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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 3-sep-2026 | CJIMC (Causa Nº 3317) | Una mujer vivía con su hijo menor de edad en una habitación alquilada. El niño tenía una cardiopatía congénita y requería cuidados especiales. Con posterioridad, inició un reclamo contra unos parientes para volver a habitar uno de los inmuebles que pertenecía a sus abuelos maternos. Esa propiedad había sido afectada como bien de familia y habían resultado beneficiarias la mujer, su abuela y otros nietos. Pese a ello, los familiares no le permitían el ingreso y la permanencia en la vivienda. Ante esa situación, la mujer –asistida por una defensoría local– inició una medida autosatisfactiva. Fundó su presentación en el derecho al acceso a una vivienda digna y a un nivel de vida adecuado. En su contestación, los demandados argumentaron que en la propiedad residía la abuela materna de 82 años. Además, alegaron antecedentes de conflictividad familiar y episodios de violencia que le atribuyeron a la actora. Por su parte, el juzgado no hizo lugar a la medida. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación y de nulidad ya que no se había dado intervención al defensor de menores correspondiente. Luego, la cámara rechazó la impugnación. Por ese motivo, la mujer presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se denegó, lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa etapa, se corrió vista a la Defensoría General Adjunta en representación del niño. En esa ocasión, expuso que se había omitido conferir intervención al defensor de menores en las diferentes instancias. Así, resaltó que se había privado al niño de gozar de la representación del Ministerio Público establecida en los artículos 43 de la Ley 27149 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que se afectaban las garantías de defensa en juicio y el debido proceso. A su vez, expresó que esa omisión no podía quedar subsanada con la vista que se había conferido en virtud del grado de indefensión que se había generado durante todo el proceso. En consecuencia, requirió que se decretara la nulidad de las actuaciones que se habían cumplido sin la intervención del Ministerio Público. Por último, solicitó la remisión del expediente a la instancia anterior. |
| 20-ago-2026 | BCDV (Causa N° 97287) | Una mujer reclamó ante la ANSES el cobro de la pensión por fallecimiento de su cónyuge. Sin embargo, el organismo rechazó su pedido. Por ese motivo, inició una demanda. Si bien fue admitida en primera instancia, luego la cámara revocó lo resuelto. Para decidir así, consideró que la mujer no había acreditado encontrarse en una situación de desamparo tras la muerte de su esposo. Además, destacó que ambos se habían separado con anterioridad (dado que tenían distintos domicilios al momento de la muerte del hombre) y que no había mediado una cuota alimentaria a favor de la mujer. Por lo tanto, concluyó que no se justificaba el otorgamiento de la pensión. En ese marco, la actora interpuso un recurso extraordinario federal cuya denegación originó una queja. Entre sus argumentos, expuso que no se había probado la separación de hecho. Asimismo, señaló que el último párrafo del artículo 53 de la Ley 24241 de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones no supedita el derecho a la pensión del cónyuge inocente (en función de lo establecido por el Código Civil derogado) a requisitos adicionales como la prestación alimentaria. Por último, sostuvo que el organismo previsional debía determinar la culpabilidad de quien solicitara el beneficio. Sobre esa cuestión, resaltó que no debía presumirse la existencia de culpa ni obligar a la persona solicitante a acreditar su inocencia. |
| 7-jul-2026 | AMA (Causa N° 41010012) | Un hombre inició un juicio contra ANSES por reajuste de su haber previsional. En esa oportunidad, solicitó el cobro de retroactivos e intereses. También planteó la nulidad del acto administrativo mediante el cual se había denegado su reclamo. Luego, el juzgado interviniente rechazó el pedido. Para decidir de ese modo, sostuvo que el haber inicial del actor había quedado firme ya que no había recurrido dentro de los plazos previstos por la ley de procedimientos administrativos. Asimismo, entendió que en el caso no resultaba aplicable la fórmula de movilidad establecida en el precedente “Badaro”. Contra esa decisión, el hombre interpuso un recurso de apelación. No obstante, la cámara confirmó lo resuelto en la anterior instancia. En esa ocasión, indicó que el accionante no había acompañado una pericia contable que demostrara el perjuicio patrimonial que alegaba. En ese marco, el hombre presentó un recurso extraordinario federal. Ante su denegación, dedujo una queja. Entre sus argumentos, destacó que no se había dado tratamiento al agravio central del fallo de primera instancia vinculado con el vencimiento del plazo. Agregó que la obligación de adjuntar una pericia se había impuesto de oficio, lo que afectaba el principio de congruencia y su derecho de defensa. |
| 30-jun-2026 | Yuriy Dmitriyev v. Russia | Un hombre había adoptado una niña. A fines de 2016, la policía recibió una carta anónima que lo denunciaba por fotografiarla desnuda. En consecuencia, se inició una investigación penal. Durante un allanamiento se descubrieron varias carpetas digitales con fotos de la niña desnuda. Asimismo, se hallaron distintos componentes de armas de fuego. El hombre fue detenido en prisión preventiva, situación que se extendió hasta el 2017. Al mismo tiempo, la niña fue alejada del entorno del acusado y enviada junto a su abuela que vivía a 600 kilómetros. Entre los argumentos para mantener al hombre en prisión, los tribunales alegaron la gravedad del hecho investigado, antecedentes condenatorios en sede administrativa y el peligro de influencia del hombre sobre la niña. En 2018, se lo condenó a dos años y medio de prisión de ejecución condicional por el delito de posesión ilegal de componentes de armas de fuego. En relación con el delito de producción de pornografía infantil, fue absuelto. Sin embargo, en 2018 una autoridad local de protección de los derechos de los niños denunció que había recibido una declaración de la niña que mostraba indicios de haber sido víctima de abuso sexual. En consecuencia, se inició una nueva investigación contra el padre adoptivo por la que fue nuevamente detenido bajo los mismos argumentos del procedimiento anterior. En 2020 se lo declaró culpable del delito de agresión sexual y fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva. Contra la sentencia, tanto el defensor como el fiscal interpusieron recursos. Durante la sustanciación de las apelaciones, el abogado de confianza del imputado informó al tribunal que había sido diagnosticado con COVID-19 y debía guardar cuarentena. Por esa razón, solicitó la suspensión de la audiencia fijada. El tribunal rechazó el pedido y designó un defensor de oficio dos días antes de la audiencia. En ese acto, el hombre manifestó su disconformidad con la defensa asignada e informó que padecía de problemas auditivos severos que le impedían comprender la audiencia en su formato virtual y comunicarse de manera efectiva con el nuevo abogado defensor. Sin embargo, el tribunal rechazó sus planteos. Finalmente, la sentencia fue revocada, se dictó una nueva condena contra el hombre por el delito de abuso sexual y se impuso una nueva pena de trece años de prisión. Luego de que el imputado interpusiera un recurso de casación, la condena fue confirmada. La defensa interpuso un nuevo recurso que fue desestimado por el Tribunal Supremo de la Federación Rusa. |
| 25-jun-2026 | MIL y otro (Causa N° 14979) | Dos jóvenes de dieciséis y diecisiete años interceptaron a otro al salir de la escuela. Uno de ellos lo empujó y le provocó lesiones. Con posterioridad, le envió mensajes telefónicos con insultos y amenazas. Además, le exigió dinero. Luego, los jóvenes fueron imputados por el delito de amenazas. Durante el proceso, los imputados y la víctima celebraron un acuerdo conciliatorio. En la audiencia correspondiente, los agresores pidieron disculpas y expresaron su arrepentimiento. La víctima aceptó el ofrecimiento. |
| 17-jun-2026 | Intervención del asesor de menores en casos penales | Este boletín reúne y sistematiza las decisiones recientes más relevantes sobre la intervención del asesor de menores en el proceso penal dictadas por la Cámara Federal de Casación Penal y por la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. A partir del análisis de estos precedentes, es posible advertir que la jurisprudencia no ofrece una respuesta uniforme frente a la omisión de su intervención. Por el contrario, los fallos permiten identificar la coexistencia de al menos tres líneas interpretativas claramente diferenciadas. |
| 16-jun-2026 | Iskrenović v. Serbia | Durante la pandemia de COVID-19, los ciudadanos serbios realizaron protestas contra las medidas impuestas por el gobierno local. En ese contexto, un hombre fue arrestado por la policía de Belgrado. Algunas personas presentes grabaron lo sucedido con sus celulares y los oficiales les ordenaron que no lo hicieran y se retiraran. Luego, se sometió al detenido a un proceso penal. Los policías alegaron que lo habían atrapado durante la comisión de un delito leve en flagrancia, que los había insultado. Por su parte, el hombre sostuvo que había sido agredido en el patrullero. Ante la divergencia en las declaraciones, el juzgado interviniente ordenó la realización de un careo. El acusado solicitó al juez la obtención de las grabaciones de las cámaras de los alrededores. Su solicitud fue rechazada bajo el fundamento de que los hechos habían sido determinados en base a la prueba producida en la audiencia pública. De esa manera, lo declaró culpable y lo condenó a dos meses de prisión. El hombre apeló la decisión. Entre sus argumentos, planteó que el juez había rechazado su pedido de forma infundada y que había decidido sólo en base a dos declaraciones contradictorias. El tribunal de apelaciones efectuó un reenvío y el tribunal inferior falló de la misma manera nuevamente, pero convirtió los días de prisión restantes en una multa. Además, desestimó una solicitud de incorporar el testimonio de una persona que se encontraba presente al momento de los hechos. La defensa apeló una vez más y el tribunal de apelaciones confirmó la decisión. Luego, la multa fue reconvertida a días de prisión por falta de pago. El hombre interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, que también tuvo resultado negativo. |
| 1-jun-2026 | Comunicación: AL ARG 4/2026 | La Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación tomaron conocimiento de una posible adquisición y posterior exhibición pública de un dispositivo de descargas eléctricas para las fuerzas de seguridad de la provincia de Córdoba. Ante esa situación, emitieron una comunicación hacia el Estado argentino. |
| 18-may-2026 | Los derechos de las mujeres y las niñas y la inteligencia artificial y las tecnologías conexas | El Grupo de Trabajo sobre la discriminación contra las mujeres y las niñas emitió un informe en el que analizó la forma en que la inteligencia artificial (IA) y las tecnologías digitales conexas transformaron el panorama en el que las mujeres y las niñas ejercen sus derechos humanos. En ese sentido, si bien reconoció el potencial de estas herramientas para promover la igualdad de género y abordar desigualdades históricas, destacó que su diseño y despliegue debe fundamentarse en enfoques feministas. Sobre este punto, puso de relieve la escasa atención que las iniciativas de regulación han prestado al impacto de la IA en las mujeres y las niñas. Asimismo, señaló las condiciones previas necesarias para promover una igualdad de género sustantiva y se sumó a los crecientes lineamientos a nivel mundial a fin de establecer “líneas rojas” en materia de inteligencia artificial. |
| 15-may-2026 | López de Belva y Otro V. Argentina | En 1974, una municipalidad de la provincia de Buenos Aires había demandado a un particular por el incumplimiento de un contrato. El particular, representado por dos abogados, presentó también un reclamo contra la municipalidad. En 1987 se resolvió a su favor. Durante la ejecución de la sentencia, los abogados presentaron una serie de liquidaciones parciales del monto adeudado. Esas liquidaciones fueron aceptadas por los representantes de la municipalidad y aprobadas por el juez interviniente. Luego, ante el fallecimiento del juez, una nueva jueza ordenó peritarlas. Ese peritaje contable concluyó que el mecanismo utilizado había generado un perjuicio patrimonial para el municipio. A partir de esas conclusiones, los dos abogados del particular fueron denunciados penalmente junto a otras personas.; El proceso penal tramitó bajo un código procesal penal provincial que permitía que un mismo juez instruyera la causa y dictara la sentencia. En 1991, el juez a cargo de la instrucción dictó el auto de procesamiento contra los dos abogados por el delito de fraude a la administración pública en grado de tentativa. En su decisión, sostuvo que se trató de una maniobra desplegada en connivencia. El mismo juez ordenó la prisión preventiva y, casi dos años después, condenó a los abogados a una pena de dos años y nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación. Durante el juicio, otra de las personas procesadas ofreció como testigo a una persona. Cuando los abogados quisieron interrogar a ese testigo, el tribunal se lo impidió en base a una norma que reservaba ese derecho sólo a quien había ofrecido el testimonio y al fiscal (artículo 243, ley N° 3.589). Contra la sentencia condenatoria, los abogados presentaron una serie de recursos que en conjunto se extendieron durante trece años. En su última etapa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la causa tramitó varios meses mientras se trataba la excusación de un magistrado, la renuncia de otro y la reintegración del tribunal. Finalmente, luego de más de cuatro años, el máximo tribunal local declaró extinguida la acción penal por prescripción. |