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Fecha | Título | Resumen |
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14-ago-2014 | Vergara, Carlos Martín c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba (dictamen PGN) | En este caso, los actores -hijos del causante, uno de ellos mayor de edad y dos hijas menores de edad- reclamaron un pago único reparatorio, con sustento en la Ley de riesgos del trabajo N° 24.557, en razón del siniestro in itinere en el que falleció su padre -agente policial de la provincia de Córdoba-, en el trayecto de su casa al destino donde debía prestar servicios. El juez de grado rechazó la demanda por falta de prueba. Contra dicha decisión, los actores interpusieron el recurso de casación con fundamento en que la parte demandada no cumplió con la aplicación de la Ley de riesgos del trabajo, en tanto no dictó acto alguno para ingresar a su régimen -como asegurado o autoasegurado-, con lo que adoptó una postura irregular que obliga a los empleados de la provincia a iniciar un trámite sui generis para instar las prestaciones del sistema. También indicaron que dicho expediente fue extraviado por el Estado provincial quien alegó ese extremo como defensa para eximirse de responsabilidad. La sala laboral del Tribunal Superior de Justicia provincial declaró inadmisible el recurso con base en que no se había acreditado el momento del siniestro y su modalidad. Asimismo, dicho Tribunal dispuso la suspensión del juicio en razón del deceso del abogado de la parte actora, el cese de la intervención del representante pupilar -por haber adquirido la mayoría de edad la más joven de las hijas- y ordenó la presentación de los actores. Éstos interpusieron el recurso federal que fue denegado y dio lugar a la interposición del recurso de queja. |
12-sep-2014 | L, MG | El Juzgado de Paz de Villa Nueva había dispuesto el allanamiento de una finca a fin de secuestrar un arma de fuego. La orden no contenía fundamentación alguna. Ante el hallazgo sorpresivo de material estupefaciente y posterior detención de una persona que vivía en el domicilio allanado, no se le dio intervención al Juzgado Federal correspondiente. La defensa solicitó la nulidad de todo lo actuado. |
19-ene-2015 | Choque Pinaya, Claudio | La decisión de la Sala de feria de la CFCP tuvo lugar a partir de la presentación del recurso de casación y solicitud de habilitación de feria judicial presentado por la defensa de Choque Pinaya ante el rechazo, por parte del Tribunal Oral, de su solicitud de expulsión. |
19-feb-2015 | Cairone, Mirta G. c. Soc. Italiana de Beneficencia en Bs. As.-Hospital Italiano (PGN) | En este caso, los herederos de un médico anestesiólogo iniciaron una demanda de despido contra un hospital en tanto entendió que existió un contrato de trabajo entre ambos y consideró que la prestación personal de servicios por parte de aquél tornaba operativa la presunción prevista en el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). El juez de grado hizo lugar al pedido. La Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó –en lo principal– esa resolución. |
21-abr-2015 | Vergara, Carlos Martin c. Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba | En este caso, los actores -hijos del causante, uno de ellos mayor de edad y dos hijas menores de edad- reclamaron un pago único reparatorio, con sustento en la Ley de riesgos del trabajo N° 24.557, en razón del siniestro in itinere en el que falleció su padre -agente policial de la provincia de Córdoba-, en el trayecto de su casa al destino donde debía prestar servicios. El juez de grado rechazó la demanda por falta de prueba. Contra dicha decisión, los actores interpusieron el recurso de casación con fundamento en que la parte demandada no cumplió con la aplicación de la Ley de riesgos del trabajo, en tanto no dictó acto alguno para ingresar a su régimen -como asegurado o autoasegurado-, con lo que adoptó una postura irregular que obliga a los empleados de la provincia a iniciar un trámite sui generis para instar las prestaciones del sistema. También indicaron que dicho expediente fue extraviado por el Estado provincial quien alegó ese extremo como defensa para eximirse de responsabilidad. La sala laboral del Tribunal Superior de Justicia provincial declaró inadmisible el recurso con base en que no se había acreditado el momento del siniestro y su modalidad. Asimismo, dicho Tribunal dispuso la suspensión del juicio en razón del deceso del abogado de la parte actora, el cese de la intervención del representante pupilar -por haber adquirido la mayoría de edad la más joven de las hijas- y ordenó la presentación de los actores. Éstos interpusieron el recurso federal que fue denegado y dio lugar a la interposición del recurso de queja. |
30-jun-2015 | Fernández, Cristian Pedro | El Tribunal Oral había revocado la excarcelación que se le había concedido al imputado bajo caución real de $1.000. A tal fin, entendió que la circunstancia de que el imputado hubiera sido posteriormente detenido por la presunta comisión del delito de robo resultaba incompatible con los compromisos que asumió cuando se le concedió la excarcelación. Contra esa decisión la defensa interpuso recurso de casación. |
15-jul-2015 | Jimenez, Roberto Claudio y otro | El tribunal oral había condenado a los imputados por la comisión del delito de robo con armas en grado de tentativa. La resolución se basó, principalmente, en la declaración de la víctima. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
16-jul-2015 | Mansilla, Pablo y otros | El tribunal oral había condenado al imputado por las amenazas coactivas propinadas contra tres trabajadores de distintos medios de comunicación en el marco de una cobertura periodística. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
27-ago-2015 | Amaya, Luis Abelardo y otros | El tribunal oral había resuelto no hacer lugar a la exención de prisión solicitada por el imputado pues consideraron que su ausencia a la última fecha de debate fijada era suficiente para declarar su rebeldía y presumir la existencia de peligro de fuga. Ante esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
3-sep-2015 | Cosman, Daniel Héctor | En este caso, el Juzgado de Ejecución Penal había rechazado el planteo de inconstitucionalidad del artículo 14 del CP y se había declarado incompetente para determinar el plazo de vencimiento de la pena única de prisión perpetua, con más la declaración de reincidencia. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
24-sep-2015 | Picón, Sergio Rafael c. Fundición San Cayetano SA | En este caso, la parte actora solicitó una reparación por los daños y perjuicios derivados de un accidente del que resultó su incapacidad absoluta. El juez de grado hizo lugar al pedido. La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo redujo el monto de la reparación en concepto de daño material y daño moral (de $1.200.000 a $510.000). Contra dicha resolución el accionante interpuso el recurso extraordinario cuya denegación dio origen al recurso de queja. |
10-nov-2015 | Bravo Ruiz, Paulo Cesar c. Martocq, Sebastián Marcelo y otro (dictamen PGN) | La parte actora inició un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. El actor apeló la resolución. La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró desierto el recurso de apelación con fundamento en que el apelante no había cumplido con la carga impuesta por el artículo 259 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El actor interpuso recurso de revocatoria e indicó que, por un involuntario error, omitió acompañar copias digitalizadas y acompañó únicamente las copias impresas que exige el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial. Además, sostuvo que la decisión de declarar desierto el recurso fue, a su criterio, una sanción desproporcionada. Por otra parte, entendió que el juzgado debió apercibirlo previamente mediante notificación a su domicilio electrónico. La cámara rechazó dicho recurso de revocatoria. Contra ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario que, denegado, motivó la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
18-nov-2015 | Fundación Dr. Jaime Roca para el Progreso y Desarrollo del Diagnóstico por Imágenes | En el marco de una acción de daños y perjuicios, la Sala D de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión de primera instancia en cuanto había reconocido a la actora la facultad de ampliar la demanda hasta que se notificara al demandado la resolución que confería su traslado. Asimismo, al decidir el pedido de aclaratoria formulado por la demandante, revocó el fallo que había suspendido el plazo para contestar la demanda hasta que se decidiera la cuestión señalada precedentemente, al tiempo que también consideró que la contraria había perdido su derecho a contestar la demanda por haber vencido el plazo pertinente. Con posterioridad, la Cámara revocó la resolución de primera instancia que había tenido por contestada la demanda en término por entender que la cuestión referente a su tempestividad ya había sido decidida con anterioridad y porque a la fecha de la presentación del escrito el término pertinente ya estaba vencido. Contra ambas sentencias la demandada dedujo recurso extraordinario. |
dic-2015 | CSJN (civil) | Jurisprudencia civil de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (2015) |
9-dic-2015 | Arapa Mogrovejo, Darwin Omar | El Tribunal Oral había condenado al imputado a la pena de cuatro años de prisión por encontrarlo penalmente responsable de los delitos de tenencia de arma de guerra sin la debida autorización legal en concurso real con robo simple, reiterado en dos oportunidades. Contra esta resolución, la defensa interpuso recurso de casación. |
