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| Fecha | Título | Resumen |
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| 22-jun-2016 | Tenorio Roca y otros v. Perú | En el marco del conflicto armado en Perú y la expansión de Sendero Luminoso, el 7 de Julio de 1984, Rigoberto Tenorio Roca y su esposa, se trasladaban en ómnibus desde la ciudad de Huanta con dirección a la ciudad de Ayacucho, provincia de Huamanga. Cuando el ómnibus se encontraba a la altura del anexo Huayhuas, fue interceptado por una patrulla militar compuesta por treinta infantes de la Marina de Guerra. Diez de ellos subieron al ómnibus y solicitaron la identificación de los pasajeros. Al llegar al lugar que ocupaba Tenorio Roca y verificar sus documentos, lo hicieron descender. Los infantes cubrieron su rostro, lo hicieron ingresar en una tanqueta y se lo llevaron detenido. Sus familiares solicitaron información sobre su paradero tanto a las autoridades militares adscritas al departamento de Ayacucho como a la fiscalía, sin obtener resultados. |
| dic-2023 | Tensiones en la construcción de la estrategia jurídico-comunitaria en la causa Riachuelo. Revista Anual N° 18. Litigio estratégico en materia ambiental | La piedra angular de la intervención del Ministerio Público de la Defensa de la Nación en la Causa Mendoza se sostiene en el trabajo de abordaje territorial que el Equipo Riachuelo lleva adelante en los barrios del conurbano bonaerense afectados. Esta clase de trabajo permite un conocimiento real de las problemáticas que las comunidades enfrentan en relación con su derecho a un hábitat digno, y opera en favor de lograr una efectiva representación de sus voluntades en el ámbito judicial y de facilitar su diálogo con los otros organismos intervinientes. Sin embargo, el proceso de definición de la estrategia jurídico-comunitaria es complejo y dinámico. En su artículo, les autores reflexionan sobre los obstáculos que presenta ese proceso, y ofrecen algunas respuestas para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las comunidades afectadas. |
| 12-dic-2022 | Teorías y perspectivas analíticas de la movilidad humana para la praxis en derechos humanos. Revista del Ministerio Público de la Defensa N°17. Personas en contexto de movilidad humana | La autora retoma algunas explicaciones teóricas y analíticas en materia de migración y, en particular, de perspectivas criticas para pensar sus efectos en la práctica en derechos humanos de las personas en contextos de movilidad humana. |
| 5-ago-2019 | Tercero (causa Nº 10818) | Dos hombres se encontraban en el puesto 28 de la frontera de Orán y uno de ellos cargaba un bulto grande envuelto en lona en su espalda. Personal de la Gendarmería Nacional requirió su control y convocó a dos testigos. En el interior del bulto se halló una caja de cigarrillos. La caja contenía trozos de telgopor y una mochila, donde se encontraron trece paquetes con cocaína. Por ese hecho fueron imputados por el delito de transporte de estupefacientes. Los imputados explicaron ante la Gendarmería que trabajaban haciendo changas y que habían sido contratados por una señora conocida para el traslado de cigarrillos. Además, relataron que por ese trabajo iban a recibir mil pesos, que era el monto usual que se abonaba por ese tipo de traslados. En el mismo sentido se expidieron en la declaración indagatoria. Durante la audiencia de debate, prestaron declaración testimonial los testigos del procedimiento y los agentes de la Gendarmería. Explicaron que el día del hecho los imputados se encontraban muy tranquilos y que habían manifestado de manera espontánea que trasladaban cigarrillos. Asimismo, los gendarmes relataron que en la zona del procedimiento era habitual el paso de “bagayeros”. Por su parte, la fiscalía alegó que los imputados posiblemente habían percibido que trasladaban cigarrillos, como en otras ocasiones habían hecho, y que el tráfico de la marca de cigarrillos encontrada se había incrementado en el último tiempo. En tal sentido, consideró que habían confiado en la señora que los había contratado y, en consecuencia, propuso su absolución por aplicación del principio in dubio pro reo. La defensa se pronunció en el mismo sentido y solicitó la absolución de sus asistidos. |
| 29-mar-2016 | Terren c. Campili | La Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil había decretado el divorcio vincular por culpa del esposo con sustento en la causal de injurias graves (art. 202, inc. 4° del código civil vigente en ese momento). Contra esa decisión se dedujo un recurso extraordinario que fue denegado y motivó la presentación de un recurso de queja. Mientras la causa se encontraba a estudio de la Corte entró en vigencia el Código Civil y Comercial de la Nación que derogó, entre muchas otras, las disposiciones del Código Civil que regulaban la disolución del matrimonio, en particular, las vinculadas con la distinción entre las causales objetivas y subjetivas que autorizaban el divorcio de los cónyuges, aspecto que constituyó el fundamento del recurso del apelante. |
| 22-dic-2015 | Terruli Jorge Miguel c. González Manuel Enrique y otro | La Sala L de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, en el marco de una ejecución hipotecaria, confirmó la sentencia de primera instancia que había desestimado el planteo de nulidad formulado por la coejecutada con el objeto de que se anulara todo lo actuado con posterioridad a la decisión que dispuso que la deuda se abonara en moneda extranjera. Fundamentó su pedido en que, al no habérsele notificado esta última resolución, se le había impedido ejercer su derecho de defensa. El curador de la codeudora -declarada insana en los términos del art. 141 del código civil al tiempo del dictado de la sentencia- dedujo recurso extraordinario. |
| may-2019 | Testigo único | Jurisprudencia local, emitida entre los años 2016 y 2019, en la que se ha apelado a la existencia de la figura del “testigo único”, como uno de los argumentos para alcanzar la absolución. |
| 19-mar-2019 | Textil Roma (causa N° 14298) | Una empresa textil compró un vehículo a una concesionaria de automóviles. Mientras perso-nal de la empresa lo utilizaba, el vehículo sufrió un desperfecto que inmovilizó el motor que, según informó la concesionaria, se quebró debido a la rotura de una válvula. Por este motivo y a fin de evitar mayores daños, la empresa textil solventó el cambio del motor. Con posterio-ridad, la empresa automotriz fabricante del vehículo ofreció un descuento del 15% para efec-tuar la reparación y montar una nueva pieza, pues el comprador había cumplido con todos los services de mantenimiento que exigía la garantía. Finalmente, la empresa textil rechazó el ofre-cimiento por considerar que el rodado padecía un vicio oculto o redhibitorio que, de haberlo conocido, la hubiera hecho desistir de la compra. En este contexto, la empresa textil inició una demanda por los daños ocasionados por el incumplimiento contractual. Además, reclamó el reintegro de los gastos por el cambio del motor, el monto de la privación de uso, lucro cesante, daño moral y desvalorización del rodado. El juzgado de primera instancia consideró acreditada la falla del vehículo e hizo lugar parcialmente a la demanda contra la empresa automotriz y la concesionaria y las condenó a abo-narle a la actora $ 20.467,94 en concepto de reintegro de gastos y privación de uso, más los intereses y las costas. Sin embargo, rechazó el daño moral, lucro cesante y el rubro desvalori-zación del rodado por no encontrarlo probado. Contra esa resolución, los demandados interpusieron un recurso de apelación. |
| 29-oct-2015 | TFCE | El Tribunal Oral le había concedido al imputado la suspensión del juicio a prueba por el plazo de tres años (que se cumplían en mayo de 2017). Luego, en una causa posterior, el tribunal amplió la probation por idéntico tiempo. Sin embargo, estableció que las reglas de conducta vencerían en mayo de 2018; es decir, no contabilizó el año que había transcurrido. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 8-abr-2014 | TFJ. c. Obra Social del Poder Judicial de la Nación s. amparo de salud | El tribunal de segunda instancia consideró que “…la ley [25.404] reconoce a la persona afectada por epilepsia el derecho a una asistencia médica definida como integral, con independencia del ámbito de protección destinado por la ley 24.901 a las personas con discapacidad. Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, la primera acepción del vocablo integral es ´global o total´, significación esta que, por lo demás, es la aceptada uniformemente en este campo del Derecho de los derechos humanos”. Asimismo, la cámara sostuvo que “…debe entenderse que la referencia de la ley al PMO o la incorporación de los pacientes epilépticos al PMO de Emergencia no es a los fines de subordinar el tratamiento de la enfermedad a lo que se disponga por vía reglamentaria, sino a los efectos de asegurar a los pacientes con cobertura a través de los agentes del Seguro de Salud la provisión de drogas especificas para la citada patología […] El carácter general e integral de la protección acordada a estas personas completa con la provisión gratuita de la medicación requerida a quienes carezcan de cobertura y de recursos económicos, a través del Estado (art. 9 de la ley y arts. 4 y 9 del decreto)”. Además, los integrantes de la sala II entendieron que “…las decisiones internas de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación deben acatar cabalmente las obligaciones constitucionales y legales a las que se encuentra sujeta […] la norma legal no varía la cobertura en función de la condición socio económica del eventual beneficiario […] el especial régimen jurídico de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación no la exime de cumplir con una ley de la Nación, ni la habilita a dictar resoluciones administrativas contrarias a sus previsiones. Primero y principal, porque el ámbito subjetivo de aplicación de la ley 25.404 no se encuentra limitado a los agentes del servicio de salud alcanzados por las leyes 23.660 y 23.661”. |
| 9-abr-2018 | TFL (causa Nº 39179 2017) | La señora BL padecía una discapacidad –tenía demencia vascular con episodios de excitación psicosomática y una severa dificultad respiratoria– por la que requería hidratación parental permanente, alimentación por sonda y oxigenoterapia permanente. A raíz de esta situación, requería un servicio de enfermería domiciliaria todos los días de las semana durante las 24 horas. Sin embargo, su obra social (IPSS) únicamente cubría el servicio por 12 horas diarias y por un plazo de 6 meses renovables. En consecuencia, el marido de BL –en su representación– inició una acción de amparo. El tribunal de primera instancia hizo lugar a la acción y ordenó a la entidad brindar la cobertura integral solicitada mientras el estado de salud de BL lo requiriera. Contra esa decisión, la demandada interpuso un recurso de apelación. |
| 23-feb-2017 | TH, S | Una mujer extranjera, madre de dos niñas y un niño, había sido condenada a la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de tráfico de estupefacientes. La DNM dispuso su expulsión y prohibición de reingreso al territorio nacional en cumplimiento del art. 29 inc. c de la ley Nº 25.871. Contra esta decisión, la ofendida interpuso un recurso de alzada que, denegado, motivó la presentación de una acción de revisión judicial. A tal fin, argumentó que debía aplicarse la dispensa por razones de reunificación familiar. |
| 7-sep-2004 | Tibi v. Ecuador | El señor Tibi, de nacionalidad francesa, residía en la Ciudad de Quito, Ecuador y se dedicaba al comercio de piedras preciosas. El 27 de septiembre de 1995 fue detenido por agentes de la INTERPOL, sin orden judicial y con una sola prueba que consistía en la declaración de un coacusado en el marco de un procedimiento antinarcóticos. El peticionario no estaba cometiendo ningún delito al momento de su detención y tampoco le fueron comunicados los cargos en su contra cuando se realizó el arresto. Sólo se le informó que se trataba de un control migratorio. Al momento de su detención, no se permitió al señor Tibi comunicarse con Beatrice Baruet, su compañera, ni con el Consulado de su país. Posteriormente sí pudo informar a ella que se encontraba detenido en el Cuartel Modelo de Guayaquil. Sin embargo, cuando la señora Baruet fue a dicho cuartel los oficiales encargados le indicaron que el señor Tibi no se encontraba ahí. La señora Baruet y un abogado visitaron otros lugares de detención de Guayaquil, pero regresaron a la ciudad de Quito sin hallarlo. Unos días después, a través de la esposa de un detenido en la Penitenciaría del Litoral, el señor Tibi pudo comunicar a su compañera el lugar actual de su detención. Durante su detención en marzo y abril de 1996 en la Penitenciaría del Litoral, el peticionario fue recluido en condiciones de hacinamiento e insalubridad, sin ventilación ni luz natural y sin que se le proporcione suficiente alimento. A su vez, fue objeto de actos de violencia física y amenazado, por parte de los guardias de la cárcel, con el fin de obtener su autoinculpación; por ejemplo, le quemaron las piernas con cigarrillos, le fracturaron varias costillas y le aplicaron descargas eléctricas en los testículos. No había sistema de clasificación de reclusos en el centro penitenciario donde se encontraba detenido, por lo que no obstante estar “procesado” estuvo detenido también con condenados. Durante su permanencia en la cárcel el señor Daniel Tibi fue examinado dos veces por médicos designados por el Estado. Estos verificaron que sufría de heridas y traumatismos, pero nunca recibió tratamiento médico ni se investigó la causa de sus padecimientos. El señor Tibi permaneció bajo detención preventiva, en forma ininterrumpida, en centros de detención ecuatorianos, desde el 27 de septiembre de 1995 hasta el 21 de enero de 1998, fecha en que fue liberado y retornó a Francia. |
| 29-oct-2015 | Tiglio Ferreira, Cristian Ezequiel | El Tribunal Oral había concedido la suspensión del juicio a prueba en una primera causa contra el imputado por el plazo de tres años (que se cumplían en mayo de 2017). Posteriormente, en una segunda causa acumulada, el tribunal concedió la ampliación de la probation por idéntico tiempo. Sin embargo, el tribunal estableció el vencimiento de las reglas de conducta para mayo de 2018, ampliando el plazo a cuatro años al no contabilizar el año que el imputado llevaba cumpliendo las reglas impuestas. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 4-feb-2011 | Tiraborelli (Registro Nº 7-2011) | En el año 1999 la AFIP-DGI denunció a un grupo de personas por la evasión del pago de IVA y del Impuesto a las Ganancias correspondiente a una empresa. La fiscalía requirió la instrucción del expediente y, en octubre de 2004, amplió su requerimiento. Sobre la base de dicha ampliación, en noviembre del 2004, el juzgado citó a prestar declaración indagatoria a los imputados y difirió la celebración del acto hasta tanto se recibiera la documentación original requerida a otro tribunal. En agosto de 2009 el juzgado declaró prescripta la acción penal y sobreseyó a las personas imputadas. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico revocó la resolución. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, sostuvo que el llamado a prestar declaración indagatoria no podía tener carácter de acto interruptivo del curso de la prescripción ya que no había fijado una fecha cierta; circunstancia que le quitaba virtualidad como acto judicial apto para dicho efecto. |
| 17-ago-2022 | TME (Causa Nº 366) | Una mujer tenía una discapacidad psicosocial y auditiva, y convivió con su pareja durante más de veinte años. Tras el fallecimiento del hombre, la mujer se fue a vivir con su hijo, que la integró en su grupo familiar. A partir de ese momento, se ocupó de asistirla en las tareas cotidianas y de acompañarla a las consultas médicas. Si bien la mujer administraba su jubilación, contaba con el apoyo de su hijo para el cobro y la realización de trámites administrativos. Por esa razón, la mujer solicitó en instancia judicial la designación de su hijo como apoyo, a fin de poder dirigir su persona, administrar sus bienes y celebrar actos jurídicos que excedieran lo habitual. La jueza interviniente mantuvo una entrevista personal con la mujer y su hijo. Además, se incorporaron informes elaborados por el equipo interdisciplinario. En ese contexto, se corroboró que la persona propuesta ya ejercía un rol de sostén y acompañamiento. Por su parte, la Defensora de Menores e Incapaces adhirió a lo solicitado por la mujer y requirió que no se le restringiera la capacidad jurídica. |
