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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 12-dic-2025 | Olivares (FMZ 1055-2025-3) | La defensa solicitó una audiencia en la que pidió que se aclarara cómo se efectivizaría la limitación por objeto de una pericia solicitada por la fiscalía. En la audiencia se propuso la intervención de una perito especializada en auditoría Forense y análisis de datos con UFED Reader. |
| 12-mar-2025 | RES | En el marco de un proceso judicial por violencia familiar, la mujer involucrada solicitó la designación de una abogada del niño para garantizar la asistencia técnica de su hijo, de seis meses de edad. En octubre de 2024, el juzgado tuvo por designada a la abogada del niño. Sin embargo, la Asesora de menores e incapaces impugnó ese nombramiento. En virtud de ello, el juzgado lo dejó sin efecto. En ese sentido, consideró que la figura del abogado del niño requería que este tuviera la edad y madurez suficientes para expresar su voluntad y transmitir sus deseos, lo que no ocurría en el caso, ya que se trataba de un bebé. A su vez, rechazó el nombramiento de un tutor especial.; Frente a esa decisión, la abogada del niño interpuso un recurso de apelación. En esa oportunidad, sostuvo que lo resuelto vulneraba el derecho del niño a contar con patrocinio letrado conforme a la legislación nacional e internacional vigente. Señaló que la interpretación del juzgado era restrictiva y que la asistencia letrada no dependía de la madurez del niño, sino que constituía un derecho humano básico. Por su parte, la madre del niño adhirió a la presentación de la abogada. A su turno, la asesora de menores e incapaces solicitó su rechazo, dado que entendió que la intervención del abogado del niño debía adecuarse a la capacidad progresiva del niño y que, en función de la edad que tenía, correspondía en su caso la designación de un tutor especial. |
| 11-mar-2025 | BAPRO (Causa N° 53628) | Un banco demandó a una persona por el cobro de una deuda de tarjeta de crédito. Sin embargo, el juzgado rechazó la vía ejecutiva, porque consideró que debía tramitar como proceso sumario. Para decidir de esa forma, interpretó que el contrato que se pretendía ejecutar era un instrumento particular no firmado. Además, destacó que la firma electrónica que surgía de ese documento difería de la firma digital en cuanto a sus efectos. Expuso que, en el caso de los instrumentos generados por medios electrónicos, la norma había asimilado los efectos de la firma digital a la manuscrita, lo que no ocurría con la electrónica. Luego, la entidad bancaria interpuso un recurso de apelación. |
| 11-mar-2025 | Escobar Escobar | A partir de la muerte de un niño se inició una investigación penal. En ese marco, la fiscalía solicitó diversas diligencias investigativas con carácter reservado por considerar, entre otras cuestiones, la gravedad de los hechos y la necesidad de asegurar el éxito de las pesquisas. El juzgado interviniente autorizó la reserva de las actuaciones y su posterior renovación, de manera sucesiva. Dos años más tarde, la defensa técnica solicitó el acceso de manera íntegra al expediente digital. El pedido fue rechazado por el juez de garantías, lo que motivó la interposición de un recurso de amparo ante el tribunal de alzada. El recurso fue desestimado y, contra esa decisión, la defensa presentó recurso ante la Corte Suprema de Justicia. |
| 7-mar-2025 | Berrios (Causa Nº 26066) | Un hombre recurrió su sentencia condenatoria ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional. En paralelo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo “Ferrari, María Alicia c/Levinas, Gabriel Isaías s/incidente de incompetencia”, donde estableció que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (TSJ) es el órgano encargado de conocer en los recursos extraordinarios que se presenten ante la justicia nacional ordinaria de la ciudad. Ante el rechazo del recurso de casación interpuesto ante la Cámara, su defensa e interpuso un recurso de inconstitucionalidad (art. 27, ley 402 de la CABA, con invocación del fallo “Ferrari”. |
| 7-mar-2025 | Loarte Acevedo (Causa N° 7350) | En el marco de una extradición requerida por la justicia del Perú, la defensa requirió la realización de una instrucción suplementaria y que se citara a juicio al asesor de menores. Ello, con el fin de proteger los derechos de los hijos de la persona involucrada en el proceso. En ese sentido, explicó que era pertinente que se escuchara a los niños porque, en caso de que se extraditara a su padre, se rompería el vínculo familiar. El juzgado rechazó la petición. En función de eso, al defensa interpuso un recurso de casación. |
