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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 23-ago-2016 | Rodriguez Yarza, Sydney Junior | En lo que aquí interesa, se le imputaba a una persona haber intentado sustraer elementos del interior de un vehículo estacionado y, al ser descubierto por su dueño, intimidarlo con un destornillador. El Tribunal Oral lo condenó a la pena de once años de prisión por el delito de robo con armas en grado de tentativa. Contra la sentencia, la defensa interpuso recurso de casación. |
| 18-ago-2016 | CEPIS y otros c. EN | El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) promovió una acción de amparo colectivo (articulo 43 de la CN y ley 16.986) contra el Ministerio de Energía y Minería de la Nación (MINEM), con el objeto de que se garantizara el derecho constitucional a la participación de los usuarios, previsto en el articulo 42 CN, y de que, en forma cautelar, se suspendiese la aplicación del nuevo "cuadro tarifario" previsto por la resolución MINEM 28/2016. El juez de primera instancia rechazó la acción y ordenónó al Estado Nacional que, frente al nuevo esquema tarifario de los servicios públicos de transporte y distribución de gas natural, convocase -con amplia difusión en los medios nacionales y en el boletín oficial- a una audiencia pública para todos los usuarios, consumidores y asociaciones que los nuclean, a fin de garantizar su debida participación. Todas las partes apelaron. La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata declaró la nulidad de las resoluciones ministeriales y decidió retrotraer la situación tarifaria a la existente con anterioridad al dictado de aquellas. El Estado Nacional interpuso recurso extraordinario federal. |
| 18-ago-2016 | OGA (Cám) | Una mujer interpuso una acción de amparo contra el Estado Nacional y Estado Provincial a fin que se le otorgue plena cobertura y se asegure la autorización y provisión regular e ininterrumpida en forma mensual de diversos medicamentos recetados para su tratamiento psiquiátrico. El Juzgado Federal de Villa María hizo lugar a la acción y ordenó al Estado Provincial de Córdoba, como responsable primario, que otorgue plena cobertura y provisión regular e ininterrumpida de los medicamentos. Por otro lado, obligó al Estado Nacional, como garante último de la prestación de salud, a brindar la cobertura en forma subsidiaria. Contra dicha sentencia, el representante del Estado Nacional, interpuso un recurso de apelación. |
| 18-ago-2016 | VIR c. OSPJN | El progenitor de un niño con discapacidad, en su representación, demandó a la Obra Social del Poder Judicial de la Nación la cobertura de un tratamiento interdisciplinario y el transporte a los centros asistenciales donde pueda recibir esos servicios. El juzgado de primera instancia hizo lugar a las prestaciones solicitadas por el actor hasta los valores máximos establecidos en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad (resolución Nº 1512/2013 del Ministerio de Salud) más el 50% por zona desfavorable en aquellos casos en los que el valor facturado exceda esos máximos. La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia modificó parcialmente la sentencia de primera instancia y condenó a la obra social a abonar la totalidad de la cobertura médica requerida por el niño, incluyendo las prácticas educativas y asistenciales y los gastos de las derivaciones médicas. La parte demandada interpuso recurso extraordinario federal. |
| 18-ago-2016 | ZI y otros c OSDE | Los padres de un niño que padecía autismo solicitaron a una empresa de medicina prepaga las prestaciones de escuela integradora de jornada completa a la que concurrían, apoyo a la integración escolar, tratamiento psicopedagógico, psicomotricidad, consultas neurológicas y terapia psicológica orientación padres. Ante la negativa de la prepaga a cubrir la prestación de escolaridad y el apoyo a la integración escolar, iniciaron una acción de amparo y solicitaron una medida cautelar. El tribunal de primera instancia rechazó la petición. Contra dicha resolución, la parte actora interpuso un recurso de apelación.18/ |
| 17-ago-2016 | Chiarelli, Ricardo Marcelo y otro | Las autoridades del Establecimiento Penitenciario Nº 2 de Villa María, Córdoba, habían restringido el derecho de visitas del condenado mediante una sanción disciplinaria que no fue oportunamente informada a la defensa. El Juez de Ejecución Penal del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Córdoba confirmó la sanción impuesta. La defensa interpuso recurso de casación contra esa decisión, cuya denegación motivó el ejercicio de la vía directa. |
| 17-ago-2016 | Torres Quilca, Dany Graciela y otros | Una persona, condenada a una pena de prisión permanecía detenida desde octubre de 2013. En julio de 2016, una vez cumplido el requisito temporal, la defensa solicitó su libertad condicional. A su vez, el Consejo Correccional se pronunció a favor de su concesión. Tanto el fiscal como el juez de feria se expidieron de forma negativa. Ante tal resolución, la defensa interpuso recurso de casación. Luego, pese a no haber transcurrido el plazo previsto en el art. 508 CPPN, la defensa pidió nuevamente la libertad condicional. |
| 17-ago-2016 | C, CM (Salud) | Una mujer le requirió a su obra social que le cubra los medicamentos prescritos por su médico para tratar la enfermedad que padecía (carcinoma mamario). La obra social, sin brindarle explicaciones, omitió entregárselos. La actora interpuso una acción de amparo contra esa entidad y solicitó una medida cautelar para que se le provean los remedios que necesitaba. |
| 16-ago-2016 | FJL (causa N° 9536) | Una mujer se encontraba imputada por el delito de contrabando de estupefacientes tentado. En el marco de su declaración indagatoria, manifestó que había sido amenazada y coaccionada para transportar la droga. En tal sentido, individualizó a varias de las personas involucradas en la maniobra. A partir de los datos aportados, se dispuso una serie de medidas de investigación. Durante el debate, la defensa consideró que correspondía una reducción en la pena que le cabría a su asistida. En tal sentido, indicó que, aunque todavía no se había dictado el procesamiento de ninguna persona, la información aportada por su asistida era relevante en los términos del artículo 29 ter de la ley Nº 23.737. |
| 16-ago-2016 | MM | Una persona que trabajaba como auxiliar de portería de una escuela pública había sido imputada penalmente. Su defensa solicitó la suspensión del juicio a prueba. Durante la audiencia, el fiscal dictaminó favorablemente. Sin embargo, el Tribunal Oral denegó la probation. Para llegar a esa conclusión, argumentó que la imputada revestía calidad de funcionaria pública y, por ende, no era posible la aplicación del instituto. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. |