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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| feb-2021 | Tortura | Jurisprudencia nacional sobre tortura. |
| 4-abr-2024 | Tossoratto (causa N° 42000149) | En 2009 una joven había sido captada y acogida junto a su hijo de un año para su explotación sexual. Los responsables del traslado, alojamiento y explotación eran un hombre y una mujer. En ese entonces, la víctima era menor de edad en los términos del viejo Código Civil por tener menos de veintiún años. Ante esta situación, se imputó a los responsables por el delito de trata de personas agravado por la edad de la víctima, por haber mediado amenazas, abuso de una situación de vulnerabilidad y por haber sido cometido en forma organizada. Sin embargo, el requerimiento de elevación a juicio se efectuó después de trece años. Esto se debió a la falta de impulso por parte del Ministerio Público Fiscal y el juez instructor, y a la dificultad de convocar a la víctima para que preste declaración. Como cuestión preliminar al debate, la defensa del hombre planteó la prescripción de la acción penal. Sostuvo que el tiempo transcurrido entre el llamado a indagatoria y el requerimiento fiscal había superado el plazo de doce años establecido por el artículo 62 inciso 2 del Código Penal. El tribunal oral, de manera unipersonal, rechazó el planteo. Para así decidir argumentó que, si bien había operado el plazo de prescripción invocado, se evidenciaban contradicciones entre el derecho del imputado a ser juzgado en un plazo razonable y el derecho de la víctima vulnerable a la tutela judicial efectiva, y a su integridad y dignidad humana. Afirmó que, en función de las particulares circunstancias del hecho, estas contradicciones debían resolverse en favor de los derechos de la joven, de jerarquía constitucional y convencional. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que el tribunal había forzado una contradicción inexistente entre la garantía de tutela judicial efectiva y la garantía de ser juzgado en un plazo razonable, ambas de raigambre constitucional y convencional. Por el contrario, afirmó que la tutela judicial efectiva, para ser tal, debía serlo en un plazo útil para la víctima y la sociedad, y que ese plazo era el regulado por la prescripción de la acción penal. Asimismo, argumentó que no se había logrado equiparar el caso concreto a un delito de lesa humanidad ni a graves violaciones de derechos humanos que permitan considerarlo imprescriptible. |
| 15-jun-2022 | Tournier (causa N° 19678) | Un hombre fue detenido el 22 de abril de 2022 y procesado con prisión preventiva por el delito de hurto agravado por haber sido cometido mediante escalamiento en grado de tentativa en concurso real con el delito de tenencia ilegítima compartida de arma de fuego de uso civil y encubrimiento agravado por el ánimo de lucro. El hombre carecía de antecedentes condenatorios y se encontraba imputado en una causa del Tribunal Oral de Menores en la cual no se había fijado fecha de debate. Al momento de su detención, se identificó correctamente y se constató el domicilio. Entonces, su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió confirmar la resolución. Para decidir de esa manera, entendió que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, se verificaba un peligro de fuga. En esa línea, en los términos del inciso b, del art. 221 del CPPF, ponderó desfavorablemente la naturaleza y características del hecho, y sostuvo que el desprecio hacia los bienes jurídicos ajenos daba la pauta de que no se sometería a las obligaciones que se le pudieran imponer en caso de acceder a su libertad. Además, valoró que el imputado contaba con un proceso penal en trámite por un delito contra la propiedad ante un Tribunal de Oral de Menores. También consideró que existía peligro cierto de entorpecimiento de la investigación porque todavía estaban pendientes medidas de prueba dirigidas a individualizar a una de las cuatro personas que participaron en el hecho. Finalmente, estimó que el tiempo de detención no era desproporcionado en relación con el estado de las actuaciones. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-ago-2018 | Toussaint v. Canadá | Nell Toussaint, nacido en Granada, ingresó a Canadá como visitante legal en 1999. Sin embargo, decidió quedarse a vivir y trabajar en ese país sin haber gestionado la habilitación correspondiente. En 2005 comenzó el proceso para regularizar su estatus migratorio. Dicha tramitación se retrasó debido a que no podía pagar las tarifas que se le exigían. Mientras este proceso estaba pendiente, su salud se deterioró a punto de tal de encontrarse en peligro su vida. Se le diagnosticó una embolia pulmonar y sufrió complicaciones de una disfunción renal y diabetes. Aunque estas enfermedades requerían de tratamiento médico, tuvo acceso limitado a la atención médica de emergencia y se le negó el acceso al Programa Federal de Salud Interino de Canadá. Esto, debido a su estatus migratorio irregular. Después de impugnar sin éxito la decisión de limitar el acceso al sistema de salud, la peticionaria recurrió al Comité de Derechos Humanos. |
| 4-ago-2016 | TP y AT v. Hungría | El 20 de mayo de 2014 el Tribunal Europeo se pronunció en el caso “László Magyar” contra el Estado de Hungría respecto de la posibilidad de que personas condenadas a prisión perpetua accedan a una revisión de sus sentencias. A partir de esa resolución, se sancionó en ese país una nueva legislación. Esta normativa introdujo un mecanismo de revisión automática de la prisión perpetua después de cuarenta años de cumplimiento de pena (“clemency”). Los peticionarios del presente caso, TP y AT, se encontraban detenidos desde 2006 y 2010 respectivamente; ambos fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homicidio. |
| 20-oct-2016 | Trabajadores de la hacienda Brasil Verde v. Brasil | Un gran número de trabajadores –en su mayoría, de origen humilde, afrodescendientes y analfabetos– fueron reclutados para trabajar en la Hacienda Brasil Verde con la promesa de recibir salarios importantes. Al llegar a la hacienda, luego de aproximadamente 3 días de viaje, fueron obligados a entregar sus cédulas de trabajo y se les informó que contaban con una deuda con sus empleadores por los gastos de transporte, alimentación y hospedaje. Los salarios prometidos se redujeron e, incluso, los trabajadores se endeudaron cada vez más. Las labores eran realizadas bajo órdenes, amenazas y vigilancia armada. La alimentación era insuficiente y no contaban con electricidad, camas ni atención médica. Asimismo, los encargados de la hacienda alteraron la fecha de nacimiento de un niño para que figurara como un empleado adulto. Entre 1989 y 2000, organismos del Ministerio de Trabajo de Brasil realizaron distintas visitas a la hacienda. Desde un primer momento, se corroboró la existencia de salarios bajos e infracciones a la legislación laboral, pero nunca se consideró la posibilidad de que hubiera trabajo esclavo. En 1993 y 1996 un grupo de inspectores perteneciente al ministerio realizó una fiscalización en la que determinó la existencia de irregularidades consistentes en la falta de registro de los empleados y condiciones contrarias a las disposiciones laborales. Un año después, como consecuencia del informe del Ministerio de Trabajo, comenzó un proceso penal contra dos personas responsables de reclutar a los trabajadores. Sin embargo, en 2001 el juez federal a cargo del caso declaró su incompetencia y envío la causa a la justicia local. Luego de tres años de proceso, la justicia estadual se declaró incompetente. Finalmente el Superior Tribunal de Justicia de Brasil informó que la jurisdicción competente era la federal. En 2008, el juez federal declaró extinta la acción penal por considerar que habían transcurrido más de 10 años desde la presentación de la denuncia. En marzo de 2000 dos adolescentes lograron huir de la hacienda y denunciaron a la policía la situación. El oficial les respondió que no podía ayudarlos por ser feriado de carnaval. Dos días después los jóvenes regresaron y, a partir de la denuncia realizada, se llevó a cabo una nueva inspección en la hacienda. En esta oportunidad se les consultó a los trabajadores si querían regresar a sus hogares y todos se pronunciaron afirmativamente. Dos días después se concretó el rescate. Asimismo, a partir de esta inspección, el Ministerio de Trabajo presentó una acción civil contra el propietario de la Hacienda Brasil Verde. En el marco de este proceso, el propietario se comprometió a impedir que sus empleados desarrollen el trabajo bajo régimen de esclavitud. Ante una nueva fiscalización, dos años después, se comprobó el cumplimiento de los compromisos acordados. Por otra parte, se presentó una denuncia penal, pero la justicia federal declinó la competencia a la justicia local. Sin embargo, la investigación no continuó. El Estado de Brasil informó a la Corte Interamericana que no existía más información acerca de lo decidido en ese proceso. |
| nov-2020 | El trabajo de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación | La Comisión de Cárceles fue creada mediante la Resolución Nº 158/98 de la Defensoría General de la Nación. Entre los ojetivos señalados para su creación, se determinó la necesidad de verificación de las condiciones de alojamiento, alimentación y atención médica de las personas privadas de libertad asistidas por el Ministerio Público de la Defensa. |
| 30-ago-2017 | Trabajo Rueda v. España | Trabajo Rueda dejó su computadora portátil en un establecimiento informático para que fuera reparada. Al realizar el arreglo, el técnico constató que la máquina contenía archivos con pornografía infantil, por lo cual denunció los hechos a la policía e hizo entrega del ordenador. Los agentes policiales examinaron el contenido de la computadora y, luego, lo entregaron a los expertos en informática de la policía judicial. A continuación, se informó de la investigación a un juez de instrucción. El imputado fue detenido al presentarse a retirar su ordenador en el establecimiento de técnica informática. Rueda fue condenando a una pena de cuatro años de prisión por posesión y difusión de imágenes de menores de carácter pornográfico. Al impugnar la decisión, alegó que se había vulnerado su derecho a la intimidad personal y la presunción de inocencia. Sin embargo, la decisión fue confirmada en todas las instancias locales. Por ese motivo, interpuso una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Reino de España. |
| 13-jun-2020 | Trajkovski y Chipovski v. Macedonia del Norte | En febrero y octubre de 2010dos personas fueron detenidas por la policía en Skopje, Macedonia del Norte, bajo sospecha de haber participado en un robo agravado. Debido a las detenciones, se les tomaron muestras de ADN mediante hisopados bucales sin proporcionarles explicación alguna sobre el procedimiento o su finalidad. Posteriormente, ambas personas fueron procesadas y condenadas en suspenso por el delito de robo agravado. En uno de los casos, el análisis de ADN no fue utilizado como evidencia durante el proceso. Las defensas de ambas personas presentaron reclamos individuales ante la Dirección de Protección de Datos Personales de Macedonia del Norte. En sus reclamos señalaron que la toma y retención de sus muestras de ADN constituían una violación de su derecho a la privacidad. Sin embargo, la Dirección desestimó sus quejas. Para ello, la Dirección argumentó que la policía estaba legalmente autorizada a recolectar y procesar datos personales, incluso material genético, con el fin de prevenir y detectar delitos. Contra esa decisión, ambas personas apelaron la medida ante el Tribunal Administrativo y, posteriormente, ante el Tribunal Administrativo Superior. Sin embargo, ambas instancias confirmaron las decisiones anteriores. Sostuvieron que la policía había actuado de acuerdo con la ley al tomar y procesar el material de ADN de personas sospechosas de cometer un delito. Entonces, luego de agotar todas las vías de recurso internos, ambas personas presentaron distintas solicitudes ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en agosto y octubre de 2013. En sus demandas, sostuvieron que la normativa interna que permitió a las autoridades la recolección, procesamiento y almacenamiento de su material de ADN violaba el derecho al respeto de la vida privada y familiar. En tal sentido, señalaron que los propósitos para los cuales se podían tomar muestras de ADN y almacenar perfiles estaban formulados en términos demasiado amplios. Además, indicaron que la normativa interna no indicaba la duración de la retención del material de ADN con respecto a las personas condenadas, como era su caso. Por su parte, el Gobierno de Macedonia del Norte defendió sus acciones. Para ello, sostuvo que la interferencia con la vida privada de los solicitantes había sido de acuerdo con la ley, perseguía un objetivo legítimo de detección y prevención del crimen y, además, que era proporcional al objetivo buscado. Asimismo, el Gobierno argumentó que los perfiles de ADN debían ser registrados en los registros relevantes y "retenidos por cierto período de tiempo, pero no indefinidamente". Finalmente, el Gobierno señaló que tales datos "pueden ser retenidos hasta que hayan cumplido el propósito para el cual fueron tomados". |
| mar-2016 | Transporte de Estupefacientes | Jurisprudencia sobre el transporte de Estupefacientes |
| 19-nov-2024 | Trastorno del Espectro Autista en conflicto con la ley penal | Dentro de los Trastornos del neurodesarrollo, el Trastorno del Espectro Autista (en adelante TEA) tiene una prevalencia del 1% y según la Sociedad Argentina de Pediatría es cinco veces más frecuente en varones que mujeres, sin distinción de clases sociales, culturas y razas; aunque poco es lo que se sabe respecto de su prevalencia en la población adulta. El TEA grado I (denominado antiguamente como Síndrome de Asperger) ha sido históricamente un cuadro de difícil diagnóstico, por lo que muchos de ellos llegan a la vida adulta sin haber sido diagnosticados. Dentro de la práctica forense, específicamente en el fuero penal, las personas con esta condición en la población adulta resultan ser subdiagnosticadas o bien parte de sus dificultades suelen ser confundidas e interpretadas como sintomatología de otros cuadros más conocidos en la psiquiatría clásica. Resulta entonces poco probable que su trastorno sea visto como la causa por la cual ingresan al sistema penal en calidad de imputados. Como integrante del Cuerpo de Peritos y Consultores Técnicos e investigadores de la Defensoría General de la Nación , entiendo que estos diagnósticos deben ser detectados con la mayor antelación durante el proceso penal a fin de que se garanticen los ajustes de procedimientos que correspondan. Ajustes que no pueden realizarse si en principio se desconoce su diagnóstico. |
