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| Fecha | Título | Resumen |
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| 19-oct-2016 | MTL | El Servicio Local de Promoción y Protección de Derechos del Niño de Villa Gesell recibió una denuncia de maltrato efectuada por una adolescente contra su progenitora y su pareja. Con posterioridad, tomó conocimiento de que la joven se encontraba en situación de calle con su hijo de dos años. A raíz de un informe médico que constató que el niño contaba con golpes, escoriaciones y hematomas, el Servicio Local decretó la medida de abrigo institucional por advertir riesgo vital para el niño al no encontrarse contenido en su grupo familiar. El organismo autorizó que el niño permanezca de manera momentánea y provisoria al cuidado de referentes comunitarios no inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción. La abuela materna del niño solicitó el reintegro de su nieto. La Asesora de Incapaces, en representación de la madre del niño, solicitó que se autorice el contacto madre-hijo. La jueza de primera instancia rechazó ambos pedidos, declaró la situación de adoptabilidad del niño y dispuso su guarda con fines de adopción. Dicho pronunciamiento fue apelado por las Asesoras de Incapaces –intervinientes en representación del niño y su madre, por entonces menor de edad–, la abuela del niño y los referentes comunitarios no inscriptos en el Registro de Aspirantes a Guardas con fines de Adopción. El tribunal de segunda instancia confirmó lo resuelto. Tal decisión fue impugnada por las titulares de las Asesorías de Incapaces Nº 1 y 2 de ese departamento judicial y por la abuela del niño. |
| 18-abr-2023 | Muertes en las prisiones | La Relatoría Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias publicó un informe sobre las muertes en las prisiones. En el documento, alertó sobre el alto número de fallecimientos evitables en el ámbito carcelario y enfatizó sobre la responsabilidad del Estado en proteger y garantizar el derecho a la vida de las personas bajo su cuidado. |
| 19-jun-2018 | Mugnos (Causa Nº95001092) | En el año 2002, una persona fue denunciada por adulteración de vinos. La denuncia fue interpuesta por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), que se constituyó como querellante. Fijada la audiencia de debate para el mes de marzo del 2018, la defensa solicitó que se celebrara un acuerdo de conciliación. La persona ofreció, en concepto de reparación, la suma de diez mil pesos a favor del INV. El Instituto aceptó la propuesta. Por su parte, la fiscalía prestó conformidad con el acuerdo. Por tal razón, la defensa presentó el comprobante de depósito que certificaba el abono del monto pactado y solicitó que se declarase la extinción de la acción penal y el sobreseimiento de su asistido. |
| 3-may-2017 | Muiña, Luis (Causa Bignone) | Una persona fue procesada por los delitos de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados, calificados como delitos de lesa humanidad. A partir de 2007, además, estuvo detenida preventivamente. Luego, fue condenada a la pena de trece años de prisión. El tribunal oral realizó el cómputo del tiempo de detención de conformidad con la regla conocida como “dos por uno” (art. 7 de la ley 24.390, derogado en el 2001), por aplicación de la ley penal más benigna (art. 2 del CP); la ley 24.390 estuvo vigente en un momento intermedio, entre la comisión de los hechos que fueron materia de la causa penal y el dictado de la sentencia condenatoria. La decisión relativa al modo de computar el tiempo de prisión preventiva fue impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal. La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar al recurso del fiscal. A tal fin, consideró que la aplicación de la ley penal más benigna tenía como único fundamento la existencia de un cambio en la valoración de la conducta imputada. En ese sentido, señaló que la ley 24.390 no alteró la valoración de los delitos que se le atribuían al condenado. A su vez, consideró que no era aplicable el precedente “Arce” de la CSJN debido a que los delitos comprendidos en la sentencia condenatoria fueron cometidos antes de la sanción de la ley 24.390, mientras que en el precedente referido, el hecho había sido cometido mientras la norma se encontraba vigente. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal. Ante su rechazo, interpuso un recurso de queja. |
| oct-2019 | Mujeres de las circunstancias y delitos de drogas | El presente trabajo se enfoca en el rol doméstico que social y judicialmente es impuesto a las mujeres y busca problematizar la apropiación y utilización de ese rol como argumento para la fundamentación de su imputación en procesos judiciales. El estudio se detendrá en los casos en que dichas aseveraciones impactan de manera negativa al evaluar la posible participación de las mujeres en casos donde sus parejas son investigadas por la comisión de delitos de drogas. |
| mar-2023 | Mujeres en situación de vulnerabilidad imputadas por hechos de transporte y contrabando de estupefacientes. Análisis de algunas decisiones adoptadas por la Cámara Federal de Casación Penal y elaboración de estrategias de defensa con perspectiva de género. | El presente trabajo analiza ciertos casos de mujeres imputadas por hechos de transporte o contrabando de estupefacientes que se encuentran en situación de vulnerabilidad con el objetivo de brindar herramientas que ofrezcan soluciones humanitarias y justas, desde la dogmática del derecho penal, salvaguardando de tal modo los compromisos internacionales contraídos por el Estado argentino en materia de derechos de la mujer. En especial, se estudiarán las obligaciones que derivan para los/las juzgadores/as a raíz de los deberes asumidos por el Estado argentino al ratificar instrumentos internacionales en materia de erradicación de la violencia y discriminación contra la mujer. |
| 2020 | Mujeres imputadas en contextos de violencia o vulnerabilidad | Desde el Área de Políticas de Igualdad de Género del programa EUROsociAL+ acogemos esta herramienta como un referente de alta calidad, que tendrá eco seguramente en un público muy amplio comprometido con los derechos humanos de las mujeres y la igualdad entre hombres y mujeres en toda su diversidad. |
| 21-dic-2014 | Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica, Canadá | En este informe la Comisión IDH analizó el contexto en que las mujeres indígenas han sido asesinadas y han desaparecido durante los últimos años en el Estado canadiense. A su vez, el informe ofrece recomendaciones orientadas a ayudar al Estado a fortalecer sus esfuerzos para proteger y garantizar los derechos de las mujeres indígenas. Las cifras de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas son de especial preocupación considerando que los pueblos indígenas representan un porcentaje pequeño de la población total de Canadá. Las desapariciones y asesinatos de mujeres indígenas en Canadá son parte de un patrón más amplio de violencia y discriminación en contra de las mujeres indígenas en el país. De acuerdo con la información recibida, la policía no ha prevenido ni protegido adecuadamente a las mujeres y niñas indígenas de homicidios, desapariciones y formas extremas de violencia, y tampoco ha investigado de manera diligente y oportuna estos actos. Los familiares de mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas han descrito actitudes desdeñosas de los funcionarios de policía que trabajan en sus casos, la falta de recursos adecuados asignados a ellos y una prolongada ausencia de investigaciones y de reconocimiento de un patrón de violencia. |
| dic-2020 | Mujeres Privadas de la Libertad en Escuadrones de Gendarmería Nacional | Este informe tiene por objetivo puntualizar la situación particular de las detenidas y, en especial, la presencia de elementos que alertan sobre abusos sexuales cometidos contra ellas por parte del personal de custodia. Al tratarse de lugares que no están preparados desde ningún punto de vista para alojar a personas detenidas, las condiciones de vida en prisión en esos destacamentos configuran numerosas violaciones a derechos fundamentales. |
| 8-mar-2023 | Mujeres privadas de la libertad en las Américas | La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en la región. Allí, dio cuenta del impacto diferencial por motivos de género que tienen el uso de la prisión preventiva y la ejecución de las penas privativas de la libertad. Luego, efectuó recomendaciones a los Estados para adoptar medidas o enfoques diferenciados a fin de garantizar un tratamiento no discriminatorio hacia las mujeres procesadas y condenadas. |
| 28-nov-2018 | Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco v. México | Los días 3 y 4 de mayo del año 2006, a partir de un conflicto en el municipio de Texcoco, aproximadamente 700 integrantes de la Policía Federal Preventiva (PFP) y 1815 agentes municipales y estatales implementaron un operativo con el fin de reprimir las manifestaciones de un grupo de trabajadores. Como consecuencia de la represión murieron dos jóvenes. Además, fueron detenidas y torturadas 217 personas, entre las que se encontraban las once mujeres víctimas del caso. Este grupo se hallaba sujeto al completo control de los agentes y en una situación de absoluta indefensión e incomunicación. Entonces, los policías aprovecharon la situación de vulnerabilidad de las detenidas para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y daño a sus familias. Posteriormente, varias sufrieron un trato denigrante por parte de los primeros médicos que las atendieron al llegar al Centro de Readaptación Social, se negaron a revisarlas, a practicar exámenes ginecológicos y a reportar o registrar las violaciones sexuales. |
| 18-dic-2020 | Mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual como acusadas | La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito realizó un informe sobre los casos que involucran a mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual como presuntas autoras de delitos. Este documento analiza las tendencias y complejidades para investigar y juzgar la culpabilidad de las víctimas-acusadas en estos delitos. Luego, formula recomendaciones a los Estados para aplicar una perspectiva de género e interseccionalidad en el juzgamiento de estos casos a fin de evitar la revictimización de estas mujeres. |
| may-2018 | Las multas actuales de la ley N° 23.737 (según ley N° 27.302) y en el anteproyecto 2018 del Código Penal | El autor analiza el impacto de los nuevos montos de las multas previstas para las principales figuras penales de la ley Nº 23.737 (Ley de Estupefacientes), según el texto de la ley Nº 27.302, frente a la imposibilidad de su pago por parte de los condenados. A partir de ello, tomando un caso estándar de narcotráfico (tenencia con fines de comercialización, transporte, etc.) se analizan como inconvenientes múltiples soluciones legalmente previstas o que podrían invocarse fundadamente, y luego se propone una superadora, que permita arribar a la correspondiente satisfacción de la pena pecuniaria, sin una afectación significativa para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Finalmente, se analiza la cuestión desde la propuesta del anteproyecto del Código Penal 2018. |
| 23-sep-2014 | Municipalidad de Berazategui c. Cablevisión SA | En este caso, el juez federal de Mar del Plata hizo lugar a la medida cautelar innovativa –en el marco de un proceso colectivo– promovida por el intendente de la Municipalidad de Berazategui contra Cablevisión S.A. para que refacture el servicio prestado a los usuarios de dicho partido con sujeción a las resoluciones 50/2010 y 36/20111 de la Secretaría de Comercio Interior. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata confirmó la resolución. La parte demandada interpuso recurso extraordinario federal y cuestionó el rechazo del planteo de la falta de legitimación activa. La Corte Suprema revocó la medida cautelar dictada y ordenó remitir las actuaciones al juez federal de Mar del Plata para que dicte nuevo pronunciamiento. |
| 14-jun-2020 | Municipalidad de Faimallá (Causa N° 401484) | A raíz de un basural que se encontraba en la localidad de San José, provincia de Tucumán se inició una causa donde se investigaba la infracción a la ley N° 24.051 sobre residuos peligrosos. En esa oportunidad, se destacó que uno de los recursos ambientales que se encontraba afectado era el río Famaillá. El juzgado federal declinó su competencia a favor de la justicia local. Para decidir así, sostuvo que la investigación no encuadraba en la normativa dado que los residuos no reunían la calidad de peligrosos, sino que se trataba de desechos domiciliarios. Por su parte, el juzgado local rechazó esa atribución de competencia al considerar que si se había constatado la presencia de residuos que encuadraban en la categoría que menciona la ley Nº 24.051. En ese marco, se generó un conflicto de competencia entre los juzgados. |
| 24-oct-2018 | Munir Al Adam v. Arabia Saudita | Durante su infancia, una persona había sufrido una lesión que le provocó una discapacidad auditiva. A sus veintitrés años, las fuerzas de seguridad locales la detuvieron y trasladaron a una comisaría. Allí, fue golpeada, sobre todo en la planta de sus pies. Luego de ser trasladada a otro establecimiento, fue recluida en aislamiento y golpeada nuevamente. A partir de ese momento, su lesión en el oído comenzó a agravarse. Pese a solicitar asistencia médica en ese momento, fue sometido a un control de salud después de cuatro meses. En esa oportunidad, el profesional interviniente señaló la necesidad de practicarle una cirugía de urgencia para evitar la pérdida completa de la audición. Sin embargo, permaneció sin tratamiento. Seis meses después, se llevó a cabo otra consulta médica. Entonces, se determinó que había perdido completamente la audición y que la situación ya no era reversible a través de una cirugía. En este contexto, los hechos fueron denunciados penalmente. Sin embargo, el Estado no llevó a cabo ninguna investigación judicial. |
| 14-abr-2020 | Muñoz (causa N° 13838) | Un hombre de 67 años había sido condenado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización a la pena de cinco años de prisión y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. El hombre tenía cáncer de colon, había sido operado y había realizado un tratamiento de quimioterapia. En ese sentido, había solicitado un turno al servicio de oncología del Hospital Udaondo. Previo a su otorgamiento, el nosocomio había solicitado la realización de una biopsia. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la sección de traslados extramuros de la unidad informó que habían suspendido las agendas de turnos programados en los hospitales y centros de salud. Además, informó que quedaban restringidos todos los traslados programados de detenidos a establecimientos extramuros para efectuar interconsultas o estudios complementarios. En ese contexto, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria en la casa de su hija en la ciudad de Necochea. |
| 2-dic-2019 | Muñoz (Causa Nº43420) | Muñoz y otro hombre forzaron la puerta de una vivienda e ingresaron. Al arribar personal policial, intentaron fugarse y movieron un mueble para obstaculizar el paso de los agentes. Luego de un forcejeo, uno de los policías tomó a Muñoz y lo detuvo. En ese marco, el agente advirtió que se había fracturado un dedo de la mano. Muñoz fue imputado por el delito de robo grado de tentativa en concurso ideal con lesiones graves criminis causae. En la etapa de juicio oral el policía manifestó que no podía precisar el momento exacto en que se había fracturado y que era posible que hubiera sido un accidente. El Tribunal Oral, por mayoría, condenó al imputado a la pena de tres años de prisión. Entre otras cuestiones, expuso que no se advertía cuál podía ser la clase de accidente que provocara la fractura de un dedo en una puja física entre dos personas. En consecuencia, consideró que la lesión se había producido cuando el agente intentaba detener a los hombres. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 18-jun-2015 | Muñoz, Michael Rosado | El tribunal oral había revocado la suspensión del juicio a prueba que se le otorgó al imputado. Ello, al constatar el dictado por parte de otro tribunal de una sentencia de condena por un hecho cometido durante el plazo por el que se había concedido la probation. En razón de ello, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 26-abr-2016 | Murray v. Países Bajos | En octubre de 1979 Murray fue declarado culpable del asesinato de una niña de seis años y se lo condenó a la pena de prisión perpetua. En el proceso se contó con el informe de un psiquiatra que describió al peticionario como una persona con "retraso mental, infantil y narcisista" y recomendó que recibiese tratamiento institucional. En 1999 Murray fue trasladado a una prisión en la isla de Aruba a pedido de su familia. En este periodo se presentaron diversos pedidos de clemencia en su favor. Sin embargo, las solicitudes fueron rechazadas por el gobernador de las Antillas Holandesas en razón del “riesgo de reincidencia” que habría tenido lugar. Murray padecía cáncer y fue indultado en marzo de 2014 debido al grave deterioro de su salud. Durante todo el tiempo que se lo mantuvo privado de la libertad, nunca estuvo en un régimen separado del resto de los presos ni tuvo un régimen especial para personas con problemas psiquiátricos. Tampoco recibió la atención adecuada para disminuir el “riesgo de reincidencia” que se alegaba para rechazar su liberación. Murray murió en noviembre de 2014 mientras se encontraba en trámite su petición en el ámbito europeo. |