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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 25-jun-2015 | M, CA | Una persona había sido imputada por el delito de lesiones leves producidas en el marco de un accidente automovilístico. La defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. El Juzgado Correccional rechazó la solicitud. Para llegar a esta conclusión, sostuvo que los delitos sancionados con pena de inhabilitación se encontraban expresamente excluidos de la aplicación de este instituto. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 24-jun-2015 | Jinkis, Mariano Alejo | La defensa había solicitado que se le conceda al imputado la excarcelación o, en subsidio, la prisión domiciliaria. Esto último en razón de su estado de salud y de la necesidad de preparar su defensa en el proceso por el que se requirió su extradición a Estados Unidos. |
| 24-jun-2015 | Canales Huapaya y otros v. Perú | Los peticionarios Carlos Alberto Canales Huapaya, José Castro Ballena y María Gracia Barriga Oré, trabajadores del Congreso de Perú, fueron cesados en 1992. El entonces presidente peruano, había publicado el “Manifiesto de la Nación” por el cual establecía la necesidad de disolver el Congreso de la República, modernizar la administración pública y reorganizar totalmente el Poder Judicial. Entre todo aquél paquete de medidas administrativas, se emitió un decreto que autorizaba la ejecución de un proceso de racionalización de personal en el Congreso de la República cesando a una gran parte de todos sus trabajadores; y donde los peticionarios se vieron afectados directamente. Aunque los tres se desempeñaban en diferentes áreas, todos fueron cesados e interpusieron acciones de amparo, obteniendo respuesta desfavorable por parte de los tribunales peruanos. Respecto del Sr. Canales Huapaya, el 6 de agosto de 1998, el Tribunal Constitucional declaró improcedente su demanda de amparo bajo el fundamento de que su pretensión no podía ser atendida por esa vía. En el caso de Sr. Castro Ballena y la Sra. Barriga Oré, el 25 de septiembre de 1998 el Tribunal Constitucional declaró su acción infundada por considerar que el cese se dio en cumplimiento de la ley y la Constitución. En julio de 2002 se promulgó la Ley No. 27803 que otorgaba a los trabajadores declarados en situación de cese arbitrario algunas opciones (reincorporación o reubicación laboral, jubilación adelantada, etc). Sin embargo, esas opciones solo eran accesibles para aquellos que desistiesen de sus procesos judiciales. Los peticionarios no se acogieron a dicha ley al considerarla coercitiva y excluyente (pues exigía el desistimiento de las demandas tanto en sede interna como supranacional). |
| 23-jun-2015 | BS, GE c. M, HI | La actora –en representación de su hija– solicitó, en sede nacional, el dictado de medidas precautorias con relación al régimen de comunicaciones de la niña con su padre. Luego, la actora y la niña se mudaron y solicitaron que se atribuya el conocimiento del caso a los tribunales del lugar de residencia y centro de vida de la niña (Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz). La petición fue rechazada por la jueza de primera instancia. La Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil confirmó la decisión en lo que atañe a la competencia y postuló que se avance en el paulatino proceso de revinculación paterno-filial. La actora, interpuso recurso extraordinario federal. |
| 23-jun-2015 | GEO c. INSSJP | En este caso, la parte actora fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires para recibir un tratamiento médico. En consecuencia, el INSSJP fue condenado abonar los gastos de alojamiento. Ante su incumplimiento, el juez de grado ordenó hacer efectiva una multa y el otorgamiento de la cobertura del 100% de la prestación hotelera solicitada por el accionante. La parte demandada apeló la decisión. |
| 23-jun-2015 | Duarte, Maria | Una persona fue intimada a través de notificación electrónica para que acreditara, con una boleta bancaria, el depósito previsto en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Pasado el término indicado por el tribunal sin que se cumpliera con esta orden, se tuvo por desestimada la queja origen del proceso. El peticionario planteó un pedido de reposición por considerar que la notificación mediante la cual fue intimado, debió realizarse personalmente o por cédula en razón de lo establecido en el art. 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la nación. |
| 23-jun-2015 | Bergerot, Ana María c. Provincia de Salta | La parte actora promovió un incidente a fin de que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos previsto por los arts. 78 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para hacerlo valer en la demanda iniciada contra la Provincia de Salta y otros, en virtud de la imposibilidad económica de afrontar los gastos que aquella ocasione. El monto de su reclamo en el proceso principal asciende a la suma de $ 63.000, más sus intereses. |
| 23-jun-2015 | Balta et Demir v. Turquía | Dos personas fueron condenadas a penas de prisión por su pertenencia a una organización ilegal. La sentencia se fundó, principalmente, en un testimonio anónimo tomado en una audiencia “a puertas cerradas”, sin que la defensa pudiera examinar al testigo ni acceder a sus testimonios más que por la incorporación por lectura. Esta resolución fue confirmada por el tribunal superior de la causa. |
| 23-jun-2015 | FC-RECY (Causa Nº 110.919) | Una mujer embarazada sufría violencia de género por parte de su concubino de manera constante. El hombre la golpeaba e insultaba en presencia de los hermanos y la madre de ella. Un medio día, mientras la mujer cocinaba, él le arrojó un golpe de puño. Para defenderse, ella le provocó una herida con un cuchillo. De forma inmediata lo auxilió y con la ayuda de sus vecinos lo trasladó a un hospital, donde falleció. En la etapa de juicio oral, la imputada expresó que no había tenido la intención de matarlo y que se había defendido con un cuchillo porque estaba cocinando. Los hermanos y la madre de la mujer declararon que momentos antes del hecho, el hombre había golpeado a la imputada y que era una situación que se había reiterado con anterioridad. La Cámara Segunda del Criminal de Mendoza la condenó a la pena de ocho años de prisión por el delito de homicidio. Para decidir de esa manera sostuvo que no había existido una agresión de tal envergadura que justificara la pretendida reacción defensiva. Además, agregó que el medio elegido por la imputada no era el único al que podía acceder para repeler la agresión. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |
| 23-jun-2015 | S, FJ c. PAMI | El actor promovió una acción de amparo contra PAMI a fin de que le otorgue cobertura integral del servicio de enfermería domiciliaria con carácter permanente las 24 horas, todos los días, hasta que su salud se recupere. Ello así, por tratarse de una persona de 85 años de edad que se transitaba un post operatorio de remplazo de cadera y que, además, padecía otras patologías. La resolución de primera instancia hizo lugar a la acción. La demandada interpuso recurso de apelación y justificó su agravio en que –a su entender– el actor necesitaba otro tipo de atención (una internación geriátrica). Asimismo, sostuvo que ya abonaba una ayuda económica para para el pago de auxiliar gerontológico domiciliario. |