Buscar
Añadir filtros:
Usa los filtros para afinar la busqueda.
Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 29-dic-2025 | El derecho de defensa en la etapa intermedia del CPPF. Apuntes para pensar nuevas estrategias alternativas desde la perspectiva de la defensa pública | Este artículo examina las facultades y estrategias defensivas durante la etapa intermedia del Código Procesal Penal Federal, destacando su rol crucial como filtro de control previo al juicio oral. El autor analiza los mecanismos procesales ante el vencimiento de los plazos de investigación y la inacción fiscal, cuestionando la constitucionalidad de la intimación judicial prevista en el artículo 266 del CPPF. Asimismo, se abordan las tácticas para impugnar la acusación fiscal —ya sea por defectos formales, atipicidad o insuficiencia probatoria— y se profundiza en el control de admisibilidad de la prueba, alertando sobre prácticas que podrían vulnerar la igualdad de armas, como el fraude de etiquetas en la prueba documental o la citación indebida de testigos de la defensa. |
| 29-dic-2025 | La labor del/a perito psicólogo/a en el marco del Código Procesal Penal Federal: la incipiente construcción de un enfoque desde la defensa pública | Este artículo examina la intervención del profesional de la psicología en el ámbito de la Defensa Pública Federal tras la entrada en vigencia del sistema acusatorio en la jurisdicción de Rosario. A través de un estudio basado en la práctica forense, el trabajo indaga sobre las modalidades de intervención pericial, la distinción conceptual entre la labor de asesoramiento técnico y la producción de prueba en juicio, y las dinámicas de trabajo interdisciplinario. El texto plantea los desafíos que enfrenta la psicología forense para responder a las demandas institucionales del nuevo ordenamiento procesal , abordando cuestiones relativas a la reconfiguración del rol del perito y a la ética profesional en el marco de la defensa técnica. |
| 29-dic-2025 | La extinción de la acción penal por la reparación integral del perjuicio | Este artículo aborda el instituto de la reparación integral del perjuicio como un modo autónomo de extinción de la acción penal, diferenciándolo conceptualmente de la conciliación y analizándolo bajo el paradigma de la justicia restaurativa que informa al Código Procesal Penal Federal. El autor examina la naturaleza jurídica de esta herramienta, sosteniendo que su procedencia no depende necesariamente de la conformidad fiscal o del consentimiento de la víctima, sino de una ponderación judicial razonable sobre la suficiencia de la oferta resarcitoria. Asimismo, el trabajo explora los efectos de la reparación integral en casos con pluralidad de imputados. |
| 29-dic-2025 | Conciliación, reparación integral ¿y trata de personas? | Este artículo analiza la naturaleza y el diseño normativo de los institutos de conciliación y reparación integral en el Código Procesal Penal Federal, con un enfoque específico en su aplicabilidad a los delitos de trata de personas. El trabajo explora si la implementación de estas herramientas de solución de conflictos se adecua al marco jurídico interno y a los estándares internacionales, examinando las funciones que corresponden al Ministerio Público Fiscal y a la Defensoría Pública de Víctimas en estos procesos. A través del estudio de casos concretos, el texto indaga sobre la utilización práctica de estas figuras y evalúa las posibles ventajas y desventajas que su uso conlleva para la protección de los derechos de las víctimas. |
| 29-dic-2025 | Reflexiones sobre la resistencia cultural al modelo acusatorio. La implementación del proceso penal federal argentino | Este artículo analiza la implementación del sistema acusatorio centrándose en los obstáculos que presenta la persistencia de una cultura jurídica de raíz inquisitiva. El autor examina cómo esta matriz cultural influye en las prácticas de los operadores y se erige como una barrera ante los cambios normativos propuestos por el nuevo Código Procesal Penal Federal. |
| 29-dic-2025 | FA (Causa N° 18499)- Cámara | En el marco de una sucesión testamentaria, una mujer –en carácter de legataria de la persona fallecida– pidió la suspensión de plazos. En esa ocasión, la mujer manifestó que sus exabogados habían presentado once escritos con una firma que no era suya. Asimismo, expuso que necesitaba recuperar documentación original que aquellos habían retenido. Luego, se corrió traslado de lo solicitado a los profesionales. En su respuesta, ambos señalaron que en las presentaciones aludidas habían insertado la firma digitalizada de la mujer y que ella estaba al tanto de esa situación. Agregaron que, hasta el cambio de patrocinio letrado, no había hecho cuestionamientos al respecto. Frente a esa situación, el juzgado convocó a una audiencia, a la que solo asistió la mujer junto con su nuevo letrado. Con posterioridad, los exabogados de la legataria justificaron su inasistencia y sostuvieron que retendrían los documentos reclamados hasta cobrar sus honorarios. En ese contexto, el Juzgado Nacional en lo Civil N° 109 declaró la inexistencia de las presentaciones referidas. En esa oportunidad, postergó la tramitación del proceso hasta que lo resuelto quedara firme y suspendió el trámite tendiente al cobro de los honorarios profesionales de los letrados involucrados. También los obligó a acompañar toda la documentación que habían retenido. Contra ese pronunciamiento, ambos abogados interpusieron un recurso de apelación en forma subsidiaria. Entre sus argumentos, expusieron que la mujer en diversas conversaciones que habían mantenido vía Whatsapp había dado su consentimiento para que presentaran los respectivos escritos. |