| 7-abr-2017 | TME y otro (causa Nº 1831) | Una mujer y su hijo se encontraban a punto de abordar una embarcación con destino a Uruguay. Al controlar sus pertenencias, personal policial halló 146 gramos de marihuana y 0,4 gramos de cocaína. En consecuencia, el juzgado ordenó el allanamiento de su domicilio. Allí fueron secuestradas doce plantas de marihuana. En razón de esos hechos, las personas fueron imputadas por el delito de contrabando de exportación agravado por tratarse de estupefacientes en grado de tentativa (artículos 864, inciso d y 866, primer párrafo del Código Aduanero), en concurso real con la figura de guarda y siembra de semillas, hojas y plantas (artículo 5, inciso a, ley 23737). Las defensas de los imputados solicitaron su sobreseimiento por considerar que la conducta que se les reprochaba resultaba atípica por quedar amparada en la esfera de privacidad que contempla el artículo 19 de la Constitución Nacional. La fiscalía se expidió en el mismo sentido. |
| 4-nov-2021 | TMI (Causa Nº 162) | Una mujer que se encontraba en pareja mantuvo una relación sexoafectiva con otro hombre y quedó embarazada. Luego del nacimiento, su novio reconoció a la niña. Años después, la mujer se reencontró con el progenitor biológico y le informó sobre su paternidad. Además, le hizo saber a su pareja que no era el padre de la niña. A partir de ese momento, se separaron pero continuaron conviviendo por razones económicas. La mujer comenzó a sufrir hechos de violencia de género por parte de su ex pareja. Con posterioridad, la progenitora lo demandó a fin de impugnar el reconocimiento de la niña. En su presentación, también accionó contra el progenitor biológico para obtener el correspondiente emplazamiento filial de su hija. Luego, se presentó el padre reconociente. Señaló que no quería perder contacto con la adolescente, ya que compartía con la madre su cuidado personal. Por su parte, el progenitor biológico manifestó que la actora no le había comunicado que tenían una hija en común. Se realizó en el expediente una prueba genética que confirmó las afirmaciones de la actora. Por último, el juzgado entrevistó a la adolescente. En esa ocasión, la joven indicó que no tenía relación alguna con su padre biológico. Sin embargo, expresó que deseaba mantener el apellido de su papá –con quien tenía contacto– y que se le adicionara el del progenitor de origen. |
| 9-oct-2018 | TMP (causa N° 10510) | La señora T. denunció al señor C. por delitos de lesiones y amenazas. En abril de 2017 se declaró la absolución del denunciado y la cámara de apelación confirmó la decisión. Con posterioridad, T. inició una acción de daños y perjuicios contra C. por los mismos hechos. El juzgado de primera instancia consideró la prejudicialidad de los hechos resueltos en sede penal en relación con los hechos que individualizaba en la demanda de daños. Además, declaró la inaplicabilidad al caso de la legislación sobre violencia de género, la antijuridicidad del hecho declarado atípico en sede penal (amenazas), y por último, la falta de acreditación del daño. Contra esa decisión, la parte actora interpuso un recurso de apelación. |
| 21-jun-2016 | TMP (Causa Nº 10322) | Una persona fue condenada a una pena única de siete años y diez meses de prisión por el delito de extorsión. La investigación, sin embargo, continuó abierta respecto de otros partícipes que se encontrarían prófugos. La persona condenada sufría una serie de patologías que requerían asistencia médica y controles periódicos. Además, estaba incapacitada para movilizarse e higienizarse. Al respecto, el CMF realizó un informe en el que expresaba que su detención incrementaba el riesgo de vida por el retardo en el diagnóstico y, eventualmente, en el tratamiento de las afecciones y aconsejaba el arresto domiciliario. La defensa solicitó se le conceda el arresto domiciliario. El Tribunal rechazó el pedido por considerar que las patologías de la persona se podían tratar en el establecimiento carcelario y que su salud y su vida no se encontraban en riesgo. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |