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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 26-feb-2016 | Navalnyy y Ofitserov v. Rusia | En el año 2009, una empresa estatal rusa, Kirovles, comenzó a registrar importantes pérdidas económicas. En consecuencia, el gobernador de la región convocó al abogado y líder de la oposición para que ayudara a la empresa a salir de la crisis. Luego de discutir el asunto con su director, el señor X, se firmó un contrato con otra empresa (VLK) creada al solo efecto de atraer nuevos clientes. Dicho contrato estipulaba que Kirovles vendería sus productos a VLK para comercializarlos con sus clientes a cambio de una comisión. Meses más tarde, el señor X fue despedido por mala gestión y el contrato con VLK culminó. En el año 2012, poco después de que uno de los implicados en la contratación hubiera publicado un artículo que contenía acusaciones contra el jefe del comité investigador, se inició un proceso por la presunta conspiración para disipar activos de la empresa estatal. En este marco, el señor X suscribió un acuerdo de juicio abreviado y fue condenado. Otro de los imputados apeló la decisión por entender que era perjudicial para el resultado de su juicio. El tribunal rechazó el planteo por considerar que no contaba con legitimidad para impugnar la resolución. En oportunidad de llevarse a cabo el juicio oral contra el resto de los sujetos implicados en el caso, éstos reclamaron que la sentencia contra el señor X no sea tenida en cuenta como prueba. Tal planteo fue desestimado. Durante el desarrollo de la audiencia, el señor X fue convocado a declarar en calidad de testigo y, antes de que la defensa hiciera el con-tra-examen, se le leyó su declaración como imputado. Esto fue objetado por los peticionarios con fundamento en que, al brindar tal declaración, el señor X no estaba obligado a decir la verdad. El tribunal rechazó el planteo y condenó a los dos imputados. A uno de ellos por organizar el robo de activos y al otro por facilitarlo. |
| 26-feb-2016 | CorteIDH Opinión Consultiva 22/16 | El Estado panameño promovió una Opinión Consultiva y solicitó a la Corte que se expida respecto a la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano, las comunidades indígenas y tribales y las organizaciones sindicales, la protección de derechos humanos de personas naturales en tanto miembros de personas jurídicas y el agotamiento de recursos internos por personas jurídicas. |
| 25-feb-2016 | Klinkenbuss v. Alemania | En el presente caso, el peticionario había sido condenado en 1983 por intento de violación, ataque sexual y tentativa de homicidio. En razón de ello, se le impuso la pena de cinco años de prisión. El juzgado ordenó, asimismo, su internación en un hospital psiquiátrico de acuerdo a la ley criminal para menores de edad. Ello, por considerar que había actuado con responsabilidad criminal disminuida dados sus trastornos de consciencia y las tendencias sexuales sádicas demostradas en sus actos. A finales del año 1990, al permitírsele salir en libertad, el peticionario atacó a otra mujer. En virtud de ello, se lo internó nuevamente. El tribunal interno revisó periódicamente la detención y consideró en 2011 que correspondía mantener la internación. Para ello, invocó los informes psiquiátricos que indicaban que su patología no podían ser curada y que existía un alto riesgo de que cometiera nuevamente ofensas contra la vida e integridad sexual de otras personas. |
| 25-feb-2016 | BFF | Una persona fue condenada en virtud de un acuerdo de juicio abreviado a la pena de tres años de prisión por el delito de abuso sexual agravado por haber sido cometido contra una menor de trece años aprovechando la situación de convivencia preexistente con la víctima. Entre otras pautas de tratamiento, el condenado se sometió voluntariamente al Programa para Agresores Sexuales (C.A.S.). Después de cumplir ocho meses de detención, la defensa solicitó su incorporación al régimen de libertad condicional. El Consejo Correccional informó que el condenado presentaba conducta ejemplar diez, muy buena asistencia a sus estudios secundarios, se encontraba a la espera de una vacante laboral y no presentaba signos o síntomas de enfermedad mental que requiriera tratamiento especializado. Asimismo, consideró que, por el corto tiempo que llevaba condenado, no se podía acreditar ninguna evolución de la que pudiera inferirse un pronóstico favorable de reinserción social. Por su parte, el Servicio Criminológico señaló que el detenido aún transitaba el período de observación, por lo que no había iniciado la etapa de tratamiento. Sobre esa base, el juez de ejecución penal rechazó la libertad condicional. A su vez, entendió que el tratamiento en el Programa C.A.S. debía ser completado en sus tres fases para determinar si correspondía o no otra forma de cumplimiento de la pena. Contra esa resolución, la defensa interpuso un recurso de casación. A tal fin, consideró que el pronunciamiento recurrido era arbitrario dado que, entre otras cuestiones, no tuvo en cuenta la imposibilidad de que el condenado cumpliera todas las etapas del C.A.S. ya que se extendían por más tiempo que el de su pena, ni contempló la posibilidad de realizar un tratamiento en el marco de las reglas de conducta del artículo 13 inciso 6º CP. |
| 23-feb-2016 | S, ME (dictamen PGN) | La actora había reclamado por su derecho y el de su hijo menor de edad a percibir una pensión en virtud del fallecimiento de su esposo, ocurrido dos años después de haber sido cesanteado de su trabajo. La reclamante explicó que la enfermedad que ocasionó la muerte de su pareja se había manifestado durante su relación laboral y, por consiguiente, antes del cese. En instancia administrativa, por resolución del Instituto de Previsión Social, no se hizo lugar a la solicitud. La Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires rechazó el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto y, en consecuencia, confirmó el rechazo de la demanda por aplicación del artículo 34 del decreto-ley 9650/1980 que exige que el causante al momento del deceso sea jubilado, afiliado en actividad o cuente con derecho a jubilación. Además, refirió que, dado que la cesantía del causante fue dispuesta con causa, no tenía derecho a jubilación por invalidez en los términos del art. 32. Contra esa decisión se interpuso recurso extraordinario federal. |
| 22-feb-2016 | AAC | En el marco de un juicio de restricción de la capacidad, la defensa solicitó que se le designe un curador a una persona con un retraso mental moderado a fin de cuidarla y representarla en todos los actos de la vida civil. |
| 19-feb-2016 | Leiva, Matías Ezequiel | En el presente caso, el tribunal oral había condenado a un hombre a una pena de prisión por considerarlo autor del delito de homicidio agravado por la participación de un menor de edad. A tal efecto, se tomó en consideración la declaración de testigos cuya identidad se había mantenido en reserva durante la etapa de instrucción. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal. Posteriormente, se decretó el procesamiento de otra persona como coautora de aquél delito aunque, esta vez, se lo agravó por el concurso premeditado de dos o más personas (art. 80, inc. 6º CP). Para ello, se tomó en cuenta la declaración de los mismos testigos. La defensa interpuso recurso de apelación. |
| 18-feb-2016 | Longno, Reich Alvarado (CCC) | El caso remitía al enjuiciamiento de Alvarado Longno por dos hechos de homicidio que habrían tenido lugar a bordo de un buque de bandera de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China que tenía por destino el Puerto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En este marco, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró improcedente el pedido de extradición efectuado por la Región Administrativa de Hong Kong y devolvió el expediente al juzgado de origen (ver sentencia de la CSJN y memorial de la DPO ante CSJN). En razón de ello, el juez de instrucción consideró que, dado que el proceso de extradición había sido resuelto en forma definitiva, las autoridades judiciales de la República Argentina contaban con jurisdicción para conocer el caso. La defensa interpuso recurso de apelación contra esa decisión. |
| 18-feb-2016 | Rodríguez, Eduardo Javier | El tribunal oral había dispuesto el decomiso del vehículo del imputado en orden al delito de transporte de estupefacientes con fines de comercialización con fundamento en que éste había sido utilizado para la comisión de aquél ilícito. Ello, a pesar de que este punto no había sido contemplado en el acuerdo de juicio abreviado suscripto por las partes. Contra esa decisión, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 18-feb-2016 | Álvarez, David y Da Silva, Oscar Ademar | El tribunal oral había condenado a una persona a la pena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de robo en concurso real con el de tentativa de robo con arma y a otra persona a la pena de tres años de prisión como coautora de este último delito. Frente a esto, la defensa interpuso recurso de casación alegando múltiples agravios. |