COJ (Causa N° 1991)

Abstract

Una persona se encontraba internada por razones de salud mental. En el marco de las actuaciones judiciales, el juzgado interviniente designó como apoyo especial provisorio a un defensor oficial del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de Neuquén –Defensoría Civil N° 9–. Le encomendó la planificación y realización de las gestiones necesarias para efectivizar la externación de la persona. También, le otorgó facultades de representación de su voluntad. El defensor oficial apeló la resolución. En ese sentido, explicó que la obligación impuesta era de cumplimiento imposible, ya que excedía las competencias legales, técnicas y profesionales del Ministerio Público de la Defensa. A su vez, señaló que la planificación de una externación era una función ajena a su rol que vulneraba la autonomía funcional del organismo, además de invadir atribuciones propias del Poder Ejecutivo. Agregó que el sistema de apoyos debía constituirse sobre la base de vínculos familiares, sociales o comunitarios. Precisó que, si ellos no existían, la designación debía recaer en un organismo estatal dentro del ámbito del Poder Ejecutivo. Por ese motivo, solicitó que se revocara lo decidido y se nombrara como apoyo especial a un integrante del Poder Ejecutivo con facultades para garantizar el derecho a la salud de la persona.

Luego, la defensoría oficial que estaba ejerciendo la defensa técnica de la persona –Defensoría Civil N° 2–, contestó la presentación del Defensor Oficial designado como apoyo. En esa oportunidad, explicó que no fue posible explicarle a la persona el planteo de este trámite, por lo que no logró recibir instrucciones de su parte. Sin perjuicio de ello, manifestó que la persona no conocía al titular de la defensoría designado como apoyo. Añadió que su deseo era que los cuidadores que en su momento le había asignado el Ministerio de Desarrollo Social continuaran acompañándolo. Por último, la Defensoría Civil N° 7 –en carácter complementario– dictaminó a favor de la apelación. Sostuvo que la resolución recurrida carecía de fundamentación suficiente e imponía decisiones en nombre de la persona sin su participación, sobre todo en cuestiones trascendentales como la configuración de su dispositivo de externación.