| 6-mar-2025 | Cassina (causa N° 2581) | A raíz de la condena penal de una mujer de nacionalidad uruguaya, la Dirección Nacional de Migraciones declaró irregular su permanencia, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso por el término de cinco años. Contra esta decisión, la mujer presentó un recurso judicial directo que fue denegado. Luego, la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó el rechazo. Fue así que se interpuso un recurso extraordinario federal. Ante una nueva denegatoria, la recurrente presentó una queja. Mientras este recurso se encontraba en trámite, la Dirección Nacional de Migraciones revocó la orden de expulsión prevista en virtud de que había operado la caducidad registral de la condena que pesaba sobre la mujer en los términos del artículo 51 del Código Penal. Esta situación fue informada por el Defensor Público Oficial y Cotitular de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación. Asimismo, la Defensora General de la Nación planteó que se había tornado abstracta la cuestión debatida. Con posterioridad, el juzgado de primera instancia dejó sin efecto la orden de retención. |
| 6-mar-2025 | García (Causa N° 42079) | Un hombre conducía un camión volquete por una avenida. Por su lado derecho circulaba una bicicleta. Durante el trayecto, el camionero sobrepasó al ciclista y dobló a la derecha sin frenar ni detenerse. En ese marco, el ciclista perdió el control y se cayó hacia su izquierda y luego fue arrollado por el vehículo. A raíz de las lesiones sufridas, el conductor de la bicicleta falleció. Por ese hecho, el camionero fue condenado a la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial para conducir por el plazo de seis años por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por el nivel de alcoholemia, y por haber actuado con culpa temeraria. Contra esa resolución, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. |
| 6-mar-2025 | RAM (Causa N° 64307) | Una mujer, en representación de su hijo menor de edad, firmó un convenio de honorarios con una abogada para promover una acción de filiación y fijación de cuota alimentaria a favor del niño, así como para iniciar o continuar el juicio sucesorio de su progenitor. El acuerdo estipulaba el pago de un monto fijo en dólares y un porcentaje sobre los bienes que el niño pudiera percibir. Con posterioridad, en el marco de un proceso de ejecución del convenio iniciado por la letrada, la mujer planteó la nulidad del pacto. Alegó que se trataba de un acto de disposición del patrimonio del niño y, por ende, requería autorización judicial y la intervención del Ministerio Público, cuya ausencia tornaba ineficaz el instrumento. En ese contexto, al momento de intervenir, la defensoría pública de menores e incapaces se opuso al convenio firmado. El juzgado de primera instancia declaró la nulidad del acuerdo e impuso las costas en el orden causado. Para fundar su decisión, consideró que la falta de intervención del Ministerio Público acarreaba su nulidad. Contra ese pronunciamiento, la abogada interpuso un recurso de apelación. En su presentación, argumentó que el Ministerio Público había intervenido en el proceso en reiteradas oportunidades, por lo que tuvo posibilidad de formular observaciones o peticiones respecto del convenio. Agregó que el órgano se limitó a convalidar los dichos de la madre del niño, sin fundamentar de manera precisa los eventuales perjuicios que la firma del acuerdo podía ocasionar al niño. Por último, afirmó que la nulidad derivada de la falta de intervención del Ministerio Público era de carácter relativo y, por lo tanto, susceptible de ser subsanada por el juzgado, quien debía resolver atendiendo al perjuicio o beneficio que el acto pudiera generar al niño. |
| 5-mar-2025 | Un análisis relativo a las causales penales de expulsión de la ley 25.871 | Desde fines del año 2019 las causas relativas a las expulsiones regidas por la Ley Federal de Migraciones aumentaron de forma significativa. En este contexto, el autor advierte que la aplicación por parte de los tribunales de los artículos 29 (inciso c) y 62 (inciso b) de la ley N° 25.871 es diversa, lo que afecta de forma irremediable a las personas migrantes vulnerables sometidas a proceso. A esto se agrega que la jurisprudencia de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no abordó el tema con profundidad hasta el año 2020. Por esta razón, el trabajo propone una interpretación sobre las distintas premisas que poseen las causales de expulsión y su análisis exegético a través de los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. |