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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 16-feb-2023 | Molina (Causa nº 6210) | A través de una denuncia anónima se informó que una mujer vendía marihuana y hongos alucinógenos. Por tal razón, personal policial realizó tareas de investigación y el juzgado de turno dispuso el allanamiento de su vivienda. En el procedimiento se secuestraron material estupefaciente, teléfonos móviles y dinero en efectivo. En el lugar había dos personas, una mujer y un hombre. Ambos fueron imputados por el delito de comercio de estupefacientes. Su defensa presentó una propuesta de reparación integral en virtud del artículo 22 del Código Procesal Penal Federal. Por esa razón, ofreció el pago de una suma de dinero a la brigada avocada al combate de los incendios que se iniciaron en la provincia. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable. |
| 26-nov-2019 | Molina (causa Nº 67957) | Un varón fue imputado por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo en concurso real con amenazas simples. Durante los seis años siguientes al hecho mantuvo una relación cordial con su expareja y se hizo cargo de la manutención y crianza de los hijos que tenían en común. En la etapa de juicio la defensa solicitó que se le concediera la suspensión del proceso a prueba. El representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido sobre el precedente “Góngora” de la CSJN. Por su parte, la víctima se expresó de manera favorable a la concesión del instituto. |
| 24-abr-2018 | Molina (reg. Nº 402 y causa Nº 15366) | Molina fue condenado a una pena única de tres años y seis meses de prisión. Cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional elaboró un informe que, por mayoría, se expidió de manera favorable al pedido y recomendaba continuar con un tratamiento extramuros para la problemática de adicciones. Sin embargo, la división de servicio criminológico indicó un pronóstico de reinserción “desfavorable” que se fundó en cuestiones vinculadas a la personalidad y en los antecedentes judiciales y adictivos del condenado. Además, tuvo en cuenta un informe psicológico efectuado un año antes en otra unidad penitenciaria. Luego, la defensa solicitó un informe aclaratorio. En esa oportunidad, el servicio criminológico modificó el diagnóstico de reinserción social por uno “dudoso”. El Ministerio Público Fiscal no fue notificado del último informe, por lo que se opuso al pedido de libertad condicional. Por esa razón, el juzgado de ejecución penal rechazó la solicitud e indicó que Molina debía realizar un tratamiento intramuros por sus adicciones. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-jul-2015 | Molina Ezcurra, Eduardo | En el presente caso, la defensa había solicitado la prisión domiciliaria de una persona próxima a cumplir 70 años de edad, condenada a la pena de 21 años de prisión, inhabilitación absoluta y perpetua por delitos de lesa humanidad. El juez de ejecución hizo lugar al planteo. |
| 9-ago-2016 | Molina, Juan Alfredo | Dos personas fueron detenidas durante un operativo en la vía pública. A raíz de ello se encontraron siete plantas de marihuana dentro del vehículo en el que circulaban. A su vez, luego de la detención y requisa, otra persona se presentó en el lugar e indicó que las plantas eran de su propiedad. La conducta de los tres fue calificada, provisoriamente, como cultivo de estupefacientes (art. 5° inc. a, ley 23.737). La defensa solicitó que se modifique la calificación a cultivo para consumo personal (art. 5, inc. a, penúltimo párrafo ley 23.737). De la misma forma, en el entendimiento de que dicha norma guarda el mismo espíritu que el segundo párrafo del art. 14 (tenencia para consumo personal), requirió se declare su inconstitucionalidad de conformidad con lo resuelto por la CSJN en el precedente "Arriola”. |
| 1-sep-2020 | Molo y Di?az (causa N° 1312) | Dos personas regresaron al país el 28 de febrero de 2020 luego de un viaje por distintos países de Europa. Ambas presentaban síntomas de cansancio y dolores estomacales y, al llegar a su residencia en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, realizaron sus actividades diarias con normalidad. A partir de una noticia periodística que reconstruía una cadena de contagios de COVID-19 en base a ellas, el representante del Ministerio Público Fiscal las acusó por la propagación de una enfermedad peligrosa y contagiosa. En su declaración indagatoria sostuvieron que en ninguna instancia de su regreso habían recibido indicaciones para evitar el contagio. El juzgado consideró que habían tenido una conducta imprudente y dictó su procesamiento por el delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa por imprudencia, teniendo como resultado enfermedad y muerte, en los términos de los artículos 202 y 203 del Código Penal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos señaló que, al momento del regreso al país de sus asistidas, no existían normativas, procedimientos o disposiciones legales restrictivas a cumplir respecto al COVID19, como así tampoco protocolos de comportamiento a seguir ante la sospecha de contagio. En ese sentido, postuló su sobreseimiento. |
| 1-sep-2016 | Monasterio (reg. N° 675 y causa N° 21736) | Un hombre que había sido condenado a la pena de tres años de prisión fue incorporado al régimen de libertad condicional. Luego fue imputado por otro hecho. Durante la audiencia de debate la fiscalía solicitó que se lo condenara a la pena única de tres años y seis meses de prisión. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de un año y a la pena única de cuatro años de prisión y revocó la libertad condicional. Para decidir de ese modo, consideró que correspondía efectuar una suma aritmética de las sanciones de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 CP, dado que el imputado había violado la obligación del artículo 15 del CP. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 27-abr-2022 | Monasterio San Bernardo de Carmelitas Descalzas (Causa Nº 770696) | Las monjas y la madre superiora del convento San Bernardo de Carmelitas Descalzas de la ciudad de Salta habrían sufrido distintos hechos de violencia de género de tipo psicológica, física y económica por parte del Arzobispo de esa ciudad y de dos sacerdotes. Por ese motivo, en noviembre de 2020 la madre superiora realizó la denuncia ante las autoridades eclesiásticas. Sin embargo, debido a que los hechos de violencia habrían continuado, las religiosas presentaron una denuncia en sede judicial y solicitaron medidas de protección. Entre sus argumentos, sostuvieron que existía peligro cierto de padecer nuevos actos de violencia en virtud de su condición de mujeres y de la relación desigual de poder respecto del denunciado. El juzgado interviniente hizo lugar a las medidas requeridas. Luego, se presentó el arzobispo, negó haber ejercido violencia e indicó que se había limitado a cumplir sus funciones en el monasterio. En ese sentido, planteó la incompetencia del tribunal y, en consecuencia, la nulidad de todo lo actuado. Asimismo, señaló que debía aplicarse el Concordato con la Santa Sede –incorporado mediante la ley Nº 17.032– de jerarquía superior a las normas nacionales. Por último, agregó que la causa debía resolverse en el fuero eclesiástico, tanto por los sujetos involucrados como por la denuncia presentada en un primer momento. |
| 19-nov-2021 | Moncada Carbajal (Causa Nº 39847) | Una persona migrante de origen peruana perteneciente al colectivo LGBTIQ vivía en Argentina. Con posterioridad, fue condenada a seis meses de prisión en suspenso por el delito de suministro gratuito de estupefacientes de manera ocasional, previsto en el artículo 5 inciso e) último párrafo de la ley 23.737. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) declaró irregular su permanencia en el territorio nacional, dispuso su expulsión y le prohibió reingresar de manera permanente. En ese marco, la mujer interpuso un recurso contra el acto administrativo de expulsión, que fue rechazado. Luego, presentó un recurso ante la justicia. Allí, alegó que como integrante de la comunidad LGBTIQ, se vería expuesta a violencia en caso de regresar a Perú y solicitó una dispensa por razones humanitarias. Asimismo, planteó la inconstitucionalidad del Decreto N°70/2017 por afectar sus derechos fundamentales. El juzgado de primera instancia consideró que se encontraba cumplido uno de los impedimentos previstos en la Ley Nacional de Migraciones, denegó la dispensa y rechazó el recurso. En consecuencia, la migrante presentó un recurso de apelación. |
| 15-jul-2022 | Mondaca Vallejos ( Causa N° 63078) | Una persona había sido condenada por el delito de homicidio cometido en ocasión de robo. Una vez cumplido el requisito temporal, su defensa solicitó la incorporación de su asistido al régimen de libertad condicional. A su vez, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 14 del Código Penal. Pese a que el Consejo Correccional se expidió de manera favorable, el juzgado de ejecución penal interviniente no hizo lugar a la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 30-nov-2015 | Mondo, Juan Carlos | En el presente caso, el Tribunal Oral había resuelto condenar al imputado a la pena de doce años de prisión por encontrarlo coautor penalmente responsable del delito de trata de personas menores de edad con fines de explotación sexual. Esta resolución había sido recurrida ante la Cámara Federal de Casación Penal. En paralelo, la defensa solicitó que se le concediera a su representado la prisión domiciliaria en razón de su edad y su precario estado de salud. De acuerdo al informe médico del Cuerpo de Peritos y de los consultores técnicos de la Defensoría General de la Nación, sus múltiples dolencias no le permitían seguir detenido en el establecimiento carcelario. El Tribunal Oral hizo lugar al pedido. |
| 14-abr-2025 | Monforte (Causa Nº 41700) | Un hombre fue absuelto por los delitos de abandono de persona seguido de muerte, en concurso real con el de homicidio culposo. Contra esa decisión, la parte querellante interpuso un recurso de casación que fue desestimado, por lo que dedujo recurso extraordinario federal. Con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia”, donde estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad. A partir de este pronunciamiento, la parte querellante presentó un recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley 402 de la CABA) ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. |
| 6-jun-2023 | Monge (causa N° 7639) | Un hombre residía junto a su grupo familiar constituido por su pareja y cuatro niños menores de edad. El hijo menor de ambos había nacido prematuro y tenía problemas de salud. En el marco de una causa penal, el hombre fue procesado con prisión preventiva por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por el número de intervinientes y por encontrarse en cercanías de establecimientos educativos. La defensa solicitó su excarcelación y, en subsidio, la prisión domiciliaria en los términos del artículo 210, inciso j, del Código Procesal Penal Federal. En ese sentido, destacó el carácter excepcional del arresto preventivo y la ausencia de riesgos procesales en el caso. A su vez, resaltó el buen comportamiento del hombre durante el procedimiento e hizo énfasis en que la investigación no era compleja. El juzgado interviniente corrió vista al Defensor Público de Menores e Incapaces que se expidió de manera favorable al pedido de excarcelación. A su vez, el defensor solicitó la intervención del Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia de Corrientes para que diera una cobertura y un seguimiento especializado a la familia.; Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al planteo de la defensa y el juzgado rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera, ponderó la escala penal prevista para el delito, la existencia de antecedentes penales, la intervención de varios imputados en el hecho y la posibilidad de que el imputado destruyera, ocultase o se pusiera en contacto con otros miembros de la organización. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó la impugnación. Entre sus argumentos, destacó que, si bien el imputado tenía arraigo domiciliario y familiar, le faltaba arraigo laboral. Además, expuso que la gravedad del hecho investigado, la pena en expectativa, la existencia de antecedentes penales, entre otras cuestiones, hacía que hubiera riesgo de fuga. Entonces, la defensa presentó un recurso de casación que fue concedido. En su impugnación, indicó que no debía soslayarse el estado de salud del hijo menor del imputado ni la conclusión del informe socio ambiental que advertía una situación de vulnerabilidad social por parte de la familia. Por último, refirió que, en caso de que se considerara que el riesgo de fuga subsistía, existían medidas alternativas a la prisión preventiva como la pulsera electrónica. Por otro lado, la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años concluyó que la presencia diaria del imputado en el hogar favorecería el cuidado, la atención y contención emocional necesarias para un adecuado desarrollo de los niños. |
| 2-jun-2020 | Monje (causa N° 37369) | La policía interceptó un vehículo en una estación de servicio y detuvo a un hombre. Una vez procesado, el tribunal interviniente lo condenó por resultar autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra la persona con la que mantenía una relación de pareja y por tratarse de una mujer y mediar violencia de género, en concurso real con otras figuras. Entre ellas, se encontraba la del delito de encubrimiento agravado. Frente a esto, la defensa presentó un recurso de casación. |
| 10-nov-2017 | Monjes (Causa Nº 21180) | Un hombre y una mujer fueron acusados de haber hecho descender al chofer de un taxi (BC), de golpearlo y sustraer su billetera. Según la acusación la ex pareja de la mujer, MMM, se hallaba en el lugar y se unió a la pelea. Personal de Gendarmería escuchó el pedido de auxilio de los vecinos y detuvo a los dos primeros intervinientes. MMM se alejó del lugar. Al regresar, BC señaló a MMM como una de las personas que habían intentado robarle, por lo que fue detenido. Durante la declaración indagatoria, uno de los individuos que abordaban el vehículo se hizo responsable del hecho y negó la participación de MMM. Por su parte, éste declaró que se encontraba en el lugar esperando a su ex pareja, y que intervino en el hecho para ayudar al taxista a levantarse del piso. BC declaró en dos oportunidades y reconoció a MMM como parte de la banda. Las audiencias testimoniales fueron tomadas en fechas distintas a las notificadas a la defensa. Debido a que BC falleció antes del debate, su testimonio fue incorporado por lectura, pese a la oposición de la defensa. El Tribunal Oral juzgó solo a MMM, pues la mujer y el hombre fueron declarados rebeldes, y lo condenó por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, en grado de tentativa. Para decidir de esa manera, se tuvieron en cuenta las declaraciones del damnificado. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 15-feb-2012 | Monroy, Daniel Américo | El tribunal oral condenó al imputado a cumplir una pena de prisión y, en el mismo acto, ordenó su detención. En virtud de ello, la defensa requirió su excarcelación. Rechazado el planteo, se presentó un recurso de casación. |
| 16-jun-2020 | Monserrat (causa n°23772) | Un hombre de treinta y siete años se encontraba detenido en la Unidad n° 5 del Servicio Penitenciario Federal. El hombre tenía hipertensión arterial, artritis reumatoidea y obesidad. Ante la declaración de la emergencia sanitaria, el SPF elaboró un listado de personas con riesgo de contagio ante el virus Covid-19 en la cual fue incluido. Entonces, la defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. La fiscalía dictaminó de forma favorable al pedido mientras durase la emergencia sanitaria. El tribunal rechazó el planteo por considerar, entre otras cuestiones, que la posición de ambas partes se apoyaba en informes médicos que carecían de información completa sobre el diagnóstico del imputado. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 28-oct-2014 | Monteagudo Barro Roberto José Constantino c. BCRA. s. Reincorporación | En este caso, la Corte Suprema, por voto mayoritario de los ministros Fayt, Maqueda y Zaffaroni, confirmó lo decidido el a quo, que hizo lugar a la pretensión del actor y, por aplicación de la regla iuria curia novit, declaró nulo –por discriminatorio– el despido de un empleado. En consecuencia, la sentencia había ordenado la reinstalación del actor en su puesto de trabajo y el pago de los salarios caídos y otros conceptos salariales e indemnizatorios. Para así decidir, la Corte consideró que “…el principio de congruencia impone a los jueces y tribunales decidir de conformidad con los hechos y pretensiones deducidas (arts. 34, inc. 4° y 163, inc. 6° del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Tal limitación sin embargo, infranqueable en el terreno fáctico (congruencia objetiva), no rige en el plano jurídico donde la fundamentación en derecho o la calificación jurídica efectuada por los litigantes no resulta vinculante para el juez a quien, en todos los casos, le corresponde ´decir el derecho´ (iuris dictio ó jurisdicción) de conformidad con la atribución iura curia novit”. Asimismo, el voto mayoritario entendió que “…los jueces –en el cumplimiento de su misión constitucional de conocer y decidir las causas contenciosas; art. 116 de la Carta Fundamental– tienen el deber de examinar autónomamente los hechos controvertidos para poder encuadrarlos en las disposiciones jurídicas que apropiadamente los rigen […] El ejercicio prudencial de tal atribución, por lo tanto, no configura una alteración del principio de congruencia […] Tal cometido, por lo demás, debe ser armonizado con la necesidad de acordar primacía a la verdad objetiva, considerada como una exigencia propia del adecuado servicio de la justicia que garantiza el art. 18 de la Constitución Nacional”. Por su parte, en el voto en disidencia de los ministros Lorenzetti y Highton de Nolasco se sostuvo que asistía razón al apelante, ya que el actor en ningún momento reclamó la nulidad del despido en virtud de su supuesto carácter discriminatorio. Por lo tanto, la institución demandada se había visto privada de controvertir esta nueva imputación, como de ofrecer y producir pruebas conducentes a esos fines. |
| 10-dic-1981 | Montenegro | Una persona fue detenida y trasladada a sede policial, donde fue sometida a apremios ilegales. En ese contexto, manifestó haber participado en el robo de un comercio que no había sido denunciado. A partir de esas manifestaciones, la policía localizó el establecimiento y su dueña confirmó el hecho. Posteriormente, en un allanamiento realizado en el domicilio de la persona detenida, se encontraron objetos que habían sido sustraídos en el robo. El tribunal oral condenó a la persona por el delito de robo con armas basándose en que sus manifestaciones no constituían una confesión, sino una presunción grave en su contra, la cual se sumaba a otras pruebas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, al ser denegado, motivó la presentación de un recurso de queja |
| 4-ago-2015 | Montenegro, Augusto Wertel | La defensa solicitó se disponga la prisión domiciliaria del imputado con motivo de la enfermedad y la discapacidad que padecía su hijo, quien se hallaba bajo su exclusivo cuidado. Alegó la defensa que a partir de la privación de la libertad de su asistido, su hijo había experimentado un significativo desmejoramiento en su estado de salud, principalmente porque su padre era la única persona con la que convivía y que asistía a sus necesidades diarias. Adicionalmente, el imputado contaba con 87 años de edad a la fecha de la presentación. El fiscal general manifestó su conformidad con la concesión de la prisión domiciliaria. |