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| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 2-jun-2026 | MMM (Causa Nº 10461) | Un niño fue diagnosticado con trastorno del espectro autista (TEA). Su equipo médico tratante indicó el uso de aceite de cannabis y terapia de habilidades sociales. Ante ello, su madre solicitó a la obra social la cobertura integral del tratamiento. Sin embargo, la entidad rechazó la cobertura del aceite medicinal. Argumentó que, según la evaluación de su asesoría médica, el caso del niño no se encontraba dentro de los parámetros que habilitaban el acceso a la cobertura. Con respecto a la terapia de habilidades sociales, sostuvo que se trataba de un dispositivo complementario al tratamiento psicológico individual ya autorizado, en el que se trabajaban objetivos similares. Sin perjuicio de ello, puntualizó que la había autorizado como excepción entre febrero y diciembre de 2024. Frente a esta negativa, la mujer –por derecho propio y en representación de su hijo– promovió una acción de amparo. En ese marco, solicitó como medida cautelar la cobertura integral del aceite de cannabis y del módulo de terapia prescriptos. El juzgado de primera instancia hizo lugar a lo solicitado. Contra lo resuelto, la demandada interpuso un recurso de apelación. Entre sus principales argumentos, sostuvo que no existía prueba de que el derecho a la salud del niño se encontrara afectado. Asimismo, alegó que el cannabidiol estaba excluido del Plan Médico Obligatorio y que solo se había probado su eficacia para el tratamiento de la epilepsia refractaria, no para el TEA. Añadió que el afiliado no se encontraba inscripto en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), por lo que no podía acceder a la cobertura. Por su parte, la actora y la Defensora Pública Oficial de Menores e Incapaces ante los Tribunales Federales de 1ª y 2ª Instancia de San Martín –en carácter de representante complementaria del niño– contestaron el traslado de los agravios y requirieron la confirmación de la medida cautelar. |
| 2-jun-2026 | MAS (Causa Nº 285968) | Un hombre y una mujer que convivían tuvieron una hija en 2010. Ese año, la mujer constituyó un usufructo gratuito del inmueble en el que vivían a favor de su pareja. Al año siguiente, a raíz de episodios de violencia por parte del hombre, ella y su hija se trasladaron al domicilio de los abuelos maternos, mientras que el hombre permaneció en la vivienda familiar. Sin embargo, debido a que este incumplía su obligación alimentaria con respecto a su hija, la mujer –en representación de la niña– lo demandó. A partir de ese momento, se sucedieron distintos reclamos con relación a la niña (alimentos y cuidado personal) así como denuncias judiciales por los hechos de violencia. En 2022, la mujer interpuso una acción para que se revocara el usufructo por ingratitud. No obstante, el hombre planteó la caducidad de acuerdo con lo previsto por el artículo 1573 del Código Civil y Comercial. En ese sentido, alegó que, dado que el primer reclamo alimentario se había iniciado en 2013, el plazo para promover la demanda había vencido. Por su parte, el juzgado rechazó esa defensa e hizo lugar al pedido de revocación por ingratitud. En efecto, consideró aplicable el régimen de revocación de las donaciones. Sobre ese aspecto, tuvo por acreditados los reiterados hechos de violencia familiar. Entendió que se trataba de conductas reiteradas y continuadas en el tiempo, y que no eran hechos aislados. Por ese motivo, sostuvo que el plazo anual de caducidad debía computarse desde la última manifestación de esos actos. En consecuencia, explicó que el comportamiento del demandado era incompatible con el espíritu de gratuidad y liberalidad que había inspirado la constitución del usufructo gratuito a su favor. Contra esa decisión, el hombre interpuso un recurso de apelación. |
| 29-may-2026 | Acceso a los primeros actos de investigación penal y el derecho a conocer la prueba de cargo: estándares sobre violaciones a los artículos 8 de la CADH y 6 de la CEDH | Este boletín de jurisprudencia internacional sistematiza las principales sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos orientadas al análisis del derecho de defensa en el marco de los procesos penales. A través del estudio de los artículos 8 de la CADH y 6 del CEDH, el documento aborda la vigencia del derecho de las personas a conocer la información que existe en su contra en etapas tempranas y el deber de revelación por parte del órgano acusador. El objetivo de este trabajo es aportar herramientas conceptuales y argumentos de raigambre convencional que fortalezcan el litigio y optimicen la actuación de la defensa pública frente a las tensiones cotidianas en el acceso a la evidencia y a los primeros actos de investigación. |
| 27-may-2026 | Araujo (causa N° 71724) | Un hombre fue procesado por el delito de robo con arma de utilería. Una vez elevada la causa a juicio oral, la defensa solicitó que se le concediera la suspensión del juicio a prueba. En marzo de 2020, el tribunal oral interviniente hizo lugar a lo solicitado por el término de un año y le impuso fijar residencia, asistir a la Dirección de Control y Asistencia en Ejecución Penal (DCAEP) y realizar 96 horas de tareas comunitaria. En agosto de 2022, la DCAEP informó que faltaban las constancias que acreditasen las horas de trabajo comunitario. En septiembre de 2023, la fiscalía requirió la revocación del beneficio. Por su parte, la defensa se opuso al pedido de revocatoria y solicitó la extinción de la acción penal. En octubre de 2024, el juzgado de ejecución penal citó al hombre imputado para que acreditara las horas de trabajo realizadas, pero el personal policial no logró notificarlo porque ya no vivía en el domicilio informado. El expediente judicial permaneció inactivo desde noviembre de 2024 hasta abril de 2026, momento en que el juzgado de ejecución interviniente revocó la suspensión de juicio a prueba. Contra esta decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. Entre sus argumentos, sostuvo que había prescripto el plazo máximo para el control de la suspensión del juicio a prueba. |
| 22-may-2026 | Salsamendi (Causa N° 59349) | Una mujer detenida bajo la modalidad de prisión preventiva tenía una hija de doce años. Su defensa solicitó la morigeración de la medida en base al interés superior del niño. El pedido fue rechazado. Con posterioridad, solicitó la conversión de la medida en dos oportunidades más, que tampoco tuvieron resultado positivo. En diciembre de 2025 se llevó a cabo el debate y la defensa solicitó nuevamente la morigeración de la medida cautelar. En ese sentido, sostuvo que su mantenimiento afectaba la vida escolar y social de la niña. Entre otras cuestiones, mencionó actividades que había tenido que dejar de hacer, ya que su único cuidador, el padre, tenía extensas jornadas laborales. El defensor representante de la niña dictaminó que correspondía conceder el instituto solicitado. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal se opuso. En su dictamen, afirmó que la niña contaba con el acompañamiento, la contención y el cuidado de su padre. El tribunal oral interviniente rechazó la petición de la defensa. Entre sus fundamentos, sostuvo que no se había explicado cómo podría configurar una solución a los problemas de la niña si, para cumplir con el beneficio solicitado, la madre debería permanecer recluida en su domicilio. Asimismo, no tuvo en cuenta los informes del Equipo Interdisciplinario presentados por la defensa de los que surgía la falta de acompañamiento y contención que sufría la niña. De esa manera, condenó a la mujer a cuatro años de prisión. La defensa interpuso un recurso de casación, mediante vía incidental. Por su parte, el representante de la niña sostuvo que la prisión domiciliaria era la medida que mejor satisfacía el interés superior del niño de conformidad con el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño. |
| 21-may-2026 | Rojas y Peralta (Causa N° 19444) | Un grupo de jóvenes solicitó un viaje a través de una aplicación. Al llegar al lugar indicado, los jóvenes rodearon al chofer, lo golpearon y le sustrajeron sus pertenencias. En el juicio, el damnificado refirió que, durante el hecho, uno de los agresores le apoyó un objeto en las costillas y sintió que algo le pinchaba, aunque no pudo verlo ni describirlo con precisión. El tribunal oral condenó a dos de los participantes como coautores del delito de robo agravado por el uso de armas a una pena de ocho años de prisión. Para agravar la calificación, tuvo en cuenta ese testimonio. Contra esa sentencia, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, cuestionó la valoración de la prueba para acreditar el uso de arma blanca y la proporcionalidad de la pena. |
| 21-may-2026 | Alfonzo (Causa N° 5513) | Dos mujeres paseaban a sus perros por la calle. Una de sus mascotas se acercó a un transeúnte de setenta y tres años que les pidió que lo alejaran. En ese contexto, comenzó una discusión. Luego, una de las mujeres empujó al peatón al suelo y le golpeó la cabeza antes de retirarse del lugar. El hombre fue trasladado a un centro hospitalario por un cuadro de trauma craneal. Allí permaneció en estado de coma por varios meses y luego falleció. La joven que lo agredió fue imputada por el delito de homicidio simple. Durante el juicio oral, se acreditó que había vivido situaciones de violencia familiar y había atravesado una situación de consumo problemático de sustancias. El tribunal interviniente la condenó a la pena de nueve años de prisión por el delito de homicidio simple. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. |
| 21-may-2026 | Díaz (Causa N° 480) | Un hombre se desempeñaba como oficial del Ejército Argentino en la provincia de Salta. Durante su jornada laboral, se contactó por mensajería telefónica con una mujer suboficial que trabajaba en la misma dependencia. Luego de un intercambio de mensajes, durante la noche, la mujer dejó de contestar. El oficial insistió y la llamó por teléfono, pero no tuvo respuesta. Esa madrugada, el hombre ingresó en la habitación de la suboficial, se quitó parte del equipo militar y se lanzó sobre ella. La mujer se despertó, lo empujó y le pidió que abandonara el dormitorio. Antes de retirarse, el hombre le indicó que no debía hablar de lo sucedido. Sin embargo, el siguiente día hábil la víctima informó el hecho a su superior jerárquico. Dos días después, las autoridades militares iniciaron una investigación interna en la que intervino la oficina de violencia de género del Hospital Militar. Durante ese procedimiento la afectada tuvo que declarar lo sucedido en reiteradas ocasiones y ante distintas personas. Si bien la encargada de la instrucción disciplinaria había sugerido una sanción de veinticinco días de arresto, la justicia militar le impuso quince días y no notificó a la víctima. Entonces, la mujer presentó una denuncia penal por abuso sexual simple. El proceso tramitó de acuerdo a lo establecido en el Código Procesal Penal Federal. En la etapa de la investigación penal preparatoria, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó el sobreseimiento del imputado. Por su parte, la Unidad de Defensa de la Víctima se constituyó como querella. En ese sentido, se opuso y solicitó la conversión de la acción para llevar el juicio de manera autónoma. El juez de control rechazó el sobreseimiento e indicó que había motivos suficientes para proseguir con la causa. En ese marco, permitió que la querella realizara la acusación y llevara el caso a juicio. |
| 21-may-2026 | Baca Lovato (causa N° 15625) | Dos hombres ingresaron a la vivienda de una persona mayor a través de una terraza lindera. En el lugar, la agredieron hasta causarle la muerte y sustrajeron dinero y objetos de valor. Por esos hechos, el representante del Ministerio Público Fiscal los acusó por los delitos de homicidio agravado criminis causae y robo agravado por haber sido cometido en banda. Durante el juicio se incorporaron fotografías del inmueble y declaró un oficial policial, quien afirmó que la pared que separaba ambas terrazas podía ser atravesada sin requerir un esfuerzo especial. Con base en la prueba producida, el tribunal interviniente condenó a los hombres imputados a la pena de prisión perpetua como coautores del delito de homicidio agravado criminis causae en concurso ideal con robo agravado por escalamiento. Contra esa decisión, las respectivas defensas interpusieron un recurso de casación. Entre sus agravios, cuestionaron la aplicación de la agravante de robo por escalamiento. En ese sentido, sostuvieron que esa circunstancia no había integrado la acusación y que el ingreso a la vivienda no había implicado superar un obstáculo de entidad suficiente para configurar esa modalidad agravada. Además, una de las defensas planteó la inaplicabilidad del régimen previsto en la segunda parte del artículo 14 del Código Penal, que excluía la posibilidad de acceder a la libertad condicional para el delito de homicidio agravado criminis causae. |
| 21-may-2026 | Rodríguez (Causa N° 61821) | Un hombre fue imputado por amenazas coactivas reiteradas en dos oportunidades, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por mediar violencia de género. En agosto de 2021 un tribunal oral lo condenó a tres años de prisión de efectivo cumplimiento. En diciembre de 2023, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional modificó de manera parcial esa sentencia, encomendó al tribunal de origen la verificación de la vigencia de la acción penal por las lesiones, apartó al juez interviniente y ordenó una nueva determinación de la pena. En septiembre de 2024, el tribunal declaró extinguida por prescripción la acción penal por las lesiones y, en noviembre de ese año, fijó la pena en dos años y dos meses de prisión de efectivo cumplimiento por las amenazas coactivas. En diciembre de 2025, la defensa solicitó el sobreseimiento por prescripción de la acción penal, con base en que la sentencia condenatoria de agosto de 2021 constituía el último acto con carácter interruptivo de la prescripción (artículo 67, inciso e, CP) y que desde entonces se había cumplido el plazo de cuatro años establecido en el artículo 62, inciso 2, CP. El tribunal, en consonancia con el dictamen fiscal, rechazó el planteo de prescripción y sostuvo que las sentencias de los tribunales revisores, cuando resultan condenatorias, poseen efectos interruptivos. La defensa interpuso un recurso de casación contra ese rechazo y contra la determinación del nuevo monto de pena. |