ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
6-jul-2026	IEF (Causa N° 66068)	Un menor de edad fue imputado como autor del delito de encubrimiento agravado por la procedencia ilícita de los bienes y el ánimo de lucro. El hecho afectó a un hombre. Entonces, el joven y el damnificado arribaron a un acuerdo conciliatorio. El adolescente le pidió disculpas y se comprometió a no volver a cometer un hecho ilícito. La víctima aceptó las disculpas y manifestó su voluntad de finalizar el proceso.
18-jun-2026	VY (Causa N° 17978)	Una mujer extranjera inició el trámite de carta de ciudadanía. En ese marco, interpuso una acción declarativa de inconstitucionalidad con relación al DNU 366/2025. Esa norma modificó la Ley N° 346 de Ciudadanía y atribuyó a la Dirección Nacional de Migraciones la competencia para el otorgamiento de la ciudadanía, en lugar del Poder Judicial de la Nación. En su presentación, la actora cuestionó la competencia del Poder Ejecutivo para emitir la norma y sostuvo que la facultad de legislar en materia de inmigración y ciudadanía corresponde al Congreso Nacional. Asimismo, afirmó que no se encontraban reunidos los requisitos de necesidad y urgencia previstos por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional para el dictado del DNU. El juzgado de primera instancia rechazó el planteo. En esa oportunidad, hizo saber a la mujer que, conforme lo establecido en el referido decreto, la carta de ciudadanía debía tramitarse ante la Dirección Nacional de Migraciones. En consecuencia, ordenó el archivo de la causa. Frente a esa situación, la mujer recurrió la resolución.
10-abr-2026	Leguizamón (causa N° 88167)	En la etapa de juicio oral, un hombre fue condenado a la pena de prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por haber sido cometido con alevosía. Entonces, su defensa requirió que se estableciera la fecha en que su asistido podría acceder a la libertad condicional. Además, solicitó la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1°, del Código Penal. El juez de ejecución penal de la Circunscripción Judicial I de Santa Rosa rechazó los planteos. En consecuencia, la defensa presentó un recurso de impugnación ante el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa, cuyo rechazo motivó la interposición de un recurso de casación ante el Superior Tribunal de Justicia de esa provincia. Entre sus agravios, sostuvo que la prohibición de acceso a la libertad condicional materializaba la perpetuidad de la pena, lo que afectaba el fin resocializador. Por su parte, el Procurador General dictaminó que el recurso de casación debía ser rechazado.
21-oct-2025	GNE (Causa N° 5199)	Un adolescente de 15 años se autopercibía del sexo masculino. A sus 12 años le había manifestado a su familia con mucha angustia que se sentía varón y que estaba disconforme con su cuerpo. Por ese motivo, con el acompañamiento de su familia, inició un proceso de cambio de género, que incluía un tratamiento de bloqueador hormonal. Luego, el tratamiento se completaba con una dosis de testosterona que se aplicaba una vez al mes de por vida para incorporar al cuerpo la hormona masculina. En ese marco, el tratamiento mostró resultados favorables. Asimismo, el procedimiento fue aprobado y cubierto por la obra social. En ese contexto, entró en vigencia el DNU N° 62/2025 que sustituyó el artículo 11 de la Ley de Identidad de Género N° 26.743. En particular, la norma prohibió a las personas menores de edad que accedieran o continuaran con intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales prescriptos por sus profesionales tratantes para adecuar sus corporalidades a la identidad de género autopercibida. En consecuencia, la cobertura médica del joven interrumpió y negó la cobertura del tratamiento requerido, lo que le generó un grave daño físico, mental y social. Frente a esa situación, la madre del adolescente interpuso una acción de amparo contra la obra social y, como medida cautelar, solicitó la cobertura inmediata del tratamiento interrumpido. Con posterioridad, la madre amplió la demandada a la empresa de medicina prepaga a la que su hijo estaba afiliado. En esa oportunidad, solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del DNU N° 62/2025. Por su parte, las demandadas señalaron que, en virtud de lo dispuesto por la referida norma, el tratamiento no se estaba autorizado a personas menores de edad. Asimismo, la medida cautelar fue concedida.
