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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 9-dic-2015 | Consultora Megator S. A. c. Estado Nacional | La actora adquirió un equipo de tomógrafo en Estados Unidos que, a su arribo, fue almacenado en el depósito aduanero sito en el puerto de la ciudad. Refirió que casi inmediatamente a la llegada del bien al país inició el trámite tendiente a obtener la autorización y certificación que debía otorgar la A.N.M.A.T para la importación de esta clase de mercadería. Sin embargo, dicho organismo demoró en entregar la certificación correspondiente, razón por la que se generó una abultada deuda consistente en el importe de las multas y recargos originados por no haber retirado la mercadería en el plazo legal. Aduce que una vez cancelado el importe adeudado, la actora solicitó la autorización para que el débito sea computado en el sistema informático de la Aduana y el desbloqueo de la mercadería. Sin embargo, ese mismo día, se le informó que el tomógrafo había sido puesto a disposición de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación (Resolución A.S.A.T. 057/2003) para proceder a su posterior donación, autorizándose al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación al retiro de aquel con sustento en las atribuciones conferidas por la ley 25.603. La Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, confirmó la decisión de la instancia anterior que había admitido parcialmente la demanda, hizo lugar a la indemnización peticionada en concepto de daños y perjuicios por considerar que aquellos daños se produjeron como consecuencia directa e inmediata del obrar antijurídico de la Administración, pues esta sin cumplir el debido proceso legal estableció que la mercadería importada por Consultora Megator S.A. se hallaba en rezago, dispuso de aquella, y no la restituyó oportunamente a la actora. |
| 24-nov-2015 | Consumidores financieros asociación civil | En este caso, la asociación civil actora solicitó judicialmente que se la exima del depósito previsto por el artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con sustento en el beneficio de justicia gratuita establecido por el artículo 55 de la ley 24.240 (t.o. ley 26.361). |
| 13-may-2015 | Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria c. Swiss Medical SA | La organización de Consumidores Libres Coop. Ltda. de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria inició un reclamo judicial a fin de que se condene a Swiss Medical S.A. a cumplir con la prestación de brindar a todos los usuarios y consumidores celíacos la cobertura asistencial del costo de las harinas y premezclas libres de gluten prevista en el artículo 9 de la ley 26.588. Además, la actora solicitó –entre otras cosas– que se declare la inconstitucionalidad del artículo 9 del anexo I del decreto 528/11 y de las resoluciones del Ministerio de Salud 407/2012, 2109/2012, 504/2014 y sus modificatorias en cuanto determinaban una cobertura inferior a la prevista en la ley 26.588, se confeccione un padrón de celíacos y se difunda la existencia de estos derechos. La magistrada de primera instancia rechazó in limine la demanda por entender que la demandante carecía de legitimación para actuar. |
| dic-2021 | Contextos de privación de libertad frente a la criminalización del consumo de drogas: El caso de Bolivia. Revista Nº 16, Discusiones actuales en torno a la prohibición y regulación de los estupefacientes | El enfoque punitivo de la política de drogas en Bolivia, enmarcado en el esquema prohibicionista del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes, tiene un impacto final en el sistema penal y penitenciario. En ese contexto, resulta imprescindible que el análisis sobre la problemática del consumo de drogas en contextos de privación de libertad, incluya variables que refieren a la aplicación de la política prohibicionista, que prioriza la persecución penal de la población de usuarios y usuarias de sustancias psicoactivas. |
| 26-ago-2015 | Conti, Jorge Héctor y otros | La jueza de instrucción había resuelto prorrogar la prisión preventiva de los imputados. |
