Buscar por Voces SENTENCIA CONDENATORIA
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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 9-nov-2011 | C, SE | Una persona se encontraba detenida e imputada por el delito de abuso sexual agravado en provincia de Buenos Aires. A su vez, fue imputada por una infracción a la ley de marcas y patentes. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El fiscal se opuso a la concesión del instituto. Argumentó, en este sentido, que la gravedad del delito por el que se encontraba detenido en sede provincial obstaba a esa posibilidad. El tribunal oral consideró vinculante el dictamen y rechazó la probation. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 17-may-2012 | V, ER | El tribunal había concedido la suspensión del juicio a prueba a una persona por el plazo de un año y ocho meses. El juzgado de ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta en abril de 2009. Sin embargo, el tribunal oral suspendió el tratamiento de la situación procesal del imputado hasta que se resuelva su situación en otro proceso en el que se encontraba involucrado. Contra esa disposición, la defensa interpuso un recurso de casación que, rechazado, motivó la interposición de un recurso de queja. |
| 23-nov-2012 | Mohamed v. Argentina | El 16 de marzo de 1992 el señor Oscar Alberto Mohamed, durante sus horas laborales como conductor de colectivos en la ciudad de Buenos Aires, atropelló a una señora, quien a causa de las lesiones falleció. Ese mismo día se inició un proceso penal contra el señor Mohamed por el delito de homicidio culposo. El régimen procesal penal aplicado fue el regido por el Código de Procedimientos en Materia Penal de 1888, con sus respectivas modificaciones. En primera instancia fue absuelto. En segunda instancia el tribunal revocó la decisión absolutoria y lo condenó. Ante esta situación, el recurso disponible era el recurso extraordinario federal; ya habiendo agotado los recursos penales ordinarios. Sin embargo, este recurso fue desestimado. El señor Mohamed fue despedido de su empleo como chofer de colectivo, en razón de su inhabilitación penal para conducir. |
| 30-ago-2013 | C, LA | En el mes de febrero del año 2009, el tribunal oral le concedió a una persona la suspensión del juicio a prueba por el término de tres años. En julio del año 2012, el juzgado de ejecución tuvo por cumplidas las reglas de conducta. En mayo de 2012, un Juzgado Correccional condenó a la misma persona a la pena de tres meses de prisión de ejecución condicional por un hecho cometido en el año 2010. Frente a esa situación, el tribunal le revocó la probation. Contra esa resolución, la defensa un interpuso recurso de casación. |
| 11-nov-2013 | GC, JD | En el año 1991, en virtud de una disposición judicial uruguaya, un hombre de esa nacionalidad ingresó a la Argentina con el objeto de vivir con tu tía materna. Luego, migró al país su núcleo familiar completo, compuesto por su padre, la esposa de éste y sus hijos. En 2004 fue condenado por un tribunal a la pena de un año de prisión en suspenso. La Dirección Nacional de Migraciones –en marzo de 2009– rechazó su requerimiento de residencia permanente y canceló la residencia precaria que le había emitido, declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso por el término de cinco años. La determinación fue impugnada en sede administrativa y judicial. |
| 6-nov-2014 | C, CA | AGREGAR |
| 27-nov-2014 | Carrascosa, Carlos Alberto | La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó sin efecto una sentencia de la Sala Primera del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires que había condenado a una persona a la pena de prisión perpetua por considerarlo coautor del delito de homicidio agravado por el vínculo y que no había hecho lugar a los agravios presentados por la defensa, por entender que el agravio federal no había sido encausado por la vía recursiva correspondiente. |
| 6-mar-2015 | FH, DS | Una persona extranjera, padre de tres niñas argentinas, había sido condenada en 1996 a una pena de prisión. En 1998, mientras se encontraba en libertad condicional, la DNM le otorgó la residencia precaria, que se prorrogó hasta el 2000, año en el que vencía la pena impuesta. En 2006, pese a que el condenado había solicitado la permanencia en el país, la DNM dispuso su expulsión y prohibición de reingreso al territorio nacional. Contra esta decisión, el afectado interpuso una demanda en el fuero contencioso administrativo federal para que se revoque la determinación de la DNM. El juez de primera instancia hizo lugar al planteo. El representante del Estado Nacional impugnó la decisión. |
| 13-mar-2015 | C, B | Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada en 1998 a la pena de seis años y cinco meses de prisión. En 2002 contrajo matrimonio con un hombre argentino con el que tuvo un hijo. Durante doce años el Estado le prorrogó repetidas veces la residencia precaria hasta que, en mayo de 2012, el Ministerio del Interior dispuso su expulsión. Ante esto, la defensa, en nombre del esposo de la mujer, presentó una acción de amparo que, al ser rechazada, motivó la interposición de un recurso de apelación. |
| 31-mar-2015 | BR, ZC | En 1999, una persona extranjera había sido condenada a la pena de seis años de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada. En 2006, solicitó la residencia en el país ante la DNM en el marco del Programa Nacional de Normalización Documentaria Migratoria para nativos de países del Mercosur y Asociados. A tal efecto, acreditó que vivía desde hacía veinte años en Argentina, tenía su grupo familiar en el país (madre, marido, hermano y sobrinos) y que, luego de cumplir la condena penal, se había reinsertado en la sociedad y contaba con un trabajo. La autoridad migratoria rechazó el pedido y ordenó su expulsión del país y la prohibición de reingreso por el término de quince años (conf. art. 29 inc. c, ley Nº 25.871). Ante el recurso directo presentado por la actora en sede judicial, la jueza de grado rechazó la demanda. Contra esa resolución, la accionante interpuso recurso de apelación. |
| 7-may-2015 | Granda Taboada, Ricardo | El Tribunal Oral había resuelto no entregar la motocicleta solicitada por el imputado y proceder a su decomiso, luego de haber dictada la sentencia condenatoria y siendo que no había sido expresamente pactado en el juicio abreviado. A tal fin, el tribunal sostuvo que el decomiso, por ser accesorio a la pena principal, no puede ser producto de negociación entre las partes; además, entendió que al disponerlo no agravaba la pena. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 18-jun-2015 | Muñoz, Michael Rosado | El tribunal oral había revocado la suspensión del juicio a prueba que se le otorgó al imputado. Ello, al constatar el dictado por parte de otro tribunal de una sentencia de condena por un hecho cometido durante el plazo por el que se había concedido la probation. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 24-ago-2015 | Vetti, Fernando Maximiliano | El Tribunal Oral –al dictar sentencia– dispuso el decomiso de la motocicleta del imputado. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto entre las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 21-sep-2015 | EN, WL | Una persona de nacionalidad peruana residía en Argentina desde el año 2001. En 2003 fue condenada a la pena de tres años de prisión en suspenso por el delito de falsificación de documento nacional de identidad, en concurso real con el de adulteración de documento nacional de identidad. Ante esta situación, la Dirección Nacional de Migraciones encuadró su situación en el art. 29. inc c) de la Ley de Migraciones, declaró irregular su permanencia en el país, ordenó su expulsión una vez cumplida la pena que se le impuso y prohibió su reingreso por el término de ocho años. El peticionario trabajaba en una fábrica; sin embargo, fue despedido porque no se le renovó la radicación temporaria. El caso fue judicializado. |
| 30-oct-2015 | Ivanov, Valeriy | El Tribunal Oral había rechazado la excarcelación de una persona condenada por una sentencia que aún no había adquirido firmeza (se encontraba pendiente de resolución el recurso de queja interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Para así decidir, el tribunal aplicó de manera supletoria el último párrafo del artículo 285 del CPCCN por entender que el CPPN no contenía ninguna referencia a los efectos del rechazo del recurso extraordinario. Por otra parte, enunció una serie de elementos que hacían presumir que el condenado intentaría eludir la acción de la justicia. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 21-dic-2015 | Vañek, Antonio y otros | El Tribunal Oral, con el dictado de una sentencia de condena, revocó la prisión domiciliaria que se les había concedido a los imputados y ordenó la realización de estudios médicos para determinar el establecimiento más adecuado para el cumplimiento de las penas. Como resultado de esa decisión, se dispuso su ingreso en una unidad carcelaria. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 26-feb-2016 | Navalnyy y Ofitserov v. Rusia | En el año 2009, una empresa estatal rusa, Kirovles, comenzó a registrar importantes pérdidas económicas. En consecuencia, el gobernador de la región convocó al abogado y líder de la oposición para que ayudara a la empresa a salir de la crisis. Luego de discutir el asunto con su director, el señor X, se firmó un contrato con otra empresa (VLK) creada al solo efecto de atraer nuevos clientes. Dicho contrato estipulaba que Kirovles vendería sus productos a VLK para comercializarlos con sus clientes a cambio de una comisión. Meses más tarde, el señor X fue despedido por mala gestión y el contrato con VLK culminó. En el año 2012, poco después de que uno de los implicados en la contratación hubiera publicado un artículo que contenía acusaciones contra el jefe del comité investigador, se inició un proceso por la presunta conspiración para disipar activos de la empresa estatal. En este marco, el señor X suscribió un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado. Otro de los imputados apeló la decisión por entender que era perjudicial para el resultado de su juicio. El tribunal rechazó el planteo por considerar que no contaba con legitimidad para impugnar la resolución. En oportunidad de llevarse a cabo el juicio oral contra el resto de los sujetos implicados en el caso, éstos reclamaron que la sentencia contra el señor X no sea tenida en cuenta como prueba. Tal planteo fue desestimado. Durante el desarrollo de la audiencia, el señor X fue convocado a declarar en calidad de testigo y, antes de que la defensa hiciera el con-tra-examen, se le leyó su declaración como imputado. Esto fue objetado por los peticionarios con fundamento en que, al brindar tal declaración, el señor X no estaba obligado a decir la verdad. El tribunal rechazó el planteo y condenó a los dos imputados. A uno de ellos por organizar el robo de activos y al otro por facilitarlo. |
| 29-feb-2016 | GA | El Tribunal Oral imputó a una persona por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Por este mismo hecho, un coimputado había sido condenado por otro tribunal a una pena de prisión de efectivo cumplimiento. La defensa del primero solicitó la suspensión del juicio a prueba por escrito y se comprometió a ofrecer una suma de dinero en concepto de reparación. A su vez, reeditó el planteo al comenzar la audiencia de juicio. La fiscal se opuso a la probation. A tal fin, afirmó que la escala del delito imputado no permitía su concesión. El tribunal rechazó la solicitud del imputado. Argumentó que, por un lado, la opinión fiscal era vinculante y, por otro, que la materialidad de los hechos no podía ser discutida, dada la sentencia respecto del consorte de causa. Contra esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 23-mar-2016 | A, DI | En 2011, el tribunal oral había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre otras reglas, fijó el pago de una suma en concepto de reparación y la realización de tareas comunitarias. Luego, en 2012, se imputó al probado por la presunta comisión de un nuevo hecho delictivo. En 2013, ante la falta de cumplimiento de las pautas mencionadas, el tribunal extendió el plazo de supervisión por ocho meses más. Transcurrido ese tiempo, el fiscal dictaminó que, teniendo en cuenta que el imputado había cometido un delito durante el período de prueba de la probation, correspondía revocarla. Sin embargo, el tribunal dispuso la extinción de la acción penal. Contra esta decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |