Buscar por Juez/a Daniel Antonio Petrone
Mostrando resultados 1 a 13 de 13
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-dic-2019 | Cruz (Causa N° 23116) | El apoderado de una embarcación derramó un líquido en la Ría Ajó en General Lavalle. Un oficial de la Prefectura Naval advirtió una mancha marrón con olor a hidrocarburo en el espejo de agua que rodeaba a la embarcación. Luego, personal de la fuerza de seguridad y de la unidad fiscal especializada extrajeron muestras del recurso hídrico afectado. Los informes técnicos determinaron que la sustancia constituía un residuo peligroso compuesto por una mezcla de aceite, agua e hidrocarburos derivados del petróleo. En ese marco, el juez de primera instancia dictaminó el procesamiento del apoderado del barco por el delito de contaminación ambiental por el uso de residuo peligrosos. Contra esa resolución, interpuso un recurso de apelación. Entonces, la cámara de apelaciones interviniente dispuso su sobreseimiento. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación. |
| 23-dic-2019 | Taranto y otros (Causa N° 19702) | Un barco estaba amarrado en un puerto marítimo. Entonces el presidente de la empresa pesquera dueña del barco y un técnico en mantenimiento vertieron los líquidos de la sentina del navío hacia el mar. Esa maniobra generó una mancha aceitosa de color marrón en el espejo de agua. Luego, arrojaron un desengrasante alcalino sobre el fluido para dispersar los residuos. En ese momento, un oficial de la prefectura naval observó la descarga desde el muelle y les ordenó que dejen de hacerlo. A continuación, las fuerzas de seguridad extrajeron muestras del agua para realizar una pericia. El informe indicó que la sustancia recolectada era un residuo peligroso compuesta por hidrocarburos derivados del petróleo. En ese marco, inició una investigación judicial y se imputó al presidente de la empresa y al técnico en mantenimiento por el delito de contaminación ambiental. Luego, el juez interviniente dictó el procesamiento de los imputados. Contra esa decisión, su defensa técnica interpuso un recurso de apelación. El tribunal de alzada revocó el procesamiento y dictó su sobreseimiento. Entre sus argumentos, indicó que la conducta fue atípica por la falta de constatación de un peligro concreto para la salud humana o la fauna. En consecuencia, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. |
| 23-dic-2021 | Di Leva (Causa N° 12407) | El dueño de una empresa fue imputado por volcar hidrocarburos derivados del petróleo (mezclas de aceite y gasoil) en la costa de Mar del Plata. El derrame se había dado como consecuencia de la práctica de un achique de sentina a un buque propiedad de la empresa y que se llevó adelante fuera de las formas reglamentarias y sin autorización de la autoridad naval. El juzgado federal a cargo de la investigación lo procesó por el delito previsto por el artículo 55, en función del artículo 57 de la ley N° 24.051. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó el procesamiento y sobreseyó al hombre. Para así decidir, sostuvo que era necesaria la comprobación de un daño contaminante consecuencia del derrame, lo que no se había acreditado. Asimismo, afirmó que cuestiones como la investigada podían ser resueltas en una instancia administrativa sancionatoria. Por ese motivo se había violado el principio de última ratio del derecho penal. El representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que se habían tomado muestras del derrame en el mar y se había determinado su coincidencia con la muestra extraída del buque, lo que determinaba la responsabilidad de la empresa. Además, explicó que no podía abandonarse la investigación penal en favor del derecho administrativo sancionatorio como único recurso. En ese sentido, indicó que la ley N° 24.051 regulaba dentro del ámbito penal acciones como la investigada que, por otro lado, lesionan derechos consagrados de manera constitucional, como la salud pública y el derecho a un ambiente sano. Por último, discutió la necesidad de comprobar un daño concreto relacionado al derrame. Así, aseguró que la norma no requería una lesión efectiva de los bienes jurídicos tutelados, sino la generación de un peligro común. |
| 11-mar-2022 | Roses (Causa N° 54017330) | Dos personas habían sido denunciadas por evadir el pago de los impuestos a las ganancias y al valor agregado correspondientes a los ejercicios fiscales 2007 y 2008. Por esos hechos, fueron imputadas por los delitos de evasión y asociación ilícita tributaria de acuerdo con los artículos 1, 2 inc. b) y 15 inc. c) de la Ley N° 24.769. En agosto de 2020, su defensa solicitó la extinción de la acción penal y sus sobreseimientos por aplicación retroactiva de la Ley N° 27.430. En ese sentido, señaló que correspondía aplicar el principio de ley penal más benigna. El tribunal oral difirió el tratamiento de los planteos y fijó fecha de audiencia de debate. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación cuya denegación motivó la presentación de un recurso de queja ante la Cámara Federal de Casación Penal. En noviembre de 2020 el tribunal oral aplicó retroactivamente la ley N° 27.430 y sobreseyó de manera parcial a los imputados respecto del delito de evasión. Sin embargo, mantuvo la imputación por el delito de asociación ilícita tributaria. En octubre de 2021, la Cámara Federal de Casación Penal concedió el recurso de queja que había sido interpuesto por la defensa. En el trámite recursivo, la defensa realizó un breve relato de los antecedentes del sumario, se remitió a los argumentos del recurso de casación y detalló que solo restaba resolver la imputación remanente por la figura de la asociación ilícita tributaria. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal refirió que los agravios respecto del delito de evasión habían devenido abstractos. En lo restante, sostuvo que el recurso debía ser rechazado. |
| 9-may-2024 | Capossiello (Causa N° 19687) | En 2022, una mujer fue condenada a la pena de 25 años de prisión por considerarla penalmente responsable, entre otros delitos, del delito de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre agravada, entre otras circunstancias, por la consumación de la explotación, en perjuicio de cuatro víctimas. Asimismo, dos hombres fueron condenados a 14 y 6 años de prisión como partícipes necesario y secundario de dicho delito, respectivamente. El tribunal interviniente, de conformidad con el artículo 29 inciso 2° del Código Penal y el artículo 28 de la ley N° 26.364, ordenó la reparación del daño moral ocasionado a dos de las víctimas por un monto de $ 30.000.000 y de las otras dos por montos de $ 15.000.000 y $ 10.000.000, respectivamente. Asimismo, atento a su carácter de deudas de valor, dispuso la aplicación de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina desde la fecha del veredicto hasta el efectivo cobro. Decomisó tres inmuebles y tres vehículos, además de los pesos argentinos y la divisa extranjera secuestrados, junto con las sumas dinerarias existentes en distintos bancos en países extranjeros, y afectó todos esos bienes al cumplimiento de las reparaciones ordenadas en la sentencia condenatoria. Por otra parte, absolvió a los condenados por el delito de trata de personas en perjuicio de otras seis víctimas por considerar prescripta la acción. En lo que aquí interesa, contra esa decisión, la defensa de los tres condenados interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, planteó que debía aplicarse el artículo 5 de la ley N° 26.364 en favor de sus asistidos, ya que ellos también habían sido víctimas del líder de la organización sectaria. Por otro lado, postuló que se había aplicado erróneamente la ley N° 26.842, ya que, en cualquier caso, correspondía la aplicación de la ley anterior en virtud del principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, por haber tenido comienzo los hechos con anterioridad a la reforma del año 2012. Por su parte, la defensora pública de víctimas, patrocinante de dos personas por cuya victimización los imputados fueron absueltos, interpuso un recurso de casación a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia, pese a no ser querellante. Solicitó que se casara la sentencia y se efectuara una nueva cuantificación de la pena. Entre sus argumentos, sostuvo que la acción no estaba prescripta, ya que el plazo debía computarse desde la fecha del allanamiento, en la cual se desbarató la organización delictiva, y no desde la fecha previa en la que sus patrocinados habían podido escapar, pues los efectos de la sujeción coercitiva habían continuado y les habían impedido formular denuncia. Además, afirmó que, incluso si se considerase prescripta la acción penal, la reparación de las víctimas no dependía de la existencia de una sentencia condenatoria, conforme a las obligaciones internacionales del Estado. El representante del Ministerio Público Fiscal solicitó que se hiciera lugar a lo peticionado por las víctimas patrocinadas por la defensora pública de víctimas y que se las declarara, junto con otras cuatro personas, víctimas del delito de trata, con la correspondiente indemnización por el daño moral que se había tenido por acreditado en la sentencia. Sostuvo que, a los fines del cómputo de la prescripción de la acción, correspondía utilizar la fecha del allanamiento y no la de la efectiva salida de las víctimas de la organización, ya que, luego de ser sometidas durante años a un complejo y profundo proceso de persuasión coercitiva, una vez que lograron huir del único ámbito en el que habían vivido desde su nacimiento, y a sabiendas de la peligrosidad y las posibles represalias de los líderes de la secta, no era viable exigirles que se expusieran a sus explotadores y formulasen denuncia penal. |
| 19-jun-2024 | Calcaterra | Cinco personas fueron acusadas de haber integrado una asociación ilícita que desarrolló sus actividades desde 2008 hasta noviembre de 2015 con la finalidad de organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero de manera ilegal. Sin embargo, respecto de tres de ellas se declaró la incompetencia material en favor de la justicia electoral. Para decidir de esa manera, se concluyó que las sumas dinerarias entregadas se vincularon con los aportes para el desarrollo de campañas electorales y no para el otorgamiento de beneficios relacionados con los contratos emitidos entre sus empresas y el Estado Nacional. Sin embargo, las dos restantes -C y SC- fueron investigadas por utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional. Durante la instrucción, C se presentó como imputado colaborador y, en ese marco, señaló de manera reiterada que el destino de los fondos señalados era el aporte de las campañas de los años 2013 y 2015 para el partido político Frente para la Victoria. SC también brindó declaración en los términos de la ley N° 27.304. Ambos indicaron que C había recibido fuertes presiones para realizar esos aportes de dinero. En septiembre de 2019, C fue procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita en calidad de miembro y dación de dávidas (16 hechos, en concurso real entre sí). Con respecto a SC se decretó la falta de mérito. Las defensas, las querellas y el representante del Ministerio Público Fiscal interpusieron recursos de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones confirmó de manera parcial el procesamiento de C y modificó la calificación legal por la de cohecho activo (16 hechos), en concurso real entre sí. Además, decretó la falta de mérito para procesar o sobreseer respecto del delito de asociación ilícita. Por otro lado, revocó la falta de mérito respecto de SC y lo procesó por el delito de cohecho activo reiterado en 16 oportunidades, en concurso real entre sí. En la etapa de juicio oral, la defensa planteó ante un juzgado electoral la inhibitoria del tribunal oral federal interviniente en la causa. En ese sentido, explicó que la justicia federal con competencia en materia electoral era la que debía entender en los hechos porque el dinero entregado estaba vinculado con las elecciones de 2013 y 2015. Así, asimiló la situación de C y SC con las de los tres ex coimputados respecto de los cuales se había declarado la incompetencia material en favor de la justicia electoral. Sin embargo, el tribunal oral federal rechazó la inhibitoria planteada por el juzgado nacional con competencia electoral. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación |
| 29-nov-2025 | Calcaterra y otro | En el marco de un proceso penal, la Cámara Federal de Casación Penal había declarado la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 con competencia electoral. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la nulidad de la decisión. Entre sus argumentos, señaló la falta de notificación e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querella. |
| 8-abr-2025 | Tobar Coca (causa N° 230) | En el marco de un incidente donde se decidía sobre la libertad asistida de un hombre, la sala de feria de la Cámara Federal de Casación Penal declaró la inconstitucionalidad de los artículos 56 bis, inciso 10 y último párrafo de la ley N° 24.660. En el mismo sentido, hizo extensivos los efectos de la declaración a la remisión que efectuaba la norma al artículo 54 del mismo cuerpo normativo. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley en los términos del artículo 11 de la ley N° 24.050. En particular, solicitó que la Cámara Federal de Casación Penal se expidiera, en pleno, sobre si resultaban compatibles con el régimen de progresividad de la pena, con el principio de igualdad ante la ley y el principio de razonabilidad de los actos de gobierno los artículos 14 del Código Penal y 56 bis de la ley N° 24.660 en cuanto estipulaban que no correspondía conceder los institutos allí referidos a quienes fueran condenados por los delitos previstos en los arts. 5º, 6º y 7º de la ley N° 23.737. En febrero de 2025, el Tribunal de Admisibilidad de la Cámara declaró admisible el recurso y convocó a pleno. Una vez notificadas las partes, el acuerdo general resolvió, por mayoría, el temario de la sentencia plenaria y admitió las presentaciones en término de amicus curiae del Centro de Estudios de Ejecución Penal de la Facultad de Derecho de la UBA; de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, de la Procuración Penitenciaria de la Nación; del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y de la Asociación Pensamiento Penal. |
| 8-sep-2025 | Comas (Causa N° 9133) | Una persona cumplía una pena de prisión. Entonces, requirió su prisión domiciliaria debido a que tenía un hijo menor de edad a cargo. El tribunal, sin haber dado intervención al asesor de menores, rechazó el planteo. Contra esa decisión, se interpuso un recurso de casación. |
| 17-mar-2026 | Pulenta (Causa N° 15549) | Un hombre a cargo de la Oficina de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo acosó, hostigó, persiguió e invadió el espacio personal de una joven contratada como profesora. Ante la negativa a sus avances, el hombre tomó represalias contra ella. La humilló y la maltrató frente a terceros, aprovechándose de que la renovación de su contrato dependía de él. La Universidad lo suspendió treinta días hábiles sin goce de haberes por haber realizado actos de violencia sexual contra la víctima, quien realizó la denuncia penal. El representante del Ministerio Público Fiscal requirió la elevación a juicio del imputado por haber infringido sus deberes de funcionario público consistentes en observar una actitud ética y acorde con su calidad de empleado universitario y conducirse con respeto y cortesía en sus relaciones con el personal y por haber incumplido la prohibición de discriminación contra la mujer. En el debate, solicitó una reparación para la víctima de $ 10.000.000 en concepto de daño material y moral. El tribunal interviniente condenó al hombre a 4 meses de prisión condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo, por considerarlo penalmente responsable del delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal), cometido en contexto de violencia de género, a tenor de lo dispuesto por los artículos 4, 5 y 6 de la ley N° 26.485 y los artículos 1 y 2 de la Convención de Belém do Pará. Sin embargo, no hizo lugar al pedido de reparación económica, que tachó de improcedente ya que, a su criterio, el pedido de reparación a la víctima por primera vez en el alegato final del fiscal resultaba insuficiente, ya que debió haberse interpuesto una acción civil. Contra esa decisión, el fiscal interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que la sentencia era arbitraria ya que el tribunal interviniente no había explicado por qué no resultaba aplicable el artículo 29 del Código Penal y que la normativa vigente no exigía el ejercicio de una acción civil para que la sentencia condenatoria ordene la reposición al estado anterior o la indemnización a la víctima. Añadió que la reparación de las víctimas de violencia por el mero hecho de ser mujeres forma parte del deber de debida diligencia reforzada asumido por el Estado argentino al suscribir la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará, aprobada por ley N° 24.632) y que la remisión a la vía civil implicaría poner en cabeza de la víctima iniciar, transitar y culminar otro proceso cuando, en realidad, el artículo 29 del Código Penal resulta conducente para brindarles una solución. En consecuencia, sostuvo que la decisión había sido arbitraria ya que no se había fundamentado la falta de aplicación dicha disposición. Por otra parte, la defensa del hombre recurrió la condena. |
| 8-may-2026 | Mambrín (Causa N° 1122) | Dos mujeres habían sido condenadas por el delito, entre otros, de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. El tribunal oral interviniente les ordenó pagar una reparación económica a las víctimas. Además, decomisó un automóvil y el dinero secuestrado durante la investigación. En abril de 2024, la sentencia quedó firme. Ese mismo año, dispuso que el vehículo decomisado fuera asignado al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Poco después, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional disolvió ese fondo. Por esa razón, los jueces dejaron sin efecto la asignación de los bienes y resolvieron distribuir entre las víctimas el dinero decomisado. Sin embargo, indicaron que la ejecución de la reparación debía tramitar en el fuero civil. Contra esa decisión, la asistencia técnica de las víctimas interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que acudir a la vía civil afectaba el derecho a la reparación integral y a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, explicó que las víctimas contaban con patrocinio gratuito en el fuero penal y que iniciar un proceso civil implicaría tener que contratar un abogado particular. Por último, afirmó que el tribunal debía liquidar los bienes identificados como instrumentos y productos del delito, y distribuir el dinero entre las víctimas. El dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal fue favorable a lo peticionado por las víctimas. En cambio, el defensor de las condenadas se opuso al planteo. |
| 8-may-2026 | Mambrín (Causa N° 1122) | Dos mujeres habían sido condenadas por el delito, entre otros, de trata de personas con fines de explotación sexual agravada. El tribunal oral interviniente les ordenó pagar una reparación económica a las víctimas. Además, decomisó un automóvil y el dinero secuestrado durante la investigación. En abril de 2024, la sentencia quedó firme. Ese mismo año, dispuso que el vehículo decomisado fuera asignado al Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Poco después, un decreto del Poder Ejecutivo Nacional disolvió ese fondo. Por esa razón, los jueces dejaron sin efecto la asignación de los bienes y resolvieron distribuir entre las víctimas el dinero decomisado. Sin embargo, indicaron que la ejecución de la reparación debía tramitar en el fuero civil. Contra esa decisión, la asistencia técnica de las víctimas interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, señaló que acudir a la vía civil afectaba el derecho a la reparación integral y a la tutela judicial efectiva. En ese sentido, explicó que las víctimas contaban con patrocinio gratuito en el fuero penal y que iniciar un proceso civil implicaría tener que contratar un abogado particular. Por último, afirmó que el tribunal debía liquidar los bienes identificados como instrumentos y productos del delito, y distribuir el dinero entre las víctimas. El dictamen del representante del Ministerio Público Fiscal fue favorable a lo peticionado por las víctimas. En cambio, el defensor de las condenadas se opuso al planteo. |
| 13-ago-2026 | Juárez (causa N° 16410) | Un hombre se había alojado en un hotel junto con una adolescente de quince años y otra mujer. En el lugar, cobró dinero a cambio de la explotación sexual de la joven. Por ese hecho, el tribunal oral interviniente lo condenó a una pena de cinco años de prisión por el delito de explotación de la prostitución ajena. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. La Cámara Federal de Casación Penal, por unanimidad, hizo lugar a la impugnación y absolvió al hombre imputado. En su decisión, tuvo en cuenta contradicciones en la declaración de la víctima en torno a la cantidad de veces que había sido sometida, la recepción de dinero y las características del hotel en el que se alojaron. De esa manera, consideró que la prueba reunida no permitía alcanzar el grado de certeza requerido y aplicó el principio in dubio pro reo. Contra esa sentencia, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso extraordinario. Ante su denegación, presentó un recurso de queja. |