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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 13-dic-2023 | Lopez Garcia (causa N° 17) | Una mujer de nacionalidad boliviana había sido condenada a la pena de cuatro años de prisión y multa de 45 Unidades Fijas conforme a la ley 27.302 por el delito de transporte de estupefaciente. Su defensa solicitó su expulsión anticipada. En ese sentido, señaló que la fecha de cumplimiento de la pena era el 6/1/2027 y el 7/1/2025 cumpliría la mitad de la condena. A su vez, tuvo en cuenta que su grupo familiar se encontraba en una situación de vulnerabilidad extrema ya que tenía tres hijos, dos mayores y uno menor. Los hijos quedaron a cargo de su abuela materna que había padecido un ACV y tenía secuelas que le impedían trabajar y mantenerse. Por su parte, tanto el Asesor de Menores como el representante del Ministerio Público Fiscal se pronunciaron en favor de lo solicitado. |
| 13-dic-2023 | Desbloqueo coactivo del teléfono del imputado mediante obtención de datos biométricos. Algunas consideraciones en torno a su validez constitucional | En el artículo se expondrán una serie de decisiones que han tomado distintos tribunales nacionales sobre el desbloqueo coactivo de teléfonos celuares de personas imputadas mediante la obtención de sus datos biométricos. De forma posterior, el autor analizará la jurisprudencia citada, formulando algunas consideraciones en relación a distintas garantías constitucionales que podrían verse comprometidas en este tipo de medidas. |
| 12-dic-2023 | Lenguaza Noguera (causa N° 2191) | Una mujer trans de nacionalidad paraguaya fue imputada por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual en seis hechos en concurso real, cometidos contra cinco víctimas, dos de los cuales fueron con engaño y uno cuando la víctima se encontraba embarazada. Todas fueron con la agravante del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad y de haberse consumado la explotación. La mujer estuvo detenida dos años, dos meses y veintiocho días en la cárcel “La Emboscada” en la República del Paraguay. Durante ese período, no hubo control por parte de los tribunales argentinos acerca de las condiciones de su detención. Luego, se pidió su extradición y estuvo detenida poco más de dos meses en el Complejo Penitenciario Federal N° IV de Ezeiza. Finalmente, se le concedió la prisión domiciliaria en el “Hogar Madre Teresa de Calcuta”. En total, estuvo detenida cuatro años, dos meses y veintidós días.; Durante la audiencia de juicio oral, la imputada declaró que en las unidades penitenciarias de Paraguay no había pabellones destinados a la población trans. Luego, explicó que las mujeres trans eran alojadas en cárceles de varones, donde no tenían celdas ni lugares asignados por lo que dormían en los pasillos o debajo de las escaleras. Además, no recibían comida, agua ni seguridad. En ese sentido, contó que debían ejercer la prostitución para poder alimentarse y debían pagar “peajes” para pasar las rejas ante los guardias de seguridad. Por otro lado, narró que sufrían violaciones en grupo. Por su parte, la defensa acreditó los golpes y las violaciones sufridas durante su detención. En ese sentido, también obtuvo la declaración de la Comisionada de la Comisión Nacional de Pa-raguay de Prevención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes res-pecto de las condiciones de detención en ese país. Al momento de los alegatos, la fiscalía y la Defensoría de Víctimas solicitaron la pena de ocho años de prisión. En cuanto al modo de cumplimiento, entendieron que en función de la pena ilícita sufrida en la cárcel paraguaya y el tiempo de detención que tuvo en Argentina, correspondía tener por cumplida la pena impuesta y disponer su inmediata libertad. Sin embargo, la Defensoría de Víctimas solicitó una reparación económica de $ 15.000.000 por el daño ocasionado a una de las víctimas. Por otro lado, el defensor de la imputada alegó que podía plantear cuestiones referidas a la no punibilidad del artículo 5 de la ley N° 25.364 pero, a pedido de su asistida, consentía la condena y solicitaba que se tuviera por cumplida la pena con el tiempo que había estado detenida. |
| 12-dic-2023 | Martínez (Causa N° 46523) | Un hombre fue condenado a la pena de cuatro años de prisión por el delito de robo y se lo declaró reincidente. Sin embargo, el tribunal no había realizado ninguna precisión sobre cuál había sido la sanción tenida en consideración al momento de analizar la aplicación del instituto previsto en el artículo 50 del Código Penal. Por otro lado, se refirió de manera genérica al certificado de antecedentes, sin mencionar el tratamiento penitenciario que había tenido el acusado. Contra esa decisión la defensa interpuso un recurso de casación e inconstitucionalidad. Entre otras cuestiones, se agravió por la falta de fundamentación al declarar reincidente a su asistido. |
| 12-dic-2023 | Vučković v. Croatia | Una mujer denunció a un compañero de trabajo por diversos episodios de violencia sexual. Por esos hechos, el tribunal de primera instancia lo condenó a diez meses de prisión. Para determinar la pena, consideró como agravante que se trató de reiterados episodios en un periodo breve de tiempo y como atenuante su falta de antecedentes penales. Contra esa decisión, el hombre interpuso un recurso de apelación. La cámara de apelaciones compartió el análisis efectuado en primera instancia, pero convirtió la pena a diez meses de trabajo comunitario. Para decidir así, tuvo en cuenta que habían transcurrido cuatro años desde la comisión del delito y que el imputado no había incurrido en nuevas conductas delictivas. La decisión de la cámara de apelaciones era final y no admitía ningún tipo de recurso. Ante esa situación, la víctima presentó una denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Allí, alegó que la conversión de la pena de prisión a trabajo comunitario había vuelto la condena demasiado leve. |
| 12-dic-2023 | CRM (Causa N° 2338) | Un niño se encontraba en situación de vulnerabilidad social. En virtud del estado de desamparo en el que se hallaba, se dictó una medida de abrigo y fue separado de su familia de origen. Esa resolución fue notificada a sus progenitores y quedó firme. En su adolescencia, comenzó a asistir a un centro de salud de día debido a diversas situaciones que había atravesado en su infancia y que habían marcado su personalidad. En ese contexto, se trabajó de manera interdisciplinaria la relación del joven con sus pares y adultos, así como su posicionamiento frente al entorno. Tiempo después, el adolescente manifestó su deseo de conformar una familia. Hasta el momento el juzgado no le había encontrado una familia, por lo que se efectuó una convocatoria pública para pretensos adoptantes. En ese marco, se presentó un matrimonio que, tras ser evaluados, iniciaron el proceso de vinculación con el joven. En esa oportunidad, se advirtió que el requisito que establecía el artículo 599 del Código Civil y Comercial de la Nación sobre la diferencia de edad entre adoptado y adoptante se cumplía sólo con respecto a uno de los hombres. En consecuencia, en el expediente se dejó constancia de que se observaría la evolución de ese vínculo y luego se analizaría la figura legal que mejor se ajustara al caso. Así, intervino el equipo técnico del juzgado que supervisó la relación e informó sobre su avance positivo y sobre el entusiasmo del joven. Asimismo, el matrimonio manifestó su deseo de convertirse en guardadores del adolescente y de vivir juntos. Debido al especial interés que todos expresaron, se ordenó la convivencia hasta que se otorgara la guarda. |
| 11-dic-2023 | FDDLN (Causa Nº 22116) | En el marco de un proceso judicial de modificación de la cuota alimentaria, una mujer pidió que el progenitor de su hijo abonara el 50% de gastos médicos extraordinarios. En concreto, indicó que debían adquirir un insumo médico de manera urgente para el niño. El juzgado intimó al hombre a cumplir con ese pago. En esa oportunidad, le advirtieron que, si no lo hacía, le impondrían como medidas sancionatorias el retiro de su licencia de conducir y la prohibición de participar en carreras automovilísticas de cualquier tipo. Luego, la actora informó el valor actualizado del insumo e hizo saber que el hombre, hasta el momento, no había depositado lo adeudado. |
| 7-dic-2023 | Sandoval (causa Nº 1341) | Un hombre había sido procesado por los delitos de robo con arma de fuego, dos hechos de abuso sexual agravado y dos homicidios calificados. En la etapa de juicio oral, un tribunal de Salta lo absolvió. El representante del Ministerio Público Fiscal y uno de los acusadores particulares impugnaron la decisión. El primero requirió la anulación de la absolución y el reenvío para un nuevo juicio, mientras que el segundo pidió su revocación y el dictado de una condena. El tribunal de impugnación revocó la absolución del imputado y lo condenó a la pena de prisión perpetua. Para decidir de esa manera, sostuvo que se habían valorado de manera indebida las pruebas aportadas. Contra ese pronunciamiento, la defensa interpuso un recurso ante la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Entre otras cuestiones, afirmó que el tribunal de impugnación carecía de competencia para dictar una sentencia condenatoria. En ese sentido, sostuvo que, de conformidad con la ley procesal local, debía haber anulado la sentencia absolutoria y devuelto las actuaciones para la realización de un nuevo juicio.; La Corte no hizo lugar a la impugnación y confirmó la sentencia condenatoria. Así, afirmó que la intervención del tribunal de impugnación se fundaba en un vicio in iudicando y no en uno in procedendo, lo que lo habilitaba a casar la sentencia y aplicar la ley de manera directa. Entonces, la defensa interpuso un recurso extraordinario federal, que fue denegado y motivó una queja. Allí, señaló que se había privado a su asistido de la realización de un nuevo juicio y ocasionó una lesión a las garantías constitucionales del debido proceso y juicio previo. |
| 7-dic-2023 | Okropiridze v. Georgia | Un hombre fue detenido, acusado de haber asesinado a otro sujeto. En ese contexto, miembros del Poder Ejecutivo realizaron declaraciones en la prensa y en redes sociales en su contra. El hombre, asistido por su equipo de abogados, eligió ser juzgado en un juicio por jurados. Durante el juicio, el jurado escuchó a numerosos testigos y observó informes periciales y forenses y grabaciones de varias cámaras de videovigilancia que ponían de relieve el involucramiento del hombre imputado en el homicidio. Entre los testigos ofrecidos, uno dijo haber visto al demandante dispararle a la víctima y otro afirmó que el demandante le había confesado que la había matado. Por otra parte, se adjuntó el acta de la entrevista mantenida al inicio del proceso con la mujer que era novia del imputado. En esa oportunidad, ella contó que el día del hecho advirtió que el hombre se había comportado de manera inusual, había cambiado su ropa y le había dicho que tenía que partir de manera urgente de la ciudad. El jurado no emitió veredicto. En ese marco, la Ministra de Justicia declaró en los medios que si hubiera sido miembro del jurado hubiera declarado culpable al hombre imputado. Al mismo tiempo, se inició una investigación contra uno de los jurados por su supuesto contacto indebido con la familia de la víctima. De conformidad con la normativa nacional, se estipuló la realización de un nuevo juicio por jurados, para lo cual se inició un nuevo proceso de selección. Entonces, el presidente del tribunal cerró las audiencias al público, considerando que la medida era necesaria en vista de “los hechos ocurridos después del primer juicio por jurados” y para evitar presiones indebidas sobre los posibles nuevos integrantes. Al seleccionar a los jurados, el presidente enumeró todos los criterios que los candidatos al jurado debían cumplir, incluido el de que un candidato que hubiera expresado opiniones personales sobre el caso penal pendiente o cuya experiencia personal pudiera hacer que su participación en el juicio fuera injusta no podría actuar como jurado. Posteriormente, el juez aprobó el retiro de una de las candidatas que reconoció haber estado expuesta a la cobertura mediática del caso. Finalmente, se seleccionaron quince jurados. Durante el juicio, la fiscalía informó que la novia del demandante se encontraba en Estados Unidos y solicitó que se admitiera su declaración grabada en vídeo en presencia de un escribano por la diferencia horaria. Allí, la mujer confirmó su declaración inicial. El presidente del jurado admitió el video e instruyó al jurado a ponderarlo como una simple declaración que no fue dada bajo juramento y que, por lo tanto, no debía ser considerada como un testimonio. Todos los testigos restantes de la acusación y de la defensa fueron oídos por el jurado durante el nuevo juicio. A los jurados también se les presentaron varios informes forenses, incluidos informes periciales alternativos preparados por la defensa y los documentos procesales relacionados con diversas medidas de investigación. El segundo jurado declaró al demandante culpable por el delito de homicidio. Entonces, el demandante recurrió la sentencia condenatoria. Entre otras consideraciones, sostuvo que la sentencia no era válida porque carecía de motivación y que el jurado no había sido imparcial, producto de las declaraciones en su contra de integrantes del poder ejecutivo. Además, cuestionó la admisión como prueba de la declaración en video de la que fuera su novia. Los tribunales locales desestimaron las presentaciones del demandante. |
| 7-dic-2023 | Duarte (Causa Nº 745) | Una mujer denunció a su pareja de haberla amenazado con un arma y golpeado con patadas, puños y un palo. Por estos hechos, el hombre fue procesado por el delito de amenazas coactivas agravadas por la utilización de armas y lesiones leves, doblemente agravadas por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género y por la relación de pareja, en concurso ideal entre sí. La causa fue elevada a juicio oral y, concluido el debate, la fiscalía solicitó su absolución por el delito de amenazas coactivas agravadas por el uso de arma y sostuvo la acusación por el delito de lesiones leves doblemente agravadas. El tribunal oral dispuso la nulidad del alegato fiscal y señaló que las diferentes conductas atribuidas habían sido consideradas jurídicamente como una unidad de acción y que el planteo fiscal resultaba inadmisible por vulnerar la garantía constitucional contra la doble persecución penal. Por esa razón, el tribunal oral absolvió al hombre imputado. Contra esa decisión, la fiscalía interpuso un recurso de casación. |