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FechaTítuloResumen
31-ago-2012Furlan y familiares v. ArgentinaEn el año 1988, Sebastián Furlan, quien por entonces tenía 14 años de edad, recibió el impacto de un travesaño que cayó sobre su cabeza y le ocasionó una fractura de cráneo y daños cerebrales graves. En ese momento, se encontraba jugando con otros niños en un campo de entrenamiento militar abandonado por el Ejército, en la localidad de Ciudadela, provincia de Buenos Aires. El padre de Sebastián, Danilo Furlan, inició una acción de daños y perjuicios contra el Estado Nacional a fin de obtener el resarcimiento por los daños sufridos por su hijo y obtener los medios necesarios para una adecuada rehabilitación. El referido proceso civil demoró aproximadamente 12 años y tres meses y fijó una indemnización en pesos. Sin embargo, por aplicación de la ley 23.982 sobre consolidación de deudas, dicho crédito fue cancelado mediante la suscripción de bonos cuyo monto total recién se podía cobrar en el año 2016.
6-ago-2014VJR (causa Nº 53031285)Una persona menor de edad fue imputada por el delito de falsificación de moneda. Transcurridos tres años desde la fecha del hecho, fue citada a prestar declaración indagatoria. El juzgado dictó su procesamiento. Durante el proceso no se dispuso ningún tratamiento tutelar a su respecto. En etapa de juicio, la defensa planteó la nulidad de las actuaciones y solicitó el sobreseimiento de su asistida. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable.
mar-2015Protección de la Familia (internacional)Jurisprudencia internacional sobre la protección de la Familia
15-may-2015JVLN (causa Nº 82014133)Un joven de diecisiete años fue imputado por el delito de falsificación de documento público. Durante la etapa de instrucción, no se dio intervención al asesor de menores. En la etapa de juicio, el imputado cumplió la mayoría de edad. Transcurridos cuatro años desde la fecha del hecho, la defensa planteó la nulidad de las actuaciones por considerar que se había infringido el artículo 4 de la ley N° 22.278. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió en el mismo sentido.
1-abr-2016VDSJP (causa Nº 111017896)Un joven de diecisiete años de edad fue acusado por el delito de adulteración de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas, cometido mediante la realización de una maniobra de sustitución fotográfica. Durante la etapa de instrucción, se dio intervención a la Defensoría de Menores. Sin embargo, no se realizó un informe socio- ambiental ni se dispuso un tratamiento tutelar. Por ese motivo, la defensa solicitó el sobreseimiento de su asistido.
nov-2016CNCCC - Informes anualesJurisprudencia del año 2016 y finales de 2015 de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional (informes anuales).
24-nov-2016A, G C c OSSIMRAUna persona, en representación de su hijo, inició una acción de amparo contra la obra social demandada con el objeto de que cubra sesiones de psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional y maestra integradora. El 22 de octubre de 2014 el juzgado de origen hizo lugar a la medida. el 14 de octubre de 2015 la Asesora de Menores Coadyuvante informa que el menor se encuentra recibiendo las prestaciones solicitadas. El 25 de noviembre de ese mismo año, el juez de primera instancia declara abstracta la acción. El actor, con adhesión de la Asesora de Menores, interponen recurso de apelaciön
8-mar-2018VRP, VPC y otros v. NicaraguaUna niña de ocho años, VRP, fue abusada sexualmente por su padre. Este hecho le ocasionó severas secuelas físicas y psíquicas. VPC, madre de la niña, denunció el delito en noviembre de 2001. A partir de esto se inició un proceso penal. La niña participó de distintas medidas de prueba; entre ellas, la recreación de los hechos y evaluaciones médicas. Uno de estos exámenes fue realizado en presencia de muchas personas y debió ser suspendido por la resistencia de la niña a ser revisada debido al comportamiento del médico interviniente. VRP no recibió asistencia psicológica durante el trámite de la causa. En el marco del juicio –resuelto por aplicación del sistema de jurados– se sucedieron distintas irregularidades. Así, por ejemplo, en cierto momento, el defensor entregó a la jueza una bolsa plástica y hojas para que leyeran en privado los miembros del jurado. Finalmente, el imputado fue declarado inocente. VPC presentó impugnaciones y quejas sobre las deficiencias del proceso y denunció episodios de amenazas e intimidaciones. Sin embargo, sus reclamos solo resultaron en demandas promovidas en su contra. A raíz de esta situación, VPC y su hija se trasladaron a Estados Unidos, donde se les concedió asilo.
jun-2018Niños, niñas y adolescentes en el fuero federalEl presente boletín se propone dar cuenta del modo en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) y los Tribunales Orales en lo Criminal Federal (TOCF) resuelven los procesos penales en los que se encuentran implicados niñas, niños y adolescentes y los derechos y las garantías que los asisten. En particular, pone el acento sobre la aplicación del artículo 4 de la ley Nº 22.278 y, en su caso, la proporcionalidad de las sanciones establecidas en el marco del Régimen Penal Juvenil.
30-oct-2018Zaragoza (causa Nº 22000686)La señora Zaragoza, madre de tres niñas, inició una acción contra la Administración Nacional de la Seguridad Social con el objeto de cobrar la asignación universal por hijo (AUH). El juzgado de primera instancia rechazó la pretensión. La actora interpuso un recurso de apelación que fue rechazado por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná. En ninguna de las dos instancias se le dio intervención a la Defensa Pública Oficial en representación de las tres niñas. Finalmente, la actora interpuso un recurso extraordinario federal.
5-dic-2019Romero (causa nº10041)Una mujer fue detenida e imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por la intervención de tres o más personas. La imputada se encontraba a cargo del cuidado de sus cuatro hijos menores de edad. La defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado hizo lugar al pedido. El arresto domiciliario fue revocado por el incumplimiento de las pautas de conducta impuestas. Entonces, la defensa volvió a solicitar su concesión. La fiscalía se pronunció de forma desfavorable y el juzgado rechazó el planteo. La resolución fue dictada sin haberle dado intervención a la asesoría de menores. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó la resolución. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. Por otra parte, la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, en representación de los hijos de la imputada, solicitó que se hiciera lugar al planteo a fin de garantizar el interés superior del niño.
18-feb-2020Acuña (causa N° 126860)Un padre en representación de su hijo inició una demanda por daños y perjuicios a una compañía de seguros. La presentación fue efectuada por un abogado, con su sola firma. El juzgado decretó la caducidad de instancia. Para decidir de esta manera tuvo en consideración que el escrito, que no constituía un mero trámite, no contaba con la firma de su representado. Luego se corrió traslado a la Asesoría de Menores, que solicitó la nulidad de la resolución porque no se le había permitido. El juzgado rechazó el planteo por considerar que la asesoría no había especificado qué acto se había violado de ejercitar. Contra esa decisión, la asesoría interpuso un recurso de apelación. Entre otras cuestiones, señaló que se le había privado al niño de la doble representación establecida por los artículos del Código Civil y 38 de la ley N° 14.442. Además consideró que la ausencia de notificación implicaba la nulidad de lo resuelto. Reiteró que le hubiese permitido citar a la progenitora a los efectos de estar a derecho y encaso de resultas negativas requerir a la Sra. Jueza la designación de un tutor ad litem a fin de que se garantizase la integral atención de los derechos del niño.
27-mar-2020Ramirez (reg. N° 6 y causa N° 14833)Una mujer se encontraba imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y detenida en el Complejo Penitenciario Federal IV de Ezeiza. Al ser detenida, aportó un domicilio antiguo en el que no vivía hacía dos años. La mujer era diabética insulinodependiente y madre de una niñade 10 años que vivía con su hermana y sus hijas. Por tal razón, su defensa solicitó su excarcelación y, de modo subsidiario, que se le concediera la prisión domiciliaria. En diciembre de 2019 el Tribunal Oral rechazó la excarcelación y tuvo presente el pedido de prisión domiciliaria. Entre otras cuestiones, sostuvo que no se había logrado constatar que la imputada poseyera arraigo y ponderó la pena en abstracto prevista para el tipo penal imputado. Contra esa resolución, su defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación señaló que la mujer tenía un núcleo familiar arraigado junto a su hija y aportó un domicilio en el que podía vivir junto a ella y su familia.En marzo del 2020el Coronavirus fue declarado pandemia. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un informe sobre personas en riesgo de contagio e incluyó a la mujer en el listado.
23-sep-2020Silva (Causa N° 65800)Un hombre estaba detenido. Era padre de dos chicos de siete y nueve años quienes atravesaban una difícil situación familiar por el abandono de su madre. En este contexto, su defensa solicitó el arresto domiciliario. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos sostuvo que la situación del encausado no encuadraba en los supuestos de la normativa referida. Al respecto, destacó que sus hijos eran mayores de cinco años y que no se advertía un estado de vulnerabilidad que justifique la concesión del arresto domiciliario. Además, argumentó que los niños estaban a cargo de los padres, hermano y cuñada del imputado, quienes ayudaban en la crianza y colaboraban económica y afectivamente. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
6-nov-2020Zalazar (Causa N° 1423)Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en banda, en grado de tentativa, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. En la etapa de juicio suscribió un acuerdo de juicio abreviado que contempló la imposición de una pena de dos años y once meses de prisión. Además, fue declarado reincidente. La sentencia no se encontraba firme. En este contexto, su defensa solicitó el arresto domiciliario, entre otros aspectos, por ser padre de menores de edad. El juzgado, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos, sostuvo que la referencia genérica a un mayor riesgo de recontagio de COVID—19 en el ámbito carcelario no habilitaba de manera automática la concesión del beneficio solicitado. A su vez, refirió que los hijos del imputado no se encontraban desamparados por estar al cuidado de su madre y que existían riesgos procesales que no habilitaban ninguna medida menos lesiva a la actual. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
24-jun-2021Maciel (Causa N° 44234)Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo doblemente agravado por su comisión con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse y por haber sido cometido en banda, en concurso real con falsa denuncia. El encausado tenía cinco hijos menores de edad entre cinco y catorce años. En este contexto, su defensa solicitó la prisión domiciliaria. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos sostuvo que se encontraba en trámite un recurso de casación interpuesto contra una resolución de la Cámara de Apelaciones que había rechazado un pedido de excarcelación anterior que se había basado, entre otras cuestiones, en las características del suceso atribuido, la pena en expectativa, el temor expresado por una de las víctimas y que el tiempo en detención no resultaba desproporcionado frente a la magnitud de la pena en expectativa. Además, refirió que los niños se encontraban en una situación de desamparo o desprotección pues todos ellos vivían con su madre, una mujer joven que carecía de problemas de salud que le impidieran hacerse cargo de su cuidado y atención. A su vez, entendió que los familiares cercanos del imputado podían colaborar con el cuidado de los menores en caso de que la madre de ellos deba abandonar la vivienda para realizar alguna tarea laboral. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
16-jul-2021Castro (Causa N° 37029)Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y con la intervención de un menor de dieciocho años, en concurso real con robo agravado por su comisión con arma de fuego de utilería y en poblado. El imputado era padre de tres niños menores de edad. En este contexto, su defensa solicitó el arresto domiciliario. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos sostuvo que la situación alegada no se encontraba entre los supuestos previstos en la ley de ejecución de la pena y que la medida no resultaba procedente conforme al CPPF. Además, valoró la gravedad del hecho y destacó que el imputado ya había incumplido una prisión domiciliaria anterior. También consideró que, si bien la madre de los tres hijos menores debía trabajar y atenderlos, ello no acreditaba una afectación concreta en su desarrollo, máxime cuando contaban con cuidadora. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
18-ago-2021Lobo (Causa N° 30759)Un hombre fue imputado por los delitos de robo en grado de tentativa y encubrimiento, en concurso real entre sí. En la etapa de juicio suscribió un acuerdo de juicio abreviado que contempló la imposición de una pena de un año de prisión y una pena única de tres años y cinco meses de prisión. La sentencia no se encontraba firme. El imputado era padre de una niña menor de edad. En este contexto, la defensa solicitó el arresto domiciliario. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos sostuvo que persistían los peligros procesales y que la única medida de coerción idónea para contrarrestarlos era la detención en prisión, la que era razonable si se tenía en cuenta el monto de la pena impuesta. A su vez, señaló que el imputado no se encontraba próximo a acceder a ninguno de los institutos de libertad anticipada. Además, entendió que con la constatación positiva del domicilio aportado y con la valoración de la situación particular de su familia no resultaba posible neutralizar los peligros procesales advertidos en el caso.
1-sep-2021Costas (Causa N° 66774)Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo agravado por haber sido cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada. Su defensa solicitó la prisión domiciliaria dado que tenía hijos menores de edad. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Al respecto, valoró la imputación, la fecha fijada para el debate, la gravedad del hecho, la expectativa de pena, los riesgos procesales y el tiempo de detención hasta el momento. Además, sostuvo que no se daban los supuestos previstos por el artículo 10 CP ni por los artículos 32 y 33 de la ley N° 24.660, y que los dichos de la pareja del acusado no acreditaban circunstancias extraordinarias que justificaran una excepción. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
31-mar-2022Troncoso (Causa N° 10237)Una mujer se encontraba detenida. En la etapa de juicio, suscribió un acuerdo de juicio abreviado. Era madre de dos menores de edad. En este contexto, su defensa solicitó el arresto domiciliario. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el pedido. Entre sus argumentos sostuvo que la solicitud no encuadraba en ninguno de los supuestos de los artículos 10 y 32 de la ley N° 24.660, sus hijos de se encontraban al cuidado de su padre y de la familia paterna, la imputada no gozaba de antecedentes médicos de importancia y tenía varios antecedentes condenatorios y una causa en trámite en la cual se había declarado su rebeldía. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
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