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16-feb-2017A B, CADurante una discusión, una mujer de 72 años dio muerte a su hijo mediante una herida de arma blanca (cuchillo de cocina) en el tórax. De las declaraciones presentadas durante el debate oral surgió que tanto la imputada como la víctima tenían problemas de adicción al alcohol y que las peleas con contenido violento entre ambos eran frecuentes. En este sentido, el hermano de la víctima e hijo de la acusada manifestó que había visto golpeada a su madre en otras oportunidades. Asimismo, los peritajes psicológicos indicaron que la acusada presentaba rasgos que daban cuenta de su participación habitual en circuitos de violencia. En oportunidad de alegar, el fiscal solicitó que se le imponga la pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio agravado por el vínculo bajo circunstancias extraordinarias de atenuación (art. 80 inc. 1º último párrafo CP).
12-nov-2013A D R, C P c. CS Salud SAEl magistrado de grado hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por los accionantes para que ordene a la empresa de medicina prepaga que deje sin efecto la desafiliación de la demandante y de su grupo familiar. Según la versión de la demandada, la desvinculación se debió a que la amparista habría omitido denunciar su embarazo al momento de suscribir su declaración jurada de antecedentes médicos. Por su parte, la accionante alegó que al tiempo de realizar aquella declaración no sabía de su estado de gravidez.
31-mar-2017A de L, CJ y otraUna persona había sido imputada de acuerdo al procedimiento de flagrancia. El juzgado llevó adelante el proceso en una única audiencia. En esa oportunidad, la defensa solicitó medidas de prueba adicionales y una copia del requerimiento de elevación a juicio. El juzgado denegó los pedidos. Por ese motivo, la defensa se opuso a la clausura de la audiencia y planteó la nulidad de la audiencia. El juzgado rechazó la impugnación. Contra esa resolución, la defensoría interpuso un recurso de apelación.
dic-2023A quince años del fallo "Mendoza": experiencias de empoderamiento jurídico en Villa Inflamable. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambientalA partir del caso de Villa Inflamable, se presentaron diferentes herramientas jurídicas comunitarias que se constituyen en estrategias de promoción de derechos en comunidades, específicamente, en contextos de segregación sociourbana. Les autores estudian el uso de estas herramientas jurídicas de conocimiento, uso y transformación del derecho y su aporte para discutir con representantes gubernamentales y judiciales encargados de tomar las decisiones respecto al destino del barrio.
9-nov-2017A R (causa Nº 39031)Una asociación cuyo objeto era defensa de las personas con discapacidad interpuso una acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para que se restablezca el pago de las pensiones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad de todo el país que fueron dadas de baja o suspendidas sin resolución fundada. Asimismo, solicitó como medida cautelar el restablecimiento de las pensiones. El juzgado de primera instancia hizo lugar parcialmente a la medida cautelar y ordenó a la demandada a restablecer el pago de las prestaciones de todo el país, excepto en la jurisdicción de Viedma. En consecuencia la demandada interpuso un recurso de apelación.
15-jun-2022A y BDos niños nacieron y fueron reconocidos por la pareja de su madre. A lo largo de su infancia y adolescencia, el hombre se dedicó a su cuidado y crianza. Tiempo después, la madre les reveló que, durante su soltería, había mantenido una breve relación con otro hombre y que éste sería su padre. Por ese motivo, se sometieron a un estudio genético, que confirmó los dichos de la mujer. Cuando crecieron, los jóvenes iniciaron una acción judicial para impugnar el reconocimiento y obtener el emplazamiento filial correspondiente. Luego, el juzgado convocó a una audiencia. En esa ocasión, los accionantes solicitaron modificar la demanda, con el fin de mantener y con posterioridad inscribir su doble vínculo filial paterno. Señalaron que, de esa manera, se respetaría su realidad familiar. A su vez, plantearon la inconstitucionalidad de la última parte del artículo 558 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, los progenitores prestaron conformidad a lo solicitado.
19-sep-2014A, ABDurante un allanamiento al domicilio de una mujer, la policía encontró 17 cigarrillos de marihuana en el interior de un marquilla. El peritaje del material arrojó un peso total de 10 gramos pero no se pudo determinar su grado de pureza. Por este motivo la mujer fue detenida y, pese a aclarar en todo momento que lo incautado era para consumo personal, imputada por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
13-ago-2015A, AL. c. C,REn este caso, la jueza de primera instancia dictó sentencia de divorcio por la causal de injurias graves, y abandono voluntario y malicioso del hogar [con. arts. 202 inc. 4° y 5 Cód. Civil] por culpa exclusiva del demandado, haciendo lugar a lo planteado por la actora. El pronunciamiento fue apelado por el accionado, quien solicitó se decrete el divorcio vincular sin atribución de culpas y con imposición de costas por su orden.
20-dic-2016A, BP y otroDos personas fueron detenidas por personal de la Gendarmería Nacional. En esa oportunidad, se los requisó a ambos y se les secuestró dinero en efectivo, cinta de embalar y envoltorios de cocaína. Según el acta de procedimiento labrada por esa fuerza, la detención se había llevado a cabo en la vía pública, donde se habría observado un “pasamanos” entre los imputados. Sin embargo, en oportunidad de prestar declaración indagatoria, los nombrados manifestaron que los agentes policiales habían ingresado de manera violenta al domicilio de uno de ellos, donde hallaron los objetos secuestrados. Dicho material, explicaron, habría sido dejado por un tercero. Por este motivo, la defensa planteó la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado con posterioridad. Junto con la presentación, ofreció declaraciones testimoniales de los vecinos prestadas en la sede de la defensoría y fotografías que avalaban las declaraciones de los imputados.
14-nov-2016A, CAUna persona había sido condenada a la pena única de cinco años de prisión. Esa sentencia adquirió firmeza en marzo de 2011. El detenido recuperó su libertad por agotamiento de pena en febrero de 2014. En definitiva, cumplió como condenado dos años y once meses de privación de libertad. Al momento de su liberación, se encontraba transitando la fase de consolidación del período de tratamiento. En julio del año 2015, el Tribunal Oral condenó a la misma persona a la pena de tres años y seis meses de prisión y la declaró reincidente. Para decidir de esa manera, los jueces argumentaron que, en los términos del artículo 50 del Código Penal, no existía ningún tiempo mínimo de ejecución que definiera el cumplimiento “parcial” de la pena privativa de la libertad. Por esa razón, a su criterio resultaba suficiente con que el imputado, en la causa anterior, hubiera obtenido la libertad luego de que la sentencia condenatoria adquiriera firmeza. Contra este punto, la defensa interpuso un recurso de casación.
22-sep-2015A, CE y A, YEn el marco de un proceso judicial en el que se había declarado el estado de desamparo y adoptabilidad de un niño con discapacidad, la directora del Hogar donde el niño se alojaba solicitó que se la designe como tutora provisoria a fin de que el niño pueda obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD), tramitar una pensión por invalidez y la afiliación a la cobertura social. El Juzgado de Menores de Corrientes resolvió otorgar la tutela especial solicitada, en los términos del artículo 109 inciso g) del Código Civil y Comercial de la Nación, exclusivamente a los fines de la obtención del CUD y tramitación, percepción y administración de la pensión del niño.
18-ene-2017A, DAUna persona condenada por delitos de lesa humanidad sufría varias afectaciones graves en su salud. Entre otras cuestiones, se le dificultaba movilizarse (no podía caminar solo más de veinte metros). Por ese motivo, su defensa solicitó su prisión domiciliaria. El pedido, sin embargo, fue denegado. Frente a esta resolución, interpuso un recurso de casación. Acompañó a su pedido un informe médico del que surgía la inexistencia en el penal de instalaciones adecuadas para asistir a las personas con movilidad reducida. A su vez, adjuntó un dictamen favorable a la implementación de un sistema de vigilancia electrónica de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación. La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso y reenvió las actuaciones para el dictado de una nueva resolución. La defensa puso al Tribunal Oral en conocimiento de dicha sentencia.
25-ago-2015A, DA (CFCP)El Tribunal Oral había denegado la solicitud de prisión domiciliaria por considerar que su estado de salud no estaba comprendido dentro de los supuestos establecidos en la ley Nº 24.660. Frente a esto, la defensa interpuso un recurso de casación. Acompañó a su pedido un informe médico del que surgía la inexistencia en el penal de instalaciones adecuadas para asistir a las personas con movilidad reducida. A su vez, adjuntó un dictamen favorable a la implementación de un sistema de vigilancia electrónica por parte de la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia de la Nación.
28-abr-2016A, DArUna persona había sido imputada por transporte de estupefacientes. Su defensa solicitó que se realizara la audiencia de suspensión del juicio a prueba. El tribunal corrió vista al fiscal, quien se pronunció en contra de la concesión del instituto. En consecuencia, la solicitud de la defensa fue desestimada sin realizarse la audiencia prevista en el artículo 293 del CPPN. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
2-nov-2016A, DEUna persona fue detenida por personal de la Gendarmería Nacional en la vía pública con el objeto de que se identifique y exhiba el contenido de su mochila. Los agentes observaron “a simple vista” que el imputado tenía en su poder varios envoltorios y dinero en efectivo. Por este motivo, lo requisaron, y secuestraron sesenta y tres envoltorios de cocaína y tres de marihuana. La defensa solicitó la nulidad del procedimiento y de todo lo actuado con posterioridad. Argumentó, entre otras cuestiones, que en el caso no existieron circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitieran justificar la detención y requisa efectuadas por el personal policial, en los términos del art. 230 bis del CPPN.
23-mar-2016A, DIEn 2011, el tribunal oral había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Entre otras reglas, fijó el pago de una suma en concepto de reparación y la realización de tareas comunitarias. Luego, en 2012, se imputó al probado por la presunta comisión de un nuevo hecho delictivo. En 2013, ante la falta de cumplimiento de las pautas mencionadas, el tribunal extendió el plazo de supervisión por ocho meses más. Transcurrido ese tiempo, el fiscal dictaminó que, teniendo en cuenta que el imputado había cometido un delito durante el período de prueba de la probation, correspondía revocarla. Sin embargo, el tribunal dispuso la extinción de la acción penal. Contra esta decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
8-jul-2015A, ES c. INSSJPEn este caso, en el marco de una acción de amparo de salud la parte actora solicitó una medida cautelar para que la obra social le provea los anteojos requeridos con cobertura total. El juzgado de primera instancia hizo lugar al pedido. La parte demandada apeló esa decisión.
18-abr-2017A, FJ (CSJN)Una persona había sido condenada a la pena de 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad; la sentencia fue recurrida. El detenido contaba con más de 70 años y, a su vez, sufría diversas patologías (entre otras, afecciones cardíacas, ceguera parcial y trastorno senil con deterioro funcional). En ese marco, la defensa pidió su arresto domiciliario en dos oportunidades. El Tribunal Oral Federal no hizo lugar a la primera solicitud. Para arribar a esa decisión, valoró el riesgo de fuga que representaba en relación a la calificación legal por la que se lo condenó. Asimismo, tomo en consideración que los informes indicaban que los problemas de salud que padecía podían ser tratados intramuros. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la resolución. Ante el deterioro en la salud del condenado, la defensa solicitó su arresto domiciliario nuevamente. En esta oportunidad, el Tribunal Oral Federal hizo lugar a la petición. Contra esa sentencia, la fiscalía interpuso un recurso de casación. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar a la impugnación y revocó la resolución. Para llegar a esa decisión, los jueces reeditaron los argumentos utilizados para resolver el primer pedido y consideraron “no [habían] variado sustancialmente las condiciones de salud del imputado desde el fallo antedicho”. La defensa interpuso un recurso extraordinario federal.
24-nov-2016A, G C c OSSIMRAUna persona, en representación de su hijo, inició una acción de amparo contra la obra social demandada con el objeto de que cubra sesiones de psicopedagogía, fonoaudiología y terapia ocupacional y maestra integradora. El 22 de octubre de 2014 el juzgado de origen hizo lugar a la medida. el 14 de octubre de 2015 la Asesora de Menores Coadyuvante informa que el menor se encuentra recibiendo las prestaciones solicitadas. El 25 de noviembre de ese mismo año, el juez de primera instancia declara abstracta la acción. El actor, con adhesión de la Asesora de Menores, interponen recurso de apelaciön
3-mar-2016A, JSLa Cámara Federal de Apelaciones de General Roca había declarado la inconstitucionalidad del cuarto párrafo del art. 76 –cuarto párrafo– del Código Penal. Contra dicha resolución, el fiscal interpuso un recurso de inconstitucionalidad.