| dic-2017 | Trata de personas - Art. 5 | Jurisprudencia de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la exclusión de la punibilidad de la víctima de trata de personas (art. 5 de la ley Nº 26.364 ). |
| 25-abr-2022 | Trata de personas en el sector agrícola: diligencia debida en materia de derechos humanos y desarrollo sostenible | La Relatora Especial sobre la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños elaboró un informe temático sobre la trata de personas con fines de explotación laboral en el sector agrícola. El documento da cuenta de los obstáculos en la prevención, sanción e investigación de la trata en ámbitos rurales y de su impacto diferencial en poblaciones vulnerabilizadas. Asimismo, analiza los efectos del cambio climático en la producción agrícola y la trata de personas. Luego, alienta a los Estados a adoptar medidas para combatir la trata con fines de explotación laboral desde una perspectiva interseccional. |
| 8-jul-2014 | Tribunal Superior Estadual (OLG) de Dresden - traducida | Una persona se encontraba en prisión preventiva por el delito de tráfico de reptiles y moluscos sin los certificados correspondientes. La Sala había ordenado la extradición sobre la base de un pedido de Interpol. |
| nov-2013 | Tribunales Orales en lo Criminal (nacional) | Jurisprudencia de los Tribunales Orales en lo Criminal (2012-2013) |
| 18-sep-2015 | Trigueros, Raúl c. Vaitech Internacional | La parte actora promovió una demanda por daños y perjuicios con base en el accidente que sufrió cuando se rompió el cuadro de su bicicleta, importado por la parte demandada. El juzgado de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación en el que se agravió de la aplicación de la Ley de defensa del consumidor. |
| dic-2022 | La triple filiación en la jurisprudencia argentina | Jurisprudencia nacional sobre triple filiación. |
| 1-abr-2009 | Trono, Blanca María | El tribunal oral rechazó la suspensión del proceso a prueba requerida por la imputada. Ello, tomando en consideración, en particular, su condición de escribana y, consecuentemente, de funcionaria pública. La decisión fue impugnada por la defensa. |
| 29-nov-2017 | Trujillo (Causa Nº48462) | Una persona fue imputada por el delito de robo. En la etapa de juicio oral, suscribió un acuerdo conciliatorio con la víctima. En dicha oportunidad, se pactó el pago de seiscientos pesos en concepto de reparación y se ofrecieron disculpas. El damnificado aceptó la propuesta y manifestó que no poseía interés en continuar con el trámite el expediente. La fiscalía se expidió de manera favorable a lo acordado. |
| 14-nov-2018 | Trujillo Calero v. Ecuador | En el año 2003, el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) le negó la petición de jubilación especial a la afiliada Calero Trujillo. Según los representantes del IESS, no reunía los requisitos exigidos en la normativa legal vigente. La afiliada había realizado aportes jubilatorios equivalentes a 29 años de trabajo. De los 305 aportes que realizó, aproximadamente la mitad de ellos fueron aportes voluntarios efectuados entre 1981 y 1995, cuando realizaba el trabajo de cuidados no remunerados en su hogar, a cargo de sus tres hijos. Durante un período de ocho meses, iniciado en 1989, la señora Trujillo interrumpió sus pagos voluntarios, aunque los pagó completamente en forma retroactiva en abril de 1990. Posteriormente, continuó con sus aportes al sistema hasta 2001, cuando el personal del IESS le informó varias veces que cumplía los requisitos para acceder a la jubilación temprana si renunciaba al trabajo remunerado que tenía en ese momento. En consecuencia, renunció y solicitó la jubilación temprana. Tras una serie de decisiones administrativas negativas entre 2002 y 2003, el IESS le rechazó la solicitud de jubilación porque no contaba con el mínimo de 300 aportes obligatorios. Esto, debido a que interrumpió durante ocho meses los pagos voluntarios y quedó fuera del sistema jubilatorio, lo que invalidaba todos sus pagos voluntarios posteriores. La peticionaria no fue informada hasta el año 2007 sobre estas decisiones administrativas. Entonces, apeló sin éxito una de las decisiones ante el IESS. Posteriormente, ni la Corte de Distrito Nº 1 del Tribunal Administrativo en lo Contencioso de Quito, ni el Tribunal Nacional de Justicia ni la Corte Constitucional dieron trámite a su petición. |