| 29-dic-2025 | MMF (Causa N° 14498) | Una mujer fue diagnosticada con una enfermedad poco frecuente (alopecía areata universal). Por esa razón, su dermatóloga le indicó distintas medicaciones, que dieron resultado positivo. En ese marco, la mujer comenzó a sufrir cambios en su calidad de vida y en su estado de ánimo. Entonces, su médica le prescribió un tratamiento con la medicación Olumiant (Baricitinib). Luego, la mujer solicitó a su obra social la cobertura integral del referido tratamiento. Sin embargo, su pedido fue rechazado. En ese contexto, la mujer solicitó en sede judicial el dictado de una medida cautelar. El juzgado interviniente admitió el planteo, por lo que dispuso que la demandada debía cubrir la totalidad del tratamiento hasta que hubiera una nueva indicación médica o hasta que se dictara sentencia definitiva, bajo apercibimiento de imponerle astreintes. Contra lo resuelto, la obra social interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, señaló que la actora no había acreditado que su derecho fuera verosímil, así como tampoco el peligro en la demora. Asimismo, expuso que la medicación prescripta no estaba incluida en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Agregó que se encontraba en etapa experimental, ya que no había sido aprobada por la Agencia Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica de la Argentina (ANMAT) para la patología de la accionante. |
| 23-dic-2025 | Sartor (causa N° 54058) | Un hombre fue detenido por intentar arrebatar un teléfono celular en la vía pública el 6/10/2022. Dos días después se realizó una audiencia multipropósito donde, a pedido de la defensa, se suspendió el proceso a prueba por el término de un año. Sin embargo, la asistencia técnica solicitó el desistimiento de la medida, cuestión que no fue resuelta en lo inmediato. Unos meses después, se constató la radicación de otra causa por hechos cometidos por el mismo imputado el 31/3/2022 y el 16/4/2023. El 24/10/2023 el tribunal oral que tramitó el expediente condenó al hombre a la pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso, la que luego adquirió firmeza. El 21/2/2024, el magistrado instructor de la primera causa rechazó el desistimiento de la suspensión del juicio a prueba efectuado por la defensa, revocó la medida y elevó las actuaciones a conocimiento de un tribunal oral para continuar con el proceso. Para así decidir, tuvo en cuenta la comisión de un nuevo delito por parte del acusado. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de apelación. El 25/4/2024 la cámara de apelaciones revocó la resolución. Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de casación. El 30/10/2024, la Sala I de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, casó la revocación. Entre sus argumentos, sostuvo que el dictado de una sentencia condenatoria no constituía un delito, sino que sólo declaraba su comisión. Afirmó que el artículo 76 ter no exigía una sanción firme dentro del plazo de suspensión para revocar la medida, sino que en ese período se cometiera un nuevo delito. Por otro lado, entendió que de la literalidad de la norma tampoco se desprendía que, cumplido el plazo de supervisión, la extinción de la acción operara de puro derecho. Por el contrario, afirmó que era la defensa quien debía asumir la responsabilidad de solicitar el sobreseimiento en forma oportuna. Concluyó que, dado que el hombre había cometido un nuevo delito dentro del período de prueba, más allá de que la sentencia que declaraba su responsabilidad hubiera sido dictada 16 días después del vencimiento del plazo fijado, correspondía revocar el beneficio. Contra esa decisión, la defensa del interesado interpuso un recurso de inaplicabilidad de la ley en los términos del artículo 11 de la ley N° 24.050. En consecuencia, se convocó a la cámara en pleno para que interpretase el concepto de nuevo delito del artículo 76 ter, quinto párrafo del Código Penal. |
| 19-dic-2025 | Del Puerto (Causa N° 136731) | Dos personas transitaban en una motocicleta por una calle. Durante el recorrido, un automóvil se aproximó y los acorraló. Para evitar un accidente, la moto dobló en la siguiente intersección. Sin embargo, el auto continuó la persecución y su acompañante les disparó con un arma de fuego. Entonces, las víctimas descendieron y buscaron un escondite. Una de ellas era policía. En ese contexto, extrajo su arma reglamentaria y ordenó a sus persecutores que detuvieran la marcha. No obstante, el vehículo avanzó unos metros y su copiloto efectuó dos disparos antes de escapar. Las víctimas identificaron al acompañante porque era un vecino de su barrio. Por esos hechos, el copiloto fue detenido e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Durante la prisión preventiva, sufrió una lesión y perdió la visión del ojo izquierdo. Luego, el tribunal de juicio lo condenó a la pena de cinco años de prisión. Contra esa resolución, su defensa técnica interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos sostuvo que el tribunal no había tenido en cuenta el castigo ilegal sufrido por su asistido durante su detención al momento de la determinación de la pena. |
| 17-dic-2025 | Rimeto y otros (Causa N 15760) | En diciembre de 2010, la Ministra de Defensa de la Nación denunció que en 2007 se habían vendido bienes de una sociedad de cobertura estatal vinculada a su institución, pero que el dinero no había ingresado a las arcas del Estado. Por estos hechos, se inició una investigación sobre la operación financiera, las funciones de las personas intervinientes y el circuito de los fondos. En ese marco, fueron procesados por el delito de peculado, entre otros, un hombre señalado como nexo entre la Jefatura de Inteligencia y las sociedades de cobertura, el contador de la sociedad y el comprador en comisión. Luego del debate oral, el tribunal interviniente condenó a los tres hombres coimputados. Contra esa decisión, sus defensas interpusieron recursos de casación. |