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FechaTítuloResumen
1-sep-2015Gonzales Lluy y otros v. EcuadorTalía Gonzales Lluy tenía tres años cuando fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre a la que no se le habían realizado pruebas serológicas. La sangre provenía de un banco de sangre de la Cruz Roja de la provincia del Azuay y la transfusión fue realizada en una clínica privada. Para la época de los hechos, la Cruz Roja ecuatoriana tenía competencia exclusiva para administrar los bancos de sangre. Cuando la niña tenía cinco años fue inscripta en una escuela pública. Asistió a ese establecimiento durante dos meses hasta que el director –informado por una profesora sobre la enfermedad de la niña– dispuso su suspensión. El 8 de febrero de 2000, la madre de Talía presentó una acción de amparo ante el Tribunal Distrital en lo Contencioso Administrativo contra el Estado, el director de la escuela y la profesora. La acción fue declarada inadmisible por considerar que debían predominar los intereses colectivos del conglomerado estudiantil frente a los derechos y garantías individuales de Talía.
sep-2015Compensación económicaJurisprudencia sobre la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación que incorpora el instituto de la “compensación económica”.
31-ago-2015Romano, Luis EugenioEn este caso, la Cámara Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había resuelto revocar la excarcelación concedida al imputado por el delito de transporte de estupefacientes. En tal sentido, entendió que la gravedad del hecho delictivo, así como el reproche con que se conmina en abstracto, permitían presumir que el imputado intentaría eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.
31-ago-2015OCNEn este caso, una persona solicitó autorización judicial para donar uno de sus riñones a un amigo. Relató que su amigo es un paciente de 39 años de edad, portador de la enfermedad de Fabry, la que le produjo insuficiencia renal crónica.
28-ago-2015Ortiz, JoséEn el presente caso, el Tribunal Oral resolvió rechazar la excarcelación solicitada a favor del imputado. El Tribunal entendió que la gravedad de la pena prevista para el delito atribuido –art. 119 párrafo tercero del CP– y el escaso tiempo que el imputado llevaba privado de su libertad (8 meses y 20 días), eran pautas que permitían afirmar que, de otorgarse la excarcelación, existía un alto riesgo de que intentara sustraerse del accionar de la justicia. Ante esta decisión, la defensa interpuso recurso de casación. La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional –integrada por los jueces Mahiques, Morín y Garrigós de Rébori– hizo lugar a la impugnación.
28-ago-2015NN c. NN y otrosEl actor promovió la acción de adopción por integración de los dos hijos adolescentes de su pareja, con quienes convive desde los dos y cuatro años de edad.
27-ago-2015TNMUna persona había solicitado la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal consintió su concesión. Sin embargo, el Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de este modo, consideró, por un lado, que el dictamen fiscal era arbitrario. Por otro, señaló la necesidad de realizar el debate oral y público para determinar responsabilidades de terceras personas. Contra esa resolución, la defensa interpuso recurso de casación.
27-ago-2015Salto, Héctor EudoroEl tribunal oral condenó al imputado a la pena de dos años de prisión y lo declaró reincidente en función de la suscripción de un acuerdo de juicio abreviado. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión.
27-ago-2015Gerez Lapuente, SilviaEn el presente caso, la Procuración Penitenciaria de la Nación solicitó que se admitiera su intervención en el procedimiento en calidad de amicus curiae.
27-ago-2015Berardi, Pablo EzequielEn este caso, el Tribunal Oral había rechazado la excarcelación del imputado por el delito de robo en poblado y en banda en grado de tentativa, cometido en dos oportunidades, en concurso real con el delito de robo simple tentado. A tal fin, entendió que la amenaza punitiva y el posible cumplimiento efectivo de la eventual sanción, eran pautas objetivas para presumir que el imputado eludiría el accionar de la justicia. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación.