Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 1-oct-2026 | NN (Causa N° 2665) | Un hombre realizó una denuncia en sede judicial contra la progenitora de su hija menor de edad. En concreto, señaló que la mujer exponía la imagen de la niña con fines comerciales en las redes sociales de su empleadora. Indicó que él no había consentido esa difusión –la que se había prolongado en el tiempo– y que no era posible controlar el alcance y el destino de los archivos. En consecuencia, solicitó que se dictara una medida cautelar para que, por un lado, cesara el uso de la imagen de la niña y, por el otro, para que se inhibiera a la madre de subir publicaciones, historias, videos o fotografías que contuvieran datos identificatorios de la niña para su explotación comercial, laboral o bien para el rédito de terceros. En su contestación, la demandada pidió el rechazo de la acción y negó las afirmaciones del actor. Aclaró que solo había publicado tres fotos de la niña mientras jugaba en su lugar de trabajo. Al respecto, señaló que ese día había concurrido al local junto a la niña porque no tenía otra persona que pudiera ocuparse de su cuidado. Asimismo, sostuvo que la publicación del contenido cuestionado era un acto habitual propio de la responsabilidad parental que no requería autorización especial. No obstante, planteó que, en resguardo del bienestar de la niña, ya había quitado las fotos, por lo que la cuestión se había vuelto abstracta. También aseveró que en adelante compartiría las vivencias familiares con la niña en sus cuentas personales bajo perfil privado. En ese marco, la defensora de menores emitió su dictamen y no formuló objeciones al pedido del progenitor. |
| 22-sep-2026 | Lanoza | En el marco de dos causas por transporte de estupefacientes y en sus respectivas audiencias de formalización, entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para realizar pericias en los celulares secuestrados. Por su parte, la defensa de los hombres imputados requirió que el análisis de los datos obtenidos tuviera un límite temporal. En ese sentido, argumentó el pedido en función de los hechos bajo investigación y señaló que la ausencia de un recorte temporal equivalía a una carta abierta al Estado para indagar la privacidad de las personas más allá del objeto procesal. La fiscalía se opuso y alegó la imposibilidad técnica de fijar un plazo, además remitió a la etapa de control de acusación cualquier cuestionamiento sobre la prueba obtenida. |
| 22-sep-2026 | Riquelme | En el marco de dos causas por transporte de estupefacientes y en sus respectivas audiencias de formalización, entre otras cuestiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó autorización judicial para realizar pericias en los celulares secuestrados. Por su parte, la defensa de los hombres imputados requirió que el análisis de los datos obtenidos tuviera un límite temporal. En ese sentido, argumentó el pedido en función de los hechos bajo investigación y señaló que la ausencia de un recorte temporal equivalía a una carta abierta al Estado para indagar la privacidad de las personas más allá del objeto procesal. La fiscalía se opuso y alegó la imposibilidad técnica de fijar un plazo, además remitió a la etapa de control de acusación cualquier cuestionamiento sobre la prueba obtenida. |
| 10-jun-2026 | RSG (Causa N° 36288) | En una causa que tramitaba ante el fuero penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires se declaró inimputable a un hombre y se dispuso el archivo de las actuaciones. En ese marco, fue internado de manera involuntaria en un hospital público. Luego, se dio intervención a la justicia nacional en lo civil, que convalidó la internación. En esa oportunidad, el juzgado determinó que su alta, externación o permisos de salida no requerían autorización judicial. A su vez, le impuso al director del establecimiento que informara cada treinta días la evolución del usuario. Luego, dictó otra resolución en la que estableció que era necesaria una autorización judicial para cualquier salida, alta o externación. Contra esa última decisión, tanto la Unidad de Letrados de Salud Mental (Penal), en representación del hombre, como el Órgano de Revisión Nacional de Salud Mental interpusieron recursos de apelación. Por un lado, la Unidad expuso que en el caso el juzgado penal no había adoptado una medida de seguridad ni se había aplicado una internación. Agregó que el equipo tratante manifestó que el hombre había evolucionado de forma favorable. Por el otro, el Órgano hizo hincapié en que, según lo dictaminado por el Cuerpo Interdisciplinario Forense, el usuario no presentaba una situación de riesgo cierto e inminente que justificara la internación. |
| 21-may-2026 | Díaz (Causa N° 480) | Un hombre se desempeñaba como oficial del Ejército Argentino en la provincia de Salta. Durante su jornada laboral, se contactó por mensajería telefónica con una mujer suboficial que trabajaba en la misma dependencia. Luego de un intercambio de mensajes, durante la noche, la mujer dejó de contestar. El oficial insistió y la llamó por teléfono, pero no tuvo respuesta. Esa madrugada, el hombre ingresó en la habitación de la suboficial, se quitó parte del equipo militar y se lanzó sobre ella. La mujer se despertó, lo empujó y le pidió que abandonara el dormitorio. Antes de retirarse, el hombre le indicó que no debía hablar de lo sucedido. Sin embargo, el siguiente día hábil la víctima informó el hecho a su superior jerárquico. Dos días después, las autoridades militares iniciaron una investigación interna en la que intervino la oficina de violencia de género del Hospital Militar. Durante ese procedimiento la afectada tuvo que declarar lo sucedido en reiteradas ocasiones y ante distintas personas. Si bien la encargada de la instrucción disciplinaria había sugerido una sanción de veinticinco días de arresto, la justicia militar le impuso quince días y no notificó a la víctima. Entonces, la mujer presentó una denuncia penal por abuso sexual simple. El proceso tramitó de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal Federal. En la etapa de la investigación penal preparatoria, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento del imputado. Por su parte, la Unidad de Defensa de la Víctima se constituyó como querella. En ese sentido, se opuso y solicitó la conversión de la acción para llevar el juicio de manera autónoma. El juez de control rechazó el sobreseimiento e indicó que había motivos suficientes para proseguir con la causa. En ese marco, permitió que la querella realizara la acusación y llevara el caso a juicio. |
| 30-abr-2026 | TAC (Causa N° 49482) | En 2016, la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública celebraron un Convenio Marco de Cooperación, que fue aprobado luego por la Jefatura de Gabinete de Ministros. En esa oportunidad, acordaron el intercambio electrónico de información alojada en sus bases de datos. En ese contexto, una mujer promovió una acción de hábeas data contra la ANSES con el objeto de preservar sus datos. En su presentación, sostuvo que había consentido la utilización de su teléfono y mail a los efectos del trámite de su jubilación. En ese sentido, expuso que el uso de esa información para otras finalidades afectaba su derecho a la privacidad y a la confidencialidad de los datos personales. Si bien en primera instancia se rechazó la acción, con posterioridad la cámara la admitió. Para decidir de ese modo, los jueces remarcaron el principio general del artículo 5, inciso 1 de la Ley N° 25326 de Protección de los Datos Personales, según el cual el tratamiento de información personal requiere la autorización de sus titulares. Asimismo, entendieron que en el caso no se configuraban las causales previstas por la referida norma para eximir al Estado de su obligación de recabar el consentimiento. En particular, valoraron que esas excepciones se limitaban a dos supuestos: cuando el manejo de datos tuviera como propósito la defensa nacional, la seguridad pública o la represión de un delito; o cuando la cesión de datos se realizara en razón de las competencias legales de los organismos estatales. Contra lo resuelto, la parte demandada interpuso un recurso extraordinario federal. Aunque fue concedido debido a la naturaleza de las normas involucradas, se rechazó el planteo de arbitrariedad, lo que motivó una queja por parte del Estado Nacional. Entre sus argumentos, manifestó que la interpretación de la alzada era errónea, ya que no surgía del texto de la referida ley. Además, expresó que la cesión de datos entre la ANSES y la Secretaría de Comunicación Pública era válida porque ambos entes habían actuado en el ámbito de sus competencias. Por último, destacó que la actora no había demostrado una molestia concreta por parte del Estado, así como tampoco la titularidad de un teléfono y de un correo electrónico. |
| 24-abr-2026 | Honorable Consejo Deliberante de El Calafate (Causa N° 5187) | El Consejo Deliberante de El Calafate, junto con la Municipalidad de esa ciudad y algunos legisladores provinciales promovieron una acción colectiva de amparo ambiental contra el Estado Nacional, con la finalidad de que se declarara la inconstitucionalidad, inconvencionalidad y nulidad absoluta de la reforma de la Ley N° 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. Asimismo, solicitaron el dictado de una medida cautelar de no innovar para que se suspendieran los efectos de la normativa cuestionada hasta el dictado de la sentencia definitiva. Ello con el objetivo de evitar la eventual producción de daños irreversibles. En su presentación, señalaron que los glaciares y el ambiente periglacial constituyen reservas estratégicas de recursos hídricos, esenciales para la regulación de cuencas y el abastecimiento de agua. Especificaron que su afectación podría comprometer el acceso a dicho recurso, en un contexto de cambio climático y creciente estrés hídrico, con particular incidencia en la región patagónica y en la Provincia de Santa Cruz. En ese sentido, indicaron que la reforma legislativa podría implicar una regresión en los estándares de tutela ambiental establecidos por la Ley N° 26.639. Al respecto, manifestó que el traslado a las provincias de facultades correspondientes al Congreso de la Nación, la determinación del objeto protegido y la autorización de actividades con impacto ambiental afectaban al sistema de presupuestos mínimos previstos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. |
