la violación del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y cuestionaron la denegación de su solicitud de cumplir la pena de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. El Comité concluyó que el proceso penal seguido contra el peticionario no violó los derechos que le asisten en virtud del artículo 14, párrafo 1, del Pacto” (párr. 9.6). |
| 17-ago-2015 | Evrezov v. Bielorrusia | A mediados de agosto de 2007, el peticionario presentó una solicitud al Comité Ejecutivo de Distrito de la ciudad de Zhlobin para formar un piquete, días más tarde, junto a otros ciudadanos. Todo ello con el fin de protestar contra el encarcelamiento por motivos políticos del señor Kozulin, excandidato presidencial. Dicho Comité decidió prohibir el acto, aduciendo que el propósito declarado de la manifestación iba en contra de una sentencia judicial según la cual la pena impuesta al señor Kozulin no guardaba relación con sus opiniones políticas. Dicha decisión fue recurrida ante el Tribunal de Distrito, la cual fue desestimada un par de meses más tarde. El tribunal señaló que la negativa a autorizar el piquete era legal y estaba justificada. El peticionario recurrió en casación, aunque se confirmó la decisión adoptada en primera instancia y no se dio lugar al recurso. |
| 9-dic-2015 | Pavel Selyun v. Bielorrusia | En el año 2012, Pavel Seylun fue detenido por orden de un fiscal acusado de dos asesinatos, robo, sustracción de pasaporte o de otros documentos importantes y mutilación de un cadáver. Transcurrieron más de seis meses hasta que compareció ante un juez. Durante ese periodo se lo sometió a malos tratos. Entonces, se lo interrogó sin haberle permitido acceder a un abogado defensor y se le sugirió que cooperara a cambio de una reducción de la pena que se le impondría; en ese marco, confesó haber sido responsable de los hechos que se investigaban. Con posterioridad, puso de manifiesto las condiciones en las que estuvo detenido y denunció ante el tribunal que las confesiones que firmó se obtuvieron mediante tortura, por lo que solicitó que no sean utilizadas como prueba. La denuncia fue ignorada. Finalmente, el Tribunal Regional lo condenó a la pena de muerte. |
| 14-dic-2015 | GCAA v. Uruguay | En la primera de las comunicaciones, el peticionario GCAA había formado parte de la Junta de Oficiales Generales y la Junta de Comandantes en Jefe del régimen “cívico-militar” que gobernó Uruguay hasta el 28 de febrero de 1985. En 2007, un grupo de personas presentó una denuncia contra varios mandos de aquel gobierno en la que alegaron que, en el marco de traslados realizados en forma clandestina por miembros de las Fuerzas Armadas en 1977 y 1978 (Operación Cóndor), sus familiares habían sido víctimas de desaparición forzada. En consecuencia, se llevó a cabo un proceso penal contra el peticionario que culminó con la imposición de una pena de 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 37 personas. En la segunda comunicación, el peticionario J.N.G.P había formado parte de la Armada como teniente coronel durante el régimen “cívico-militar”, siendo el responsable de implementar y ejecutar las acciones propias de la Operación Cóndor en el país. En 2006, se inició un proceso penal contra el peticionario que culminó en 2009 con la condena a 25 años de prisión por el delito de homicidio muy especialmente agravado en reiteración real cometido contra 28 personas. Ambos peticionarios denunciaron ante el Comité de Derechos Humanos que los procesos judiciales llevados a cabo en su contra se realizaron sin respetar ciertos institutos básicos del derecho penal como la prescripción, la irretroactividad de la ley penal, la cosa juzgada y el non bis in idem. De la misma manera, alegaron la violación del debido proceso, el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial y cuestionaron la denegación de su solicitud de cumplir la pena de prisión en régimen de reclusión domiciliaria. |
| 12-may-2016 | Mejdoub Chani v. Argelia | Mejdoub Chani residía en Luxemburgo y contaba con doble nacionalidad (argelina y luxemburguesa). Fue detenido el 16 de septiembre de 2009 por agentes de control de fronteras en el aeropuerto de Argel para “examinar su situación”. Permaneció 20 días recluido e incomunicado en un lugar desconocido, sin poder contactar a sus familiares ni a un abogado. Durante ese periodo se lo interrogó a cualquier hora del día o de la noche, fue intimidado y sometido a una gran presión física y psicológica. Posteriormente, Chani pasó a estar en detención preventiva, acusado oficialmente de delitos relacionados con una operación de corrupción en el contexto de la construcción de una autopista. Varias etapas del procedimiento penal se resolvieron de manera sumaria, en un solo día. El peticionario denunció ante las autoridades correspondientes la detención arbitraria que se le impuso, que fue sometido a tortura y que confesó el delito que se le atribuía en ese marco. La denuncia fue archivada sin hacerlo comparecer ni emprender una investigación de los hechos. |
| 13-may-2016 | YM v. Rusia | YM fue declarado culpable de varios delitos por el Tribunal Regional de Sverdlovsk. En consecuencia, se lo condenó a la pena de 25 años de prisión. Desde el primer día de juicio, el nombrado denunció que no se le había dado la oportunidad de estudiar el sumario de la causa penal, por lo que no pudo preparar su defensa. El tribunal, sin embargo, ignoró sus reclamos. Además, se le negó la posibilidad de ser representado por un abogado de su elección y se le impidió a su madre y a sus hijos concurrir a las audiencias. En el marco del juicio oral, el juez dio lectura a un escrito de la acusación e hizo preguntas a los testigos en lugar del fiscal. Por otra parte, YM, en la primera audiencia del juicio solicitó un perito y seis testigos adicionales. No obstante, el tribunal rechazó la petición. |
