Buscar por Tribunal Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, Sala I
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| Fecha | Título | Resumen |
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| 4-mar-2011 | OPR (causa N° 42054) | Un tribunal condenó a una persona a la pena de tres años de prisión en suspenso en diciembre de 2005. Luego, fue condenada por hechos cometidos en 2006 y 2007. La sentencia fue impugnada. Cuatro años después, otro tribunal la condenó a la pena de siete años de prisión y a la pena única de nueve años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, planteó que no correspondía unificar las penas ya que, desde la sentencia del 2005, había transcurrido el plazo cuatro años previsto en el artículo 27 del Código Penal sin que su asistido hubiera cometido un nuevo delito declarado con sentencia firme. |
| 26-jun-2012 | Zamorano, Walter Omar | La defensoría solicitó la libertad condicional de una persona privada de su libertad. Dicha solicitud fue rechazada, con fundamento en las sanciones disciplinarias que registraba el imputado. Contra esa resolución, se interpuso una acción de hábeas corpus. |
| 17-oct-2013 | Diaz (Causa N° 59157) | Una mujer vivía con su pareja y sus hijos y sufría violencia de género de forma regular. En el marco de una discusión, el hombre la amenazó de muerte y la echó del hogar. Luego, se fue a dormir y la mujer se fue a llorar al garaje. Cuando regresó a la casa, el hombre se encontraba acostado. Entonces, la vio y la amenazó con dispararle en la cabeza. La mujer sabía que su pa-reja guardaba un arma en la mesa de luz. Por esa razón, cuando él se estiró hacia el mueble, ella corrió, tomó el arma y le disparó dos veces. El hombre falleció en el momento. Por ese hecho, la mujer fue procesada por el delito de homicidio. En la etapa de juicio oral, la imputada declaró que había actuado en legítima defensa porque pensó que su pareja iba a dispararle. Por su parte, los hijos declararon que habían escuchado una discusión entre sus progenitores y sabían que el padre guardaba un arma en la habitación. Además, se efectuó un informe psicológico que concluía que la mujer había actuado ante el temor de una “agresión anunciada” por su pareja, que había generado una “reacción defensi-va”. El Tribunal Oral condenó a la imputada a la pena de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de homicidio en legítima defensa putativa. Para decidir de esa manera sostuvo que no se había acreditado la realidad de la agresión por parte del varón sino solo su existencia en la subjetividad de la mujer. Por esa razón concluyó que no había podido probarse que la mujer hubiese actuado en legítima defensa. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 2-feb-2015 | Caragiulo, Marcelo Fabián | La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Martín revocó la resolución dictada por la jueza de Ejecución Penal por la que hizo cesar una medida de seguridad impuesta de conformidad con el artículo 34 del Código Penal. La defensa recurrió la decisión dado que su asistido fue sobreseído por la comisión del delito lesiones graves y, no obstante ello, desde el año 1988 cumplía una medida de seguridad manicomial |
| 10-feb-2015 | Villagra, Elizabeth Patricia | El tribunal oral había condenado a los imputados a la pena de 15 años de prisión, por resultar coautores responsables del delito de robo calificado por el uso de arma. La defensa interpuso recurso de casación contra dicho pronunciamiento. Se centró en la afectación del derecho de defensa y del principio de igualdad de armas, por haberse visto limitada en la formulación de preguntas a su asistido. |
| 2-jun-2016 | R, D E | Una persona había sido condenada a una pena de prisión por el delito de robo agravado por el empleo de arma de fuego. En prisión se negó a ducharse, por lo que un agente del Servicio Penitenciario lo sacó de la celda por la fuerza y comenzó a darle golpes de puño en la cabeza. En ese momento, los oficiales de guardia ingresaron al pabellón disparando balas de goma, lesionando al interno en sus tobillos. Luego, esposado, lo llevaron a la sala de abogados arrastrándolo mientras lo golpeaban. En ese lugar, continuó la agresión. Posteriormente, el condenado fue enviado a una celda de aislamiento. Allí permaneció cinco días sin recibir ninguna atención. Frente a ello, la defensa interpuso un habeas corpus. Así, se consiguió que el detenido fuera examinado por un médico, que le diagnosticó hipoacusia de oído izquierdo, perforación timpánica, edema de miembro inferior izquierdo y pie izquierdo y heridas en el tobillo. En consecuencia, la defensa requirió la libertad asistida anticipada a la libertad condicional. El pedido fue denegado por el Juzgado de Ejecución y por la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de San Nicolás. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 5-jul-2016 | L, SB | En el presente caso, el Tribunal Oral había absuelto a una mujer por el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego. Para fundar tal resolución, el tribunal consideró que había actuado en legítima defensa en razón de la violencia física, sexual y psicológica a la que la imputada había sido sometida por su esposo durante el matrimonio. Contra aquella decisión, la querella y la fiscalía interpusieron recurso de casación. |
| 5-jul-2016 | LSB (Causa N°40496) | Una mujer convivía con su pareja y la hija de ambos de 45 días de edad. Desde el comienzo de la relación, el hombre la maltrataba y amenazaba a punta de pistola. En una oportunidad, la abusó sexualmente de forma reiterada y, luego, le puso el arma en distintas partes de la cabe-za. También, le apuntó con la pistola a la beba desde la cama. Más tarde, se durmió y colocó el arma en el medio del lecho. Entonces, la mujer efectuó un disparo que impactó en la zona fron-tal de su pareja, ocasionándole la muerte. Por ese hecho fue procesada por el delito de homici-dio agravado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego. En la etapa de juicio oral, la imputada declaró que su concubino siempre había sido muy violen-to y la amenazaba de manera constante con matarla a ella y a su familia. Agregó que había sido hostigada sexualmente con una tonfa. Por otra parte, un agente policial refirió que en el lugar de los hechos había preservativos usados en el piso y una tonfa. El Tribunal Oral absolvió a la mujer por considerar que había actuado en legítima defensa debido a la violencia física, sexual y psicológica a la que había sido sometida por su esposo durante el matrimonio. Contra esa decisión, la querella y la fiscalía interpusieron sendos recursos de casación. |
| 20-dic-2016 | C, C A | Una persona se encontraba imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo y, de manera alternativa, por el delito de encubrimiento. El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 6 de San Isidro la condenó a la pena de cinco años y seis meses de prisión por el delito de encubrimiento agravado. Contra ese pronunciamiento, el Ministerio Público Fiscal y la defensa interpusieron recursos de casación. La Sala I del Tribunal de Casación Penal provincial rechazó el recurso presentado por la defensa e hizo lugar al de la fiscalía y condenó al imputado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio agravado. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires rechazó las impugnaciones de la defensa. Esto motivó la interposición de un recurso extraordinario federal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación consideró que el rechazo no había sido suficientemente fundado y afectaba el derecho al recurso. Por esa razón, revocó la decisión de la Corte provincial y –por aplicación de la doctrina del caso “Mohamed”, de la CIDH– devolvió las actuaciones. A su vez, la Corte provincial –por aplicación de la doctrina del caso “Duarte”, de la CSJN– remitió el caso al Tribunal de Casación Penal a fin de que revisara la sentencia condenatoria. En esta instancia, la defensa interpuso un nuevo recurso de casación. |
| 16-abr-2019 | Mendoza (Reg. Nº 398 y causa Nº 90940) | Un varón y una mujer (expareja) se encontraban en un vehículo cuando se provocó un incendio. El hombre sufrió severas quemaduras, fue atendido por una ambulancia y trasladado a un hospital, donde falleció tres días más tarde. La mujer salió del auto, corrió hacia un campo y fue detenida. En el informe médico practicado se consignó que poseía quemaduras en el dorso de una mano. Por ese hecho, fue imputada por el delito de homicidio agravado por haber ocasionado la muerte de quien había sido su pareja. La mujer había denunciado a su expareja en diversas ocasiones por violencia psicológica y económica. Al prestar declaración indagatoria, explicó que el día del hecho habían discutido y el hombre estaba furioso, golpeaba el volante y le había dado un cachetazo, agarrado de la cabeza y gritado que la iba a matar. Además, indicó que había sido el hombre quien había intentado prenderla fuego a ella, que se había protegido con sus manos y había logrado escapar del vehículo. Durante la audiencia de debate, prestó declaración testimonial uno de los testigos del hecho. El hombre declaró que había observado mucho fuego sobre el asiento del conductor, que la imputada estaba tranquila y que su ropa no estaba dañada. El Tribunal Oral la condenó a la pena de prisión perpetua. Para decidir de ese modo, sostuvo que el incendio se había iniciado en el asiento de la víctima y que la declaración prestada por la imputada dejaba “preguntas sin responder”. En tal sentido, señaló que la quemadura en el dorso de su mano y su indumentaria “intacta” indicaba una participación activa en el hecho. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 8-abr-2020 | Personas privadas de la libertad (causa N° 102558) | En marzo del 2020, a raíz de la declaración del Coronavirus como pandemia, el gobierno dispuso el aislamiento social preventivo y obligatorio.Los Ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Seguridad efectuaron listados en las que identificaron las personas privadas de libertad que se encontraban en situación de riesgo frente a un eventual contagio del virus. Por esa razón, un grupo de defensores de la provincia de Buenos Aires interpusosendos habeas corpus colectivos y correctivos. Las presentaciones denunciaron las condiciones de hacinamiento e inhabilitabilidad de las dependencias penitenciaras provinciales y señalaron que la atención médica era deficiente e insuficiente. Entre otras cuestiones, requirieron que se dispusiera la prisión domiciliaria de todas las personas detenidas que estuvieran comprendidas en los grupos de riesgo. |
| 21-abr-2020 | Personas privadas de la libertad (causa n°102555) | El 8 de abril del 2020 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de Buenos Aires dispuso el arresto domiciliario de las personas detenidas por la comisión de delitos leves que se encontrasen en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. Entonces, los juzgados se negaron a ejecutar las medidas por considerar que la resolución que las había dispuesto no había adquirido firmeza. En ese contexto, una defensoría denunció que la sentencia estaba siendo incumplida y solicitó que se adoptasen medidas para su ejecución. En esa oportunidad planteó, entre otras cuestiones, que de no cumplirse con lo ordenado podían generarse graves consecuencias en la salud de las personas detenidas por el riesgo de mortalidad ante el virus COVID-19. |
| 15-mar-2022 | M.N.M. (causa Nº 114245) | Un hombre realizaba tareas de crianza y cuidado de ganado para una empresa. A raíz de un paro cardiaco, no pudo asistir a su lugar de trabajo y la empresa retrasó el pago de su salario. Ante esa situación, el hombre le solicitó el sueldo a su empleador. En esa oportunidad, manifestó que era el sostén económico de su pareja y de sus tres hijos y explicó que precisaban el dinero para alimentarse. La empresa se negó a abonar el salario. En ese contexto, el hombre se apoderó de un animal bovino, lo mató y lo faenó como alimento para su familia. Por ese hecho, fue imputado por el delito de abigeato agravado por haber intervenido en el hecho una persona que se dedicaba a la crianza y cuidado de ganado. En la etapa de juicio oral, la defensa planteó que su asistido se encontraba en un estado de necesidad justificante. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal consideró que el caso no encuadraba en esa figura legal porque el mal que intentaba evitar no resultaba inminente. En ese sentido, sostuvo que el hombre contaba con otras posibilidades de acción tales como pedir ayuda a los organismos estatales de asistencia social o a familiares. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de cuatro años de prisión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |