ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
3-sep-2026	Zacarías Cipriano (causa N° 13961)	Un hombre que residía en Argentina había sido imputado por el delito de robo agravado en la República del Perú. Entonces, la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de captura. A partir de esa medida, resultó detenido por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) en la ciudad de Ushuaia. En la audiencia de extradición, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva durante sesenta días a los fines de garantizar el procedimiento de extradición. Además, citó el artículo 26 de la ley N° 24.767 y destacó la prohibición de eximir de prisión o excarcelación en este procedimiento. Por su parte, la defensa del hombre planteó la inconstitucionalidad del artículo referido. En ese sentido, alegó que vulneraba la presunción de inocencia, el principio de igualdad ante la ley y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada frente a las características del caso y solicitó la inmediata libertad. Por último, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró innecesario el tratamiento de la inconstitucionalidad y requirió al juez que dispusiera la libertad ambulatoria sujeta a pautas de conducta.
3-sep-2026	Valdez (Causa N° 132770)	Una persona había sido condenada a treinta y cuatro años de prisión por delitos cometidos cuando era menor de dieciocho años. Además, permanecía privada de su libertad desde abril de 2008. En marzo de 2026 se aprobó la ley N° 27.801, que fijó en quince años el máximo de las penas privativas de la libertad impuestas por hechos cometidos durante la adolescencia. Asimismo, se dispuso su entrada en vigencia para el 5 de septiembre de 2026. Entonces, la defensa de la persona presentó un recurso de revisión. En ese sentido, solicitó que la pena se adecuara al nuevo máximo legal por aplicación de la ley penal más benigna y requirió la inmediata libertad de su asistido. La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró admisible el recurso. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió su rechazo por considerar que la ley aún no se encontraba vigente. En ese contexto, la sala interviniente suspendió el trámite hasta la entrada en vigor de la nueva ley. Luego, a pedido de la defensa, fijó una audiencia. En esa oportunidad, la defensa reiteró su planteo. A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, una vez vigente la ley N° 27.801, no existía impedimento para su aplicación retroactiva.
3-sep-2026	Reparación integral de las víctimas. Estándares de la jurisprudencia penal federal	Este boletín reúne treinta y seis decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal y de distintos Tribunales Orales sobre el derecho a la reparación de las víctimas de delitos (particularmente, trata de personas y explotación, violencia institucional, reducción a la servidumbre y violencia contra la mujer en el ámbito laboral). Los fallos se organizan en seis ejes temáticos: ejecución directa de la reparación; prioridad en el cobro y decomiso; cálculo de los daños y actualización monetaria; obligatoriedad de la reparación; reparación en casos de "mulas" o "correos de droga"; y otras medidas de reparación.
3-sep-2026	Gutiérrez Chaira (Causa N° 13256)	Personal de Gendarmería Nacional interceptó a una mujer de nacionalidad boliviana y a su pareja en un paso no habilitado con destino a Bolivia. Cada uno portaba dos cajas con municiones de fabricación nacional. En la audiencia de formalización el representante del Ministerio Público Fiscal les imputó el delito de contrabando, agravado por el paso no habilitado y por la naturaleza de la mercadería (artículos 864, inciso a, y 867 del Código Aduanero), con una pena mínima de cuatro años de prisión y obtuvo la prisión preventiva de ambos. La defensa pública solicitó la revisión de la medida de coerción con documentación del Estado boliviano sobre la situación de cuatro hijos de la imputada de dieciséis, cuatro, tres y un año –lactante–, quienes habían quedado al cuidado de una hermana de diecinueve años. El juez de garantías rechazó el planteo. La defensa impugnó esa decisión en base al artículo 362 del CPPF y solicitó la libertad de la imputada en Bolivia con reportes periódicos ante Gendarmería Nacional. En subsidio, solicitó el arresto domiciliario en ese país. En ese sentido, sostuvo que el juez de garantías interviniente reemplazó el juicio cautelar por una pena anticipada, que el análisis de las cámaras de seguridad no exhibía a la imputada con las cajas ni acreditaba su dominio del hecho y que su grado de participación podía variar. El asesor de menores aportó el informe social del gobierno autónomo municipal de Yacuiba, Bolivia, y postuló la prisión domiciliaria.
2-sep-2026	OMA (Causa 27440)	Una niña estaba bajo la guarda provisoria de su abuela. En ese marco, se había ordenado a la ANSES el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a la mujer. Sin embargo, no podía acceder a su cobro porque, a su vez, percibía la Pensión no contributiva por HIV. En ese sentido, la ANSES consideró que existía una incompatibilidad en el cobro simultáneo de ambas prestaciones. En consecuencia, la mujer –con el patrocinio de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social– inició una acción de amparo contra el organismo previsional. En su presentación, solicitó como medida cautelar que se le abonara la AUH prevista en el artículo 1 inc. c) de la Ley N º 24.714 de Asignaciones familiares con sus montos retroactivos. El juzgado rechazó la medida cautelar y dejó abierto el proceso para tratar solo la cuestión relativa a la incompatibilidad. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación. Entre sus principales argumentos, alegó la falta de motivación de la sentencia al rechazar el objeto íntegro de la medida cautelar.
27-ago-2026	GJ (Causa Nº 6135)	A una niña diagnosticada con pubertad precoz su médico le prescribió un medicamento en el marco de un tratamiento prolongado. En consecuencia, sus padres, en su representación, iniciaron una acción de amparo contra su obra social. En esa oportunidad, solicitaron la cobertura de la medicación indicada, así como el reintegro de gastos. Durante la tramitación de la acción, se dictó una medida cautelar que fue apelada por la prestadora de salud. Luego, la cámara tuvo por desistida a la demandada del recurso y devolvió el expediente a la instancia anterior. Tiempo después, el juzgado tuvo por devueltas las actuaciones, pero omitió notificar al defensor de menores interviniente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 135, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con posterioridad, se declaró la caducidad de instancia. Esa decisión fue apelada por el defensor y confirmada por la cámara. Por ese motivo, el defensor presentó un recurso extraordinario que se denegó, lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese contexto, tomó intervención el Defensor General Adjunto de la Nación. Entre sus principales argumentos, expuso que con la decisión impugnada se afectaban el debido proceso y la defensa en juicio porque no se le había otorgado al defensor de menores la posibilidad de tomar conocimiento del estado del proceso e impulsar las actuaciones.
27-ago-2026	CCI (Causa N° 2834)	Una mujer –en representación de su hijo con discapacidad– solicitó a la obra social de la Universidad Nacional del Nordeste que lo incorporara como afiliado adherente. En esa oportunidad, manifestó que, hasta la obtención de su jubilación, su hijo había contado con esa cobertura de salud. Sin embargo, la Universidad rechazó el pedido. Contra esa decisión, la mujer presentó un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, de acuerdo a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24521 de Educación Superior. Por su parte, el tribunal desestimó su planteo porque lo consideró extemporáneo. En consecuencia, la actora interpuso un recurso extraordinario, que fue concedido. Luego, la Corte Suprema de Justicia corrió vista de la causa a la Defensoría General de la Nación, que planteó la nulidad de las actuaciones. Al respecto, advirtió que se había omitido dar intervención al Ministerio Público de la Defensa frente a la vulneración de los derechos de una persona cuya capacidad jurídica había sido restringida, tal como lo establecen los artículos 43 de la Ley 27149 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, la Procuradora Fiscal dictaminó en el mismo sentido.
26-ago-2026	RLV (Causa N° 13076146645)	Una mujer ingresó a trabajar en 2012 a la Municipalidad de San Rafael, Provincia de Mendoza, bajo la modalidad de planta transitoria. En 2019, comunicó a su empleadora, mediante certificado médico, que cursaba un embarazo de tres meses con amenaza de aborto. Con motivo de esa situación, su médico tratante le indicó reposo absoluto por el término de cuarenta y ocho horas. Luego, presentó un nuevo certificado médico con la prórroga del reposo por diez días. En ese contexto, la Municipalidad le notificó la finalización de su designación. Con posterioridad, la mujer perdió el embarazo. Contra la decisión de la empleadora, la trabajadora interpuso un recurso de revocatoria, solicitó su reincorporación y reclamó el pago de las remuneraciones no percibidas hasta el momento de su presentación. La petición fue rechazada por el Poder Ejecutivo local. Frente a ello, la mujer presentó un recurso de apelación ante el Consejo Deliberante, el que también fue desestimado. En consecuencia, dedujo una acción procesal administrativa contra la Municipalidad, para que se dejara sin efecto la resolución mediante la cual se dispuso el cese de su designación transitoria y se le abonaran las indemnizaciones pertinentes. A su vez, requirió que se le pagaran los seis meses que correspondían de gestación, más los ocho meses de estabilidad que la normativa tenía prevista luego de producido el parto. En su presentación, sostuvo que la modalidad de contratación temporal revestía carácter excepcional. Al respecto, señaló que, para su utilización, el empleador debía acreditar, tanto al inicio de la relación laboral como en las sucesivas prórrogas, las razones que la justificaban. Alegó que eso no ocurrió en su caso y que la empleadora utilizó esa figura excepcional para encubrir tareas administrativas de carácter permanente. Por esos argumentos, consideró que su vínculo debía ser calificado como una relación de empleo público municipal. Asimismo, manifestó haber sido objeto de actos de discriminación durante el último año de la relación laboral por parte de un superior, los cuales alcanzaron su máxima expresión luego de comunicar su embarazo. Por su parte, la Municipalidad negó los hechos invocados por la actora. En ese sentido, indicó que la resolución que dispuso el cese de su contratación había sido dictada con anterioridad a la fecha en la que tomó conocimiento de su embarazo. Expuso también que la contratación bajo la modalidad transitoria constituía un legítimo ejercicio de las facultades de la administración, por lo que negó haberla utilizado con el propósito de perjudicar los derechos de la mujer. Además, expresó que, previo al dictado de la resolución cuestionada, la actora no había cumplido con la obligación legal de acreditar su embarazo mediante la presentación de un certificado médico en el que constara la fecha probable de parto. Por último, negó que hubiera existido discriminación en su contra y, en consecuencia, solicitó que se desestimara la acción.
26-ago-2026	PMMS (Causa N° 1690)	Un joven de dieciséis años escribió en el baño de su escuela que al día siguiente habría un tiroteo. Luego, fue imputado y procesado por el delito de intimidación pública. Luego, su defensor técnico propuso un acuerdo conciliatorio. El documento establecía que el adolexcente pedía disculpas y que iba a entregar una carta para la institución, los niños y sus familias que asistían al colegio. Entonces, las partes solicitaron la homologación del acuerdo.
21-ago-2026	Acordada 21-2026	La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada a fin de garantizar que los magistrados que intervengan en torno a la procedencia de una prisión domiciliaria por razones de salud dispongan de mejores herramientas técnicas para el análisis del caso en concreto. En ese sentido, el máximo tribunal encomendó al Cuerpo Médico Forense la confección de un “Protocolo médico sobre el estado de salud de los internos penitenciarios y las posibilidades de su tratamiento en el establecimiento en el que se encuentran alojados”.