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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 18-oct-2022 | Basu v. Alemania | Un hombre de ascendencia india se encontraba con su hija abordo de un tren en Alemania. Durante el viaje, dos agentes policiales les pidieron su documentación para verificar su identidad. Al consultarles los motivos, los oficiales respondieron que se trataba de un control aleatorio. Sin embargo, el hombre advirtió que él y su hija eran los únicos pasajeros de tez oscura y los únicos a quienes se les había solicitado su documentación. Por eso, presentó una denuncia administrativa. Allí, alegó que el control policial había sido ilegal ya que se había basado en motivos discriminatorios. El tribunal interviniente desestimó el reclamo. Para decidir así, consideró que el control de identidad era una facultad policial objetiva y legítima, y que en el caso puntual no había sido estigmatizante ni había afectado seriamente su vida privada. En el marco del proceso, el tribunal no llamó a declarar a los agentes policiales ni a la hija del denunciante. El hombre apeló la decisión sin éxito. |
| 18-oct-2022 | Brítez Arce y otros v. Argentina | Una mujer de 38 años cursaba un embarazo de riesgo a raíz de sus antecedentes de hipertensión arterial. Durante su embarazo, concurrió en numerosas oportunidades al hospital a hacerse chequeos médicos. Sin embargo, en ningún momento recibió información ni indicaciones para tratar su cuadro de hipertensión ni fue advertida del riesgo de sufrir preeclampsia. Una mañana, comenzó a tener molestias lumbares, fiebre y escasa pérdida de líquido. Por esa razón, se presentó al hospital. Allí, le realizaron una ecografía que arrojó que el feto estaba muerto y fue internada para inducirle el parto. Durante el procedimiento, tuvo que esperar dos horas sentada en una silla. Algunas horas más tarde, la mujer falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio. Luego de su muerte, sus familiares iniciaron causas penales y civiles contra el personal médico interviniente. Diversas pericias indicaron que los médicos del hospital no habían brindado una atención adecuada a los factores de riesgo del embarazo. Sin embargo, las causas judiciales no prosperaron. |
| 13-oct-2022 | Zuluaga Celemín (causa Nº 90945) | Una mujer migrante había sido condenada en el marco de una causa penal. Por ese motivo, la Dirección Nacional de Migraciones había iniciado un expediente administrativo de expulsión. En ese marco, declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso al país con carácter permanente. Ante esa situación, la mujer acudió a un patrocinio jurídico e interpuso un recurso judicial contra el acto administrativo. Frente al rechazo de la impugnación, la defensa presentó un recurso de apelación. La Cámara Federal de Apelaciones revocó la resolución y anuló el acto administrativo. Entre sus argumentos, entendió que la expulsión del territorio nacional era nula dado que la mujer no había contado con asistencia jurídica al momento del dictado de su expulsión. Contra esa decisión, la representante de la Dirección Nacional de Migraciones interpuso un recurso extraordinario federal. |
| 12-oct-2022 | OC y otro (causa N° 46267) | Dos jóvenes fueron imputados por el delito de abuso sexual simple contra una mujer. Una vez elevada la causa a juicio oral, sus defensas solicitaron que se les concediera la suspensión del juicio a prueba. En su presentación ofrecieron realizar tareas comunitarias y la suma de $20.000 como reparación simbólica. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal presentó un informe de la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección de Víctimas de la Procuración General de la Nación (DOVIC) en el cual constaba que la víctima había brindado su consentimiento para la concesión de la suspensión del juicio a prueba. En particular, la mujer expresó que le resultaba más reparadora la alternativa propuesta que ir a la instancia de juicio oral y, específicamente, solicitó que los jóvenes realizaran talleres sobre perspectiva de género. Por otra parte, manifestó que las agresiones de los jóvenes imputados no se habían reiterado y que no mantenía vínculo con ellos. Luego, la víctima fue citada a una audiencia con la jueza interviniente en la que ratificó todo lo manifestado en el informe. En la audiencia de probation, ambas defensas ratificaron las solicitudes y ampliaron el ofrecimiento de reparación simbólica a $30.000 cada uno y la realización de un taller sobre perspectiva de género. La fiscalía se pronunció de manera favorable. |
| 11-oct-2022 | Bordón (causa N° 35873) | Los juzgados de la provincia de Mendoza habían informado la detención de personas en comisarías ante la falta de cupos en el Complejo Penitenciario N° VI o en la Unidad de Tránsito N° 32. En ese contexto, una defensoría solicitó la excarcelación de un asistido y –en subsidio– su arresto domiciliario provisorio. El pedido fue fundado en el tiempo transcurrido y en la situación edilicia de la comisaría en la que se encontraba detenido. El juez a cargo de la causa rechazó la petición.; En ese marco, la defensa presentó una acción de habeas corpus. El juzgado interviniente rechazó la acción. Entre sus argumentos, señaló que el planteo debía ser sometido a consideración del juez natural de la causa. En ese sentido, consideró que no se configuraban los presupuestos de procedencia previstos en el artículo 3 de la ley N° 23.098. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. En su presentación, entendió que el habeas corpus trascendía el interés particular de su asistido porque había otros detenidos en condiciones similares que podrían sufrir los mismos tratamientos. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal emitió su dictamen en sentido favorable al planteo de la defensa. |
| 12-oct-2022 | “Ardaiz Guenumil y otras" (Causa N° 16149) | Cuatro mujeres habían sido detenidas e imputadas por los delitos de usurpación por despojo y usurpación por turbación de la posesión, en concurso real entre sí. MCAG tenía tres hijos, de nueve y cinco años y un mes de vida. MLJ tenía dos hijos, de ocho y cuatro años. BAC tenía dos hijos, de tres años y cuatro meses de vida. RR tenía un hijo de ocho años y estaba embarazada de treinta y nueve semanas. Luego de su detención, los niños y las niñas mayores de tres años quedaron a cargo de sus abuelos y abuelas. Ante esa situación, la defensa solicitó sus excarcelaciones. Por su parte, la defensora de menores dictaminó a favor del pedido y solicitó, en subsidio, la morigeración de las detenciones. El juzgado interviniente rechazó los pedidos. Sin embargo, abrió un incidente a los fines de evaluar la morigeración de las detenciones. Entonces, solicitó al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que informara sobre la posibilidad de remitir dispositivos electrónicos. Así, el Programa explicó que no era aconsejable la colocación de dispositivos electrónicos en personas embarazadas o lactantes. A su vez, ordenó que se realizara un informe socio ambiental. El Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación elaboró un amplio informe y se expidió de manera favorable al pedido de la defensa. |
| 12-oct-2022 | “Ardaiz Guenumil y otras" (Causa N° 16149) | Cuatro mujeres habían sido detenidas e imputadas por los delitos de usurpación por despojo y usurpación por turbación de la posesión, en concurso real entre sí. MCAG tenía tres hijos, de nueve y cinco años y un mes de vida. MLJ tenía dos hijos, de ocho y cuatro años. BAC tenía dos hijos, de tres años y cuatro meses de vida. RR tenía un hijo de ocho años y estaba embarazada de treinta y nueve semanas. Luego de su detención, los niños y las niñas mayores de tres años quedaron a cargo de sus abuelos y abuelas. Ante esa situación, la defensa solicitó sus excarcelaciones. Por su parte, la defensora de menores dictaminó a favor del pedido y solicitó, en subsidio, la morigeración de las detenciones. El juzgado interviniente rechazó los pedidos. Sin embargo, abrió un incidente a los fines de evaluar la morigeración de las detenciones. Entonces, solicitó al Programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica que informara sobre la posibilidad de remitir dispositivos electrónicos. Así, el Programa explicó que no era aconsejable la colocación de dispositivos electrónicos en personas embarazadas o lactantes. A su vez, ordenó que se realizara un informe socio ambiental. El Programa de Atención a las Problemáticas Sociales y Relaciones con la Comunidad de la Defensoría General de la Nación elaboró un amplio informe y se expidió de manera favorable al pedido de la defensa. |
| 6-oct-2022 | Fotea (causa N° 14217) | Una persona había sido condenada por delitos de lesa humanidad y se encontraba detenida. Durante ese período, había sido calificada con conducta ejemplar y concepto muy bueno. No poseía sanciones disciplinarias ni sumarios administrativos. Además, había accedido al régimen de salidas transitorias, tenía contención familiar y oportunidades de trabajo concretas en el medio libre. Cumplido el requisito temporal previsto en el artículo 13 del Código Penal, la defensa solicitó la libertad condicional. El Consejo Correccional se expidió de manera favorable para la incorporación al régimen solicitado. Asimismo, el área de educación informó que la persona participaba de las actividades propuestas. Por su lado, el área de trabajo indicó que se desempeñaba en un taller. Sin embargo, el tribunal interviniente rechazó el pedido. Para decidir de esa manera, valoró la naturaleza de los delitos por los cuales la persona había sido condenada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, señaló que la sentencia era arbitraria por apartarse del marco constitucional y convencional. En esa línea, sostuvo que la decisión había lesionado los principios de progresividad de la ejecución de la pena, de legalidad y de reinserción social. Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la querella unificada solicitaron que se rechazara la impugnación. En ese sentido, sostuvieron que la ley especial sobre Derecho Internacional de los Derechos Humanos desplazaba a la normativa general aplicable. |
| 6-oct-2022 | Aquino (causa N° 44598) | Un hombre fue detenido y procesado con prisión preventiva por el delito de robo con un arma cuya aptitud para el disparo no pudo tenerse por acreditada. Al momento de la detención, se identificó de manera correcta y se constató el domicilio en el que vivía, que contaba con contención familiar y que carecía de antecedentes. Su defensa solicitó su excarcelación. El juzgado rechazó el pedido, lo que motivó que se interpusiera un recurso de apelación. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el pedido. Para decidir de esta manera, consideró que aunque el imputado carecía de antecedentes penales y el mínimo de la escala permitirían una condena en suspenso, las características del suceso le permitían pronosticar que la eventual pena a imponer sería de cumplimiento efectivo. Además, consideró que existía riesgo de entorpecimiento de la investigación porque no se podía descartar que el imputado pudiera intimidar a la víctima, quien residía en el mismo barrio, y sostuvo que faltaba individualizar a uno de los partícipes del hecho, recuperar los bienes sustraídos y el arma que se habría utilizado. También señaló que el tiempo de detención no había sido desproporcionado en relación con la pena en expectativa del delito imputado. Contra esta decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-oct-2022 | MVA (Causa N° 63073) | Una mujer y su pareja habían adquirido de manera informal un inmueble en la villa 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Varios años después, la mujer falleció. En consecuencia, su hija –con el patrocinio de la Defensa Pública– solicitó el inicio del proceso sucesorio. A su vez, tomó intervención en el caso el Programa de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la Defensoría General de la Nación y emitió un dictamen especializado. En esa oportunidad, acreditó el vínculo y la muerte de su progenitora con la documentación correspondiente. Asimismo, indicó que la pareja de su madre le había prohibido el acceso a la vivienda y que la intención del hombre era vender el inmueble a un supuesto interesado. Por ese motivo, solicitó como medida cautelar que se lo nombrara como depositario a fin de obligarlo a proteger y custodiar el inmueble. El juzgado rechazó el pedido de apertura de la sucesión y la medida cautelar requerida. Para decidir de esa manera, consideró que la mujer fallecida carecía de título formal de propiedad del inmueble y que la cuestión requería pruebas que excedían el marco del proceso sucesorio. Además, entendió que se involucraba a un tercero que no tenía calidad de heredero. Contra esa decisión, la accionante interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que el derecho de propiedad debía ser interpretado en forma amplia, ya que no se limitaba a un título formal. Sobre ese aspecto, señaló que la herencia comprendía la transmisión de bienes tanto materiales como inmateriales. A su vez, expresó que debía considerarse la situación de vulnerabilidad socioeconómica que atravesaba. Por último, añadió que había sufrido discriminación por motivos de género debido a la exclusión de su herencia por parte de un varón. De esa manera, solicitó una medida cautelar para que el hombre no vendiera el inmueble. |