| 11-jul-2016 | Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina | Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Argentina (CCPR/C/ARG/CO/5), examinadas por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y aprobadas el 11 de julio de 2016. |
| 5-ago-2016 | Informe provisional del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (ONU) | Informe provisional del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (A/71/298) del 5 de agosto de 2016. |
| 29-sep-2016 | DT y AA v. Canada | Una mujer de nacionalidad nigeriana contrajo matrimonio en 2003. Mientras se encontraba embarazada su marido falleció y atravesó una conflictiva situación familiar. Por tal razón, decidió partir a Canadá, donde tuvo a su hijo, AA. El niño padecía diversos trastornos de salud, entre ellos, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad por el que tomaba medicación y se le diseñó un plan de intervención especial en el ámbito educativo sujeto a supervisión constante. En este marco, efectuó una petición de asilo que fue rechazada. AA podía permanecer en Canadá y beneficiarse de los servicios de atención de salud y educación especial que necesitaba. Sin embargo, esto hubiese provocado la separación del niño y su madre, que era su única cuidadora. Ella, finalmente, fue expulsada de Canadá, por lo que ambos abandonaron ese país en agosto de 2011. |
| 3-ene-2017 | I Elpida y Stylianos Kalamiotis v. Grecia | En 1995 y 1996, el Departamento de Planificación Urbana de la entonces Prefectura de Atenas decidió que el asentamiento de viviendas romaníes ubicadas en el municipio de Halandri, situado en el área metropolitana de Atenas, eran ilegales y debían ser demolidas. La decisión se intentó ejecutar en 1999. Sin embargo, se suspendió después de que intervinieran las autoridades municipales y se declarara que el Estado debía, primero, encontrarles una ubicación alternativa a las personas que residían en esa zona. Posteriormente, el Ministerio del Interior respondió que el Estado no podía financiar proyectos de vivienda para los romaníes debido a la crisis financiera. Los peticionarios no desocuparon sus viviendas debido a que carecían de recursos económicos y esperaron que el Estado los reubicara. Las autoridades declararon repetidamente que sus hogares no cumplían las normas de vivienda adecuada porque no tenían electricidad ni agua corriente. |
| 30-ago-2018 | Toussaint v. Canadá | Nell Toussaint, nacido en Granada, ingresó a Canadá como visitante legal en 1999. Sin embargo, decidió quedarse a vivir y trabajar en ese país sin haber gestionado la habilitación correspondiente. En 2005 comenzó el proceso para regularizar su estatus migratorio. Dicha tramitación se retrasó debido a que no podía pagar las tarifas que se le exigían. Mientras este proceso estaba pendiente, su salud se deterioró a punto de tal de encontrarse en peligro su vida. Se le diagnosticó una embolia pulmonar y sufrió complicaciones de una disfunción renal y diabetes. Aunque estas enfermedades requerían de tratamiento médico, tuvo acceso limitado a la atención médica de emergencia y se le negó el acceso al Programa Federal de Salud Interino de Canadá. Esto, debido a su estatus migratorio irregular. Después de impugnar sin éxito la decisión de limitar el acceso al sistema de salud, la peticionaria recurrió al Comité de Derechos Humanos. |
| 18-dic-2018 | Arias Leiva v. Colombia | Entre 2005 y 2009, el peticionario se desempeñó como Ministro de Agricultura de Colombia y estuvo a cargo de un programa llamado “Agro Ingreso Seguro” (AIS). Con el fin de implemen-tar y ejecutar parte de este programa, suscribió diversos convenios de cooperación científica y tecnológica con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En determinado momento, se comenzó a investigar si habían tenido lugar irregularidades en la gestión del pro-grama. En marzo de 2010, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Na-ción concluyó que no; la Contraloría General se pronunció en el mismo sentido. Sin embargo, en julio de 2011, el peticionario fue sancionado administrativamente por la Procuraduría General de la Nación. Al poco tiempo, en el marco de una investigación originada en una denuncia presentada en 2009, la Fiscalía General de la Nación formuló ante el Tribunal Superior de Bogotá una imputación contra el peticionario, en su calidad de exministro. En octubre de 2011, la Fiscal General lo acusó formalmente y solicitó su detención preventiva. Aunque el peticionario requirió su libertad, el tribunal entendió que podía influir sobre los testigos del caso y rechazó el requerimiento. El 17 de julio de 2014, la Corte Suprema de Justicia lo condenó a la pena de 209 meses de prisión y le impuso una multa de 30.800.000.000 de pesos. Además, ordenó la interdicción de sus derechos públicos por el mismo lapso de la pena principal e inhabilitación pare el ejercicio de funciones públicas. La sentencia no fue susceptible de impugnación y solo cinco de los ocho magistrados de la Corte participaron en el proceso penal. |