| ago-2018 | El continuum de violencias contra el colectivo travesti y trans a la luz del fallo de Diana Sacayán | En el mes de junio de 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 4 llevó adelante el juicio por el asesinato de Diana Sacayán. Por mayoría, sus jueces condenaron a uno de los perpetradores, a la pena de prisión perpetua en orden al delito de homicidio agravado. En su sentencia, los jueces, por mayoría, nombraron a este hecho como un travesticidio: el resultado final de un continuum de violencias que afecta especialmente a las personas travestis. De este modo, la decisión cristalizó un concepto útil para visibilizar las violencias sufridas por este colectivo. Para ello, se valió de diversos instrumentos aportados por organismos nacionales e internacionales, muchas veces nutridos por la labor de los organismos de la sociedad civil. Ante la falta de sistematización de esta información, el artículo se propone ordenar y analizar estas herramientas desde distintas perspectivas a fin de acercarse a una compresión integral de la vulnerabilidad del colectivo travesti y trans. |
| nov-2017 | Contrabando | Jurisprudencia sobre contrabando |
| 6-mar-2024 | Contrabando agravado. Problemas de una escala penal excesiva | El presente trabajo se propone conocer cuáles son las consecuencias de declarar la inconstitucionalidad de una escala penal y, principalmente, establecer qué tipo de sanción habilita la declaración de inconstitucionalidad. Para responder a ese interrogante, será necesario, previamente, poder dar respuesta a otras preguntas estrechamente relacionadas con el tema bajo estudio. En ese camino, deviene prudente comprender los argumentos que utilizan los magistrados para concluir que la escala penal, en un caso dado, deviene inconstitucional. A la par, resulta valioso conocer, por un lado, las características y forma de comisión de los hechos materia de juzgamiento, así como las características personales de los sujetos sometidos a proceso. Por último, es importante saber cuáles son las sanciones que, en definitiva, imponen los tribunales luego de declarar la incompatibilidad de la pena con la Carta Magna. |
| 1-abr-2019 | Cordera (Causa N°11248 Reg Nº201) | Un artista hizo declaraciones agresivas contra el colectivo de mujeres. Entonces, fue imputado por el delito de incitación pública a la violencia colectiva. En el expediente se presentaron como querellantes la Asociación Civil de Red de Víctimas de Violencia, el Instituto Nacional de Mujeres y el INADI. En la etapa de juicio, la defensa del imputado solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. La audiencia celebrada para su tratamiento fue transmitida en vivo. La representante del Ministerio Público Fiscal y la titular de la Unidad Fiscal Especialidad en Violencia contra la Mujer (UFEM) expresaron la conformidad para su concesión. Asimismo, solicitaron que se le impusiera la obligación de abstenerse de hacer declaraciones públicas que naturalizaran o legitimaran la violencia sexual, de retractarse por sus manifestaciones y realizar un pedido de disculpas públicas. A su vez, consideraron que debía realizar una capacitación relacionada con la violencia de género. El imputado manifestó su arrepentimiento y ofreció cumplir las medidas que se le impusieran. Por otro lado, sobre la base del precedente “Góngora” de la CSJN, las querellas se opusieron a la concesión del instituto. |
| 30-oct-2015 | Cordero (reg. N° 605 y causa N° 31287) | Dos hombres persiguieron a una mujer y a su madre. Entonces, uno de ellos le preguntó a la primera si “tenía hora”. Ante la negativa, la insultaron y rompieron una botella de cerveza contra una reja. En ese momento, le apoyaron el pico sobre el rostro. Luego, le arrancaron la cartera y huyeron. Las mujeres dieron aviso a un patrullero que halló a los hombres. En la etapa de juicio oral, uno de ellos fue condenado a la pena de cinco años de prisión por el delito de robo con armas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, criticó la calificación legal porque consideró que una botella rota no encuadraba dentro del vocablo “arma” y por lo tanto no podía servir de base para agravar el delito de robo. |
| 1-abr-2020 | Cordoba (causa N° 95295) | Un hombre fue detenido e imputado por el delito de robo en grado de tentativa. El hecho fue cometido en un comercio donde había varias personas. La defensa requirió su excarcelación. El juzgado rechazó el planteo y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la decisión. Para decidir de esa manera tuvo en consideración la posibilidad de que el imputado amedrentara a los testigos y entorpeciera la investigación. El hombre poseía antecedentes condenatorios y se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. Además, no sabía si era portador de HIV. De confirmarse el diagnóstico, iba a pertenecer al grupo de riesgo frente al COVID-19. Por otra parte, su madre tenía 82 años, vivía sola y no podía salir de su casa. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la mujer requería la presencia de su hijo para asegurarse la provisión de alimentos y medicamentos. Por esa razón, la defensa reiteró el pedido de excarcelación. La representante del Ministerio Público Fiscal se opuso al pedido por considerar que, en caso de recaer sentencia condenatoria, la pena sería de efectivo cumplimiento en función de los antecedentes condenatorios. |
| 22-ago-2019 | Coria (Causa Nº 81237) | Personal policial observó por medio de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano que un grupo de cinco personas golpeó a un individuo, le robó sus pertenencias y se dio a la fuga. Entonces, advirtió a los oficiales que estaban cerca del hecho y realizó una descripción de los sujetos. Los policías detuvieron a un hombre que reunía las características descriptas y que fue imputado por el delito de robo cometido en poblado y en banda. En su declaración indagatoria rechazó la acusación y explicó que él había visto a un grupo de personas pasar corriendo y que luego la policía lo había detenido. Durante el debate, el agente del centro de monitoreo refirió que no recordaba el hecho concreto y que su trabajo se limitaba a informar al personal policial lo que veía en las imágenes. Por su parte, el oficial que había intervenido en el procedimiento sostuvo que había detenido al hombre de acuerdo a lo descripto por el personal del monitoreo. Finalmente, la fiscalía solicitó que se condenara al imputado a la pena de cuatro años y tres meses de prisión. La defensa señaló que no existía prueba alguna que vinculara a su asistido con el hecho y postuló su absolución por aplicación del principio in dubio pro reo. |
| 23-dic-2020 | Coria García Martínez (causa Nº A75163) | Un abogado matriculado en la provincia de Buenos Aires obtuvo a principios de 2014, junto a su cónyuge, la guarda con fines de adopción de su segunda hija. El 24 de abril de ese año, la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires estableció por reglamento un subsidio por maternidad o adopción. El subsidio equivalía a 220 días de la cuota anual obligatoria que le correspondía abonar a sus afiliados. Por este motivo, el profesional solicitó el beneficio. Sin embargo, la entidad consideró que el subsidio se encontraba instituido sólo para las afiliadas mujeres y negó la solicitud. En esa línea, explicó que su finalidad era que “las abogadas mamás, puedan cumplir con su rol, sobre todo los primeros meses de nacimiento, alcanzar su recuperación y en el caso de las mamás adoptivas, crear y fomentar el vínculo, afianzar el lazo, favorecido durante el plazo que otorga el subsidio, al quedarse en el hogar”. El afiliado inició una demanda contencioso administrativa contra la caja con el objeto de que se decretase la ilegitimidad de la reglamentación y se le otorgara el subsidio. El juzgado de primera instancia hizo parcialmente lugar a la demanda y declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la limitación impuesta. Además, ordenó a la demandada el dictado de un acto administrativo que, en el plazo de 60 días modificase el reglamento cuestionado. Contra esa decisión, la parte demandada interpuso un recurso de apelación. La Cámara de Apelaciones de San Martín, por mayoría, revocó la decisión y rechazó la demanda. Finalmente, el actor interpuso un recurso extraordinario de inconstitucionalidad. |
| 19-ene-2015 | Cornejo Cárdenas, Joe Luis | La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal dejó sin efecto la resolución del Juzgado de Ejecución Penal que no había hecho lugar a la libertad condicional solicitada por la defensa pública en favor de un interno que contaba, a tal efecto, con dictamen favorable de la representante del Ministerio Público Fiscal e informes positivos de las distintas Divisiones del Consejo Correccional. |
| 1-dic-2023 | Coronel (Causa N° 21518) | Una persona había sido condenada a la pena de cuatro años y tres meses de prisión. Además, el tribunal interviniente mantuvo la declaración de reincidencia dictada por otro tribunal. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de la reincidencia. |
