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13-jul-2020Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (causa Nº 10068)El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires solicitó en dos oportunidades al Gobierno de la Ciudad que se exceptuase a sus profesionales de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La administración no contestó el pedido. Entonces, el colegio interpuso una acción de amparo. En su presentación consideró irrazonable la limitación por tiempo indeterminado del acceso de los abogados a sus oficinas y señaló que se hallaba afectado el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de justicia. En ese sentido, solicitó como medida cautelar que se dispusiese la excepción de los abogados del cumplimiento del  aislamiento para que pudiesen desempeñarse en su profesión.
5-dic-2023Colman (causa N° 973/23)Un hombre y una mujer ingresaron a un local comercial, redujeron a la vendedora y le robaron distintas pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontraba un bolso color negro con detalles blancos. Una hora y media después, se detuvo a un hombre que juntaba cartones al lado de un volquete de basura y que tenía el bolso en su poder. El fiscal interviniente dio al procedimiento el trámite de flagrancia. Antes de la primera audiencia, la defensa pidió que la víctima no se encontrara presente para preservar la validez de una eventual rueda de reconocimiento. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido. Durante el juicio oral, la víctima declaró que, después del robo, efectivos policiales le habían exhibido fotos de dos hombres sospechosos. En ese momento, reconoció al acusado. Sin embargo, ese accionar no había sido documentado en las actas de procedimiento. Por otro lado, surgió de las moderaciones de los preventores que los horarios de ese reconocimiento y de la detención del imputado no coincidían con las plasmadas en las actas. El tribunal interviniente condenó al hombre a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de robo y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió de las circunstancias en que su asistido había sido detenido y requisado. Así, argumentó que no existían motivos o circunstancias que permitieran presumir que acababa de cometer un delito. Por otro lado, cuestionó el proceso de identificación y planteó que se había valorado de manera arbitraria la prueba aportada.
27-mar-2020Colman (causa n°10014)Una mujer que tenía asma, diabetes e hipertensión arterial se encontraba detenida en un Complejo Penitenciario Federal. Ante la declaración del Coronavirus como pandemia, el SPF elaboró un listado de personas en situación de riesgo de contagio e incluyó a la mujer. Su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliara en atención a sus problemas de salud y ante el riesgo de contagio del virus. El Tribunal Oral rechazó el pedido por considerar que el establecimiento poseía las herramientas para contrarrestar las eventuales complicaciones de salud de la mujer. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En su presentación consideró, entre otras cuestiones, que la decisión vulneraba el derecho a la salud de su asistida y los principios pro homine y de humanidad de las penas.
5-jun-2018Coman y otros v. RumaniaEl Sr. Coman, de nacionalidad rumana, estaba en pareja con el Sr. Hamilton, de nacionalidad estadounidense. Luego de contraer matrimonio en Bruselas, se dirigieron a la Inspección General de Inmigración a fin de que el Sr. Hamilton –nacional de un Estado ajeno a la Unión Europea– obtenga el derecho a residir en Rumania por un período superior a los tres meses (residencia temporaria). El argumento de los peticionarios se basaba en que a partir del casamiento, el Sr. Hamilton era miembro de la familia del Sr. Coman. La Inspección rechazó la solicitud. Entre sus argumentos, sostuvo que el matrimonio entre personas del mismo sexo no estaba reconocido por la legislación rumana y, por ese motivo, no podía concederse la residencia prolongada en concepto de reagrupación familiar. Contra esa decisión, la pareja interpuso un recurso ante un juzgado de primera instancia. El juzgado sometió el asunto al Tribunal Constitucional del país para que se pronuncie. El Tribunal Constitucional consideró que en el caso debían interpretarse diversos aspectos de la Directiva 2004/38 del Parlamento y del Consejo Europeo, y remitió el caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta directiva, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, prohíbe la discriminación por razón de la orientación sexual y establece el derecho de residencia para los miembros de la familia que acompañen a un ciudadano de la Unión. Asimismo, en lo que respecta al concepto de familia, esta normativa considera cónyuge a la pareja del ciudadano europeo que haya celebrado su unión registrada según la legislación de un Estado miembro.
abr-2019Comentario al precedente `González Victorica´ de la CSJN. Cuando lo esencial es invisible a los ojosEl trabajo pretende analizar el modo y las condiciones en las que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sentado postura en relación con las nociones de igualdad, autonomía personal y asistencia familiar, respecto de las personas con discapacidad.
26-sep-2015Comisión de carceles. Habeas Corpus (causa Nº 56451)La Comisión de Cárceles, el Programa contra la Violencia Institucional y la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, interpusieron una acción de habeas corpus por la existencia de un contexto general ofensivo, degradante y de invasión de la privacidad en las condiciones de detención y relación con las fuerzas de seguridad de la población trans alojada en el Complejo I (Módulo 6) y en el Complejo IV del Servicio Penitenciario Federal.
15-abr-2020Comisión de cárceles (reg. N° 389 y causa N° 19607)El Complejo Penitenciario Federal de la C.A.B.A. no contaba con los suficientes alimentos ni insumos de higiene y limpieza. Frente a la situación de emergencia sanitaria, los representantes de la Comisión de Cárceles promovieron una acción de hábeas corpus en favor de las personas alojadas en esa unidad. El juzgado requirió informes al complejo para corroborar la situación denunciada. Recibida la respuesta, rechazó la acción sin realizar la audiencia prevista en el artículo 14 de la ley N° 23.098. Para decidir de esa manera sostuvo que no había existido un agravamiento arbitrario de las condiciones de detención. Contra esa decisión, la Comisión de Cárceles interpuso un recurso de apelación, que fue rechazado. Por ese motivo, interpuso un recurso de casación. En esa oportunidad expresó su disconformidad con los informes aportados por el servicio penitenciario. Por su parte, la Procuración Penitenciaria de la Nación presentó un informe de monitoreo de la unidad y requirió constituirse como amicus curiae.
28-jun-2016Comisión de Tierras Fiscales Nacionales Programa Arraigo c. José DanuzzoLa Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes había concedido un recurso extraordinario deducido por la parte actora en el marco de una acción de desalojo. En aquella oportunidad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la nulidad de lo resuelto por considerar que la Cámara se había limitado a recordar una vaga e imprecisa cuestión federal invocada por el apelante. En consecuencia, ordenó la devolución de las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento relativo a la admisibilidad del recurso extraordinario. En su nueva intervención, el tribunal descartó la existencia de un supuesto de arbitrariedad. Sin embargo, admitió el recurso extraordinario ya que –a su criterio– la decisión adoptada podría trascender los intereses particulares de las partes y expandir sus efectos sobre una comunidad de personas más amplia de aquellos que se encontraban implicados en el litigio.
28-jun-2016Comita, Nilda Eloisa c. Aguiar, Gabriel EstebanEn el marco de un juicio por daños y perjuicios, el juzgado de primera instancia declaró inoponible a la víctima la franquicia estipulada en el contrato de seguro del transporte público de pasajeros y extendió la condena a la aseguradora por el monto total del pago. La Sala M de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil –por mayoría– confirmó la decisión. La citada en garantía dedujo un recurso extraordinario que fue concedido.
7-may-2016Comité DESC Observación General 22 sobre el derecho a la salud sexual y reproductivaEn la presente Observación General, el Comité exploró la interdependencia de la salud sexual y reproductiva con otros derechos humanos y aludió a la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar esos derechos. Si bien el Comité DESC ya se había expedido sobre este asunto en la Observación general Nº 14 (Derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud), consideró que era necesario realizar nuevas especificaciones debido a las graves y sostenidas violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de los grupos más vulnerables.
sep-2015Compensación económicaJurisprudencia sobre la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que incorpora el instituto de la “compensación económica”.
nov-2020Compensación por daños sufridos en el ámbito carcelario y por deficientes condiciones materiales de detención-
18-sep-2018Complejo Penitenciario V (Senillosa) (Causa N° 17515)El Servicio Penitenciario Federal ordenó el traslado de 156 personas al Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa. El establecimiento tenía severos problemas que afectaban su habitabilidad. Entre otras cuestiones, carecía de sistema de calefacción y de condiciones sanitarias adecuadas, no contaba con colchones, ropa de cama ni servicio telefónico y poseía pérdidas de agua en algunas áreas. Por tal razón, se interpuso una acción de hábeas corpus colectivo preventivo. En particular, se solicitó el dictado de una medida cautelar con el objeto de que se prohibieran nuevos alojamientos por fuera de los Módulos I y II de la Unidad y se limitara el ingreso de personas por fuera de la capacidad del establecimiento. Durante la audiencia, el juzgado hizo lugar a la medida cautelar, dispuso que no se alojara población en los Módulos III y IV hasta que se realizaran las obras de refacción necesarias y fijó la capacidad de alojamiento de la Unidad en un máximo de 404 personas. Además, solicitó que se informaran las obras pendientes de producir. Una vez recibido el informe, se reabrió la audiencia. La fiscalía solicitó que se declarara el inminente agravamiento de las condiciones de detención en el Complejo. Por otra parte, reclamó que se ajustara la cantidad de personas detenidas por espacio. La PPN y la defensoría adhirieron al planteo. Finalmente, la Comisión de Cárceles requirió que se hiciera lugar a la acción de hábeas corpus.
18-sep-2018Complejo Penitenciario V (Senillosa) (Causa Nº 30176)El Pabellón F del Módulo I del Complejo Penitenciario Federal V de Senillosa poseía severos problemas que afectaban su habitabilidad. Entre otras cuestiones, el sistema electrónico del área se encontraba dañado, las ventanas no tenían vidrios, las condiciones de higiene eran deplorables y tanto en el piso como en las paredes se observaban hongos de humedad. Además, el teléfono no permitía el ingreso de llamadas entrantes. Por tal razón, la defensoría interpuso un hábeas corpus colectivo. Durante la audiencia, el representante del Complejo informó que se había comenzado con la refacción de algunas zonas del módulo. Asimismo, hizo saber que se había solicitado la urgente liberación de fondos para efectuar los trabajos necesarios en el sistema eléctrico. En tal sentido, el juzgado otorgó un plazo de cuarenta y ocho horas para que se culminaran las obras. Transcurrido dicho término, se efectuó una inspección ocular sobre el pabellón. En dicha oportunidad, se comprobó que se habían limpiado y pintado las paredes de algunas áreas y se habían instalado artefactos electrónicos y un teléfono bidireccional.
28-mar-2023Comunidad Aborigen Santuario de Tres Pozos (Causa N° 2637)Distintas comunidades indígenas habitaban en la Cuenca Salinas Grandes–Guayatayoc, una región que se extendía desde el sur de Salta hasta el norte de Jujuy. Los ríos y arroyos que atravesaban la zona abastecían a un humedal y a una laguna que contenía litio y borato. En consecuencia, ambas provincias habían otorgado autorizaciones a distintas empresas para que explotaran esos minerales. Las compañías avanzaron con las obras, pero no efectuaron la evaluación ambiental correspondiente. En ese contexto, las comunidades indígenas afectadas junto a una fundación ambientalista promovieron una acción de amparo ambiental. En su presentación, demandaron a las provincias de Salta y Jujuy por haber permitido la explotación minera en esas condiciones. Asimismo, dirigieron su reclamo contra el Estado Nacional, dado que había incumplido con el Plan Nacional del Agua a lo largo del territorio. Sostuvieron que tampoco había garantizado los derechos de los pueblos que habitaban la zona. Entre sus argumentos, los actores manifestaron que la extracción de litio reducía los acuíferos dulces, lo que generaba un daño ambiental grave e irreversible. Sobre ese aspecto, destacaron que se afectaba su derecho a un ambiente sano, a la vida, al agua y a la autodeterminación. Por lo tanto, solicitaron que las autoridades provinciales suspendieran cualquier acto administrativo que permitiera explotar o explorar litio y borato en la cuenca. Asimismo, pidieron que se realizara un estudio del lugar, así como una evaluación de impacto ambiental. También requirieron que se conformara un comité de especialistas independientes para determinar cómo impactaría la actividad minera allí. Por último, como medida cautelar, peticionaron que las accionadas no concedieran nuevos permisos y que se suspendieran los ya otorgados hasta que se dictara una sentencia definitiva.
12-oct-2021Comunidad Indígena de Campo Agua'e V. ParaguayLa Comunidad Indígena de Campo Agua’ẽ habita en su territorio ancestral y subsiste a partir de los recursos naturales que les provee el bosque. El territorio de la comunidad se encontraba rodeado por empresas dedicadas al cultivo extensivo de soja. Estas empresas realizaban fumigaciones masivas con agrotóxicos que provocaban graves daños en la diversidad biológica y en los recursos naturales del territorio indígena. Además, las fumigaciones ocasionaban diversos problemas de salud a los integrantes de la comunidad. Por ese motivo, la comunidad inició una denuncia penal por los daños a la vida, integridad y salud derivados de las actividades de fumigación. Asimismo, presentó una denuncia administrativa por el uso de agrotóxicos no registrados o prohibidos en incumplimiento de las normas ambientales locales. Sin embargo, ninguna de las denuncias prosperó y las fumigaciones continuaron. Ante esta situación, el representante de la comunidad presentó una comunicación ante el Comité de Derechos Humanos.
16-may-2023Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente vs. GuatemalaEl Estado de Guatemala había entregado a un grupo de particulares diversas tierras pertenecientes a comunidades indígenas. Asimismo, otorgó un título provisional de copropiedad de esas mismas tierras a favor de campesinos de la Comunidad Agua Caliente. En consecuencia, los representantes de la comunidad solicitaron la entrega de la escritura, pero el Estado informó que se había extraviado el documento en el que constaba el registro correspondiente. Ante la presentación de diversos recursos judiciales, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala señaló que, pese al extravío del documento, no debía retardarse la entrega del título definitivo de propiedad. De esa manera, se dio cumplimiento a la regulación de la propiedad comunitaria de las tierras oportunamente asignadas. En el período previo a la entrega del título de propiedad, el Estado también había otorgado una concesión de explotación minera a una sociedad anónima. Durante el desarrollo del proyecto tuvieron lugar reuniones con representantes y autoridades de las comunidades. En ese contexto se realizaron explicaciones generales sobre el proyecto minero, sus impactos ambientales y económicos, se atendieron las consultas en torno a distintas preocupaciones y se pidió la colaboración de los miembros de las comunidades para la ejecución del proyecto. Asimismo, se presentó un estudio de impacto ambiental. Algunas personas de la comunidad expresaron su disconformidad debido a que el estudio había sido presentado en español mientras que la mayoría de la población de la zona no tenía como lengua materna ese idioma. Sin embargo, la empresa minera comenzó a construir caminos dentro del territorio comunitario y a realizar sus actividades. Durante este período, miembros de las comunidades que protestaron por su exclusión en el proceso de consulta comunitaria denunciaron actos de agresión, hostigamientos, amenazas y desalojos por parte de empleados de la empresa concesionaria.
15-sep-2015Comunidad Indígena Toba La Primavera - Navogoh c. Provincia de Formosa y otros IIEn el marco de un conflicto sobre la propiedad del territorio ocupado por la Comunidad, frente al comienzo de la construcción de un centro de salud en un terreno de propiedad comunitaria, y en atención a los cortes de la ruta nacional n° 86 y de caminos vecinos realizados por algunos miembros de la Comunidad Qom Potae Napocna Navogoh en protesta por no haber sido consultados acerca de la obra, la Corte había instado a las partes a que continuaran con la colaboración mutua que se deben.
7-abr-2015Comunidad indígena Toba La Primavera c. Provincia de Formosa y otrosEn el marco de un conflicto sobre la propiedad del territorio ubicado de la localidad de la Laguna Blanca, la comunidad indígena Toba La Primavera denunció el incumplimiento por parte de la Provincia de Formosa de las medidas cautelares dictadas por el Juzgado Federal n° 1 de Formosa y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello, a raíz de que el estado provincial se encontraba realizando una obra de drenaje y desagüe en la localidad de la Laguna Blanca, que habría puesto en peligro el equilibrio de su ecosistema y los recursos naturales de la zona. Además, solicitó que se declare la incompetencia del Juzgado Civil, Comercial y Laboral de Clorinda, Provincia de Formosa, para entender en el expediente iniciado por un particular que persigue el desalojo de la comunidad de las tierras, por considerar que su objeto se superponía con el de las actuaciones en trámite ante la Corte Federal.
5-oct-2017Comunidad Iwi Imemb'yLa comunidad Iwi Imemb’y, que se escinde de la Comunidad Iguopeigendá, habitaba en la provincia de Salta. En el año 2003 fueron desalojados por una empresa propietaria de un ingenio azucarero. Posteriormente, la comunidad Iguopeigendá reclamó judicialmente la reinvindicación territorial y se le devolvieron 52 hectáreas. Sin embargo, a raíz de la violencia que sufrieron sus integrantes, migraron a Buenos Aires, donde algunos arrendaron una hectárea de tierra para el cultivo, que funcionaba, a la vez, como un espacio de encuentro comunitario. Más tarde, se inició una acción de amparo colectivo contra el Estado Nacional, la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de la Plata y se solicitó, como medida cautelar, que se les provea tierras aptas y suficientes para su desarrollo y se les otorgue el título de propiedad comunitaria indígena. El juzgado de primera instancia declaró formalmente inadmisible la acción colectiva y ordenó recaratular la causa como “Amparo ley 16.986”. En consecuencia, la parte actora interpuso un recurso de apelación.