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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 25-jun-2014 | Riley v. California | En 2009, en California, EEUU, se produjo un tiroteo entre dos bandas. Riley era un hombre que pertenecía a una de esas pandillas. Días más tarde, Riley fue detenido por conducir un automóvil con su licencia vencida. En esa oportunidad, oficiales de policía encontraron dos armas en el vehículo y, entre sus pertenencias, hallaron su teléfono celular. El aparato era un teléfono inteligente con diversas funciones, amplia capacidad de almacenamiento y conexión a internet. El aparato fue requisado y la policía analizó videos y fotografías en los que se veía a Riley con carteles de su pandilla. Sobre esa base, fue imputado por haber participado en el tiroteo y en un hecho de homicidio en grado de tentativa y robo con arma de fuego, agravado por haber sido cometido en beneficio de una pandilla callejera criminal. En el juicio oral declaró un experto en pandillas que afirmó que el imputado pertenecía a una pandilla que estaba enemistada con la otra y sostuvo que el tiroteo se podría haber relacionado con esto. Riley, finalmente, fue condenado y el Tribunal de Apelaciones de California confirmó la decisión. En 2007, en Massachusetts, EEUU, la policía detuvo a Wurie, un hombre al que habían observado en un aparente acto de venta de estupefacientes. Una vez trasladado a la comisaría, la policía secuestró el teléfono celular de Wurie y advirtió que el dispositivo había recibido múltiples llamadas de un usuario identificado como “Casa”, que se veía en la pantalla. La policía entonces abrió el teléfono, accedió al registro de llamada, identificó el número asociado con “Casa” y rastreó el número hasta el lugar que consideraron que era la casa del imputado. Luego, solicitaron una orden de allanamiento del domicilio, que fue concedida. Entonces, al realizar la medida, encontraron estupefacientes, un arma, municiones y dinero. El hombre fue imputado por delitos vinculados a estupefacientes y tenencia de armas. De forma posterior, el hombre presentó una moción solicitando que se suprimiera la evidencia obtenida en el allanamiento de su domicilio. El juzgado interviniente rechazó el pedido y condenó al hombre. El hombre recurrió la decisión y el tribunal de alzada revocó la denegación de la moción de supresión de la evidencia y anuló la condena. |
| 11-dic-2014 | Riol, Mónica c. INSSJP | La sentencia de grado hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por la accionante en representación de su madre –de 80 años– y ordenó a la demandada que proveyera la prótesis de reemplazo total de rodilla con las características señaladas en los certificados médicos. Cabe señalar que la actora solicitaba una prótesis de rodilla anatómica izquierda y la parte demandada había ofrecido una prótesis cuyo modelo era más antiguo y no distinguía entre prótesis derecha e izquierda. Contra dicha resolución, la parte demandada interpuso recurso de apelación. |
| 14-dic-2015 | Ripoll (Causa n°53744) | En el mes de abril del año 2007 una persona fue citada a prestar declaración indagatoria. En abril del 2015 la fiscalía requirió la elevación a juicio del expediente. En la etapa de juicio, la defensa planteó que entre la citación a la declaración indagatoria y el requerimiento de elevación a juicio había transcurrido el plazo máximo previsto para el delito imputado. En ese sentido, sostuvo que la acción penal se encontraba prescripta. El Tribunal Oral rechazó el planteo. Para decidir de ese modo, tuvo en consideración que en el año 2013 la persona había cometido un nuevo delito -por el cual se había dictado sentencia firme en marzo del 2015- que había interrumpido el curso de la prescripción. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-mar-2021 | Riquelme (causa N° 2405) | Durante el control aduanero y migratorio de una lancha proveniente de la República del Paraguay se encontraron 266 gramos de marihuana y un frasco con 50 mililitros de ketamina. Por este motivo, una mujer embarazada fue imputada por el delito de contrabando de estupefacientes en grado de tentativa. Las partes solicitaron la suspensión del proceso a prueba. Dentro de las reglas de conducta, se acordó la culminación del colegio secundario y la asistencia a un Taller del Servicio de Nutrición dictado en el Hospital de la Madre y el Niño. Ante la falta de acreditación del cumplimiento de las pautas, el juez interviniente intimó a la Defensoría Pública Oficial. La defensa alegó que la mujer se vio imposibilitada de concurrir a los talleres debido a la situación de pandemia y porque había dado a luz a su hija. Asimismo, manifestó que su asistida cursaba el secundario de manera semipresencial. Luego, se corrió vista al representante del Ministerio Público Fiscal. En ese sentido, señaló que las pautas habían sido consentidas por la mujer y que su inasistencia al curso se debía a su falta de buena voluntad. Por ese motivo, solicitó que se revoque la suspensión del juicio a prueba. El tribunal adhirió a los argumentos de la fiscalía y revocó la suspensión del proceso a prueba por incumplimiento de las condiciones impuestas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 27-nov-2019 | Riquelme (Causa Nº 34149) | Un hombre había sido condenado y declarado reincidente. Luego fue imputado por el delito de encubrimiento agravado por haber actuado con ánimo de lucro. El hombre cambió de forma intempestiva y en reiteradas oportunidades de domicilio. Luego de ausentarse a varias citaciones judiciales, fue declarado rebelde. Al ser detenido, manifestó tener otro nombre. El juzgado dispuso su prisión preventiva. Transcurridos ocho meses, su defensa solicitó su excarcelación. En esa oportunidad, expuso que contaba con un domicilio fijo donde podía residir junto a su familia. En septiembre de 2019 el tribunal rechazó el pedido por considerar que se encontraba acreditada la existencia de peligros procesales. El 13 de noviembre de 2019 la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal dictó la Resolución Nº 2/2019. Entonces, la defensa reiteró el pedido de excarcelación y, en subsidio, solicitó que se dispusieran medidas de coerción alternativas a la prisión preventiva, en los términos del artículo 210 del CPPF. En su presentación la defensa planteó que la situación del imputado debía analizarse a la luz de la entrada en vigencia de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. Además, sostuvo que no existía peligro de fuga porque el imputado contaba con un domicilio en la vivienda de su hija. Por otra parte, consideró la etapa de instrucción estaba concluida, por lo que no era posible que su asistido pudiera entorpecer las investigación. |
| 8-oct-2019 | Riquelme y otros (causa Nº 1101) | Dos policías realizaban tareas de prevención cuando recibieron información acerca de un hombre que ofrecía marihuana en un local comercial. Al llegar al lugar, observaron a una persona similar a la descripta junto a dos hombres más. Al advertir la presencia de los policías, los hombres F, R y D se dirigieron al auto de R. En ese momento, los policías advirtieron que F arrojó una bolsa en el interior del rodado de R. A su vez, R arrojó sobre la vereda tres envoltorios. En el vehículo también se encontraron restos de cigarrillos de marihuana. Ante esa situación, los policías requisaron a F, R y D, y al automóvil de R. De esa manera, se determinó que los envoltorios contenían cocaína y marihuana. Por ese hecho, F, R y D fueron imputados en calidad de coautores por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. |
| 21-ago-2015 | Rissotto Bentancur, Walter Antonio | El Juzgado Nacional de Ejecución había resuelto hacer lugar a la aplicación del estímulo educativo previsto en el art. 140 de la ley 24.660 respecto del condenado, reduciendo en 10 meses los plazos previstos para su avance en la progresividad del Régimen Penitenciario. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones dictó una resolución administrativa en la que declaró irregular la permanencia de Rissotto Bentancur en el país. Al respecto, el dictamen del Ministerio Público Fiscal indicó que si bien todo el resto de los requisitos previstos en la ley de Migraciones se encontraban cumplidos, no correspondía aplicar la reducción del plazo previsto por la ley de estímulo educativo para alcanzar el instituto de las salidas transitorias, pues aquel no podía implicar el adelantamiento del tiempo previsto para la expulsión. Ante tal determinación por parte del Ministerio Fiscal, la defensa requirió la expulsión del condenado. |
| 23-mar-2022 | Rivarola (causa N° 41968) | Un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo agravado por el uso de un arma cuya aptitud para el disparo no puede tenerse por acreditada, en poblado y en banda. Al momento de su detención, se identificó correctamente y se constató su domicilio. El hombre carecía de antecedentes condenatorios y no registraba rebeldías. La defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la denegatoria de la excarcelación. Para decidir de esa manera, consideró, entre otras cuestiones, que existía peligro de entorpecimiento porque los damnificados manifestaron su temor a posibles represalias ya que el imputado los conocía y sabía dónde vivían. Además, entendió que no correspondía hacer lugar al pedido porque la fecha de juicio oral se encontraba próxima en el tiempo. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-mar-2015 | Rivas Tello, Sergio Orlando | El imputado sufrió un allanamiento en su vivienda luego de una denuncia anónima sobre la supuesta comercialización de estupefacientes. Durante el procedimiento se secuestraron cigarrillos de marihuana y otros elementos y el imputado fue detenido y acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y por comercio de estupefacientes. Tanto el defensor como el fiscal pidieron la nulidad del acta de procedimiento por no reflejar aquello que verdaderamente había ocurrido: el imputado fue encapuchado durante el allanamiento. El Juzgado Federal Nº 1 de Mendoza rechazó el planteo, por lo que el fiscal y el defensor interpusieron recursos de apelación. |
| 12-ago-2020 | Rivera (causa nº 12251) | En mayo de 2019 un hombre fue condenado a la pena de dos años y seis meses de prisión. Luego de trece meses de detención, se le concedió la libertad condicional bajo la supervisión y el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal. En febrero de 2020 fue detenido e imputado por el delito de robo agravado por haber sido cometido con escalamiento. Un mes después, fue condenado a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y a la pena única de seis años de prisión. La libertad condicional no fue revocada. Al practicar el cómputo de tiempo de detención, el Tribunal Oral consideró que, en el marco de la primera causa, el imputado había estado detenido trece meses. La defensa observó el cómputo por considerar que se había omitido contabilizar el período durante el cual su asistido había cumplido la pena bajo el régimen de libertad condicional. La fiscalía dictaminó de forma favorable al planteo de la defensa. |
| 3-mar-2022 | Rivero (causa n° 8033) | Una mujer que se encontraba detenida denunció haber sido abusada sexualmente en reiteradas oportunidades por el jefe de guardia de la unidad penitenciaria en la que estaba alojada. Ante esta situación, el agente penitenciario fue imputado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado y abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal. En la etapa de juicio oral, el tribunal interviniente lo absolvió. Entre sus argumentos, cuestionó la fiabilidad del testimonio de la víctima. La querella interpuso un recurso de casación. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el planteo. Para decidir de esa manera, consideró que la sentencia se encontraba fundada. Además, coincidió con el tribunal oral respecto de la fiabilidad del testimonio de la víctima. El Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos y la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, en representación de la querellante, interpusieron un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, interpusieron un recurso de queja. |
| 24-sep-2014 | Rivero José Aberto c. Municipalidad de la ciudad de Córdoba y ortos s. daños y perjuicios | En este caso, el actor inició una demanda de daños y perjuicios contra la Municipalidad de Córdoba, el Servicio Penitenciario y la provincia de Córdoba por la muerte de su hijo en un establecimiento carcelario. El juez de primera instancia si bien rechazó la demanda contra la municipalidad, hizo lugar a la acción deducida contra el Servicio Penitenciario y la provincia de Córdoba. Esta última apeló la resolución con fundamento en que el juez se apartó de las constancias de la causa penal al considerar que el deceso del hijo del accionante fue consecuencia de la herida de arma blanca que sufrió por parte de otra persona privada de la libertad cuando, en sede penal, la conducta fue juzgada como tentativa de homicidio –por no ser autor de su muerte-. La Cámara rechazó el recurso de apelación de la demandada. |
| 20-may-2015 | Riveros, Juan Ramón | El Tribunal Oral de Menores había rechazado la objeción del cómputo formulado por la defensa. En dicha ocasión, se había solicitado que se adicionara el tiempo que el condenado permaneció en libertad en virtud de la excarcelación que se le había concedido de conformidad con lo establecido en el artículo 317, inciso 5º del CPPN. La defensa interpuso recurso de casación contra aquella decisión. |
| 5-nov-2014 | Riveros, Santiago Omar y otros | Los imputados fueron convocados a prestar declaración indagatoria. En dicha oportunidad se les hizo saber que obraban en el expediente como prueba de cargo las declaraciones testimoniales que habían brindado bajo juramento en el mismo proceso. |
| 14-dic-2017 | Rizzuto (causa Nº 30577) | Un agente policial denunció a otros dos por haber superpuesto distintas horas de diversos servicios de la Policía Federal Argentina cuyo cumplimiento simultáneo era imposible. Por ese hecho, los dos agentes fueron imputados por el delito de defraudación a la administración pública. En la audiencia de debate oral, el denunciante manifestó que le comentó al comisario la superposición horaria y que no recibió respuesta. Luego, verificó el libro de detenidos, de cuartos, de jefes de servicios y las planillas de policía adicional de donde surgían las superposiciones. Con esas pruebas realizó la denuncia. Además, informó esa situación en asuntos internos de la PFA. Por último, informó que le habían iniciado una causa como castigo por su denuncia, de la que finalmente fue sobreseído. El representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el relato del testigo era sincero. Indicó que había prueba que avalaba su testimonio. Por otra parte, las defensas sostuvieron que el testigo mentía por el rencor que sentía hacia los imputados. Agregaron que había sido sancionado en varias oportunidades y cuestionaron la forma en la que había tomado conocimiento de los hechos. |
| 7-jul-2022 | Ríos (causa N° 21633) | El 30 de abril de 2022, un hombre fue detenido y luego procesado con prisión preventiva por el delito de robo simple reiterado en dos oportunidades. El hombre registraba cuatro procesos penales en curso y carecía de antecedentes condenatorios o declaraciones de rebeldía. Al momento de su detención, el hombre acreditó que vivía con su pareja y aportó sus datos identificatorios. Entonces, su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido de la defensa, por lo que se interpuso un recurso de apelación. La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión, por considerar, entre otras cuestiones, que aunque el caso encuadraba en la segunda hipótesis del art. 316 por remisión del art. 317, inc. 1° del Código Procesal Penal, existían riesgos procesales. En esa línea, concluyó que por las causas que el hombre imputado tenía en trámite no se sometería voluntariamente a la jurisdicción. Además, sostuvo que pese a que su domicilio fue constatado, las medidas alternativas resultaban insuficientes para garantizar su sujeción al proceso. También destacó que el tiempo en detención no resultaba desproporcionado. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-sep-2018 | Ríos (causa N° 43353/2014) | Durante una madrugada tres personas habían levantado el techo de una vivienda precaria en la que vivía una familia. Una vez dentro, se apoderaron de un televisor, una computadora portátil y tres celulares. Luego, amenazaron con un arma de fuego a la familia y huyeron por la parte trasera del terreno mientras disparaban al aire. Los vecinos escucharon ruidos y salieron a la calle. Durante la huida, una de las personas que portaba un arma advirtió la presencia de una mujer y le disparó. La mujer cursaba un embarazo avanzado y resultó herida. Sin embargo, el feto falleció. Por esos hechos, la persona que disparó el arma fue condenada por el delito de robo agravado en concurso real con portación ilegal de arma de uso civil y por el delito de homicidio criminis causae para lograr la propia impunidad agravado por el uso de un arma de fuego, en grado de tentativa, en concurso ideal con aborto sin el consentimiento de la mujer. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que la calificación legal resultaba errónea en tanto no se había probado la conexión que exige la figura de homicidio criminis causae entre el robo y el homicidio tentado. |
| 13-sep-2017 | Ríos (causa Nº 8304) | Dos hombres tuvieron una pelea en la calle. Cuando llegó la policía, uno tenía un corte en el brazo y decía que el otro, junto a dos personas más, le había querido robar el celular. El damnificado se encontraba nervioso y no se entendía lo que decía. Cuando fue trasladado a la comisaría para que efectuara la denuncia, dijo que le habían robado $600 y que el otro hombre lo había herido con una navaja. Luego, se fue de la comisaría y no volvió a ser hallado. Por este hecho, el otro individuo fue imputado por el delito de robo con armas en poblado y en banda. Además, se le atribuyó otro hecho calificado como robo en poblado y en banda. En la etapa de juicio oral, el imputado declaró que se había peleado con el damnificado del primer hecho porque había querido abusar de su sobrina menor de edad. El representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, dados los dichos contradictorios del único testigo y que no se encontró ninguna navaja en el lugar de los hechos, no existía prueba suficiente para tener por acreditado el ilícito. Por ese motivo, solicitó su absolución. |
| 30-dic-2011 | Ríos, Ramón Eduardo | El imputado fue condenado a la pena de cinco años y dos meses de prisión por la comisión del delito de robo agravado por haber sido cometido con arma (artículo 166, inciso 2º del Código Penal). La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión y cuestionó la calificación que el tribunal le asignó al hecho. |
| 12-abr-2018 | RJA (causa Nº 8399) | Un hombre fue juzgado por un hecho cometido en noviembre del 2014. En junio de 2017, el Tribunal Oral lo condenó a la pena de un año de prisión y lo declaró reincidente. Dicha declaración era la segunda dictada respecto del imputado. En septiembre de 2017, fue juzgado por un otro delito, cometido en marzo del 2014. Durante el juicio oral, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se le impusiera la pena única de dos años y dos meses de prisión, comprensiva de la anterior. El Tribunal Oral lo condenó a la pena única de dos años y seis meses y la declaró reincidente por tercera vez. Para decidir de esa manera, tuvo en consideración los procesos que registraba en su contra y las sucesivas declaraciones de reincidencia. Sobre la base de esos argumentos, consideró que la persona presentaba desapego a la ley. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |