ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
14-feb-2025	Fernández (causa N° 52200)	Tres personas sustrajeron un teléfono celular en una avenida. Uno de ellos forcejeó con la propietaria del dispositivo y realizó un ademán que simulaba portar un objeto oculto bajo su ropa con el fin de vencer su resistencia. Los otros dos intervinieron activamente en el hecho. Tras huir con el teléfono, dos de las tres personas, fueron detenidas en una intersección cercana, aunque el aparato no fue recuperado en ese momento. El tercero, que había protagonizado el forcejeo y la simulación, fue detenido con posterioridad como resultado de las tareas realizadas por la Secretaría de Investigaciones Penales de la Procuración General de la Nación y la División Individualización Criminal de la Policía Federal. Un tribunal de primera instancia lo declaró coautor del delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, lo condenó a tres años de prisión y declaró su reincidencia. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Para ello, la defensa cuestionó la constitucionalidad del agravante, por considerar que el concepto de “banda” carece de una definición legal precisa y vulnera el principio de taxatividad. Asimismo, objetó la declaración de reincidencia por la aplicación indebida del artículo 50 del Código Penal, toda vez que no se había acreditado el cumplimiento efectivo de una pena anterior en calidad de condenado.
13-feb-2025	Alducín (Causa N° 48044)	Un agente policial que realizaba tareas de prevención dio la voz de alto a varias personas que se desplazaban en un vehículo. Al advertir la presencia policial, los ocupantes del automóvil tomaron dirección en contramano a alta velocidad, pero no lograron continuar. Al detener la marcha dos personas escaparon mientras que otras dos, un hombre y una mujer que estaba como conductora, permanecieron en el vehículo y fueron identificadas por los funcionarios. En ese marco se practicó una revisión vehicular y se constató que la numeración de chasis y motor había sido alterada y que las patentes colocadas pertenecían a un automóvil que había sido robado días antes. También se halló una cédula verde falsificada y varios teléfonos celulares. Por estos hechos, el hombre y la mujer fueron detenidos y procesados por los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro, alteración y supresión de numeración registral y falsificación de documento público agravada por tratarse de un instrumento destinado a acreditar la titularidad del dominio. Durante el debate, la defensa oficial que representaba a la mujer sostuvo, entre otras cosas, que su asistida desconocía la procedencia del vehículo y que estaba como conductora porque el otro hombre imputado, a quien tenía como dueño del auto, se sentía mal. También argumentó que haber conducido por un breve lapso no configuraba los verbos típicos de "recibir" o "adquirir" correspondientes al tipo penal de encubrimiento. Tras el juicio oral, ambos fueron condenados a prisión y al pago de costas. El tribunal consideró probado que recibieron el vehículo sabiendo su origen ilícito y con fines de lucro, que adulteraron su numeración y colocaron patentes robadas y que falsificaron la cédula verde. Para concluir que no podían desconocer el origen ilícito del auto, el tribunal valoró entre otras cosas su intento de fuga, la posesión de varios celulares ajenos y las inconsistencias en sus declaraciones indagatorias. Contra esa decisión ambas defensas interpusieron un recurso de casación.
17-oct-2024	Machado Melis (reg. N° 1784 y causa N° 3765)	Cuatro hombres se presentaron en el domicilio de una persona con el fin de comprar estupefacientes. Dos de ellos discutieron con la proveedora y la lesionaron con golpes de puños en distintas partes del cuerpo, lo que derivó en que horas más tarde falleciera. Uno de estos hombres fue sobreseído en los términos del artículo 34, inciso 1, del Código Penal. El otro fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de homicidio preterintencional y se mantuvo la declaración de reincidencia. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. En primer lugar, se agravió por la errónea aplicación de la ley sustantiva al calificar el hecho como homicidio preterintencional. Así, consideró que el tribunal había realizado una arbitraria valoración probatoria para tener por acreditado que la muerte de la víctima había sido causada por las lesiones producidas. En ese sentido, no se había podido determinar su gravedad. Por esa razón, sostuvo que el dolo de su asistido se había limitado a golpear a la persona damnificada por lo que, por aplicación del principio in dubio pro reo, la calificación legal que correspondía era la de lesiones leves.; De manera subsidiaria, expuso que la mensuración de la pena impuesta había violado los principios de culpabilidad, proporcionalidad y resocialización. De esa manera, afirmó que el tribunal interviniente había omitido mencionar de qué modo había tomado en consideración las circunstancias subjetivas de su asistido. En ese sentido, sólo se había limitado a enumerar distintos aspectos sin especificar si operaban como atenuantes o agravantes. Finalmente, resaltó que el imputado había reconocido los hechos, lo que resultaba de gran importancia para el esclarecimiento del caso; a la vez que había expresado su arrepentimiento.
20-ago-2024	RLEP (Causa N° 15091)	Un joven que tenía una discapacidad intelectual y atravesaba una situación de vulnerabilidad, ingresó al sistema penal juvenil en varias oportunidades. Al cumplir 16 años, se ordenó su disposición tutelar por dos intentos de robo agravado, en los que no hubo violencia, relacionados con vehículos estacionados en la vía pública. En el marco de esta causa, el joven suscribió un acuerdo de juicio abreviado, por el cual fue declarado responsable penalmente por el delito atribuido. Durante su tratamiento tutelar, se elaboraron informes que daban cuenta de la discapacidad intelectual y la vulnerabilidad psicosocial del joven. Al cumplir 18 años, el Tribunal Oral de Menores lo condenó a nueve meses de prisión en suspenso. Al dictar la sentencia, el tribunal tuvo en cuenta su historial en el legajo tutelar. En este sentido, destacó la ineficacia de las intervenciones previas, su falta de compromiso con el proceso judicial, la persistencia de conductas de riesgo y las dificultades para su reintegración social. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación en el que argumentó que no se había valorado adecuadamente la modalidad de los hechos, el contexto socioambiental del joven y los informes periciales que acreditaban su discapacidad intelectual.
1-ago-2024	Godirio (causa N° 70131)	Un chofer de colectivos embistió a una persona que se desplazaba en una motocicleta. El conductor de la motocicleta sufrió la fractura del pie como producto del impacto, con un tiempo de curación estimado de menos de un mes. Por ese hecho, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 3 condenó al conductor de colectivos a la pena de dos años y seis meses de prisión por el delito de lesiones leves culposas, con ejecución en suspenso, y una inhabilitación especial para conducir vehículos por cuatro años. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación en el que, entre otras cuestiones, planteó nuevamente que la acción penal se encontraba prescripta. En esa línea, argumentó que el plazo aplicable era de tres años y no de cuatro, debido a que la pena máxima de prisión prevista era de tres años y a que el tribunal había incurrido en un error al interpretar dicho plazo, ya que no resultaba aplicable el inciso 5 del art. 62 del Código Penal.
22-feb-2024	Fariña (Causa Nº 27514)	Una mujer que tenía antecedentes penales fue detenida y procesada con prisión preventiva por el delito de robo en grado de tentativa. En la etapa de juicio oral, la mujer imputada suscribió un acuerdo de juicio abreviado por una pena de cuatro meses de prisión en suspenso y una pena única de nueve meses de prisión en suspenso. En la audiencia del juicio abreviado, la fiscalía solicitó que además de homologar la pena suscripta se le impusiera la declaración de reincidencia y el tribunal oral interviniente lo concedió. Contra esa decisión, la mujer interpuso un recurso de casación de forma in pauperis, que luego fue fundado por su defensa. Entre sus argumentos, sostuvo que la mujer nunca había cumplido penas de prisión en calidad de condenada.
21-dic-2023	Maldonado (Causa N° 5928)	En noviembre de 2022, un joven menor de edad fue condenado a la pena de un año y seis meses de prisión de ejecución condicional. Los fundamentos de la sentencia fueron leídos y notificados personalmente. Sin embargo, a los pocos días, se realizó una aclaración de la sentencia y el tribunal interviniente consideró que no era necesario notificar al imputado. Luego, el joven alcanzó la mayoría de edad y resultó condenando a nueve meses de prisión efectiva por el delito de robo. Asimismo, se le revocó la condicionalidad de la pena impuesta con anterioridad y se le impuso la pena única de dos años de prisión de efectivo cumplimiento. Contra lo decidido, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que no debía haberse revocado la condicionalidad de la pena impuesta. En ese sentido, argumentó que al no haberse notificado la aclaratoria de la condena en suspenso, la decisión no se encontraba firme al momento en que el segundo hecho tuvo lugar.
12-dic-2023	Martínez (Causa N° 46523)	Un hombre fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de robo y se lo declaró reincidente. Sin embargo, el tribunal no había realizado ninguna precisión sobre cuál había sido la sanción tenida en consideración al momento de analizar la aplicación del instituto previsto en el artículo 50 del Código Penal. Por otro lado, se refirió de manera genérica al certificado de antecedentes, sin mencionar el tratamiento penitenciario que había tenido el acusado. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación e inconstitucionalidad. Entre otras cuestiones, se agravió por la falta de fundamentación al declarar reincidente a su asistido.
7-dic-2023	Duarte (Causa Nº 745)	Una mujer denunció a su pareja de haberla amenazado con un arma y golpeado con patadas, puños y un palo. Por estos hechos, el hombre fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por la utilización de armas y lesiones leves, doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja, en concurso ideal entre sí. La causa fue elevada a juicio oral y, concluido el debate, la fiscalía solicitó su absolución por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y sostuvo la acusación por el delito de lesiones leves doblemente agravadas. El tribunal oral dispuso la nulidad del alegato fiscal y señaló que las diferentes conductas atribuidas habían sido consideradas jurídicamente como una unidad de acción y que el planteo fiscal resultaba inadmisible por vulnerar la garantía constitucional contra la doble persecución penal. Por esa razón, el tribunal oral absolvió al hombre imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación.
5-dic-2023	Colman (causa N° 973/23)	Un hombre y una mujer ingresaron a un local comercial, redujeron a la vendedora y le robaron distintas pertenencias. Entre los objetos sustraídos se encontraba un bolso color negro con detalles blancos. Una hora y media después, se detuvo a un hombre que juntaba cartones al lado de un volquete de basura y que tenía el bolso en su poder. El fiscal interviniente dio al procedimiento el trámite de flagrancia. Antes de la primera audiencia, la defensa pidió que la víctima no se encontrara presente para preservar la validez de una eventual rueda de reconocimiento. Sin embargo, la jueza rechazó el pedido. Durante el juicio oral, la víctima declaró que, después del robo, efectivos policiales le habían exhibido fotos de dos hombres sospechosos. En ese momento, reconoció al acusado. Sin embargo, ese accionar no había sido documentado en las actas de procedimiento. Por otro lado, surgió de las moderaciones de los preventores que los horarios de ese reconocimiento y de la detención del imputado no coincidían con las plasmadas en las actas. El tribunal interviniente condenó al hombre a la pena de un año de prisión de efectivo cumplimiento por el delito de robo y a la pena única de seis años y seis meses de prisión. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió de las circunstancias en que su asistido había sido detenido y requisado. Así, argumentó que no existían motivos o circunstancias que permitieran presumir que acababa de cometer un delito. Por otro lado, cuestionó el proceso de identificación y planteó que se había valorado de manera arbitraria la prueba aportada.