| 28-oct-2022 | Coronel (Causa N° 22000800) | Agentes del Banco Central de la República Argentina, después de dos años de investigación, se presentaron como querellantes y denunciaron a una organización que habilitaba una vía clandestina de movimiento de moneda extranjera dentro de un café llamado “El Gallina”. Tras diez años de investigación, y a pedido del fiscal, el juez ordenó el allanamiento. En la orden se indicó una dirección, pero ese domicilio no correspondía a “El Gallina”, sino que se trataba de otra confitería llamada “Los Angelitos”. La medida se realizó sobre ese café y, como resultado, se secuestró gran cantidad de dinero y otros elementos. La defensa de una de las personas allanadas indicó que hubo una confusión en la medida porque toda la investigación se realizó a “El Gallina”. Agregó que en el café “Los Angelitos” funcionaban oficinas administrativas y solicitó la devolución de los elementos secuestrados. La fiscalía realizó medidas para corroborar lo informado por el abogado. Se verificó que el allanamiento se realizó en un inmueble distinto respecto del cual debía dirigirse y, en consecuencia, el Juzgado Federal de Salta N°1 declaró la nulidad de la medida y devolvió todos los elementos secuestrados. La querella presentó un recurso de apelación. |
| 17-jul-2020 | Coronel (reg. N° 803 y causa N° 16854) | En abril de 2017, un hombre fue detenido e imputado por la comisión de un delito. Tres meses después fue excarcelado y se mantuvo en esa condición durante todo el proceso, que culminó con una sentencia condenatoria y su nueva detención en agosto de 2019. El grupo familiar del hombre se componía por sus dos hijas de cinco y siete años, su pareja y otra hija de ella, de doce años. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la madre de las niñas se vio imposibilitada de salir a trabajar y el único ingreso con el que contaba era la Asignación Universal por Hijo. La defensa del hombre solicitó que se le concediera el arresto domiciliario. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al pedido. El Tribunal Oral rechazó la solicitud. Para decidir de esa manera, sostuvo que solo las madres de niños menores de edad podían ser beneficiarias del instituto. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En esa instancia, se dio intervención al Asesor de Menores, quien explicó que la prisión domiciliaria respondía a la necesidad de cohesión familiar y a la valoración plena del interés superior de la niñez. |
| 4-oct-2022 | Corrado Soto (Causa N° 349) | Un grupo de vecinos vivía en diferentes localidades de Mar Chiquita, provincia de Buenos Aires. Luego de advertir que los propietarios de inmuebles agrícolas realizaban el traslado y manipulación de residuos peligrosos cerca de sus localidades, decidieron iniciar una acción preventiva de daño ambiental. En esa oportunidad, solicitaron el resguardo del ambiente y la salud de las poblaciones que integraban esos territorios. Asimismo, solicitaron una medida cautelar. El juez local de Mar del Plata consideró que no era competente por el carácter interjurisdiccional de la acción. Para decidir así, tuvo en cuenta la eventual afectación que podría sufrir el Mar Argentino por los residuos peligrosos. Por su parte, el juez federal consideró que la causa no tenía carácter interjurisdiccional y rechazó la atribución de competencia. En consecuencia, se generó un conflicto de competencia entre los dos juzgados. |
| 24-jul-2020 | Correa (causa N° 25855) | Un hombre se encontraba detenido de manera preventiva. Su hijo de dieciséis años tenía un déficit cognitivo y trastornos en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje. Durante el transcurso de la detención, el joven quedó a cargo de sus abuelos. Su abuelo sufría una discapacidad por ACV isquémico y era diabético e insulinodependiente. Su abuela sufría hipertensión, era diabética y tenía polineuritis en las piernas. En ese contexto, la defensa solicitó una morigeración de la prisión preventiva y la concesión de la prisión domiciliaria. El representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera favorable a la solicitud. |
| 23-abr-2020 | Correa Lujan (causa 80145) | Un hombre que había sido declarado reincidente fue condenado en marzo del 2020 por el delito de hurto a la pena de seis meses de prisión. El Tribunal Oral mantuvo dicha declaración y fijó como fecha de vencimiento de la pena el día 29 de abril del 2020. La defensa impugnó la sentencia. El hombre se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza. |