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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 6-mar-2015 | FH, DS | Una persona extranjera, padre de tres niñas argentinas, había sido condenada en 1996 a una pena de prisión. En 1998, mientras se encontraba en libertad condicional, la DNM le otorgó la residencia precaria, que se prorrogó hasta el 2000, año en el que vencía la pena impuesta. En 2006, pese a que el condenado había solicitado la permanencia en el país, la DNM dispuso su expulsión y prohibición de reingreso al territorio nacional. Contra esta decisión, el afectado interpuso una demanda en el fuero contencioso administrativo federal para que se revoque la determinación de la DNM. El juez de primera instancia hizo lugar al planteo. El representante del Estado Nacional impugnó la decisión. |
| 10-jul-2018 | FHO (causa Nº 83563) | Una persona que tenía un retraso mental moderado y requeriría supervisión expresó su deseo de votar. Entonces, con sustento en diversos informes médicos, una curadora pública requirió que se lo rehabilitara a ese efecto. El juzgado de primera instancia rechazó la petición y la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión. Fundó la inhabilidad para votar en el artículo 3, inciso a), del Código Electoral Nacional que excluía expresamente del padrón electoral a “los dementes declarados en juicio”. Contra dicha resolución, la curadora pública oficial interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 6-feb-2016 | FHO (PGN) | La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la resolución de primera instancia que había rechazado el pedido de rehabilitación de H. O. F., mantenía la declaración de incapacidad absoluta en los términos del artículo 141 del Código Civil y confirmaba la denegatoria del pedido de ejercer el derecho al voto. Contra dicho pronunciamiento, la curadora pública interpuso recurso extraordinario que fue concedido por existir cuestión federal. |
| 13-oct-2017 | FI (Causa Nº 820) | La Sra. F ingresó por sus propios medios al servicio de guardia de un hospital a raíz de un cuadro de descompensación psiquiátrica junto a su hija, V., de 3 años, que evidenciaba falta de cuidado. El nosocomio advirtió también que la madre presentaba dificultades para comprender las necesidades de su hija. Asimismo, la madre refirió que no le realizaba los controles pediátricos y manifestó que no podía cumplir con los cuidados básicos que requería. Un juzgado de primera instancia decidió la institucionalización de V. y, a raíz de la entrevista con referentes familiares y/o afectivos, los profesionales de la Defensoría Zonal informaron que no había nadie en el círculo familiar que pudiera tomar la responsabilidad de los cuidados que requería, por lo que declaró su adoptabilidad y dispuso suspender el vínculo con su progenitora, dada la angustia de ideación suicida generada ante la inminente posibilidad de revinculación con la niña. La decisión fue impugnada por la madre en lo que atañe a la suspensión del régimen de vinculación. |
| 6-feb-2024 | Fierro (Causa N°10514) | En diciembre de 2023, el Ministerio de Seguridad de la Nación dictó la Resolución N° 943/2023 “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación”. Dentro de las reglamentaciones establecidas, la resolución preveía facultades a las fuerzas de seguridad en casos de protestas que interrumpieran la circulación de personas y medios de transporte. Entonces, una legisladora interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad y solicitó la concesión de una medida cautelar urgente para que el Poder Ejecutivo Nacional se abstuviera de aplicar el protocolo en las protestas que se realizaran. La Cámara Contencioso Administrativo Federal interpretó que se debía dar trámite de habeas corpus a la presentación. Por esa razón, la envió al fuero criminal y correccional nacional, que se declaró incompetente y la remitió a la Cámara Criminal y Correccional Federal para que sorteara el juzgado interviniente. |
| 24-nov-2015 | Figueredo Martinez (reg. Nº 695 y causa Nº 23161) | Una persona fue condenada a una pena de prisión. Cumplido el requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional dictaminó un pronóstico de reinserción desfavorable. Entonces, el Juzgado de Ejecución peticionó de oficio la elaboración de un nuevo informe. El Consejo Correccional ratificó el primer informe. En esa oportunidad, no se notificó a las partes del resultado. El Juzgado de Ejecución rechazó la concesión del instituto. Para decidir de esa manera, se basó en la ratificación del informe elaborado por el Consejo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 22-abr-2021 | Figueroa (causa N° 2621) | Un hombre que vivía con su pareja y su hijo recién nacido suscribió un acuerdo de juicio abreviado con el representante del Ministerio Público Fiscal. Las partes habían acordado la aplicación de la pena de tres años de prisión de efectivo cumplimiento. Además, solicitaron que la pena se cumpliera bajo la modalidad de arresto domiciliario con pulsera electrónica y salidas laborales. |
| 3-jun-2024 | Filgueira (causa N° 26844) | Una mujer fue condenada a la pena única de un año de prisión. Al cumplirse el requisito temporal, su defensa solicitó la concesión de la libertad asistida. Los informes del Servicio Penitenciario Federal indicaron que la mujer mantenía una conducta "muy buena" y un concepto "regular". Asimismo, según los informes de las distintas áreas del Consejo Correccional, la mujer no mostraba problemas de convivencia, había realizado cursos educativos y estaba anotada en primer año del nivel secundario. En cuanto al área de trabajo, se constató que la mujer se desempeñaba en el taller de reciclado. Por su parte, los profesionales del área médica refirieron que la mujer mostraba una actitud positiva frente al tratamiento que se encontraba realizando por el consumo problemático de sustancias. Por último, se expresó que la madre de la mujer le había ofrecido habitación y acompañamiento en su eventual egreso. El Consejo Correccional rechazó la solicitud por considerar, entre otras cuestiones, que existía un pronóstico de reinserción social desfavorable debido a la existencia de indicadores de riesgo tanto para la mujer como para terceros. A su turno, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal se opuso a la concesión del instituto peticionado. Entonces, la defensoría se remitió a su anterior presentación y solicitó que se le concediera la libertad asistida por considerar arbitraria la decisión del Consejo Correccional. |
| 16-dic-2014 | Filippinni, Leonardo | Este caso se inició a partir de la presentación de un habeas corpus correctivo y colectivo a favor de la totalidad de las personas condenadas privadas de libertad que no cuentan con Documento Nacional de Identidad, a pesar de haberlo requerido y reunir los requisitos sustantivos para ello, pues esa falta vulnera su derecho de identidad y los priva del acceso en plenitud a otros derechos fundamentales como la educación, el trabajo formal o la salud. |
| mar-2023 | El fin de la tenencia. Una exploración sobre la dimensión subjetiva de las infracciones a la ley de drogas | Este trabajo propone el análisis de jurisprudencia que de cuenta de la aplicación de la figura de la tenencia “simple” de estupefacientes. Como punto de partida, considera la posiblidad de que el estudio de esta figura –aplicada con mucha frecuencia en la jurisprudencia argentina– aporte claves interpretativas para caracterizar las dinámicas judiciales que operan en la aplicación de la ley 23.737, pues se trataría de una caracterización legal aplicada a falta de prueba que permita explicar la finalidad de la tenencia. |
| 29-mar-2018 | Fiona Given v. Australia | En el año 2013, Australia convocó un proceso electoral federal. Fiona Given tenía una discapacidad física y parálisis cerebral y quiso votar con los demás ciudadanos en igualdad de condiciones. Sin embargo, debido a su escasa habilidad motriz, no podía marcar una papeleta, plegarla y depositarla en una urna sin asistencia de otra persona, lo cual comprometía la confidencialidad del voto. Posteriormente, solicitó la asistencia de un oficial electoral que se negó a ayudarla. La peticionaria requería acceso a un sistema de votación electrónico pero, en virtud de la Ley Electoral, esta opción estaba disponible solo para personas con discapacidad visual. |
| 27-nov-1984 | Fiorentino | La policía detuvo a un joven en la entrada de su edificio mientras ingresaba con su novia. En ese momento, los agentes lo interrogaron sin la presencia de un abogado. Fue en ese contexto que el joven declaró que poseía marihuana en su domicilio. Posteriormente, los policías le sustrajeron las llaves y accedieron al departamento donde vivía con sus padres, sin contar con una orden judicial ni con la autorización expresa de los titulares del domicilio. Durante el procedimiento, los agentes secuestraron material estupefaciente en la habitación del joven. El tribunal de primera instancia procesó y condenó al joven por el delito de tenencia de estupefacientes. La defensa apeló la resolución y sostuvo que el allanamiento se había realizado sin orden judicial ni consentimiento válido, lo que vulneraba la garantía de inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la sentencia. Para ello, la Cámara sostuvo que el imputado había consentido el ingreso de la policía y consideró que la falta de oposición de sus padres equivalía a una autorización tácita. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal que, al ser denegado, dio lugar a la presentación de un recurso de queja. |
| 7-ago-2015 | Fioriti, Dora Aída c. ANSES | En el marco de un incidente previsional, el juez de primera instancia dejó sin efecto la pauta de duplicación de astreintes y ordenó practicar la liquidación conforme el monto dispuesto oportunamente en la última intimación firme. Contra dicha resolución, la accionante interpuso recurso de apelación. |
| 12-ago-2014 | Firth y otros v. Reino Unido | El presente caso tiene lugar ante la petición presentada por diez prisioneros, de nacionalidad británica, a quienes, acorde con la legislación electoral aplicable y dada su condición de detención, les fue impedido ejercer el derecho al voto en las elecciones del Parlamento Europeo, desarrolladas el 4 de junio de 2009. |
| 24-may-2012 | Fiscal S/ apela declaración de nulidad de informe pericial (Causa N° 46744) | Un exfuncionario se encontraba siendo investigado por el delito de enriquecimiento ilícito. En el marco de ese proceso, se ordenó el allanamiento de la vivienda de su exasesor y la del hijo de éste, ambos involucrados en la investigación. El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del punto II del auto de procesamiento respecto a las pericias practicadas por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal Argentina sobre las computadoras secuestradas en el domicilio de la persona, así como también de la pericia que se había encomendado a los técnicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con sus conclusiones, la información obtenida y la extracción de testimonios ordenadas a tal efecto. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un recurso de apelación. Por su parte, ambas defensas —las del exasesor y la del exfuncionario—, sostuvieron que no habían sido notificados de la pericia informática de las computadoras secuestradas con el argumento de que se trataba de una operación sencilla y reproducible en el futuro. Y que, si bien fueron notificados de una nueva pericia, advertían, a partir del peritaje realizado por los expertos de la UBA, que el material recibido no había sido debidamente resguardado y que la cadena de custodia se encontraba comprometida. Por tanto, solicitaron que se anularan ambos peritajes, el primero por la omisión de practicar la notificación como establece la normativa procesal, y el segundo por la sospechosa contaminación de la evidencia que fuera advertida por los peritos de la UBA. La Cámara Federal en lo Criminal y Correccional se había pronunciado en este mismo incidente al respecto. En esa ocasión, anuló la resolución adoptada en primera instancia que rechazaba la nulidad impetrada por la defensa y ordenó practicar nuevas diligencias tendientes a esclarecer las circunstancias bajo las cuales se habían producido los peritajes practicados tanto por la División Apoyo Tecnológico de la Policía Federal como por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, para luego volver a decidir con el resultado de esas diligencias y en función del resto de las constancias de la causa vinculadas al planteo de nulidad de las pruebas obtenidas. Luego de realizarse las diligencias requeridas, el caso volvió a la Cámara. |
| 29-sep-2015 | Fisher (reg. Nº 502 y causa Nº 9385) | Una persona se encontraba detenida cumpliendo una pena de prisión por el delito de robo en poblado y en banda. Una vez cumplido el requisito temporal, solicitó de forma exitosa que se le concedieran salidas transitorias. Entonces, violó las condiciones impuestas para su otorgamiento. Luego, requirió se la incorporara al régimen de libertad condicional. Los informes del Consejo Correccional concluyeron que el pronóstico de reinserción social era favorable y se expidieron de forma positiva. El representante del Ministerio Público Fiscal también dictaminó a favor de su concesión. El juzgado de ejecución rechazó el pedido por considerar que no había un pronóstico de reinserción social favorable y ponderó de forma negativa que se hubieran violado las normas impuestas con las salidas transitorias. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 25-sep-2017 | FJ | Una persona se encontraba en el aeropuerto de Ezeiza con el objeto de tomar un vuelo al extranjero. En el marco de los controles de rutina, su mochila fue inspeccionada con una máquina de rayos X. Personal policial observó imágenes compatibles con la forma de fajos de billetes y, por tal razón, requisó el bolso. En su interior encontró una caja de cartón que contenía dinero. Al ser consultado, el pasajero declaró que llevaba quince mil euros. En su billetera se hallaron doscientos euros y, en un bolsillo de su mochila, cuatro mil seiscientos pesos. El juzgado procesó al imputado por el delito de contrabando de exportación de divisas en grado de tentativa. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 31-jul-2018 | FJG (Causa Nº 37443) | Dos jóvenes le quitaron las pertenencias a una persona que dormía en la vía pública. El chofer de un colectivo observó la situación y describió el aspecto de los jóvenes a un agente policial. Unos minutos después, el policía detuvo a dos personas que coincidían con la descripción y le secuestró a uno de ellos un teléfono celular. Entonces, se comunicó con el juzgado de turno, que le ordenó la toma de fotografías y el peritaje del aparato. El policía extrajo el chip, lo colocó en su propio teléfono y llamó a un número telefónico de la agenda de contactos, con el objeto de ubicar al damnificado. El juzgado dictó el procesamiento con prisión preventiva del joven por el delito de robo. La defensa solicitó la nulidad de la inspección del celular y de todo lo obrado en consecuencia, por considerar que el chip se había obtenido sin autorización judicial. En consecuencia, solicitó que se dispusiera el sobreseimiento de su asistido. El juzgado rechazó el pedido. En tal sentido, entendió que se habían cumplido las exigencias que habilitaban al personal policial a actuar sin orden judicial. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de apelación. |
| 16-ago-2016 | FJL (causa N° 9536) | Una mujer se encontraba imputada por el delito de contrabando de estupefacientes tentado. En el marco de su declaración indagatoria, manifestó que había sido amenazada y coaccionada para transportar la droga. En tal sentido, individualizó a varias de las personas involucradas en la maniobra. A partir de los datos aportados, se dispuso una serie de medidas de investigación. Durante el debate, la defensa consideró que correspondía una reducción en la pena que le cabría a su asistida. En tal sentido, indicó que, aunque todavía no se había dictado el procesamiento de ninguna persona, la información aportada por su asistida era relevante en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. |
| 9-may-2019 | FJM (causa Nº 125.203) | Los niños JM y U se encontraban hacía más de dos años alojados en un hogar y habían sido declarados en situación de abandono y en estado de adoptabilidad. Su madre biológica sufría una patología por la cual se le había restringido su capacidad. La mujer, asistida por su curadora, solicitó visitar a sus hijos. El juzgado desestimó el pedido y le hizo saber que tenía prohibido comunicarse con los niños. Entre otras cuestiones, sostuvo que estimaba inadecuada la preservación del vínculo materno filial de origen. Además, señaló que la inestabilidad de su progenitora generaba que los niños no pudieran proyectar perspectivas personales de desarrollo en un nuevo ámbito familiar. La madre interpuso un recurso de apelación contra esa decisión. En la presentación, sostuvo que no era posible sostener que la mantención de contacto de los niños con ella pudiera resultar nocivo o inadecuado para su desarrollo. |