18-sep-2026	EUP y otro (Causa N° 39260)	Un adulto y un menor de edad forzaron un vehículo estacionado en la calle y se llevaron la batería. Un transeúnte vio la situación y advirtió a la policía. Fueron detenidos e imputados por el delito de robo, agravado por haberse cometido con la participación de un menor de edad. Durante el proceso, los imputados conciliaron con el dueño del automóvil, le pidieron disculpas y ofrecieron donar dinero al Hospital Garrahan. Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa. Entre sus argumentos, indicó que las personas investigadas tenían antecedentes penales. Por su parte, el tribunal interviniente homologó la conciliación, declaró extinguida la acción penal y sobreseyó a los involucrados. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
2-sep-2025	PGO y otro (Causa N° 49318)	Un joven y un menor de edad habían intentado sustraer una chapa patente de un auto. Los pasajeros advirtieron a la policía, que detuvo a los involucrados. Fueron imputados por el delito de robo simple en grado de tentativa. Durante la investigación, la pareja arribó a un acuerdo conciliatorio con el dueño del vehículo en virtud del cual ofrecieron un pedido de disculpas y una suma de dinero en concepto de reparación. Por su parte, la representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa. Entre sus argumentos, sostuvo que el planteo era extemporáneo e improcedente porque los involucrados tenían antecedentes penales. Sin perjuicio de ello, el tribunal interviniente homologó el acuerdo conciliatorio. Entonces, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
18-ago-2025	JOG (Causa N° 33765)	En julio de 2025, se sancionó la ley N°27.793 que declaró la emergencia nacional en materia de discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026. Entre sus medidas, contemplaba un régimen de compensación arancelaria y de actualización del Nomenclador de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad previsto en la ley 24.901. Además, determinaba que el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) debía financiarlo con recursos del Tesoro. En agosto del mismo año, a través del artículo 3 del decreto N°534/2025, el PEN vetó la referida ley en su totalidad. En esa oportunidad, señaló que la norma tendría impacto fiscal y afectaría la sostenibilidad del sistema de la seguridad social. En ese marco, una pareja –en representación de sus dos hijos menores de edad con discapacidad psicosocial– inició una acción de amparo contra el PEN. En su presentación, solicitó que se declarara la nulidad por inconstitucionalidad e inconvencionalidad del referido decreto y, en consecuencia, que se promulgara la ley 27.793. En esa oportunidad, los actores manifestaron que uno de sus hijos asistía a una escuela especial y el otro a un centro terapéutico. Indicaron que ambas instituciones les habían informado que corrían riesgo de cerrar, ya que los aranceles profesionales estaban desactualizados, lo que sucedía en otros establecimientos similares. Al respecto, sostuvieron que esa situación implicaba un retroceso en el desarrollo integral y el acceso a la salud de sus hijos ante la posible interrupción de los tratamientos, prestaciones y servicios que requerían. Asimismo, consideraron que los argumentos del PEN al momento de observar la ley resultaban arbitrarios e irrazonables, debido a que no había probado la falta de recursos ni el agotamiento de las gestionas para obtenerlos. Con posterioridad, el PEN aseveró que el reclamo se basaba en un daño hipotético y no en una afección real que significara un caso. Por último, expresó que el veto era una facultad presidencial que constituía una cuestión política no justiciable.
14-abr-2025	AEN y otro (Causa N° 5213)	Un adolescente y un adulto sustrajeron mercadería de una cadena de kioscos. Luego, fueron detenidos e imputados como coautores del delito de robo simple. El día de los hechos, una mujer estaba a cargo del mercado. En ese marco, la defensa técnica de los imputados arribó a un acuerdo conciliatorio con la damnificada. El imputado ofreció una compensación económica y un pedido de disculpas. Sin embargo, el representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa.
3-abr-2025	Rodríguez (causa N° 34232)	Una mujer fue detenida por el delito de robo doblemente agravado por haber sido cometido con armas y en poblado y en banda. Esta persona tenía a su cargo el cuidado de cuatro hijos menores de edad al momento de su detención. Posteriormente, la defensa solicitó el arresto domiciliario. En apoyo a esta solicitud, el Asesor de Menores a cargo de la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores de 16 años de la Defensoría General de la Nación se pronunció favorablemente al pedido de arresto domiciliario con fundamento en el interés superior del niño y trascendencia mínima de la pena. Por el contrario, la fiscalía se opuso, entre otras cosas, por considerar que persistían riesgos procesales. El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 16 rechazó el pedido. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Para ello, la defensa sostuvo que la resolución fue arbitraria y que se realizó una interpretación errónea de las normas que rigen el arresto domiciliario. Argumentó que el tribunal se apartó injustificadamente de los informes de los profesionales que recomendaban la presencia materna como necesaria para garantizar el interés superior de los niños.
24-sep-2024	EHA y otros (Causa N° 48901)	Tres adultos y un menor de edad forzaron un vehículo estacionado en la vía pública en zona Costanera y sustrajeron los elementos que se encontraban en su interior. Luego, se subieron a un auto y huyeron. Personal de seguridad del puerto advirtió la situación por sus cámaras de seguridad e informó a la prefectura naval. Entonces, las fuerzas de seguridad detuvieron a los involucrados en el hecho. Luego, fueron imputados por el delito de robo en poblado y en banda. Durante el proceso, llegaron a un acuerdo conciliatorio con la titular del automóvil dañado y con el dueño de los elementos sustraídos de su interior. En ese marco, les pidieron disculpas y ofrecieron pagarles una suma de dinero. Las víctimas aceptaron la propuesta. Sin embargo, la representante del Ministerio Público Fiscal dictaminó de manera negativa. Entre sus argumentos, sostuvo que las personas imputadas tenían antecedentes penales. Sin perjuicio de ello, el tribunal interviniente homologó la conciliación. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.