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FechaTítuloResumen
29-mar-2020Asociación de Clínicas y Sanatorios y Federación Médica del Chaco (causa N° 1331)El Comité de Crisis COVID-19 dependiente del Ministerio de Salud de la provincia de Corrientes emitió una circular que dispuso el aislamiento obligatorio de los profesionales médicos y personal de salud de Corrientes que prestaban servicios en la provincia del Chaco por el término de catorce días, por considerarlos personal sanitario de riesgo. Por ese motivo, la Asociación de Clínicas y Sanatorios del Chaco y la Federación Médica del Chaco interpusieron una acción de amparo contra la provincia. En la presentación solicitaron una medida cautelar para que se garantizara la libre circulación de los profesionales médicos y/o personal de salud afiliados a esas entidades que no presentasen los síntomas del virus COVID-19. En ese sentido, destacaron que la medida evitaría el inminente colapso del sistema de salud de la provincia del Chaco.
30-mar-2020Detenidos alojados en la UP N° 9 de La Plata (causa N° 100145)En las unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires se encontraba prohibida la tenencia y el uso de teléfonos celulares. En marzo del 2020, a raíz de la declaración del Coronavirus como pandemia, el gobierno dictó el DNU 297/20 por medio del cual dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio. A partir de esa medida, se suspendieron las visitas de las personas detenidas con sus familiares, lo que motivó que se comunicaran a través de los teléfonos ubicados en los pabellones de los establecimientos penitenciarios. Los aparatos eran escasos y funcionaban mal. Por esa razón, la defensoría del Tribunal de Casación Penal provincialinterpuso una acción de hábeas corpus colectivo. En su presentación solicitó que se dictase una medida cautelar a favor de todos los detenidos de la provincia de Buenos Aires y que habilitara el uso de telefonía celular durante la vigencia de la situación de excepción provocada por la pandemia. En tal sentido, sostuvo que su restricción afectaba la resocialización, educación y comunicación de las personas privadas de la libertad.
30-mar-2020Xumek (causa N° 47215)En virtud de la situación de emergencia sanitaria, los representantes de la Asociación para la Protección de Derechos Humanos y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes de Mendoza interpusieron una acción de habeas corpus correctiva y colectiva a favor de las personas privadas de su libertad en el servicio penitenciario, comisarías u otras dependencias de esa provincia. En la presentación señalaron que los centros de detención, por sus niveles de hacinamiento, eran ambientes propicios para la propagación del COVID-19 y constituían una amenaza para la salud de la población detenida y del personal penitenciario. Entre otras cuestiones, solicitaron que se ordenara la prisión domiciliaria de todas las personas privadas de su libertad que se encontraran en situación de riesgo de contagio. Además, requirieron que se adoptaran medidas de salubridad y que se proveyeran elementos de higiene y desinfección. Por último, peticionaron que se garantizara el contacto de las personas privadas de la libertad con sus familiares.
31-mar-2020Derecho a la salud y a la integridad de las personas privadas de libertad y sus familias frente a la pandemia del COVID-19 (comunicado de prensa)La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se reunió en su Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada a la Crisis con el fin de dictar un comunicado en relación con la situación de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19.
31-mar-2020Tejera (causa n°18978)Un hombre que vivía con VIH, condenado a la pena de cuatro años de prisión, se encontraba detenido en una unidad del Servicio Penitenciario Federal. Su defensa solicitó que se le con-cediera la prisión domiciliaria por entender que se encontraba dentro de la población de riesgo ante un eventual contagio del COVID-19. Además, agregó que su asistido podía resi-dir en el domicilio de su madre junto a ella y sus hijos. El juzgado de ejecución solicitó a la unidad penitenciaria que confeccionase un informe en el que constara si era posible garantizarle al hombre su derecho a la salud en el estableci-miento. El informe señaló que el hombre formaba parte de la población vulnerable a con-traer el virus.
1-abr-2020Cordoba (causa N° 95295)Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo en grado de tentativa. El hecho fue cometido en un comercio donde había varias personas. La defensa requirió su excarcelación. El juzgado rechazó el planteo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de esa manera tuvo en consideración la posibilidad de que el imputado amedrentara a los testigos y entorpeciera la investigación.  El hombre poseía antecedentes condenatorios y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Además, no sabía si era portador de HIV. De confirmarse el diagnóstico, iba a pertenecer al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por otra parte, su madre tenía 82 años, vivía sola y no podía salir de su casa. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la mujer requería la presencia de su hijo para asegurarse la provisión de alimentos y medicamentos. Por esa razón, la defensa reiteró el pedido de excarcelación. La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido por considerar que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena sería de efectivo cumplimiento en función de los antecedentes condenatorios.
1-abr-2020Millan (causa N° 14926)Un hombre había sido condenado a la pena de dos meses de prisión en suspenso. Luegofue detenido e imputado por el delito de hurto. El hombre se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario II de Marcos Paz. El juzgado dispuso su prisión preventiva. Para así decidirlo tuvo en consideración su antecedente condenatorio y su situación de desarraigo y concluyó que en el caso existía riesgo de fuga.Transcurrido un mes de detención, su defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. La fiscalía se expidió de manera desfavorable al pedido y sostuvo que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena se debía unificar con la anterior y su monto superaría el tiempo que llevaba en prisión preventiva.
1-abr-2020Dimeglio (causa n°48146)Un hombre había sido condenado a la pena de dos años de prisión por el delito de robo simple. Además, había sido declarado reincidente. El hombre se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa, donde estudiaba, trabajaba, no registraba sanciones y se hallaba en la fase de consolidación de su tratamiento penitenciario. Su defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo y la reducción en un mes del plazo previsto para su avance en la progresividad del régimen penitenciario. En febrero de 2020 el juzgado hizo lugar al pedido y fijó el 18 de abril del mismo año como fecha de cumplimiento del requisito temporal previsto para acceder a la libertad asistida. Luego, el consejo correccional del complejo penitenciario se pronunció a favor del egreso anticipado del hombre. A su turno, la fiscalía se expidió de forma positiva al pedido.
2-abr-2020Losito (causa N° 1412)Un hombre de 68 años se encontraba imputado por la comisión de delitos de lesa humanidad y detenido con prisión preventiva en la Unidad N° 34 de Campo de Mayo. Con anterioridad había sido condenado por un tribunal de Resistencia que le había concedido el arresto domiciliario. El hombre tenía hipertensión arterial, dislipemia y una patología degenerativa de columna cervical y dorsolumbar. Además, presentaba cardiopatía hipertensiva con leve compromiso hemodinámico. Frente a la situación de emergencia sanitaria, el Servicio Penitenciario informó que pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por esa razón, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos se opusieron al pedido. Entre otras cuestiones, sostuvieron que la Unidad N° 34 tenía una población carcelaria menor a la capacidad de alojamiento y contaba con instalaciones en un predio amplio y aireado. Además, agregaron que la pandemia no bastaba para demostrar que con el otorgamiento del instituto se garantizaba un mejor acceso a la salud que en el lugar en donde se alojaba.
2-abr-2020Carrera (causa n°19936)Un hombre se encontraba detenido desde el mes de octubre del 2018 imputado por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. El hombre se hallaba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Luego de la declaración del COVID-19 co-mo pandemia, el Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó por su serología positiva de VIH. Entonces, su de-fensa solicitó la morigeración de su detención y que se le concediera la prisión domiciliaria. En su presentación consideró que su asistido se encontraba dentro de la población de riesgo ante un eventual contagio del virus y que, en caso de hacerse lugar a la petición, podía resi-dir en el domicilio de su madre. Por otra parte, el hospital de la unidad informó al tribunal que el hombre vivía con HIV. A su turno, la fiscalía solicitó que se le requieriera al complejo penitenciario que informara qué tipo de tratamiento recibía el imputado en la unidad y si, en caso de permanecer alojado allí, podía agravarse su estado de salud. Por último requirió que, una vez confeccionado el informe, se le confiera una nueva vista.
3-abr-2020Cepeda (causa n°27531)Un hombre había sido condenado a la pena de tres años y seis meses de prisión por el delito de robo agravado y se encontraba alojado en la Unidad 21 del Servicio Penitenciario Federal. El imputado era portador de HIV y sufría, entre otras cuestiones, de insuficiencia renal e infección respiratoria. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria por considerar que su permanencia en un establecimiento penitenciario le impedía tratar de manera adecuada su cuadro. Frente a la declaración de emergencia sanitaria, profundizó su planteo y señaló que su asistido se encontraba en una situación de vulnerabilidad ante un eventual contagio del virus COVID-19. El Servicio Penitenciario Federal elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio en la cual lo incluyó. A su turno, la fiscalía dictaminó de forma favorable al pedido.
3-abr-2020Sanchez Becerra (causa N° 83000841)Un hombre de 68 años había sido condenado y se encontraba detenido en la Unidad N° 25 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Olmos. El hombre tenía hipertensión arterial, gastropatía y había sido diagnosticado con “eventración abdominal”, por lo que debía ser sometido a una intervención quirúrgica. Además había estado en contacto con una persona con tuberculosis, por lo que se encontraba aislado hasta obtener los resultados que determinaran si había sido contagiado. El área de sanidad de la unidad penitenciaria informó que se encontraba dentro de la población en riesgo frente a un eventual contagio de COVID-19. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido.
3-abr-2020Recomendación VIII/20El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus era una pandemia. Luego fue declarada la emergencia sanitaria a través del DNU 260/2020 y fueron publicadas diversas reglamentaciones y recomendaciones a nivel nacional e internacional con el fin de evitar la propagación del virus COVID 19. En ese contexto el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles se reunió con el objeto de efectuar recomendaciones para la protección de la población privada de la libertad y para que se evaluara la viabilidad de las medidas alternativas o morigeradas del encierro.
3-abr-2020Álvarez (causa 66348)Una mujer se encontraba imputada por el delito de asociación ilícita en concurso ideal con robo agravado por haberse cometido con un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada y por haberse cometido en poblado y en banda, reiterado en dos oportunidades. La mujer tenía una hija de doce años. La niña se hallaba al cuidado de su abuela y se encontraba escolarizada. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. El juzgado rechazó el planteo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de ese modo consideró que la niña tenía sus necesidades básicas cubiertas y señaló que su edad superaba el límite etario previsto por el artículo 32, inciso f) de la ley Nº 24.660. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación.
3-abr-2020Abraham (causa n°415970)Una mujer fue condenada a la pena de diez años de prisión por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en concurso real con el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. La mujer tenía psoriasis, una enfermedad autoinmune que requería un tratamiento en base a corticoides. Además, se encontraba a cargo de sus hijos y nietos menores de edad. La imputada había acordado junto a la fiscalía que en el mes de junio de 2020 cumplía la pauta temporal para acceder al régimen de prisión domiciliaria. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria. En particular, sostuvo que  la psoriasis le provocaba una inmunodepresión que la colocaba dentro del grupo de riesgo de contacto del virus COVID-19. A su turno, la fiscalía dictaminó que el arresto domiciliario debía ser otorgado con carácter transitorio.
3-abr-2020Noceda (causa 96405)Un hombre se encontraba imputado por el delito de robo en concurso real con hurto simple reiterado. El hombre tenía 62 años, vivía con HIV, registraba antecedentes condenatorios y había sido declarado reincidente. Frente a la situación de emergencia sanitaria, su defensa solicitó su excarcelación. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera tuvo en consideración los antecedentes registrados por el imputado y sostuvo que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena sería de efectivo cumplimiento. En tal sentido, sostuvo que la imposición de pautas de conducta resultaría insuficiente para contrarrestar el peligro procesal en su caso. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación.
4-abr-2020Echeverria (causa N° 2998)Una familia en situación de vulnerabilidad se dedicaba a la recolección de materiales reciclables (cartones) como único modo de  subsistencia. A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y la disposición de aislamiento obligatorio debieron cesar su actividad. La familia no percibía ningún tipo de beneficio social y no se encontraba inscripta en ningún comedor comunitario que les permitiera retirar viandas de comida. El único alimento que ingerían era proporcionado por una vecina del predio que habitaban. La asesoría tutelar se presentó en representación de la familia y solicitó, a través de una comunicación telefónica, que se dispusiera una medida cautelar autónoma. En particular, requirió que se ordenara al gobierno de la ciudad de Buenos Aires la elaboración de una propuesta para brindarle al grupo familiar el monto de dinero suficiente para que accediera a una alimentación adecuada y a los productos de higiene y limpieza necesarios por el tiempo que durase el aislamiento obligatorio.
6-abr-2020Boudou (causa N° 1302)Un funcionario público había sido detenido y condenado a la pena de cinco años y diez meses de prisión por los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La sentencia no se encontraba firme. El hombre se hallaba alojado en la Unidad 31 del SPF. Su familia se encontraba constituida por su concubina e hijos mellizos menores de edad. La mujer era el único sostén económico y emocional de los niños. En marzo de 2020, la defensa solicitó la excarcelación del imputado. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se reemplazara su encierro en la unidad penitenciaria por el arresto en su domicilio. Entre otras cuestiones, fundamentó su pedido en la falta de firmeza de la condena y expuso que el hombre debía participar de la crianza de sus hijos.
6-abr-2020Obregón (causa N° 16000577)Un hombre de 70 años había sido condenado a la pena de veinticinco años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada y aplicación de tormentos agravados. El hombre se encontraba alojado en la Prisión Regional del Norte, Unidad N° 7 del SPF. Entre otras cuestiones, tenía artrosis de rodilla que le dificultaba caminar, una recidiva de una cirugía de ganglio en la articulación de un hombro, una enfermedad degenerativa del raquis lumbar, obesidad, una hernia de disco lumbar e hipertensión arterial. La defensa había presentado un certificado médico de un especialista en ortopedia y traumatología que recomendaba que el tratamiento y la rehabilitación se realizara en el domicilio para una mejor evolución de las patologías. Además, el informe médico realizado en la unidad penitenciaria concluía que el contexto de encierro dificultaba su recuperación. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa requirió que se le concediera la prisión domiciliaria por encontrarse dentro del grupo de riesgo frente al COVID-19. El representante del Ministerio Público solicitó la realización de informes y evaluaciones médicas para definir su situación actual y agregó que la situación de emergencia sanitaria no era motivo suficiente para otorgar el instituto requerido.
6-abr-2020Fuentes (causa N° 32010725)Un hombre fue condenado a la pena de cuatro años de prisión, que se agotaba en abril de 2022. Por aplicación del estímulo educativo, podía acceder a la libertad condicional el 9 de noviembre de 2020. El imputado se encontraba incorporado al período de prueba y registraba conducta ejemplar y concepto muy bueno. Durante su detención se lesionóuna rodilla y recibió una deficiente atención médica. Además, frente a la situación de emergencia sanitaria se interrumpió su régimen de salidas transitorias. Por esa razón, su defensa solicitó que se le concediera el arresto domiciliario hasta tanto pudiera acceder ala libertad condicional. En tal sentido, señaló que tal morigeración sería respetuosa del avance en su resocialización. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido.
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