ESCUELA DE LA DEFENSA PÚBLICA: Buscar

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Fecha	Título	Resumen
4-sep-2026	RSG (Causa Nº 562)	Una mujer inició un reclamo de alimentos contra el progenitor de su hijo, quien tenía una discapacidad psicosocial y requería tratamiento médico y terapéutico. En ese marco, se fijaron alimentos provisorios a cargo del demandado. En paralelo, tramitaba ante el mismo fuero un proceso de determinación de la capacidad jurídica con relación al joven. Con posterioridad, en el proceso de alimentos se convocó a una audiencia. En ese acto, el demandado planteó que la actora carecía de legitimación activa para intervenir. Sobre esa cuestión, sostuvo que su hijo era mayor de edad y que, a pesar de que contaba con Certificado Único de Discapacidad, no existía una sentencia judicial que restringiera su capacidad y que confiriera su representación legal a la madre. Además, manifestó que tampoco había otorgado un mandato formal que autorizara a su progenitora a actuar en su nombre. Por su parte, la accionante solicitó el rechazo del planteo. Entre sus principales argumentos, remarcó que, al momento de fijarse los alimentos provisorios, el juzgado ya había contemplado la especial situación de vulnerabilidad de su hijo y había tenido en cuenta los derechos a la tutela judicial y acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Por último, sostuvo que, si bien el joven había participado en la etapa de mediación, se había ausentado en la audiencia dado que lo desestabilizaba.
3-sep-2026	Cardozo (causa N° 69186)	Un hombre había sido condenado a una pena de tres años y dos meses de prisión por el delito de robo agravado, y declarado reincidente. Su defensa solicitó la aplicación del estímulo educativo y, en consecuencia, su excarcelación en términos de libertad asistida. Al momento de la solicitud, la pena no se encontraba firme. El tribunal oral interviniente hizo lugar al estímulo educativo y redujo en dos meses el requisito temporal para que el imputado accediese a la libertad asistida. Sin embargo, aunque dio por satisfecho el requisito, no hizo lugar a la excarcelación. Para así decidir, afirmó que existía un riesgo cierto de fuga que encontraba sustento en su declaración de reincidencia. En ese sentido, sostuvo que el hombre había evidenciado una conducta anti normativa y la falta de acatamiento a las normas sociales pese a haber transitado una pena con anterioridad. De esa manera, aseguró que existía un “grave riesgo” basado en un pronóstico de reinserción negativo que imponía el rechazo de su libertad anticipada. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre sus argumentos, sostuvo que la decisión vinculaba de manera automática la existencia de antecedentes penales con el riesgo de fuga, pero no explicaba cuál era su relación concreta. Por otro lado, recordó que la libertad asistida constituía, precisamente, el mecanismo de egreso anticipado previsto para quienes no podían acceder a la libertad por causa de una declaración de reincidencia. Asimismo, insistió en que el caso debía tratarse como la cesación de una prisión preventiva y que, por tanto, resultaba inadmisible la equiparación entre prisión preventiva y pena que efectuaba el a quo. Asimismo, recordó que la conducta de su defendido era ejemplar y no registraba sanciones disciplinarias, por lo que resultaban falsas las afirmaciones que vinculaban su declaración de reincidencia con un pronóstico negativo de reinserción. Por último, puntualizó que a su defendido sólo le restaban tres meses para agotar la pena.
3-sep-2026	CJIMC (Causa Nº 3317)	Una mujer vivía con su hijo menor de edad en una habitación alquilada. El niño tenía una cardiopatía congénita y requería cuidados especiales. Con posterioridad, inició un reclamo contra unos parientes para volver a habitar uno de los inmuebles que pertenecía a sus abuelos maternos. Esa propiedad había sido afectada como bien de familia y habían resultado beneficiarias la mujer, su abuela y otros nietos. Pese a ello, los familiares no le permitían el ingreso y la permanencia en la vivienda. Ante esa situación, la mujer –asistida por una defensoría local– inició una medida autosatisfactiva. Fundó su presentación en el derecho al acceso a una vivienda digna y a un nivel de vida adecuado. En su contestación, los demandados argumentaron que en la propiedad residía la abuela materna de 82 años. Además, alegaron antecedentes de conflictividad familiar y episodios de violencia que le atribuyeron a la actora. Por su parte, el juzgado no hizo lugar a la medida. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación y de nulidad ya que no se había dado intervención al defensor de menores correspondiente. Luego, la cámara rechazó la impugnación. Por ese motivo, la mujer presentó un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se denegó, lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En esa etapa, se corrió vista a la Defensoría General Adjunta en representación del niño. En esa ocasión, expuso que se había omitido conferir intervención al defensor de menores en las diferentes instancias. Así, resaltó que se había privado al niño de gozar de la representación del Ministerio Público establecida en los artículos 43 de la Ley 27149 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación, por lo que se afectaban las garantías de defensa en juicio y el debido proceso. A su vez, expresó que esa omisión no podía quedar subsanada con la vista que se había conferido en virtud del grado de indefensión que se había generado durante todo el proceso. En consecuencia, requirió que se decretara la nulidad de las actuaciones que se habían cumplido sin la intervención del Ministerio Público. Por último, solicitó la remisión del expediente a la instancia anterior.
3-sep-2026	Zacarías Cipriano (causa N° 13961)	Un hombre que residía en Argentina había sido imputado por el delito de robo agravado en la República del Perú. Entonces, la Organización Internacional de la Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de captura. A partir de esa medida, resultó detenido por la División Unidad Operativa Federal (DUOF) en la ciudad de Ushuaia. En la audiencia de extradición, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva durante sesenta días a los fines de garantizar el procedimiento de extradición. Además, citó el artículo 26 de la ley N° 24.767 y destacó la prohibición de eximir de prisión o excarcelación en este procedimiento. Por su parte, la defensa del hombre planteó la inconstitucionalidad del artículo referido. En ese sentido, alegó que vulneraba la presunción de inocencia, el principio de igualdad ante la ley y los estándares de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada frente a las características del caso y solicitó la inmediata libertad. Por último, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró innecesario el tratamiento de la inconstitucionalidad y requirió al juez que dispusiera la libertad ambulatoria sujeta a pautas de conducta.
3-sep-2026	Valdez (Causa N° 132770)	Una persona había sido condenada a treinta y cuatro años de prisión por delitos cometidos cuando era menor de dieciocho años. Además, permanecía privada de su libertad desde abril de 2008. En marzo de 2026 se aprobó la ley N° 27.801, que fijó en quince años el máximo de las penas privativas de la libertad impuestas por hechos cometidos durante la adolescencia. Asimismo, se dispuso su entrada en vigencia para el 5 de septiembre de 2026. Entonces, la defensa de la persona presentó un recurso de revisión. En ese sentido, solicitó que la pena se adecuara al nuevo máximo legal por aplicación de la ley penal más benigna y requirió la inmediata libertad de su asistido. La Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional declaró admisible el recurso. Por su parte, el representante del Ministerio Público Fiscal pidió su rechazo por considerar que la ley aún no se encontraba vigente. En ese contexto, la sala interviniente suspendió el trámite hasta la entrada en vigor de la nueva ley. Luego, a pedido de la defensa, fijó una audiencia. En esa oportunidad, la defensa reiteró su planteo. A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que, una vez vigente la ley N° 27.801, no existía impedimento para su aplicación retroactiva.
3-sep-2026	Reparación integral de las víctimas. Estándares de la jurisprudencia penal federal	Este boletín reúne treinta y seis decisiones de la Cámara Federal de Casación Penal y de distintos Tribunales Orales sobre el derecho a la reparación de las víctimas de delitos (particularmente, trata de personas y explotación, violencia institucional, reducción a la servidumbre y violencia contra la mujer en el ámbito laboral). Los fallos se organizan en seis ejes temáticos: ejecución directa de la reparación; prioridad en el cobro y decomiso; cálculo de los daños y actualización monetaria; obligatoriedad de la reparación; reparación en casos de "mulas" o "correos de droga"; y otras medidas de reparación.
3-sep-2026	Gutiérrez Chaira (Causa N° 13256)	Personal de Gendarmería Nacional interceptó a una mujer de nacionalidad boliviana y a su pareja en un paso no habilitado con destino a Bolivia. Cada uno portaba dos cajas con municiones de fabricación nacional. En la audiencia de formalización el representante del Ministerio Público Fiscal les imputó el delito de contrabando, agravado por el paso no habilitado y por la naturaleza de la mercadería (artículos 864, inciso a, y 867 del Código Aduanero), con una pena mínima de cuatro años de prisión y obtuvo la prisión preventiva de ambos. La defensa pública solicitó la revisión de la medida de coerción con documentación del Estado boliviano sobre la situación de cuatro hijos de la imputada de dieciséis, cuatro, tres y un año –lactante–, quienes habían quedado al cuidado de una hermana de diecinueve años. El juez de garantías rechazó el planteo. La defensa impugnó esa decisión en base al artículo 362 del CPPF y solicitó la libertad de la imputada en Bolivia con reportes periódicos ante Gendarmería Nacional. En subsidio, solicitó el arresto domiciliario en ese país. En ese sentido, sostuvo que el juez de garantías interviniente reemplazó el juicio cautelar por una pena anticipada, que el análisis de las cámaras de seguridad no exhibía a la imputada con las cajas ni acreditaba su dominio del hecho y que su grado de participación podía variar. El asesor de menores aportó el informe social del gobierno autónomo municipal de Yacuiba, Bolivia, y postuló la prisión domiciliaria.
2-sep-2026	OMA (Causa 27440)	Una niña estaba bajo la guarda provisoria de su abuela. En ese marco, se había ordenado a la ANSES el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a la mujer. Sin embargo, no podía acceder a su cobro porque, a su vez, percibía la Pensión no contributiva por HIV. En ese sentido, la ANSES consideró que existía una incompatibilidad en el cobro simultáneo de ambas prestaciones. En consecuencia, la mujer –con el patrocinio de la Unidad de Letrados Móviles ante el fuero de la Seguridad Social– inició una acción de amparo contra el organismo previsional. En su presentación, solicitó como medida cautelar que se le abonara la AUH prevista en el artículo 1 inc. c) de la Ley N º 24.714 de Asignaciones familiares con sus montos retroactivos. El juzgado rechazó la medida cautelar y dejó abierto el proceso para tratar solo la cuestión relativa a la incompatibilidad. Contra esa decisión, la actora interpuso un recurso de apelación. Entre sus principales argumentos, alegó la falta de motivación de la sentencia al rechazar el objeto íntegro de la medida cautelar.
27-ago-2026	GJ (Causa Nº 6135)	A una niña diagnosticada con pubertad precoz su médico le prescribió un medicamento en el marco de un tratamiento prolongado. En consecuencia, sus padres, en su representación, iniciaron una acción de amparo contra su obra social. En esa oportunidad, solicitaron la cobertura de la medicación indicada, así como el reintegro de gastos. Durante la tramitación de la acción, se dictó una medida cautelar que fue apelada por la prestadora de salud. Luego, la cámara tuvo por desistida a la demandada del recurso y devolvió el expediente a la instancia anterior. Tiempo después, el juzgado tuvo por devueltas las actuaciones, pero omitió notificar al defensor de menores interviniente, de acuerdo con lo previsto en el artículo 135, inciso 7 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Con posterioridad, se declaró la caducidad de instancia. Esa decisión fue apelada por el defensor y confirmada por la cámara. Por ese motivo, el defensor presentó un recurso extraordinario que se denegó, lo que motivó la presentación de una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En ese contexto, tomó intervención el Defensor General Adjunto de la Nación. Entre sus principales argumentos, expuso que con la decisión impugnada se afectaban el debido proceso y la defensa en juicio porque no se le había otorgado al defensor de menores la posibilidad de tomar conocimiento del estado del proceso e impulsar las actuaciones.
27-ago-2026	CCI (Causa N° 2834)	Una mujer –en representación de su hijo con discapacidad– solicitó a la obra social de la Universidad Nacional del Nordeste que lo incorporara como afiliado adherente. En esa oportunidad, manifestó que, hasta la obtención de su jubilación, su hijo había contado con esa cobertura de salud. Sin embargo, la Universidad rechazó el pedido. Contra esa decisión, la mujer presentó un recurso directo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, de acuerdo a lo previsto por el artículo 32 de la Ley N° 24521 de Educación Superior. Por su parte, el tribunal desestimó su planteo porque lo consideró extemporáneo. En consecuencia, la actora interpuso un recurso extraordinario, que fue concedido. Luego, la Corte Suprema de Justicia corrió vista de la causa a la Defensoría General de la Nación, que planteó la nulidad de las actuaciones. Al respecto, advirtió que se había omitido dar intervención al Ministerio Público de la Defensa frente a la vulneración de los derechos de una persona cuya capacidad jurídica había sido restringida, tal como lo establecen los artículos 43 de la Ley 27149 y 103 del Código Civil y Comercial de la Nación. Por su parte, la Procuradora Fiscal dictaminó en el mismo sentido.