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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-nov-2025 | Calcaterra y otro | En el marco de un proceso penal, la Cámara Federal de Casación Penal había declarado la competencia del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 1 con competencia electoral. Contra esa decisión, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la nulidad de la decisión. Entre sus argumentos, señaló la falta de notificación e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) como querella. |
| 28-oct-2026 | ADN y proceso penal. Registro de datos genéticos (internacional) | Este boletín contiene una selección de la jurisprudencia internacional en torno a la recolección y el almacenamiento de material genético en el marco de procesos penales. En ese sentido, recopila decisiones del Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo. |
| 27-oct-2026 | CHF (Causa N° 56623) | La justicia penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires sobreseyó a un hombre. En esa ocasión, como medida de seguridad resolvió su internación por el plazo de tres meses. Además, le impuso una consigna policial y dispuso que el juzgado civil que interviniera en la causa debía controlar las medidas impuestas. Luego, la Asesoría Tutelar ante el Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nº 5 apeló esa sentencia. Mientras tramitaba el recurso, se remitieron las constancias del expediente a la justicia nacional en lo civil. Por su parte, el juzgado convalidó la internación involuntaria del hombre por el término de tres meses y mantuvo las medidas de seguridad vinculadas a la consigna policial fija y a las condiciones de control de la internación fijadas por el juzgado penal. Respecto a esto último, dispuso que durante ese período, el alta, la externación y/o los permisos de salida de la persona requerían resolución judicial previa, con dictamen de peritos y audiencia del Ministerio Público. Determinó que, transcurrido ese plazo, la medida de seguridad cesaría y el control de la internación sería facultad del equipo tratante. Asimismo, hizo saber a la comisaría de la Policía de la Ciudad interviniente que la consigna debía mantenerse durante la internación de la persona y que requería las medidas necesarias tanto para asegurar la permanencia del hombre en la institución como para prevenir su fuga.; En ese marco, la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) apeló la sentencia. En su presentación, cuestionó la imposición judicial de un régimen agravado de internamiento forzoso y de un sistema de alta restringido, ajeno a razones terapéuticas y discriminatorio en función de la discapacidad. También advirtió la incompetencia del fuero civil para decretar medidas de seguridad propias del ámbito penal. Por un lado, argumentó que la decisión se sustentó en una resolución penal previa que se encontraba recurrida, lo que privaba de sustento jurídico a las medidas dictadas en el fuero civil. Por el otro, señaló que esta superposición de resoluciones generaba confusión en los equipos de salud en cuanto a la interpretación del régimen legal aplicable y los criterios de externación. Postuló que, de acuerdo a la normativa aplicable al caso, el rol del juez civil en el control de la internación debe ser activo, periódico e integral. Manifestó que ello abarca la revisión de las condiciones de encierro a fin de garantizar la protección de los derechos de la persona y la primacía del criterio terapéutico. |
| 19-oct-2026 | LGTB (Causa Nº 42360) | Un joven con una discapacidad psicosocial estaba afiliado a PAMI. Contaba con esa cobertura a través de su padre, quien era beneficiario de una jubilación por invalidez. Al cumplir veintiún años, la obra social dio de baja la cobertura. En ese contexto, el joven solicitó su reafiliación. En respuesta al pedido, PAMI le informó que nunca había estado afiliado en carácter de hijo con discapacidad, sino en virtud de su minoría de edad. Además, señaló que el actor había iniciado el trámite para obtener una pensión no contributiva e indicó los requisitos para tramitar la afiliación como hijo con discapacidad a través del progenitor. Con posterioridad, con el patrocinio de la Defensoría Pública Oficial ante los Tribunales Federales de Primera y Segunda Instancia de Córdoba, el joven requirió que se dictara una medida cautelar autosatisfactiva urgente a fin de que se ordenara la su reafiliación. |
| 14-oct-2026 | IA (Causa N° 354) | Un hombre trabajaba en un sanatorio desde hacía más de dos años, sin que la relación laboral estuviera registrada. Por ese motivo, formuló un reclamo a su empleador. De manera previa a regularizar el vínculo, el sanatorio le solicitó que se realizara un examen preocupacional. Una vez efectuado, le comunicó los resultados del laboratorio, de los que surgía que era portador de HIV. A partir de ese momento, dejaron de asignarle tareas. Frente a esa situación, el trabajador cursó una intimación para que cesara el trato discriminatorio y, entonces, le otorgara tareas, registrara la relación laboral y le abonara la diferencia de haberes, bajo apercibimiento de considerarse despedido en caso de silencio o negativa. Ante el incumplimiento de lo requerido, el hombre se consideró despedido y demandó al sanatorio. En su presentación, solicitó el pago de una indemnización por despido injustificado, antigüedad y registración irregular, así como por el trato discriminatorio. Por su parte, tanto durante las intimaciones previas como a lo largo del proceso judicial, la demandada negó la existencia del vínculo. Si bien el tribunal consideró probada la relación de empleo y, por ende, el derecho del trabajador al cobro de los haberes adeudados, rechazó la indemnización por despido incausado. Fundó su conclusión en que el trabajador había dado por extinguida la relación laboral debido el silencio del sanatorio, cuando, en realidad, este había brindado respuesta a sus intimaciones. Contra esa resolución, el actor interpuso un recurso de casación, que fue rechazado por la Suprema Corte de Justicia de Tucumán. El Máximo Tribunal provincial compartió el criterio de la instancia anterior respecto a la finalización del vínculo laboral por despido indirecto, en razón del silencio de la demandada. Asimismo, entendió que la decisión de la cámara no resultaba arbitraria. En ese sentido, habiendo valorado de manera razonable los elementos probatorios, consideró que no estaba suficientemente demostrado el conocimiento previo y efectivo del empleador sobre la condición de portador de HIV del trabajador. En ese contexto, el actor interpuso un recurso extraordinario federal, cuya denegación motivó la presentación de una queja. |
| 14-oct-2026 | FLB (Causa N° 84871) | Un hombre falleció en un siniestro vial. A raíz de ese hecho, su cónyuge, hijos y progenitores iniciaron una acción de daños y perjuicios. Si bien en primera instancia se admitió el reclamo, la cámara luego modificó lo resuelto. En ese sentido, redujo alrededor de un 60% las indemnizaciones por daño moral y valor vida. También modificó el régimen de intereses aplicables. Contra lo decidido, los actores presentaron un recurso extraordinario federal. Frente a su rechazo, interpusieron una queja. Entre sus argumentos, expusieron que el recorte de los montos indemnizatorios no había sido fundado de manera suficiente. Al respecto, destacaron que la cámara había utilizado fórmulas genéricas que no se ajustaban a las constancias de la causa, lo que vulneraba tanto el debido proceso como el principio de reparación plena. |
| 9-oct-2026 | Asociación Civil Árbol de Pie (Causa N° 20213) | Una legisladora provincial, junto a la Asociación Civil Árbol de Pie y a referentes de dos comunidades indígenas iniciaron un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo de la Nación. En su presentación, solicitaron que se declarara la inconstitucionalidad y nulidad absoluta del artículo 154 del DNU 70/2023, que derogó la Ley N° 26737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. Asimismo, requirieron que se dictara una medida cautelar para que se suspendieran los efectos del referido artículo. Sobre ese aspecto, señalaron que afectaba a los pueblos originarios, así como a la seguridad nacional y a la integridad territorial, dado que podía generar derechos adquiridos sobre grandes extensiones de tierra a favor de personas extranjeras. Luego, el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche ordenó la remisión de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Para decidir así, advirtió que allí tramitaba otro proceso análogo –caratulado “C.E.C.I.M.”–, en el que se había resuelto la cuestión de fondo de manera favorable y se había admitido el recurso extraordinario federal interpuesto por el Estado Nacional. Por su parte, la cámara consideró que ambas actuaciones eran análogas y que correspondía la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por su parte, el Máximo Tribunal en el expediente “C.E.C.I.M.” determinó la falta de legitimación activa y, ante la ausencia de caso, rechazó la demanda. En ese sentido, consideró que la soberanía no era un bien colectivo que justificara la legitimación invocada por los accionantes en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional. Al día siguiente, la parte actora en las actuaciones de referencia pidió que continuara el proceso y se pronunciara sobre la medida cautelar peticionada. A la vez, solicitó que se aclarara si el pronunciamiento en la causa “C.E.C.I.M.” incidía en su trámite. |
| 1-oct-2026 | Presentaciones e informes de la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal) | Este boletín contiene una selección de treinta y un casos litigados por la Unidad durante sus primeros tres años de trabajo (2023-2026), con el propósito de dar cuenta de la experiencia recogida y de las estrategias de intervención para garantizar la protección de los derechos de las personas internadas por motivos de salud mental. Esa labor se refleja tanto en las presentaciones judiciales como en los informes interdisciplinarios, que han dado lugar a resoluciones jurisdiccionales significativas en este campo específico. Todos los precedentes que se incorporan en el documento fueron dictados por la justicia nacional en lo civil en primera y en segunda instancia. |
| 1-oct-2026 | Paz y otros (Causa N° 47823) | Tres adolescentes de trece, quince y dieciséis años habían sido imputados por el delito de hurto en grado de tentativa. Según la imputación, uno de ellos tomó cuatro envases de acondicionador de pelo en un supermercado y los guardó entre su ropa. Un empleado de seguridad del local observó la maniobra a través de las cámaras y luego, dentro del establecimiento, otro empleado les solicitó que devolvieran la mercadería. Los jóvenes la devolvieron y el empleado de seguridad avisó a un oficial de la Policía de la Ciudad. En consecuencia, los adolescentes fueron detenidos.; La investigación fue delegada en la fiscalía. Entonces, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento de los imputados. Entre sus argumentos, sostuvo que la conducta no había superado la etapa de los actos preparatorios, ya que ninguno de los adolescentes había intentado retirarse sin pagar ni había pasado la línea de cajas. Además, señaló que los testimonios no permitían determinar cuántas personas intervinieron ni cuál de los tres jóvenes tomó los envases. Por último, destacó que el adolescente de trece años no era punible en razón de la edad, según el artículo 1 de la ley N° 27.801. |
| 1-oct-2026 | Rodriguez (causa N° 70858) | En el marco de una discusión entre personas que se encontraban detenidas, una persona recibió una sanción disciplinaria. Durante la sustanciación del sumario, las autoridades incorporaron declaraciones testimoniales de agentes penitenciarios sin dar intervención a la defensa técnica. Luego, la defensa se presentó y solicitó la declaración de otras personas detenidas y que se incorporaran registros fílmicos. Sin embargo, no se hizo lugar a lo solicitado. Frente a esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Ante el rechazo de la impugnación, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus planteos, sostuvo que se había afectado el derecho de defensa en tanto no había podido producir prueba ni controlar la prueba incorporada durante el procedimiento administrativo. |