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Resultados por ítem:
| Fecha | Título | Resumen |
|---|---|---|
| 14-jul-2020 | RMC (causa N° 127098) | Un hombre golpeó a su cuñada con una baldosa y le produjo una herida en su cabeza. Por esa razón, fue imputado por el delito de lesiones culposas y se le concedió la suspensión del juicio a prueba. En sede civil se le inició una demanda por daños y perjuicios, donde fue condenado a pagar una suma de dinero en concepto de indemnización. Contra esa decisión ambas partes interpusieron recursos de apelación. Entre sus agravios, la mujer destacó que debía aplicarse la ley N°26.485 de Protección Integral a las Mujeres y que la resolución carecía de perspectiva de género. Destacó que con esa visión la reparación debía contemplar mucho más que el cálculo derivado de la aplicación de una fórmula matemática porque se trataba de un intento de homicidio. Por su parte, el demandado sostuvo que la responsabilidad endilgada se había fundado en la errónea aplicación de la doctrina de la prejudicialidad. |
| 14-jul-2020 | Costa y otros (causa N° 8767) | En el mes febrero de 2020 se inició una audiencia de juicio oral con varias personas imputadas, algunas de las cuales se encontraban detenidas bajo el régimen de prisión preventiva. Ante la situación de emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento social, el juicio fue suspendido. El representante del Ministerio Público Fiscal propuso su reinicio a través de las herramientas electrónicas disponibles o la manera en que el tribunal considerara conveniente para la protección de la salud de todas las personas. Al momento de su intervención, las defensas de los imputados sostuvieron distintos criterios. Por un lado, una de las defensas se expidió en favor de la propuesta la fiscalía. Otra postuló un sistema mixto (presencial y virtual) que tuviera en cuenta la recepción de testimonios en modalidad presencial. Una tercera requirió la elaboración de un protocolo previo y, por último, otra se opuso a la llevar a cabo las audiencias de manera remota. |
| 14-jul-2020 | Sanchez (Causa n°9743) | Un hombre que se encontraba detenido con prisión preventiva en el CPF II de Marcos Paz tenía diabetes e hipertensión arterial. A raíz de la declaración de la emergencia sanitaria, su defensa solicitó la morigeración de la prisión mediante la concesión del arresto domiciliario. El Tribunal Oral dispuso que la Dirección de Sanidad del SPF informase si el imputado formaba parte de un grupo de riesgo. El informe médico del SPF indicó que si bien el imputado tenía diabetes, no podía ser considerado parte de un grupo de riesgo de contagio. Sobre la base de dichos argumentos, el tribunal rechazó el pedido. Además, valoró que no existían casos de COVID-19 en la unidad donde el imputado se alojaba y que el peligro invocado era hipotético. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. En esa oportunidad, sostuvo que el tribunal no había analizado de manera adecuada la situación de su asistido. |
| 13-jul-2020 | Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (causa Nº 10068) | El Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires solicitó en dos oportunidades al Gobierno de la Ciudad que se exceptuase a sus profesionales de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La administración no contestó el pedido. Entonces, el colegio interpuso una acción de amparo. En su presentación consideró irrazonable la limitación por tiempo indeterminado del acceso de los abogados a sus oficinas y señaló que se hallaba afectado el derecho de todos los ciudadanos de acceder al servicio de justicia. En ese sentido, solicitó como medida cautelar que se dispusiese la excepción de los abogados del cumplimiento del aislamiento para que pudiesen desempeñarse en su profesión. |
| 9-jul-2020 | Gómez (causa Nº 572) | Una mujer había sido procesada con prisión preventiva por el delito de comercio de estupefacientes agravado por haberse servido de menores y por la intervención de tres o más personas de manera organizada. La mujer solicitó en forma in pauperis que se le concediera la prisión domiciliaria. En la presentación explicó que su pareja se encontraba detenida y que juntos tenían una hija de seis años. En ese sentido, explicó que la niña se encontraba al cuidado de su abuela materna, quien frente a la emergencia sanitaria no podía hacerse cargo de su nieta pues vivía en una situación de hacinamiento. El Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia elaboró un informe que señalaba que la niña no poseía derechos vulnerados en relación a la alimentación, vivienda, salud y educación. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera desfavorable al planteo. Por su parte, la defensa fundó y amplió el pedido de arresto domiciliario de su asistida. El juzgado rechazó la solicitud. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de apelación. El Ministerio Público Especializado en Minoridad sostuvo que la nena había dejado de visitar a la imputada debido a las medidas de seguridad implementadas por la pandemia y refirió la importancia de su crecimiento junto a su madre. En esa dirección, cuestionó el informe elaborado por el Consejo e indicó que la privación de la libertad de sus padres implicaba una grave afectación a los derechos fundamentales de la niña vinculados a su desarrollo integral. Por otra parte, la fiscalía ante la instancia de apelación explicó que debía velarse por el interés superior de la niña y revocarse la decisión apelada. Por otra parte, la defensa se agravió por la imposición de costas frente a la apelación puesto que le causaba a su asistida un gravamen irreparable. |