15-feb-2016 | Gómez, Ezequiel Damián | En este caso, el tribunal oral había rechazado la excarcelación en términos de libertad asistida solicitada en favor del imputado. A tal fin, entendió que las partes habían suscripto un acuerdo de juicio abreviado que contemplaba la revocación de la libertad asistida otorgada con anterioridad y consideró “paradojal y autocontradictorio” conceder un beneficio que se había acordado revocar. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
29-feb-2016 | Condori Flores, Carlos René | El juez de instrucción decretó el procesamiento de Condori Flores por considerarlo coautor del delito de encubrimiento agravado por haber sido cometido con ánimo de lucro. El imputado había sido detenido por agentes de la policía cuando viajaba como acompañante en una motocicleta robada que estaba en reparación en el lugar en el que trabajaba como mecánico. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de apelación. |
9-mar-2016 | SJA (PGN) | Una persona obtuvo la jubilación el 31/10/1987. Debido a un error material cometido por la ANSeS en la aplicación de los coeficientes y porcentajes de actualización del haber jubilatorio el beneficiario percibió poco más de la mitad de lo que le correspondía. En consecuencia, inició un reclamo administrativo que fue parcialmente reconocido, se corrigió el haber al 31/5/2000 y se abonaron las diferencias retroactivas. Con posterioridad, inició una acción de daños y perjuicios por haberse visto privado de los medios económicos a los que tenía derecho. El Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 4 recondujo la acción como una demanda de reajuste de haberes y descartó el reclamo de daños y perjuicios por no corresponder a la competencia del fuero de la Seguridad Social. El actor interpuso un recurso de apelación. La Sala II de la Cámara Federal de Seguridad Social confirmó la resolución. Contra dicha resolución, se interpuso un recurso extraordinario federal que, denegado, dio lugar a un recurso de queja. |
10-may-2016 | Bravo Ruiz, Paulo César c. Martocq, Sebastián Marcelo y otros (CSJN) | La parte actora inició un juicio por daños y perjuicios derivados de un accidente de tránsito. El juzgado de primera instancia rechazó la demanda. El actor apeló la resolución. La Sala J de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil declaró desierto el recurso de apelación con fundamento en que el apelante no había cumplido con la carga impuesta por el artículo 259 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. El actor interpuso recurso de revocatoria e indicó que, por un involuntario error, omitió acompañar copias digitalizadas y acompañó únicamente las copias impresas que exige el artículo 120 del Código Procesal Civil y Comercial. Además, sostuvo que la decisión de declarar desierto el recurso fue, a su criterio, una sanción desproporcionada. Por otra parte, entendió que el juzgado debió apercibirlo previamente mediante notificación a su domicilio electrónico. La cámara rechazó dicho recurso de revocatoria. Contra ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso extraordinario que, denegado, motivó la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |
24-may-2016 | PAG | Una persona había sido condenada en noviembre de 2013 a la pena de seis años de prisión. Una vez cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. De acuerdo a los informes del Consejo Correccional (artículo 28 ley Nº 24.660), el detenido presentaba un pronóstico desfavorable de reinserción social. Para llegar a esa conclusión, basó su informe en las conclusiones de las distintas Divisiones dentro del penal. La División Trabajo señaló que si bien demostraba buena aplicación e interés en las tareas laborales, su puntualidad y desempeño eran regulares. A su vez, la División Educación indicó que su asistencia al ciclo de educación primaria era irregular. Por su parte, la División Seguridad Interna observó que no poseía sanciones y registraba una calificación de conducta ejemplar diez y concepto bueno cinco. El juez de ejecución no hizo lugar al pedido. Contra esta resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Consideró que el condenado cumplía con los requisitos del artículo 13 CP, y cuestionó la evaluación que el juez había realizado de los informes. En relación a la actividad laboral, argumentó que se había omitido considerar que el interés de su defendido en la realización de tareas encomendadas era buena al igual que su asistencia. Asimismo, sostuvo que, habida cuenta de que la educación es un deber del Estado o derecho del condenado, que no forma parte de los objetivos obligatorios del tratamiento penitenciario, no resultaba decisiva su irregularidad en la asistencia al ciclo primario. En este orden, afirmó que la sentencia era arbitraria. |