| 22-abr-2026 | SMC (Causa N° 74694) | Una mujer y un hombre pactaron que el cuidado personal de sus dos hijas menores de edad –de 9 y 11 años– sería compartido bajo la modalidad indistinta, con residencia principal en el domicilio materno. Luego, homologaron lo acordado en sede judicial. Tiempo después, frente a algunos problemas de aprendizaje de una de las niñas, decidieron inscribirlas en otro establecimiento educativo. En ese contexto, ambas comenzaron las clases en un colegio de gestión privada ubicado en Tandil. Tres años después, el progenitor se comunicó con la escuela y manifestó que se oponía a firmar el formulario para la rematriculación de las niñas por razones económicas. Aunque la progenitora lo intimó a dar su conformidad para inscribir a las niñas, no obtuvo respuesta. En ese marco, la mujer pidió una autorización judicial para que sus hijas pudieran continuar con su escolaridad. Asimismo, requirió que se le atribuyera la responsabilidad parental por el término de dos años. Fundó el pedido en el segundo párrafo del artículo 642 del Código Civil y Comercial de la Nación, que permite la atribución total o parcial del ejercicio de la responsabilidad parental o la distribución de funciones ante desacuerdos reiterados entre los progenitores. Sobre ese aspecto, indicó que no pretendía desplazar al progenitor del ejercicio integral de la responsabilidad parental, sino que solo buscaba no depender de su voluntad cada año al momento de rematricular a las niñas. Por su parte, el juzgado de manera cautelar otorgó la autorización para la inscripción al período lectivo 2025. No obstante, rechazó la solicitud de atribución. Contra esa resolución, la progenitora interpuso un recurso de apelación. Con posterioridad, al contestar los agravios, el hombre destacó que en el caso no se daban los requisitos excepcionales de la norma referida para atribuir el ejercicio de la responsabilidad parental en forma unilateral a la mujer. Agregó que deseaba seguir presente en la vida de sus hijas y que la solicitud de la progenitora era contraria al interés superior de las niñas. La asesora local coincidió en su dictamen con el planteo del padre. |
| 21-abr-2026 | Puracal y otros v. Nicaragua | En el marco de una investigación por tráfico de estupefacientes, personal policial allanó la oficina y el domicilio de un ciudadano estadounidense con residencia permanente legal en Nicaragua. El allanamiento ocurrió en horario nocturno, sin orden judicial y en presencia de la familia, incluido un menor de edad. Luego del operativo, la policía detuvo al hombre y no le informó el motivo de la detención en su idioma. El juzgado interviniente le impuso prisión preventiva de forma automática, en aplicación de una norma interna para delitos determinados. A partir de ese momento, permaneció privado de la libertad por más de veintiún meses en diferentes centros penitenciarios. En esos establecimientos, estuvo en condiciones de hacinamiento, sin luz natural ni agua potable, y con deficiente atención médica. Durante el proceso penal, las entrevistas del imputado con su defensa fueron realizadas con restricciones de tiempo y monitoreo penitenciario. Además, el juicio oral estuvo a cargo de un magistrado designado de forma irregular. Frente a la sentencia de condena, su defensa presentó un recurso de apelación. El tribunal superior anuló el fallo por falta de fundamentación y ordenó la inmediata libertad. El mismo día de la excarcelación, la autoridad migratoria lo detuvo nuevamente y dictó una orden de deportación, sin fundamento legal y sin garantizar su derecho de defensa y asistencia consular. A causa de esa expulsión, su familia abandonó el país. |
| 20-abr-2026 | RPC (Causa N° 297) | Una niña de nueve años tenía una autorización para viajar al exterior en compañía de su madre hasta la mayoría de edad suscripta por su progenitor en 2024. En diciembre de 2025, el hombre se presentó en el área de Migraciones del Aeropuerto Internacional de Ezeiza y revocó la autorización. En paralelo, la madre organizó un viaje a Brasil junto a su hija. Cuando ambas estaban por embarcar, no le permitieron subir al avión. Les informaron que el progenitor había revocado el permiso, motivo por el que no pudieron viajar. Esa situación le generó mucha angustia a la niña. En consecuencia, la progenitora solicitó autorización judicial para salir del país junto a su hija con fines recreativos, culturales, deportivos y de turismo hasta su mayoría de edad. El progenitor se presentó en el proceso y, si bien no se opuso al pedido de la actora, no concurrió a la Oficina de Certificaciones del Poder Judicial a tramitar el permiso de viaje. |