| 8-jul-2020 | Báez (reg. N° 1011 y causa N° 9630) | Un hombre había sido procesado con prisión preventiva por el delito de lavado de activos agravado por la realización de los hechos con habitualidad. En otra causa iniciada en 2016 y desarrollada en el marco de la misma investigación llevaba detenido cuatro años y dos meses. El imputado tenía 64 años, arritmia, hipertensión arterial, insuficiencia respiratoria y diabetes. Frente a la situación de emergencia sanitaria, la defensa solicitó que se le concediera la excarcelación. En ese sentido sostuvo que su asistido pertenecía al grupo de riesgo frente al COVID-19 y que se habían confirmado casos positivos dentro del Servicio Penitenciario Federal. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió de manera favorable al planteo, ponderó el tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones y en que el posible entorpecimiento de la investigación no dependía del encarcelamiento. El Tribunal Oral rechazó el pedido. Para decidir de esa manera explicó que subsistía un grave riesgo de ocultamiento de las sumas de dinero que habrían sido expatriadas. Contra esa decisión, la defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones indicó que la inexistencia de controversia entre el pedido de la defensa y el dictamen de la fiscalía impedía al tribunal rechazar la excarcelación solicitada. |
| 8-jul-2020 | Sosa (Causa N° 59156) | Cuatro personas se acercaron a dos jóvenes en la calle. Allí, los golpearon y les sustrajeron un celular. Luego, se alejaron. En ese momento, los damnificados comenzaron a perseguirlas y dieron aviso a la policía. Al advertir la situación, los atacantes corrieron en distintas direcciones. Sin embargo, los jóvenes y un agente policial siguieron a quien tenía el celular y la detuvieron. Por ese hecho, la persona fue condenada por el delito de robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda. Contra esa decisión, su defensa interpuso un recurso de casación. Entre otras cuestiones, se agravió por la errónea aplicación del agravante previsto en el artículo 167, inciso 2, del Código Penal. |
| 7-jul-2020 | Deserio (Causa n°36120) | Un hombre había sido condenado a la pena única de seis años y cuatro meses de prisión. El imputado tenía 68 años y pólipos vesicales por los cuales debía ser intervenido quirúrgicamente. Ante la declaración de emergencia sanitaria, las autoridades del servicio penitenciario informaron que el procedimiento debía ser suspendido. Entonces, el Equipo Interdisciplinario de Ejecución Penal informó que el imputado debía realizarse los estudios médicos que habían sido suspendidos a fin de evitar la diseminación de la enfermedad. Además, concluyó que la suspensión de la cirugía podía implicar un grave riesgo para su salud. Entonces, su defensa solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria. La fiscalía se pronunció de forma favorable al planteo. |
| 7-jul-2020 | Garcia (causa N° 1437) | Un agente policial del Centro de Monitoreo Urbano del gobierno de la ciudad de Buenos Aires denunció a dos personas, que fueron detenidas e imputadas por el delito de robo. La persona damnificada por el hecho no fue identificada ni se secuestró el elemento que le habría sido sustraído. En la etapa de juicio, la defensa solicitó el sobreseimiento de sus asistidas. En ese sentido, explicó que no se contaba con una declaración testimonial de la presunta víctima y que no se había hallado elemento alguno. Además, señaló que la imputación se había construido en base a los dichos de un agente policial cuyo único contacto con el hecho había sido a través de monitores que reproducían las imágenes captadas por domos colocados a más de diez metros de altura. El representante del Ministerio Público Fiscal se expidió sentido favorable al planteo. |
| 7-jul-2020 | Marítima Maruba (Causa nº 1540) | Un hombre había sido imputado por el delito de apropiación indebida de tributos en relación a los aportes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social y al de Obras Sociales. En la etapa de juicio, la defensa y la fiscalía celebraron un acuerdo de reparación integral y solicitaron al tribunal oral que declare extinguida la acción penal en los términos del artículo 59 inciso 6 del Código Penal. Para ello, argumentaron que la norma en cuestión resultaba plenamente operativa y que no existían impedimentos que obstaran a su aplicación en delitos fiscales. |